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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS O DISPOSICIONES GENERALES EMITIDAS POR UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO FEDERAL [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL ESTABLECER QUE PUEDE SUSCITARSE ENTRE UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO Y EL CONGRESO DE LA UNIÓN, DEBE ENTENDERSE EN EL SENTIDO DE QUE CUALQUIERA DE LAS CÁMARAS QUE LO INTEGRAN PUEDE ACUDIR A DEFENDER SUS ATRIBUCIONES, SIN DEPENDER DE LA OTRA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES PUEDE PRESENTAR LA DEMANDA EN REPRESENTACIÓN DE ESTE ENTE LEGISLATIVO (ARTÍCULO 67, NUMERAL 1, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA CUANDO SE LE ATRIBUYE LA EMISIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES TIENE LA REPRESENTACIÓN DE ESTE ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO (ARTÍCULO 55, FRACCIONES III Y IV, DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE SURTE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EXISTIÓ UN CAMBIO EN EL SENTIDO NORMATIVO DE LAS DISPOSICIONES IMPUGNADAS. VIII. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL QUE RIGE SU NATURALEZA DE ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO. IX. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. ES UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CON UN ÁMBITO DE PODER QUE PUEDE UTILIZAR AL MÁXIMO DE SU CAPACIDAD PARA REALIZAR SUS FINES INSTITUCIONALES, POR SER TITULAR DE FACULTADES CONSTITUCIONALES PROPIAS. X. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. EL EJERCICIO DE SU FACULTAD REGULATORIA DEBE PROYECTARSE SOBRE EL ÁMBITO MATERIAL DE SU COMPETENCIA ESPECIALIZADA. XI. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. SUS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL CONSTITUYEN UNA FUENTE JURÍDICA JERÁRQUICAMENTE INFERIOR A LAS LEYES EMITIDAS POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN. XII. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. CARACTERIZACIÓN CONSTITUCIONAL DE SUS FACULTADES REGULATORIAS. XIII. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. SUS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL SE ENCUENTRAN SUJETAS AL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA DE LA LEY, EN LA FORMA DE EXIGENCIA NORMATIVA DE NO CONTRADICCIÓN. XIV. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY NO ES APLICABLE, POR REGLA GENERAL, A LAS DISPOSICIONES QUE EMITE. XV. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. LA VINCULACIÓN DE SUS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL AL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA A LAS LEYES TRASCIENDE A SU ESTATUTO ORGÁNICO. XVI. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. CONFORME AL SISTEMA DE DESIGNACIÓN DUAL DE SUS FUNCIONARIOS PREVISTO EN LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, NO EXISTEN NOMBRAMIENTOS QUE EL PLENO DEL INSTITUTO PUEDA REALIZAR SI NO ES A PROPUESTA DEL O DE LA COMISIONADA PRESIDENTA. XVII. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. EL RÉGIMEN DUAL DE NOMBRAMIENTOS, POR EL QUE LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA PROPONE Y EL PLENO DESIGNA, SE INSTITUYE COMO UN SISTEMA CONGRUENTE DE CONTRAPESOS Y EQUILIBRIOS DENTRO DE ESTE ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO. XVIII. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. LA ATRIBUCIÓN DE LA COMISIONADA O COMISIONADO PRESIDENTE DE PROPONER AL PLENO A LOS FUNCIONARIOS QUE HABRÁN DE INTEGRARLO, SE JUSTIFICA AL SER LA PRESIDENCIA DE ESTE ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO RESPONSABLE DE SU CONDICIÓN FRENTE AL SENADO. XIX. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. EL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, AL ESTABLECER QUE CORRESPONDE A LA COMISIONADA O COMISIONADO PRESIDENTE NOMBRAR Y REMOVER AL PERSONAL, "SALVO LOS CASOS PREVISTOS EN LA PRESENTE LEY O EL ESTATUTO ORGÁNICO", NO OTORGA AL PLENO LA POSIBILIDAD DE NOMBRAR Y REMOVER SERVIDORES PÚBLICOS SIN PARTICIPACIÓN ALGUNA DE LA PRESIDENCIA (INVALIDEZ DEL PUNTO SEGUNDO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES MODIFICA SU ESTATUTO ORGÁNICO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE). XX. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. EL ACUERDO QUE MODIFICA EL RÉGIMEN DUAL DE DESIGNACIONES DE SUS FUNCIONARIOS PREVIAMENTE ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, VULNERA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA A LAS LEYES EN SU MODALIDAD DE NO CONTRADICCIÓN (INVALIDEZ DEL PUNTO SEGUND

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 184/2020. · Registro digital (IUS): 31195
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-01-20
Promovente: CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Enero de 2023, Tomo I, Pág.841.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 184/2020. CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: ADRIANA CARMONA CARMONA.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la acción, autoridades emisoras y normas impugnadas. Por escrito presentado el trece de noviembre de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, quien se ostenta como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, promovió controversia constitucional contra el "Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones modifica su estatuto orgánico", publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de octubre de dos mil veinte.

SEGUNDO.—Preceptos constitucionales que se estiman violados. El actor consideró violados los artículos 16, 49, 73, fracciones X y XVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al estimar que se actualizó una violación a su esfera competencial.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. La Cámara de Senadores manifestó, en esencia, los argumentos siguientes:

Primero. Con la emisión del acuerdo impugnado, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (en adelante IFT) violó el principio de legalidad en su modalidad de no contradicción, en la medida en que modificó radicalmente el régimen de remoción y nombramiento de sus servidores públicos previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (en lo sucesivo LFTR).

El Pleno del IFT excedió sus atribuciones constitucionales e invadió la esfera de competencia del Congreso de la Unión, al interpretar arbitrariamente los artículos 17 y 20 de la LFTR y atribuirse la competencia concedida al comisionado presidente del instituto, lo que se traduce en una violación al principio de legalidad lato sensu.

a) Violación al principio de división de poderes

La porción normativa impugnada omite analizar lo dispuesto en el artículo 17, fracción IV, de la LFTR, que dispone expresamente la facultad originaria del Pleno de dicho instituto de designar a los funcionarios que se determinen en el estatuto orgánico, a propuesta del comisionado presidente, así como resolver sobre su remoción.

Además, no interpreta correctamente lo previsto en la fracción XIII del artículo 20 de la LFTR, porque asume que en el Estatuto Orgánico del IFT puede establecerse un mecanismo para la designación y nombramiento del personal del instituto, distinto al previsto en ley de la materia, cuando en realidad es una atribución del comisionado presidente "nombrar y remover" al personal de dicho Instituto, sin la participación del Pleno, salvo en los casos en los que dicha facultad esté prevista en la ley o el estatuto orgánico.

En ese sentido, a través de la porción normativa tildada de inconstitucional, el Pleno del IFT modificó sustancialmente el régimen de nombramiento y remoción establecido por el Congreso de la Unión en la LFTR, pues no sólo monopolizó dichas facultades, sino que las eliminó de la esfera de competencia del comisionado presidente.

La modificación al régimen de nombramiento y remoción de los servidores públicos del IFT, establecido en los artículos 17 y 20 de la LFTR, es facultad exclusiva del Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en el artículo 73, fracción XVII, de la Constitución Federal, pues si bien el artículo 17, fracción II, de la ley referida otorgó a dicho instituto la facultad para emitir su propio estatuto orgánico, ello no le permite modificar lo establecido en la ley federal.

Además, la modificación al estatuto orgánico desincorpora la facultad primaria que por disposición de la ley corresponde al comisionado presidente del IFT para proponer al Pleno, en los casos establecidos, el nombramiento o la remoción de los servidores públicos al interior del instituto.

En consecuencia, con la emisión de la porción normativa impugnada, que modifica los artículos 6o. y 14 del estatuto orgánico, el Pleno del IFT invade las atribuciones constitucionales del Congreso de la Unión, en violación del principio de división de poderes.

b) Violación al principio de legalidad, en específico, al principio de no contradicción

Al resolver la controversia constitucional 114/2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desarrolló la forma bajo la que puede acreditarse si los actos del IFT exceden su facultad regulatoria. Así, emitió la tesis de rubro: "INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICAIONES (IFT). SUS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL SERÁN VÁLIDAS SIEMPRE Y CUANDO SE INSERTEN EN UN ÁMBITO REGULATORIO Y NO CONTRADIGAN LO PRESCRITO POR LA LEY."

Con base en el criterio citado, se pone en evidencia la invasión a las atribuciones del Congreso de la Unión así como la violación al principio de no contradicción, por las razones siguientes:

Al modificar el régimen de nombramiento y remoción establecido en la LFTR, se vulneró el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se expidió la ley referida, en tanto establece que el IFT debía adecuar su estatuto orgánico a la ley.

La atribución concedida al Pleno del IFT para emitir su propio estatuto implica sólo la posibilidad de establecer las atribuciones que le corresponden a los servidores públicos de un nivel inferior al de los comisionados, toda vez que las atribuciones de estos últimos están previstas en la LFTR, cuyas disposiciones únicamente pueden ser reformadas por el Congreso de la Unión.

No puede considerarse que los artículos 17 y 20 de la LFTR otorgan al Pleno del IFT la potestad para atribuirse facultades adicionales a las concedidas por el legislador federal, así como para modificar la esfera de competencia del comisionado presidente, cuya regulación corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión.

El estatuto orgánico, como norma de rango inferior, está subordinado al mandato de la LFTR, sobre todo en materias que no son de estricta regulación técnica, sin que pueda considerarse que el régimen de nombramiento y remoción de los servidores públicos del IFT se ubique en ese supuesto.

De esta manera, debe entenderse que a través del estatuto únicamente puede establecer las atribuciones que corresponden a los servidores públicos de nivel inferior a los comisionados, porque sus atribuciones están establecidas en la LFTR, que sólo puede ser reformada por el Congreso de la Unión.

Asimismo, la norma impugnada permite una usurpación de facultades por parte del Pleno del IFT, en perjuicio del comisionado presidente y una ruptura del orden legal establecido por el legislador en la LFTR en tanto que, al modificar el estatuto orgánico, el Pleno del IFT se atribuyó facultades propias del comisionado presidente, en invasión de las atribuciones constitucionales del Congreso de la Unión.

El Pleno y el comisionado presidente del instituto cuentan con una nómina competencial diferenciada en la ley, puesto que de conformidad con el artículo 17, fracción I, de la LFTR, el Pleno cuenta con una facultad deliberativa respecto de los asuntos de mayor relevancia en la materia de su competencia; por su parte, al comisionado presidente le corresponde la función ejecutiva y operacional del instituto, como se advierte de las fracciones III y IV del artículo 20 de la propia ley.

No obstante, la LFTR establece supuestos en los que ambos deben ejercer atribuciones de manera coordinada, como en el caso de las relacionadas con el nombramiento, previstas en los artículos 17, fracciones III y IV, y 20, fracciones VIII y XIII, de la ley en cita.

De esta manera, contrario a lo dispuesto por el acuerdo impugnado, conforme a la LFTR las facultades para nombrar sólo son de tres tipos: (i) las que, por mandato de ley, deben realizarse por el Pleno conforme a las propuestas del comisionado presidente, específicamente respecto del titular de la autoridad investigadora y el secretario técnico del Pleno; (ii) las que, conforme al estatuto orgánico, debe realizar el Pleno a propuesta del comisionado presidente; y, (iii) las designaciones que de manera directa realiza el comisionado presidente.

Así, a través del acuerdo impugnado, el Pleno de IFT creó un nuevo tipo de nombramiento que no tiene sustento en la LFTR, porque a través de la reforma, las designaciones que realiza el Pleno del instituto se llevan a cabo sin propuesta alguna del comisionado presidente, supuesto en el que se encuentran los titulares de unidad, coordinadores generales y directores generales del instituto, conforme al artículo 6, fracción XXXVI Bis, del estatuto.

c) Violación al principio de legalidad lato sensu

Se actualiza una violación al principio de legalidad lato sensu, porque el Pleno del IFT estableció, en un ordenamiento inferior, excepciones adicionales a las previstas en la LFTR, aun cuando los comisionados no pueden modificar directa o indirectamente lo dispuesto en la ley, lo que en el caso sucedió al apropiarse de las facultades de nombramiento y remoción conferidas al comisionado presidente en el artículo 20 de la ley de la materia.

El Pleno del IFT estableció limitaciones a la facultad de nombramiento y remoción del comisionado presidente, dejándole sólo la facultad para nombrar a la autoridad investigadora y a la Secretaría Técnica del Pleno, eliminando la facultad para nombrar y remover a los demás servidores públicos del instituto.

Tercero (así referido por la accionante, pero por orden corresponde al segundo). Se contraviene el principio de separación de poderes, porque el Pleno del IFT extralimitó su función de regulación interna, que está subordinada a la ley, y alteró las atribuciones que la LFTR confiere tanto al comisionado presidente como al propio Pleno, pues a través del acuerdo impugnado el Pleno del instituto trastornó el diseño legislativo y, por tanto, el funcionamiento de las instancias del instituto, conforme al título segundo de la LFTR.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que los actos de producción normativa del IFT se rigen por el principio de legalidad que, de manera similar pero no idéntica a las limitaciones que acotan la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo, se traduce en limitaciones que se manifiestan en los subprincipios de no contradicción y de subordinación jerárquica con la ley. Asimismo que el IFT cuenta con un poder de creación normativa más amplio, con competencias cuasi legislativas, pero únicamente cuando se trata de disposiciones para configurar el ordenamiento jurídico para el cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia, de no tratarse de esas disposiciones, las limitaciones derivadas del principio de legalidad son aplicables con mayor rigidez.

En ese sentido, si en el caso existe la LFTR que regula los aspectos generales de funcionamiento y diseño institucional del IFT, lo cual es ajeno al ámbito de especialidad técnica de éste, la ley debe prevalecer jerárquicamente sobre cualquier norma que sancione el Pleno del instituto, mediante la expedición de su estatuto orgánico. Es aplicable, por analogía, la tesis P./J. 48/2015 (10a.), de rubro: "INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT). A SUS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL LES RESULTA APLICABLE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD MODULADO CONSTITUCIONALMENTE POR EL MODELO DE ESTADO REGULADOR."

La norma impugnada no se refiere al ámbito de especialización técnica del IFT, por lo que no hay razón para cuestionar la prevalencia jerárquica de dicha ley sobre el estatuto orgánico del instituto referido.

El modelo de "Estado regulador" que ha referido la Suprema Corte en precedentes relativos a órganos constitucionales autónomos y sus competencias cuasi legislativas corresponde exclusivamente al Poder Legislativo decidir qué mercado debe regular, sólo después y como consecuencia de ello, el órgano regulador está habilitado para ejercer sus competencias regulatorias, en el ámbito de su especialización técnica.

Las disposiciones contenidas en el título segundo de la LFTR, alteradas con el acuerdo impugnado, corresponden al diseño institucional básico del instituto que únicamente puede ser determinado por el Congreso de la Unión, a saber, el Pleno, el comisionado presidente, los comisionados, la autoridad investigadora, el Consejo Consultivo, el Órgano Interno de Control y el secretario técnico, todos del IFT.

La fracción II del artículo 17 de la LFTR establece que el Pleno del IFT debe regular en el estatuto orgánico la "organización y distribución de facultades de sus unidades", de lo que se colige que en el estatuto sólo se pueden distribuir facultades a partir del rango jerárquico de "unidades", que es de rango inferior a los órganos que regula la LFTR.

El Estatuto Orgánico del IFT es un ordenamiento subordinado a la LFTR y, como tal, no puede exceder ni contradecir lo dispuesto por ella, en términos del principio de legalidad que rige los actos de producción normativa del instituto demandado.

El acuerdo impugnado equivale a aceptar que con el voto de cinco comisionados del Pleno del instituto pudiera suprimirse la relevancia y contrapeso que representa la figura del comisionado presidente o cualquier otra prevista en la ley, haciendo nugatorias sus atribuciones.

El acuerdo impugnado viola el principio de legalidad porque invade la esfera de competencia del Congreso de la Unión, en virtud de que el Pleno del IFT pretende suplantarse en las funciones que le corresponden exclusivamente al comisionado presidente, no así al Pleno como órgano colegiado.

El Pleno del IFT se arroga una facultad no prevista en la ley para designar y remover a ciertos funcionarios del IFT, además, suprime materialmente la facultad que le corresponde al comisionado presidente, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción XIII, de la LFTR.

Se pretende alterar el diseño legislativo previsto en la LFTR, cuya regulación corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión, con base en una errónea interpretación de los artículos 17 y 20 de la ley referida, en contravención del principio de legalidad.

El Pleno del instituto pretende romper con el diseño legislativo que establece la regla general relativa a que sea el comisionado presidente quien designe y remueve libremente al personal del instituto, al subrogarse la facultad para designar y remover al personal de alto nivel del IFT, sin intervención del comisionado presidente.

CUARTO.—Radicación, admisión y trámite de la demanda. Por acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 184/2020 y designó al Ministro José Fernando Franco González Salas como instructor del procedimiento.

Mediante acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda; tuvo como demandado al Instituto Federal de Telecomunicaciones, al que ordenó emplazar para que presentara su contestación de demanda dentro del plazo de treinta días hábiles, además, lo requirió para que remitiera copia certificada de todas las documentales relacionadas con el acto impugnado; por último, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, con la finalidad de que, si consideraba que la materia del juicio trascendía a sus funciones constitucionales, manifestara lo que a su esfera competencial conviniera.

QUINTO.—Contestación de la demanda. Por oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, Adolfo Lombardo Badillo Ayala, en su carácter de director general de Defensa Jurídica del Instituto Federal de Telecomunicaciones, contestó la demanda de controversia constitucional y remitió copia certificada de los antecedentes del acto reclamado.

Sobre el particular, narró los antecedentes que estimó convenientes, manifestó que es cierto que el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió el acuerdo impugnado; hizo valer las causas de improcedencia que, a su parecer, se actualizan en el asunto; ofreció pruebas y precisó las razones y fundamentos por los cuales –estima– debe sostenerse la validez del acuerdo impugnado, los que ahora se sintetizan:

Primero. Deviene inoperante el primer concepto de invalidez, porque la Cámara de Senadores parte de una premisa errónea, porque con la modificación a los artículos 6o. y 14 del estatuto orgánico no se realizó una interpretación arbitraria a los artículos 17 y 20 de la LFTR y, por tanto, el Pleno del IFT no se atribuyó competencias que el Congreso de la Unión concedió al comisionado presidente.

Si bien el artículo 20, fracción XIII, de la LFTR prevé la facultad del comisionado presidente para designar al personal del instituto, lo cierto es que también establece que en el estatuto orgánico puede establecerse un mecanismo distinto para su designación y remoción, por lo que con la modificación impugnada, sólo se están ejerciendo las facultades previstas en la legislación federal para designar a los funcionarios y empleados que se determinen en el propio estatuto, dejando a salvo los nombramientos que deben ser a propuesta del comisionado presidente, establecidos en los artículos 17, fracción III, y 20, fracción VIII, de la LFTR, así como en el 14, fracción VII, del Estatuto Orgánico del IFT.

Sostiene que el nombramiento y remoción de los servidores públicos del IFT es una facultad originaria del Pleno, como órgano máximo de decisión, al que le corresponde emitir disposiciones administrativas de carácter general para cumplir lo dispuesto en la ley, así como ejercer de manera exclusiva e indelegable la facultad para emitir su estatuto orgánico donde se regula la organización y distribución de las facultades que las unidades administrativas; además, para designar a los funcionarios que se determinen en el propio estatuto, a propuesta del comisionado presidente y resolver sobre su remoción.

El artículo 20, fracciones III, VIII y XIII, de la LFTR no puede desvincularse del sistema normativo previsto en los artículos 15, fracción I, y 17, fracciones II, IV y XV, de la ley referida, ni de lo establecido en el artículo 28 de la Constitución Federal, de cuyo análisis se advierte que el propio Congreso de la Unión delegó en favor del Pleno del IFT la facultad para establecer en el estatuto orgánico, excepciones a la facultad de nombramiento y remoción a cargo del comisionado presidente.

El IFT, como órgano constitucional autónomo, cuenta con competencias constitucionales propias oponibles a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, conforme al artículo 49 de la Constitución, esto es, tiene un ámbito de poder propio que puede utilizar para realizar sus fines institucionales.

En la controversia constitucional 117/2014, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación calificó como constitucional la atribución otorgada al Instituto Federal de Telecomunicaciones de expedir disposiciones administrativas de carácter general, no sólo para efectos de regulación interna, sino también para el cumplimiento de la función regulatoria que le otorgó el Poder Reformador, de ahí que resulte constitucional la facultad regulatoria que se traduce en la emisión de disposiciones administrativas de carácter general, que se refieren a cuestiones sustantivas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, ya que se distinguió dicha facultad de aquella que corresponde al Poder Legislativo para emitir leyes.

En consecuencia, es constitucional la atribución que tiene el IFT para expedir disposiciones administrativas de carácter general en materia de telecomunicaciones, incluyendo sus disposiciones regulatorias internas, como es el estatuto orgánico y sus modificaciones. Los artículos 17, fracciones II y IV, y 20, fracción XIII, de la LFTR facultan al Pleno para emitir su estatuto orgánico, en el que se regulará, al menos, la organización y distribución de facultades de sus unidades, sin que se limite al Pleno para emitir el estatuto de cierta manera, esto es, que se dejó libertad para que se estableciera la organización y distribución interna.

La modificación al Estatuto Orgánico del IFT no impide que el comisionado presidente presente al Pleno propuestas de designación y remoción de funcionarios, como lo establece el artículo 20, fracción VIII, de la LFTR, en la medida en que su facultad permanece intocada en la redacción de la modificación aprobada, como puede advertirse de la parte final de la fracción XXXVI Bis del artículo 6o. y 14 del estatuto orgánico.

Como lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es posible aplicar a las disposiciones administrativas de carácter general emitidas por el Pleno del IFT, los principios de reserva de ley ni de subordinación jerárquica, al menos, con el mismo grado de exigencia aplicable, a los reglamentos del Poder Ejecutivo.

No se acredita la violación al principio de reserva de ley, en la medida en que la propia Constitución Federal facultó al IFT para emitir su estatuto orgánico en el que, al menos, se regulará la organización y distribución de facultades de sus unidades, retomando lo señalado en el artículo 17, fracciones II y IV, de la LFTR.

El Pleno del IFT no excedió sus atribuciones al modificar el estatuto orgánico, tampoco contravino lo previsto en el artículo 20, fracción VIII, de la LFTR, sino que ejerció las facultades que la Constitución Federal le atribuyó y que la propia ley de la materia reconoce en las fracciones II y IV del artículo 17, en las que se estableció que emitiría su propio estatuto orgánico y designaría a los funcionarios que ahí se determinan, facultades que sólo tienen repercusiones en el funcionamiento interno y la efectividad del instituto, atendiendo a su autonomía constitucional, sin que se altere el diseño institucional previsto en la Constitución ni en la ley federal.

El acuerdo impugnado, lejos de vulnerar la ley, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 20, fracción XIII, de la LFTR, en la medida en que, en uso de sus facultades, el Pleno del IFT estableció un supuesto distinto para la designación de determinados servidores públicos del instituto, en el que la designación y remoción la realiza el Pleno sin necesidad de propuesta.

Sostener que el Pleno del IFT no puede modificar su estatuto orgánico en lo relativo a su organización haría inaplicable lo previsto en la fracción XIII del artículo 20 de la LFTR, ya que el Pleno del IFT nunca podría modificarlo estableciendo alguna salvedad o excepción sólo porque la ley está reservada para el Congreso de la Unión, lo cual, incluso, no está previsto expresamente.

El Pleno del IFT, al modificar el estatuto orgánico, no interpretó arbitrariamente los artículos 17 y 20 de la LFTR, ni se atribuyó la competencia que el Congreso de la Unión concedió al comisionado presidente, en la medida en que las facultades previstas en la ley o en el propio estatuto permanecen intocadas en virtud de que el artículo 6, fracción XXXVI Bis, del Estatuto Orgánico del IFT establece la facultad de designar a los titulares de unidad, coordinadores generales y directores del instituto, así como de resolver sobre su remoción, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 17, fracción III, de la LFTR.

De la interpretación conjunta y armónica del artículo 28, párrafo vigésimo, fracción III, de la Constitución Federal, así como de los numerales 16 y 17 de la LFTR, se advierte que el Pleno, al ser el órgano máximo de gobierno y decisión, está facultado para realizar las modificaciones que estime pertinentes para dar continuidad a las tareas encomendadas como órgano regulador de las telecomunicaciones y la radiodifusión, sin que de la Constitución Federal se advierta que se hubiera otorgado facultades al Congreso de la Unión para legislar respecto a la organización o distribución del IFT, sino que ello fue encomendado al propio instituto.

En la LFTR no se estableció que la designación del titular de la Unidad de Competencia debía hacerla el Pleno a propuesta del comisionado presidente de dicho instituto, por lo que resulta claro que el legislador dotó al Pleno del IFT de atribuciones para establecer en el estatuto orgánico excepciones tendientes a regular nombramientos y remociones de algunos funcionarios, de ahí que no existe invasión a las facultades del Congreso de la Unión.

No existe violación a los artículos 16, 49 y 73, fracciones X y XVII, de la Constitución Federal, ya que el IFT ha actuado dentro de su esfera competencial y en aras de su competencia constitucional, conforme a lo establecido por el artículo 28 constitucional, por lo que la reforma al Estatuto de ninguna manera genera ni implica contradicción en la política pública adoptada por el legislador y la regulación del instituto, pues obedece a una regulación interna del IFT que garantizará su buen funcionamiento.

No existe afectación a la esfera competencial del Congreso de la Unión, pues la reforma al estatuto orgánico es de índole sustantiva, porque está subordinada a lo establecido en los artículos 17, fracción IV, 20, fracciones VIII y XIII, de la LFTR y ésta, a su vez, a lo establecido en el artículo 28 constitucional, que señala que el IFT puede emitir su propio estatuto orgánico y, por ende, reformarlo; de ahí que el instituto actuó dentro de su esfera de competencia.

Segundo. Debe declararse infundado el tercer concepto de invalidez porque, contrario a lo sostenido por la parte actora, la producción de regulación interna no está limitada ni reservada a la ley, sino que se materializa a través de la emisión del estatuto orgánico del instituto, más aún cuando la propia legislación secundaria emitida por el Congreso de la Unión reconoce al Pleno del IFT la facultad para emitir su estatuto orgánico para regular, al menos, la organización y distribución de facultades de sus unidades, así como para establecer los mecanismos para la designación, nombramiento y remoción de aquellos funcionarios que así se determine, a excepción, del titular de la autoridad investigadora y del secretario técnico del Pleno del IFT, al tener un tratamiento específico en la LFTR.

Resulta ilógico que el Pleno del IFT esté facultado para expedir el estatuto orgánico para su funcionamiento, pero que no pueda intervenir en la designación de su personal, pues ello es esencial en una autoridad técnico-especializada, por ser una cuestión integral no sólo de atribuciones, sino de capacidades y cualidades del mismo personal que ejerce los cargos públicos.

La facultad regulatoria es un mecanismo que permite garantizar la plena independencia del ente regulador, de modo que, en la medida en que su organización pueda verse comprometida por otros poderes, la independencia en sus decisiones, funcionamiento e imparcialidad en sus actuaciones también se ve comprometida.

SEXTO.—Trámite de la contestación de demanda. En acuerdo de diez de febrero de dos mil veintiuno, el Ministro instructor tuvo por contestada la demanda y por cumplido el requerimiento formulado a la demandada, ordenó correr traslado con copia simple de ese oficio al actor, a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para los efectos legales correspondientes, y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, mediante el sistema de videoconferencias.

SÉPTIMO.—Audiencia. Agotado en sus términos el trámite respectivo, el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.

OCTAVO.—Opinión. La Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no rindieron opinión en el presente asunto, a pesar de estar debidamente notificadas.

NOVENO.—Cierre de instrucción. En acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, el Ministro instructor decretó el cierre de instrucción del presente asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) 1o. de la ley reglamentaria,(2)10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(4) por tratarse de un conflicto entre el Congreso de la Unión (a través de la Cámara de Senadores) y un órgano constitucional autónomo (IFT) por la constitucionalidad de un acuerdo general emitido por éste, al que se le reprocha una extralimitación de facultades en detrimento de las legislativas del actor.

SEGUNDO.—Certeza y precisión de los actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 41 de la ley reglamentaria,(5) se procede a precisar en forma concreta la norma que es objeto de la presente controversia constitucional y apreciar las pruebas conducentes para tenerla por demostrada.

El Congreso actor promovió controversia constitucional contra el Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones modifica su estatuto orgánico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de octubre de dos mil veinte, por medio del cual el Pleno del IFT adiciona una fracción XXXVI Bis al artículo 6, reforma el último párrafo del artículo 14 y deroga la fracción V del artículo 6 y la

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Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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