CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE CONTRA RESOLUCIONES DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, CUANDO NO SE CONTROVIERTE SU FACULTAD PARA CONOCER DEL JUICIO, SINO LO DETERMINADO EN LA SENTENCIA RESPECTIVA (ACUERDO DEL MINISTRO INSTRUCTOR DE NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS POR EL QUE DESECHÓ LA DEMANDA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 58/2016).
RECURSO DE RECLAMACIÓN 29/2016-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: SALVADOR ALVARADO LÓPEZ
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al nueve de noviembre de dos mil dieciséis.
V I S T O S; Y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Presentación del recurso de reclamación. Por escrito recibido el quince de junio de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Leonel Luna Estrada en su carácter de Presidente de la Comisión de Gobierno de la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, promovió recurso de reclamación en contra del acuerdo de nueve de junio de dos mil dieciséis, dentro de la Controversia Constitucional **********, mediante el cual, el Ministro instructor desechó por notoriamente improcedente la controversia constitucional.
SEGUNDO. Acuerdo recurrido. El acuerdo materia de este recurso es del tenor siguiente
Ciudad de México, a nueve de junio de dos mil dieciséis.
Visto el escrito inicial de esta controversia constitucional, se tiene por presentado únicamente al presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con la personalidad que ostenta, en representación de dicho órgano legislativo, en términos de lo dispuesto por el artículo 11, párrafo primero de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el 42, fracción II de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de las documentales exhibidas para tal efecto.
Además, de conformidad con los artículos 4, párrafo tercero, y 11, párrafo segundo, de la ley reglamentaria en cita, así como 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 1 de la referida ley, se tiene al promovente designando delegados y autorizados, así como señalando el domicilio para oír y recibir notificaciones que indican en esta ciudad.
No obstante lo anterior, de la lectura del escrito inicial se arriba a la conclusión de que procede desechar la presente controversia constitucional, conforme a las consideraciones que se desarrollan a continuación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la mencionada ley reglamentaria de la materia, el Ministro instructor en una controversia constitucional puede válidamente desecharla de plano si advierte la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, como se corrobora con la jurisprudencia que se cita a continuación:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por 'manifiesto' debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo 'indudable' resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa".
En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la citada normativa reglamentaria, en relación con la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al respecto, conviene señalar, por principio de cuentas, que el primero de los preceptos antes citados establece que la improcedencia de la controversia constitucional puede resultar de alguna disposición de la ley reglamentaria de la materia, lo cual implica considerar no sólo las que específicamente prevé tal ordenamiento, sino incluso las que puedan derivar del conjunto de normas que rigen el sistema de control constitucional del que forman parte, toda vez que el artículo constitucional antes mencionado establece las bases de procedencia de este medio de control constitucional, siendo aplicable, sobre el particular, la jurisprudencia siguiente:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, ÚNICAMENTE DEBE RESULTAR DE ALGUNA DISPOSICIÓN DE LA PROPIA LEY Y, EN TODO CASO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Conforme a la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución, la improcedencia de la controversia constitucional únicamente debe resultar de alguna disposición de la propia ley y, en todo caso, de la Norma Fundamental, por ser éstas las que delinean su objeto y fines; de ahí que la improcedencia no puede derivar de lo previsto en otras leyes, pues ello haría nugatoria la naturaleza de ese sistema de control constitucional" .
Pues bien, del escrito inicial se advierte que este medio de control constitucional es intentado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con la intención de demandar la invalidez de la sentencia dictada el veintiuno de abril de dos mil dieciséis por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de revisión con número de expediente R.A. **********.
Ahora, en relación con este tema, es importante tener presente que ha sido criterio de este Alto Tribunal que resulta imposible entablar o realizar el control constitucional de resoluciones dictadas por otros órganos que actúan como parte del orden constitucional al fallar en otro medio de control también de índole constitucional como, por ejemplo, el amparo, pues lo contrario implicaría consecuencias que atentarían contra la integridad de ambos mecanismos de tutela de la Ley Fundamental; esto, esencialmente, atento a la naturaleza de la controversia constitucional.
Los jueces, al emitir una sentencia en el juicio de amparo, no actúan en un plano ordinario, sino en uno extraordinario de constitucionalidad, revisando el apego que los actos de autoridad tengan o no a la Constitución Federal, de manera que sus decisiones firmes son determinaciones constitucionales por origen y definición y, por tanto, abrirlas nuevamente a discusión, o poner en tela de juicio su validez constitucional en una vía que funda su existencia en normas de la misma jerarquía y que persigue por igual la salvaguarda de la supremacía constitucional, trastocaría la solidez y eficacia de todo el sistema de medios de control previsto en la Ley Fundamental y haría nugatoria la autoridad que por disposición constitucional tienen los juzgadores de amparo (unipersonales y colegiados) al someter sus determinaciones a un nuevo análisis constitucional.
Dicho de otra manera y a mayor abundamiento, el Tribunal Pleno, al resolver los recursos de reclamación 131/1999 (derivado de la controversia constitucional 8/1999) y 208/2004-PL (derivado de la controversia constitucional 70/2014), respectivamente, el nueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve y el siete de septiembre de dos mil cuatro, sostuvo las siguientes líneas argumentativas respecto a la temática que nos ocupa:
a) Resulta inviable que se entable un control constitucional como la controversia sobre las resoluciones dictadas en otro medio de control constitucional. El carácter del que está imbuida la controversia constitucional, que es el de ser un medio de control, le está dado por la propia norma constitucional cuando la establece en la fracción I del artículo 105, y está por demás presente en la reglamentación que de dicha figura se hace en los diversos preceptos que respecto a la misma prevé la Ley Reglamentaria de la materia, como son: los inherentes a quiénes pueden ser sus partes, a cómo puede operar la suspensión de los actos impugnados y especialmente patentizan la naturaleza que de medio de control constitucional tiene la controversia los artículos que regulan las sentencias.
b) Esto es, el ordenamiento en general, no sólo parte y funda su existencia en el carácter que de medio de control constitucional le asigna el propio artículo 105, sino que a lo largo de su contenido continúa perfilando dicho carácter de tal suerte que su naturaleza de ser un medio de esta índole resulta indubitable.
c) En este contexto, resulta jurídicamente inadmisible que la controversia constitucional proceda para cuestionar la validez de los actos que fueron dictados a propósito de otro medio de control también de índole y fundamento constitucional, pues admitirlo tendría consecuencias que atentarían en contra de la integridad, no sólo de este medio de control, sino también del diverso del que derivan.
d) En ese sentido, el juicio de amparo, al igual que la controversia constitucional, funda su carácter de medio de control constitucional en la propia Constitución, concretamente en los artículos 103 y 107 de la misma, carácter que, al igual que en la controversia constitucional, se continúa perfilando en la legislación ordinaria de amparo. En ejercicio de este medio de control, los jueces de amparo no actúan en un plano ordinario, sino en uno extraordinario de constitucionalidad, revisando el apego que los actos de autoridad tengan o no con la Constitución Federal, de tal manera que sus decisiones con carácter de firmes son decisiones constitucionales por origen y definición.
e) Por lo tanto, someterlas nuevamente a discusión constitucional o, lo que es igual, poner en tela de juicio su validez constitucional en una vía que funda su existencia en normas de la misma jerarquía y que persigue por igual la salvaguarda de la supremacía constitucional, trastornaría la solidez y eficacia no sólo de ese medio de control, sino, y en consecuencia, de todo el sistema de medios de control constitucional que prevé la Constitución Federal y haría nugatoria la autoridad que formal y materialmente tienen, por propia disposición constitucional, los juzgadores de amparo, unipersonales y colegiados, al diluirse la validez de las sentencias que conceden la protección federal sometiéndolas a su vez a un nuevo análisis constitucional.
f) En este orden de ideas, no sólo resulta lógico y jurídico, sino obligado, hacer extensivo este tratamiento a todos aquellos actos que se realicen en ejecución de la propia sentencia de amparo o de las interlocutorias que en su curso se hayan dictado, pues su realización encuentra su razón de ser, precisamente, en la resolución constitucional que encontró un vicio que habría que ser superado con la ulterior actuación de las autoridades, actuación con la cual pretenden materializar la protección constitucional otorgada por el juzgador de amparo.
Los anteriores criterios se reflejan en las siguientes tesis de jurisprudencia:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE PROMUEVE EN CONTRA DE LOS ÓRGANOS DEPOSITARIOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Del artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que las hipótesis de procedencia de la controversia constitucional no comprenden al Poder Judicial de la Federación ni a los órganos que lo integran, toda vez que al resolver los asuntos sometidos a su competencia no ejercen facultades ordinarias de un nivel de gobierno, sino extraordinarias de control constitucional, de ahí que cuando aquella vía se entable contra los órganos depositarios de dicho Poder será notoriamente improcedente" .
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS DICTADAS EN JUICIOS DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS ACTOS REALIZADOS EN SU EJECUCIÓN. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 117/2000, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, octubre de 2000, página 1088, con el rubro: 'CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SON LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES.', estableció que la amplitud para ejercitar la acción de controversia constitucional no puede llegar al extremo de proceder para impugnar los fundamentos y motivos de una sentencia emitida por un tribunal judicial o administrativo, incluso cuando se aleguen cuestiones constitucionales. Lo anterior se robustece si se atiende a que las decisiones de los órganos de amparo son constitucionales por origen y definición, por lo que dicha improcedencia se funda en la circunstancia de que poner nuevamente en tela de juicio su validez constitucional en una vía regulada por normas de la misma jerarquía (artículos 103 y 107, y artículo 105, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) y que persiguen por igual la salvaguarda de la supremacía constitucional, trastornaría la solidez y eficacia no sólo del medio de control sometido, sino de todo el sistema de medios de control constitucional que prevé la Constitución Federal, haciendo nugatoria la autoridad que tienen, por disposición constitucional, los juzgadores unipersonales y colegiados de amparo, cuestionándose la validez de las sentencias que conceden la protección federal al quedar sujetas a un nuevo análisis constitucional. En este orden de ideas, este tratamiento debe hacerse extensivo a los actos de ejecución de la propia sentencia de amparo, pues su realización encuentra su razón de ser en la resolución constitucional que encontró un vicio que habría de ser superado con la ulterior actuación de las autoridades, y en la que se pretende materializar la protección constitucional otorgada por el Juez de amparo".
Por su parte, también es criterio reiterado de esta Suprema Corte que las diversas resoluciones jurisdiccionales, incluyendo los acuerdos de trámite o requerimiento o las propias sentencias de los recursos de revisión dictadas en un juicio de amparo, no pueden ser objeto de análisis en una controversia constitucional. En la controversia constitucional 16/1999, fallada por el Tribunal Pleno el ocho de agosto de dos mil, se sostuvo que la amplitud material para ejercitar la acción de controversia constitucional no puede llegar al extremo de considerarla como la vía idónea para controvertir los fundamentos y motivos de una sentencia emitida por un tribunal judicial o administrativo, incluso cuando se aleguen cuestiones constitucionales, porque dichos tribunales al dirimir conflictos que han sido sometidos a su conocimiento, ejercen facultades de control jurisdiccional, razón por la cual por este medio no puede plantearse la invalidez de una resolución dictada en un juicio, pues ello lo haría un recurso o ulterior medio de defensa para someter a revisión la misma cuestión litigiosa debatida en el procedimiento natural. Este criterio también se refleja en la tesis de jurisprudencia de rubro y texto:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SON LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 98/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, septiembre de 1999, página 703, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", estableció que si el control constitucional busca dar unidad y cohesión a los órdenes jurídicos, en las relaciones de las entidades u órganos de poder que las conforman, tal situación justifica que una vez que se ha consagrado un medio de control para dirimir conflictos entre dichos entes, debe analizarse todo tipo de violaciones a la Constitución Federal, sin importar sus características formales o su relación mediata o inmediata con la Norma Fundamental. Sin embargo, dicha amplitud para ejercitar la acción de controversia constitucional, no puede llegar al extremo de considerarla como la vía idónea para controvertir los fundamentos y motivos de una sentencia emitida por un tribunal judicial o administrativo, incluso cuando se aleguen cuestiones constitucionales, porque dichos tribunales al dirimir conflictos que han sido sometidos a su conocimiento, ejercen facultades de control jurisdiccional, razón por la cual por este medio no puede plantearse la invalidez de una resolución dictada en un juicio, pues ello lo haría un recurso o ulterior medio de defensa para someter a revisión la misma cuestión litigiosa debatida en el procedimiento natural, además de que en éste no se dirimen conflictos entre los órganos, poderes o entes a que se refieren los artículos 105, fracción I, de la Constitución Federal y 10 de la ley reglamentaria de la materia, sino que tiene como objeto salvaguardar los intereses de los gobernados" .
Cabe destacar que esta regla general de improcedencia admite como única excepción los casos en que la cuestión a examinar atañe a la presunta invasión de la esfera competencial de un órgano originario del Estado, en aras de preservar su ámbito de facultades, tal como se resolvió en la controversia constitucional **********, resuelta por el Tribunal Pleno el veintitrés de agosto de dos mil siete.
Así las cosas, tal como se señaló con antelación, el presente medio de control de constitucionalidad es intentado contra un órgano jurisdiccional que forma parte del Poder Judicial de la Federación y, particularmente, para controvertir una resolución dictada por éste en ejercicio de sus funciones extraordinarias de control constitucional, por lo que es inconcuso que la presente controversia constitucional resulta notoriamente improcedente. Se insiste, aun cuando es cierto que los tribunales colegiados de Circuito forman parte del Poder Judicial de la Federación, es inviable que sean sometidos a una controversia constitucional al no actualizar ninguno de los supuestos de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal. Con la emisión de esas resoluciones, no actúan como parte del orden federal, sino del constitucional.
Por su parte, es cierto que la promovente sostiene que el presente caso es procedente precisamente por actualizar la aludida excepción de la regla general, toda vez que se combate la determinación del Tribunal Colegiado al haber ejercido una facultad "que no le confiere la Constitución ni la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sino por el contrario, las fracciones X y XII del artículo 41, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la reservan a la Asamblea Legislativa de esta entidad federativa, a través de su Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y del Pleno respectivamente."
No obstante, contrario a este razonamiento, se estima que el presente caso no se ubica en la hipótesis de excepción, pues de la simple lectura de la demanda de controversia y de la sentencia impugnada se observa que es pretensión de la actora evaluar las razones por las cuales el Tribunal Colegiado determinó en un amparo en revisión que procedía otorgar al quejosa la protección constitucional para el efecto de que la Asamblea Legislativa aprobara la iniciativa de Decreto de modificación de uso de suelo en cuestión, lo que se hace desde la perspectiva de que las leyes relativas que establecen la facultad decisoria prevén una competencia de ejercicio discrecional, entendimiento que se opone a la del Tribunal Colegiado, quien sostiene que la facultad de la Asamblea es reglada y, por tanto, es controlable en cuanto a su corrección a la luz de los requisitos previstos en la ley.
En este sentido, el eventual diferendo a entablarse en este juicio -de admitirse como procedente- consistiría, no en determinar en quien la titularidad de la facultad de tramitar y resolver los procedimientos de formulación de modificaciones a los programas de desarrollo urbano, prevista en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, sino en determinar el carácter de esa competencia, respondiendo a una disyuntiva: ¿es una facultad discrecional? O bien ¿es una facultad reglada? Diferendo interpretativo que no involucra desde ninguna perspectiva una controversia propiamente hablando de invasión de competencia, sino resolver una duda interpretativa sobre los alcances de una facultad decisoria que, en todo momento, es reconocida por el Tribunal Colegiado de titularidad de la parte actora.
Como se adelantó, lo manifiesto e indudable de la improcedencia radica en que se aprecia de la simple lectura integral de la demanda y, al estar prevista a nivel constitucional y legal, no podría arribarse a una conclusión diversa aun cuando se instaurara el procedimiento y se aportaran pruebas, siendo aplicable, al respecto, la tesis siguiente:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTRIBA EN UNA CUESTIÓN DE DERECHO NO DESVIRTUABLE CON LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO".
No es óbice a lo anterior que los promoventes afirmen que la ley reglamentaria de la materia no contiene una previsión en la que se determine la improcedencia de las controversias constitucionales intentadas contra el Poder Judicial de la Federación, alguno de sus tribunales o juzgados pues, sobre este tema, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia no es indispensable que ésta se vincule con una previsión expresa y específica del ordenamiento jurídico, pues puede surtirse cuando del conjunto de disposiciones que integran dicha normativa y de su interpretación se revelen situaciones en que la procedencia de una controversia constitucional pudiera ser contraria al sistema de control del que forma parte o de la integridad y naturaleza del juicio mismo.
La consideración antes apuntada quedó recogida en la tesis que a continuación se transcribe:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, NO ES INDISPENSABLE QUE EXISTA Y SE VINCULE CON UNA DISPOSICIÓN EXPRESA Y ESPECÍFICA AL RESPECTO EN ESE ORDENAMIENTO JURÍDICO. Conforme a la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia del juicio debe resultar de alguna disposición de esa ley, esto es, que sea consecuencia de la misma, sin que sea necesario que expresa y específicamente esté consignada como tal en alguna parte del ordenamiento, pues siendo la condición para que dicha causa de improcedencia se actualice, que resulte del propio ordenamiento, ésta válidamente puede surtirse cuando del conjunto de disposiciones que integran a la citada ley reglamentaria y de su interpretación, en lo que se refiere a la controversia constitucional, en tanto delinean el objeto y fines de la propia figura procesal constitucional, se revelen casos en que su procedencia sería contraria al sistema de control constitucional del que forman parte o de la integridad y naturaleza del juicio mismo".
En suma, conforme a los razonamientos antes desarrollados, lo conducente es desechar la demanda que da origen a la presente controversia constitucional, por resultar notoriamente improcedente.(1)
TERCERO. Antecedentes. Los principales antecedentes que dieron origen al presente asunto son los siguientes
1. El seis de noviembre de dos mil catorce, **********r ingresó en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, una solicitud de modificación a los programas de Desarrollo Urbano para el predio ubicado en **********, con el objeto de modificar el uso de suelo de habitacional unifamiliar al giro de academia de arte e idiomas.
2. El catorce de noviembre de dos mil catorce, se publicó el aviso de Modificación al Programa de Desarrollo Urbano y señaló que el periodo de consulta pública transcurriría del dieciocho de noviembre al ocho de diciembre de dos mil catorce.
3. El ocho de diciembre de dos mil catorce, se llevó a cabo la onceava sesión ordinaria del Comité de Modificación a los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, respecto al uso de suelo del inmueble mencionado, en la cual diversas secretarias pronunciaron su voto a favor pero condicionado, excepto la Secretaría de Cultura que emitió opinión procedente.
4. El veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal envió a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana el Proyecto de Dictamen de Modificación, en el cual se dictaminó como procedente el cambio de uso de suelo.
5. El ocho de julio de dos mil quince, la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana sometió a consideración del Pleno de la Asamblea Legislativa el dictamen mediante el cual se desecha la iniciativa de Decreto que Modifica el Programa Parcial Lomas de Chapultepec, del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano.
6. Contra tal determinación, se promovió juicio de amparo, que fue resuelto por el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal bajo el expediente **********, en el sentido de conceder el amparo para el efecto de dejar insubsistente el dictamen emitido por la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y para que con plena libertad de jurisdicción emitiera uno nuevo sobre la base de lo expuesto en las consideraciones de la sentencia de amparo.
Asimismo, debido a que el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó en sus términos el dictamen mencionado, se dejó en vía de consecuencia insubsistente la resolución emitida por dicha instancia.
7. El quejoso interpuso recurso de revisión del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa, bajo el expediente **********. En sesión de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, se dictó sentencia en el sentido de modificar la resolución recurrida para el efecto de constreñir al Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a aprobar la iniciativa de Decreto de Modificación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano.
8. Al considerar que la anterior determinación generaba una afectación de sus atribuciones, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, promovió el uno de junio de dos mil dieciséis, controversia constitucional que fue registrada con el número de expediente **********.
9. Por acuerdo de nueve de junio de dos mil dieciséis, fue desechada por notoriamente improcedente.
10. Contra tal determinación, se promovió este recurso de reclamación.
CUARTO. Agravios. En contra del desechamiento de la controversia constitucional, la recurrente adujo en síntesis los siguientes agravios.
El acuerdo impugnado ocasiona un perjuicio de imposible reparación al no realizar un análisis de la litis planteada ya que su falta de estudio permite que se materialice una violación de un órgano del Poder Judicial de la Federación a la esfera competencial de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
En el caso, no se cuestiona la legalidad de los actos administrativos ya revisados, sino la invasión de esferas competenciales que fue cometida por el Tercer Tribunal Colegiado al ordenar un cambio de uso de suelo, atribución que compete a la Asamblea Legislativa, por tener la facultad de legislar en materia de desarrollo urbano de conformidad con el artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
No puede afirmarse de la simple lectura de la demanda que exista una causa manifiesta e indudable de improcedencia, pues, al realizar un análisis de fondo podrá apreciarse que se actualiza la excepción que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se trata de resoluciones jurisdiccionales.
Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 16/2008, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO".
QUINTO. Admisión del recurso de reclamación. En acuerdo de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el recurso de reclamación, al que correspondió el número 29/2016-CA; asimismo, ordenó dar vista a la Procuradora General de la República para que manifestara lo que a su derecho conviniera.
SEXTO. Pedimento. La Procuradora General de la República no formuló pedimento.
SÉPTIMO. Designación del Ministro Ponente y avocamiento. Una vez integrado el expediente, por acuerdo de uno de julio de dos mil dieciséis se ordenó remitirlo para su radicación y resolución a la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que se encuentra adscrito el Ministro José Fernando Franco González Salas, designado como ponente en este asunto.
Mediante acuerdo de siete de julio siguiente, la Segunda Sala se avocó al conocimiento del asunto.
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este recurso de reclamación.(2)
SEGUNDO. Procedencia. El recurso de reclamación es procedente.(3)
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200230-4da54a92/controversia-constitucional-su-improcedencia-manifiesta-e-indudable-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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