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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL ESTABLECER QUE PUEDE SUSCITARSE ENTRE UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO Y EL CONGRESO DE LA UNIÓN, DEBE ENTENDERSE EN EL SENTIDO DE QUE CUALQUIERA DE LAS CÁMARAS QUE LO INTEGRAN PUEDE ACUDIR A DEFENDER SUS ATRIBUCIONES, SIN DEPENDER DE LA OTRA. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT). A SUS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL LES RESULTA APLICABLE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD MODULADO CONSTITUCIONALMENTE POR EL MODELO DE ESTADO REGULADOR. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT). CARACTERIZACIÓN CONSTITUCIONAL DE SUS FACULTADES REGULATORIAS. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT). SU FUNCIÓN REGULATORIA ES COMPATIBLE CON UNA CONCEPCIÓN DEL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EVOLUTIVA Y FLEXIBLE. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT). SUS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL SERÁN VÁLIDAS SIEMPRE Y CUANDO SE INSERTEN EN UN ÁMBITO REGULATORIO Y NO CONTRADIGAN LO PRESCRITO POR LA LEY. PORTABILIDAD NUMÉRICA. ES UN DERECHO DE LOS USUARIOS Y NO DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS TELEFÓNICOS. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT). ES UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CON UNA NÓMINA COMPETENCIAL PROPIA OPONIBLE AL RESTO DE LOS PODERES DEL ESTADO, QUE PUEDE UTILIZAR AL MÁXIMO DE SU CAPACIDAD PARA REALIZAR SUS FINES INSTITUCIONALES. ESTADO REGULADOR. EL MODELO CONSTITUCIONAL LO ADOPTA AL CREAR A ÓRGANOS AUTÓNOMOS EN EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT). NO EXISTE RAZÓN PARA AFIRMAR QUE ANTE LA AUSENCIA DE UNA LEY NO SEA DABLE CONSTITUCIONALMENTE QUE EMITA REGULACIÓN AUTÓNOMA DE CARÁCTER GENERAL, SIEMPRE Y CUANDO SEA EXCLUSIVAMENTE PARA CUMPLIR SU FUNCIÓN REGULADORA EN EL SECTOR DE SU COMPETENCIA.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 117/2014. · Registro digital (IUS): 26022
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-11-27
Promovente: CONGRESO DE LA UNIÓN POR CONDUCTO DE LA CÁMARA DE SENADORES.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I , Pág. 382.

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS Y SENADORES TIENEN LEGITIMACIÓN PARA ACUDIR AL JUICIO RELATIVO, SIN QUE SE REQUIERA LA CONCURRENCIA DE AMBAS O DE UNA REPRESENTACIÓN COMÚN.

II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS (ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EMITE LAS REGLAS DE PORTABILIDAD NUMÉRICA Y MODIFICA EL PLAN TÉCNICO FUNDAMENTAL DE NUMERACIÓN, EL PLAN TÉCNICO FUNDAMENTAL DE SEÑALIZACIÓN Y LAS ESPECIFICACIONES OPERATIVAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE PORTABILIDAD DE NÚMEROS GEOGRÁFICOS Y NO GEOGRÁFICOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014).

III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA MATERIA DE SU FONDO DEBE VERSAR SOBRE LOS PRINCIPIOS DE DIVISIÓN DE PODERES Y FEDERALISMO.

IV. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. ALCANCE DE SUS FACULTADES REGULATORIAS RESPECTO DE LOS PODERES DEL ESTADO.

V. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. ALCANCE DE SUS FACULTADES REGULATORIAS.

VI. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. COMPATIBILIDAD DE SU FACULTAD REGULATORIA CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES.

VII. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. MODELO DEL ESTADO REGULADOR PREVISTO EN EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

VIII. PORTABILIDAD NUMÉRICA. PLAZO EN EL QUE DEBE REALIZARSE EL TRÁMITE RELATIVO (VALIDEZ DEL ARTÍCULO PRIMERO Y DE LA REGLA 37 DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EMITE LAS REGLAS DE PORTABILIDAD NUMÉRICA Y MODIFICA EL PLAN TÉCNICO FUNDAMENTAL DE NUMERACIÓN, EL PLAN TÉCNICO FUNDAMENTAL DE SEÑALIZACIÓN Y LAS ESPECIFICACIONES OPERATIVAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE PORTABILIDAD DE NÚMEROS GEOGRÁFICOS Y NO GEOGRÁFICOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2014).

IX. PORTABILIDAD NUMÉRICA. REQUISITOS PARA SU EJECUCIÓN (VALIDEZ DE LAS REGLAS 38, 39 Y 40 DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EMITE LAS REGLAS DE PORTABILIDAD NUMÉRICA Y MODIFICA EL PLAN TÉCNICO FUNDAMENTAL DE NUMERACIÓN, EL PLAN TÉCNICO FUNDAMENTAL DE SEÑALIZACIÓN Y LAS ESPECIFICACIONES OPERATIVAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE PORTABILIDAD DE NÚMEROS GEOGRÁFICOS Y NO GEOGRÁFICOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2014).

X. PORTABILIDAD DE NÚMEROS GEOGRÁFICOS Y NO GEOGRÁFICOS. REQUISITOS PARA SU EJECUCIÓN (REGLAS 5, 35, FRACCIÓN I, 36, 37, FRACCIÓN II, 38 Y 45 DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EMITE LAS REGLAS DE PORTABILIDAD NUMÉRICA Y MODIFICA EL PLAN TÉCNICO FUNDAMENTAL DE NUMERACIÓN, EL PLAN TÉCNICO FUNDAMENTAL DE SEÑALIZACIÓN Y LAS ESPECIFICACIONES OPERATIVAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE PORTABILIDAD DE NÚMEROS GEOGRÁFICOS Y NO GEOGRÁFICOS).

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 117/2014. CONGRESO DE LA UNIÓN POR CONDUCTO DE LA CÁMARA DE SENADORES. 7 DE MAYO DE 2015. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: DAVID GARCÍA SARUBBI.

México, Distrito Federal. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al siete de mayo de dos mil quince, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 117/2014, promovida por el Congreso de la Unión por conducto de la Cámara de Senadores, en contra del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por la emisión del Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite las Reglas de Portabilidad Numérica y modifica el Plan Técnico Fundamental de Numeración, el Plan Técnico Fundamental de Señalización y las especificaciones operativas para la implantación de portabilidad de números geográficos y no geográficos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil catorce (en adelante indistintamente acuerdo impugnado).

El problema jurídico a resolver consiste en determinar si las reglas contenidas en dicho acuerdo reflejan un desbordamiento de la facultad reglamentaria del Instituto Federal de Telecomunicaciones (en adelante indistintamente IFT), contenida en el artículo 28, párrafo vigésimo, fracción IV, de la Constitución Federal, en detrimento de las facultades legislativas del Congreso de la Unión, contenidas conjuntamente en los artículos 73, fracción XVII y 6o., apartado B, fracción VI.

I. Antecedentes del caso

1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el doce de diciembre de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, quien se ostentó como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión promovió, en representación del Poder Legislativo Federal, controversia constitucional en contra del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por la emisión del Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite las Reglas de Portabilidad Numérica y modifica el Plan Técnico Fundamental de Numeración, el Plan Técnico Fundamental de Señalización y las especificaciones operativas para la implantación de portabilidad de números geográficos y no geográficos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil catorce, específicamente su artículo primero (portabilidad numérica), reglas 37, 38, 39 y 40, y su artículo transitorio primero.

2. En el escrito de demanda, la parte actora precisó que las normas constitucionales violadas son las contenidas en los artículos 1o., 6o., 7o., 27, 28, 73, fracción XVII, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Como tercero interesado, la parte actora señaló a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

4. A continuación, en la demanda se destacan los siguientes antecedentes:

5. El once de junio de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, mediante el cual se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones y se establecieron nuevos principios, derechos y lineamientos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

6. Posteriormente, el catorce de julio de dos mil catorce fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidieron la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

7. El ocho de octubre de dos mil catorce, mediante Acuerdo P/IFT/081014/354 el Pleno del instituto aprobó someter a consulta pública el anteproyecto del "Acuerdo mediante el cual se emiten las Reglas de Portabilidad Numérica y se modifican el Plan Técnico Fundamental de Numeración y el Plan Técnico Fundamental de Señalización".

8. Finalmente, el doce de noviembre de dos mil catorce fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite las Reglas de Portabilidad Numérica y modifica el Plan Técnico Fundamental de Numeración, el Plan Técnico Fundamental de Señalización y las especificaciones operativas para la implantación de portabilidad de números geográficos y no geográficos".

9. Conceptos de invalidez. La parte actora formula los siguientes cinco conceptos de invalidez.

10. Primero. Las disposiciones del acuerdo transgreden el régimen de competencias entre el Poder Legislativo Federal y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, concretamente por el quebrantamiento de los principios de supremacía y reserva de ley que tutelan los artículos 6o., 28 y 73, fracción XVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Decreto que reformó y adicionó diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece al ámbito legislativo, toda vez que las leyes en materia de vías generales de comunicación, tecnologías de la información y comunicación, radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet corresponden, en exclusiva, al Poder Legislativo Federal.

11. De conformidad con el artículo 28 constitucional, el IFT es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes, lo que permite concluir que a pesar de la facultad reguladora de dicho instituto para expedir reglas técnico-operativas, conforme con las cuales deberá facilitarse el cumplimiento del desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, lo cierto es que dicha facultad debe ajustarse a lo que establece la Constitución y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; ordenamientos en los que el instituto encuentra el fundamento de su existencia, la frontera de su competencia y el ámbito del desenvolvimiento legal.

12. Segundo. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión desarrolla reglas y mandatos de conformidad con la reforma constitucional de once de junio de dos mil trece. Así en dicha ley se reglamenta el derecho de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, por lo cual se somete a los concesionarios a reglas de competencia, calidad, convergencia, acceso libre, entre otras, que permitan garantizar sus derechos; por ende, el artículo 6o. constitucional establece que la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones corresponde al Estado, quien deberá establecer las condiciones de competencia efectiva, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias, a través de las leyes que establezcan los derechos y mecanismos para su protección de los usuarios y audiencias.

13. Entre los derechos de los usuarios, el artículo 3 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece el relativo a la portabilidad, el cual consiste en que el usuario podrá conservar el mismo número telefónico al cambiarse de concesionario o prestador de un servicio; estableciendo el legislador para tal fin los mecanismos de protección a cargo del IFT, dentro de los que se encuentra el deber emitir reglas administrativas que eliminen los requisitos que retrasen o impidan dicha portabilidad numérica, para que ésta sea efectiva de conformidad con plazos y condiciones ciertas.

14. En términos del artículo trigésimo octavo transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se dispuso que el IFT contaría con un plazo de sesenta días hábiles siguientes a su entrada en vigor para que emitiera la normativa que garantizara el derecho a la portabilidad, sin que la expedición de las reglas administrativas obstaculizaran ese ejercicio. Por tanto, el IFT debió emitir las referidas reglas en el plazo concedido y no establecer, como lo hace en el acuerdo impugnado, un plazo adicional mayor al legal para que las reglas emitidas entren en vigor.

15. Se precisa lo anterior, porque en el caso el acuerdo debió expedirse y publicarse el siete de noviembre de dos mil catorce como máximo y esto no sucedió sino hasta el doce siguiente, incumpliendo el IFT el mandato legal y consumando el acto en forma irreparable.

16. Ahora bien, pasando por alto el plazo de sesenta días hábiles ya mencionado, el órgano autónomo estableció en el artículo transitorio primero del acuerdo el plazo de noventa días para que entrara en vigor esta disposición, lo cual constituye en sí misma la transgresión constitucional que se combate, al establecer una extensión carente de fundamento del término fatal que la ley establecía para que el derecho a la portabilidad pudiera llevarse a la práctica por parte de los usuarios, sobrepasando con ello las limitaciones de su mandato.

17. Tercero. En términos del artículo trigésimo octavo transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la garantía para el cumplimiento de las reglas de operación de la portabilidad es la efectividad del proceso para su concreción en los hechos, trámite que deberá realizarse en un plazo no mayor a veinticuatro horas contadas a partir de la solicitud realizada por el usuario del número respectivo; por ende, el derecho a la portabilidad se concretará en la medida en la que quede satisfecho todo el procedimiento dentro del plazo de veinticuatro horas computadas desde que se hace la solicitud por el usuario y se realiza efectivamente el cambio.

18. No obstante esto, el IFT estableció en la regla 37 del acuerdo impugnado una serie de condiciones adicionales que menguan esa garantía, al supeditar el plazo de veinticuatro horas a horarios burocráticos bajo los cuales operan los proveedores de los servicios de telecomunicaciones; esto es, se señala que la portación se realizará en las veinticuatro horas siguientes sólo si el usuario ingresa su solicitud en un día hábil entre las once y las diecisiete horas, ya que aquellas ingresadas después del horario límite, se considerarán ingresadas a las once horas del día hábil siguiente, perjudicando al usuario.

19. La limitación horaria señalada circunscribe el tiempo para presentar una solicitud a escasas seis horas durante un día hábil, lo que implica que la portación del número del usuario pueda extenderse a más de veinticuatro horas -incluso setenta y dos horas en fin de semana y días no laborables- si la misma se presenta fuera del horario que establece el acuerdo, no obstante que las oficinas de atención a clientes de los operadores y concesionarias sí están abiertas, incluso en días inhábiles. Por tanto, se estima que el acuerdo debió circunscribirse al horario que cada una de las oficinas de contratación y atención a clientes consideran adecuado en cada caso, ya que de lo contrario se desincentivará al titular del número correspondiente, obstaculizando la competencia en cuanto a la generación de mejores condiciones de oferta y demanda.

20. Cuarto. El artículo trigésimo octavo transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión señala las obligaciones que deben cumplir para poder solicitar la transferencia de número telefónico, para lo cual se estableció una lista cerrada que consiste, únicamente, de dos requisitos: la identificación del titular y la manifestación de la voluntad del usuario.

21. Consecuentemente, si las reglas 38 a 40 del acuerdo impugnado, además de los únicos requisitos que establece la ley de la materia, añaden la obligación del usuario de obtener el número de identificación personal (NIP); entonces, el IFT se excede de sus facultades reglamentarias e incorpora un elemento adicional que no figura en la lista cerrada que se estableció en el referido ordenamiento.

22. En el acuerdo impugnado, el IFT establece que la implementación del NIP es una manera de acreditar la voluntad del usuario para portar su número, como ha sucedido en la portación de números de telefonía móvil; no obstante, la efectividad que tiene el uso del referido NIP en cuanto a la portación de números de servicio móvil de prepago no justifica que en el acuerdo impugnado se requiera la obtención del NIP para la portabilidad numérica, sobrepasando la voluntad del legislador en cuanto a la expresa finalidad de la ley en el sentido de agilizar los procesos de portación.

23. Quinto. En el acuerdo impugnado se encuentran diversos requisitos que se adicionan o aumentan a los que fueron establecidos en las anteriores reglas para implantar la portabilidad de números geográficos y no geográficos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil siete y sus posteriores modificaciones, lo cual contraviene lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión vigente, en el sentido de facilitar y simplificar la portabilidad numérica y la actuación excesiva del Instituto Federal de Telecomunicaciones, mismas que consisten en:

• La regla 5 que dispone que la portabilidad por cambio de domicilio se permite sólo cuando no se cambie de proveedor, condicionándose a los lineamientos de éste y a su cobertura, lo que limita la portabilidad numérica a solicitar dentro del mismo domicilio, a pesar de la consolidación del área de servicio local, sometiendo a los usuarios a solicitar la portabilidad sólo con los proveedores del servicio, ceñidos a los lineamientos que para tales efectos establezcan los mismos.

• El formato de solicitud en las anteriores reglas contenía cinco leyendas y en el acuerdo impugnado aparecen ocho que son obligatorias, contenidas en las reglas 35, fracción I, 45 y anexo único.

• En las reglas anteriores no se preveía el envío por medios electrónicos de la identificación del usuario que solicitaba la portabilidad, como lo establece el acuerdo en la regla 36, lo cual resulta excesivo para las personas y grupos marginados de la sociedad, limitándolos en relación con el acceso al derecho de portabilidad.

• En la regla 37, fracción II, del acuerdo combatido se establece que la portabilidad del servicio fijo está condicionada a que el proveedor receptor haya concluido la instalación de la infraestructura física, lo cual no se condicionaba en las reglas anteriores, implicando la adición de un requisito innecesario, toda vez que la telefonía fija permite sistemas inalámbricos que no requieren infraestructura.

• La regla 38 del acuerdo establece como requisito la habilitación del sistema de respuesta de voz interactiva y la obtención del NIP para la portabilidad, lo que no se solicitaba conforme a las reglas anteriores.

24. Finalmente, en la demanda de controversia constitucional el actor solicita el trámite prioritario del asunto, con base en las causas de interés social y orden público. Ver votación 1

II. Trámite de la controversia constitucional

25. La demanda de controversia se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el doce de diciembre de dos mil catorce.(1)

26. Por acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil catorce, la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el presente asunto con el expediente número 117/2014, determinó admitir a trámite la demanda respectiva, en consecuencia, se tuvo como demandado al IFT, a quien se ordenó emplazar para que en el plazo de treinta días hábiles diera contestación a la demanda; se tuvo como tercero interesado a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se ordenó dar vista al procurador general de la República. Finalmente, por lo que respecta a la solicitud del promovente de que el presente juicio se tramite y se resuelva de manera prioritaria, se determinó que tal cuestión se resolvería una vez que el presidente de esta Suprema Corte determinara el turno del asunto al inicio del primer periodo de sesiones de dos mil quince.

27. Por acuerdo de dos de enero de dos mil quince, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó turnar el expediente al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, como instructor del procedimiento, según el turno correspondiente. Por lo que respecta a la solicitud de tramitación y resolución prioritaria formulada por la parte actora, se ordenó formar el expediente respectivo, a efecto de proveer lo que en derecho proceda.

28. Solicitud de resolución prioritaria del asunto 1/2015. Por acuerdo de cinco de enero de dos mil quince, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la formación y registro de la solicitud de atención prioritaria de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Por tanto, de conformidad con el Acuerdo General Número 16/2013 del Pleno de este Alto Tribunal se requirió al Ministro ponente informara el estado procesal que guardaba el expediente en que se actúa, así como al Consejo de la Judicatura Federal para que informara qué asuntos se encuentran radicados en los Tribunales de Circuito y/o en los Juzgados de Distrito, relacionados con los actos impugnados.

29. Finalmente, en sesión privada de diecinueve de enero de dos mil quince, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la sustanciación y resolución prioritaria del presente asunto, por lo que se solicitó al Ministro ponente que, preferentemente, entregara el proyecto relativo en la Secretaría General de Acuerdos, dentro de los diez días hábiles siguientes al cierre de la instrucción de dicho asunto, asimismo, se acordó que integrara el primer lugar de la lista oficial, una vez que se recibiera el referido proyecto en la propia secretaría general. Ver votación 2

III. Contestación de la demanda

30. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, a través del director general de Defensa Jurídica del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Adolfo Lombardo Badillo Ayala, presentó el escrito de mérito el trece de febrero de dos mil quince, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, en el cual señaló como cierto que el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió el "Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite las Reglas de Portabilidad Numérica y modifica el Plan Técnico Fundamental de Numeración, el Plan Técnico Fundamental de Señalización y las especificaciones operativas para la implantación de portabilidad de números geográficos y no geográficos".

31. Posteriormente, en el mismo documento, precisó las razones y fundamentos por los cuales -estimó- debía sostenerse la validez del acuerdo, los que ahora se sintetizan:

32. Primero. Deviene inoperante el primer concepto de invalidez, porque los argumentos del actor sólo se encaminan a cuestiones de legalidad y la controversia constitucional no tiene por objeto resolver este tipo de planteamientos, sino aquellos relativos a un posible problema de invasión de esferas competenciales.

33. En el caso, se advierte la existencia de cláusulas habilitantes que facultan a determinadas autoridades el ejercicio de funciones regulatorias que deben sujetarse a principios constitucionales y a ejercerse en el marco de la competencia otorgada, toda vez que se confirió al IFT la facultad para establecer los mecanismos necesarios para alcanzar los objetivos de la Constitución Federal y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mismas que van dirigidas a los concesionarios y al administrador de la base de datos, como responsables de realizar la mecánica de operación de la portabilidad ante una solicitud de portación de número del usuario.

34. Si bien, el artículo trigésimo octavo transitorio de la ley establece la obligación del IFT para emitir las reglas de portabilidad dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, también es cierto que de dicha disposición no se desprende la forma o mecanismo que debió ser adoptado para garantizar una portabilidad efectiva y en un plazo no mayor a veinticuatro horas contadas a partir de la solicitud realizada por el titular del número respectivo, por lo que al optarse por aquel que se estimó idóneo, entre una pluralidad de posibilidades, no se viola en momento alguno el principio de supremacía constitucional y reserva de ley.

35. Así, no existe una invasión de competencias, toda vez que el instituto demandado actuó en pleno ejercicio de las facultades otorgadas por la ley para expedir las reglas de portabilidad publicadas el doce de noviembre de dos mil catorce, dando estricto cumplimiento a lo señalado en el artículo trigésimo octavo transitorio.

36. Además, en relación con el número de identificación personal (NIP) no constituye un requisito para la portabilidad, sino que se trata de un elemento que permite cerciorarse de que la persona que realiza el trámite es efectivamente el usuario del número telefónico que se pretende portar. Resultan aplicables como sustento de las consideraciones anteriores los criterios siguientes: 2a./J. 85/2013, P. XXI/2003, 1a. XXII/2012, 2a. LXXIV/96 y 1a. CCXX/2013, cuyos rubros son: "REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR EMITIDAS POR EL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.", "CLÁUSULAS HABILITANTES. CONSTITUYEN ACTOS FORMALMENTE LEGISLATIVOS.", "CLÁUSULAS HABILITANTES. SU FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL RESIDEN EN LOS ARTÍCULOS 73, FRACCIÓN XXX, Y 90 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", "BEBIDAS ALCOHÓLICAS. REGLAMENTO SOBRE PROMOCIONES Y OFERTAS, SU ARTÍCULO 6o. QUE PROHÍBE LA PROMOCIÓN DE AQUELLAS CUYO CONTENIDO DE ALCOHOL NO SEA MENOR A LOS DOCE GRADOS DE VOLUMEN, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY, SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA Y DE SEPARACIÓN DE PODERES." y "METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN. LAS ATRIBUCIONES PARA LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO ESTÁN SUJETAS AL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY, ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 89, FRACCIÓN I, Y 92 CONSTITUCIONALES.", respectivamente.

37. Segundo. Contrario a lo argumentado por la parte actora, la portabilidad numérica en México es un derecho que tienen los usuarios de servicios de telecomunicaciones desde el cinco de julio de dos mil ocho, por lo que con la normativa emitida el doce de noviembre de dos mil catorce se eliminan requisitos para hacer más eficientes los procesos y la fecha de su entrada en vigor no los limita de forma alguna. Además, en caso de declarar la invalidez del acuerdo, los efectos jurídicos no podrían concretarse al haber quedado sin materia, toda vez que el mismo entró en vigor el diez de febrero de dos mil quince.

38. El establecimiento del plazo de noventa días naturales establecido en el artículo primero transitorio del acuerdo para su entrada en vigor no se debió a un capricho del IFT. El plazo adoptado para la entrada en vigor del referido acuerdo obedece, estrictamente, al tiempo que resulta necesario para desarrollar todas las acciones que permitan implementar la portabilidad de manera efectiva y en beneficio de los usuarios, precisamente, para garantizar que se lleve a cabo en un plazo no menor a veinticuatro horas, por lo que fue necesario adoptar un proceso de portabilidad más expedito y técnicamente viable, con el objeto de hacer efectivo el derecho de los usuarios a la portabilidad en el menor tiempo posible.

39. El plazo de noventa días naturales para la entrada en vigor del acuerdo se estableció tomando en consideración las siguientes etapas:

• Convocatoria para constituir el comité, registro de designados por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones ante el comité y celebración de la primera sesión ordinaria del comité (cinco días naturales).

• Definición de parámetros técnicos relacionados con los impactos en la mensajería para la interacción entre las soluciones de cada proveedor de servicios de telecomunicaciones y el administrador de la base de datos (ABD) parte de los miembros del comité o, en defecto, por parte del instituto (diez días naturales).

• Adecuación de los componentes existentes y desarrollo de soluciones técnicas que permitan la comunicación e interoperabilidad entre los sistemas operativos de los proveedores de servicios de telecomunicaciones y del ABD (sesenta días naturales), ya que una vez definidos los parámetros técnicos que se habrán de desarrollar, los proveedores de servicios de telecomunicaciones y el ABD deberán adaptar sus sistemas.

• Para el desarrollo de dichas modificaciones, el nueve de septiembre de dos mil catorce, el comité técnico de portabilidad aprobó la versión final de requerimientos, mismos que fueron instalados en el entorno de pruebas el cuatro de noviembre de dos mil catorce, lo que implica que la implementación tomó cincuenta y seis días naturales a partir de la definición de los requerimientos por parte del comité.

• Proceso de prueba respecto de las soluciones técnicas desarrolladas, a efecto de permitir la portabilidad efectiva en un plazo máximo de veinticuatro horas contadas a partir de la solicitud de portación (quince días naturales anteriores a la entrada en vigor del acuerdo).

40. El instituto no modificó ningún plazo establecido por la ley como aduce el actor, pues emitió las reglas referidas dentro del plazo previsto expresamente por la ley y como parte de ellas estableció medidas inmediatas posibles con los sistemas entonces vigentes, al tiempo que determinó un plazo mínimo razonable para la implantación y plena operación de los nuevos sistemas requeridos para cumplir con los nuevos mandatos, preservando la continuidad en la prestación de los servicios, lo que conduce a declarar la validez del artículo primero transitorio del acuerdo.

41. Tercero. Debe decretarse la inoperancia del concepto de invalidez vertido por la parte actora en el sentido de que el artículo primero, regla 37, del acuerdo, viola el principio de reserva de ley, toda vez que constituye un tema de legalidad que no puede ser analizado a través de la controversia constitucional, pues esta debe versar sobre la determinación de una posible invasión de esferas competenciales entre los órganos que al efecto reconozca la Constitución.

42. La actora manifiesta que la regla 37 del acuerdo impugnado fija condiciones adicionales que menoscaban el derecho a la portabilidad en las telecomunicaciones al supeditar el plazo de veinticuatro horas a horarios burocráticos y extiende, injustificadamente, el breve plazo que la Ley Federal de Telecomunicaciones prevé para hacer efectiva la portabilidad, pero de esto no se infiere la invasión competencial a las facultades del Congreso de la Unión, sino el ejercicio de las facultades previstas en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26022-59112350/controversia-constitucional-el-articulo-105-fraccion-i-inciso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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