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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA COMISIONADA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA, TIENE LEGITIMACIÓN DE PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTA (ARTÍCULOS 19 Y 20, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA INTERVENIR EN JUICIO EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER (ARTÍCULO 10, FRACCIÓN II Y ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA NO ES INDISPENSABLE QUE EXISTA Y SE VINCULE CON UNA DISPOSICIÓN EXPRESA Y ESPECÍFICA AL RESPECTO EN ESE ORDENAMIENTO. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA DERIVADO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (LA OMISIÓN DEL EJECUTIVO FEDERAL DE SELECCIONAR Y ENVIAR AL SENADO SUS PROPUESTAS DE PERSONAS CANDIDATAS PARA OCUPAR EL CARGO DE COMISIONADA DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES CON BASE EN LAS CONVOCATORIAS DE DOS MIL VEINTE, DOS MIL VEINTIUNO Y DOS MIL VEINTIDÓS).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 168/2022. · Registro digital (IUS): 200986
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 168/2022. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. 15 DE ENERODE 2024. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JOZUE TONATIUH ROMERO MENDOZA.

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al quince de enero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 168/2022, promovida por Instituto Federal de Telecomunicaciones (en adelante IFT), contra el Poder Ejecutivo Federal.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de este Alto Tribunal, Javier Juárez Mojica, ostentándose como Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones en suplencia por ausencia, presentó escrito de demanda de controversia constitucional.

2. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Instituto promovente adujo diversos conceptos de invalidez tendientes a demostrar que la omisión impugnada transgrede diversos preceptos constitucionales.

3. Admisión y trámite. Por acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, el entonces Ministro Presidente de esta Suprema Corte ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 168/2022, así como turnarlo a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa para que fungiera como instructora del procedimiento.

4. Por acuerdo de veintinueve de agosto siguiente, la Ministra Instructora admitió a trámite la demanda, tuvo por demandado al Poder Ejecutivo Federal y ordenó emplazarlo para que diera contestación a la demanda. Así mismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República (en adelante FGR) para que manifestara lo que a su derecho conviniera.

5. Contestación de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Por escrito recibido en el Buzón Judicial de este Alto Tribunal el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, María Estela Ríos González, ostentándose como Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, dio contestación a la demanda.

6. Pedimento. En el presente asunto la FGR no emitió pedimento alguno.

7. Alegatos. Por sendos escritos presentados el cinco y siete de diciembre del dos mil veintidós, el actor y la Consejería Jurídica, respectivamente, rindieron alegatos.

8. Cierre de la instrucción. Por acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintidós, la Ministra Instructora admitió las pruebas ofrecidas y procedió a declararse el cierre de la etapa de instrucción a fin de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

9. Avocamiento a la Segunda Sala. Previo dictamen respectivo, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para su avocamiento. Mediante proveído de doce de diciembre de dos mil veinticuatro dictado por el Ministro Presidente de la Segunda Sala de este Tribunal Constitucional, se avocó al conocimiento del asunto y además determinó enviar los autos a la Ministra instructora para la elaboración del respectivo proyecto de resolución.

I. COMPETENCIA

10. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso I) de la Constitución Federal y 10, fracción I, y 11, fracción VIII, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(1) y los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023,(2) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente en el Diario Oficial de la Federación, por tratarse de un conflicto entre un organismo constitucionalmente autónomo, en el caso, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Poder Ejecutivo de la Unión, en el que se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

11. Lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinticuatro,(3) en relación con el Octavo y Décimo Segundo Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial de la Federación, publicado el quince de septiembre de dos mil veinticuatro.(4)

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS

12. A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con el artículo 41, fracción I,(5) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta necesario determinar cuál es el acto u omisión específicamente reclamado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

13. En el apartado respectivo, la parte actora señala como omisión reclamada:

IV. NORMAS, ACTO U OMISIÓN CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA.

La omisión del Poder Ejecutivo Federal por conducto del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en la selección de candidatas a comisionadas del Instituto Federal de Telecomunicaciones a partir de las listas que le fueron enviadas por el Comité de Evaluación previsto en el artículo 28 constitucional y en la propuesta para su ratificación ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión como comisionadas integrantes del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

14. Aunado a esta impugnación en genérico, de la lectura integral de la demanda, es posible concluir que se tiene como impugnada la omisión del Ejecutivo Federal de seleccionar y enviar al Senado sus propuestas de personas candidatas a ocupar el cargo de Comisionada del IFT con base en las convocatorias de dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil veintidós.(6)

III. LEGITIMACIÓN ACTIVA

15. La demanda fue presentada por parte legítima.

16. De conformidad con el inciso l) de la fracción I, del artículo 105 de la Constitución Federal,(7) los órganos constitucionales autónomos federales están facultados para presentar la controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo Federal.

17. El artículo 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria(8) establece que el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

18. El escrito de demanda fue firmado por Javier Juárez Mojica quien se ostentó como Comisionado Presiente en suplencia por ausencia del IFT, calidad que le fue reconocida mediante acuerdo admisorio de veintinueve de agosto de dos mil veintidós.

IV. LEGITIMACIÓN PASIVA

19. El órgano demandado tiene legitimación pasiva.

20. De conformidad con los artículos 10, fracción II y 11, de la Ley Reglamentaria(9) serán demandados en las controversias constitucionales, las entidades, poderes u órganos que hubieran pronunciado el acto impugnado, los cuales deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

21. En el presente caso la contestación de la demanda fue suscrita por María Estela Ríos González, quien se ostentó como Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal y cuya calidad le fue reconocida mediante acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintidós.

V. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

22. De conformidad con el último párrafo del artículo 19 de la Ley Reglamentaria en la materia, las cuestiones relativas a la procedencia de la controversia constitucional son de estudio preferente, por lo que se deben analizar las que sean formuladas por las partes, así como aquéllas que este Alto Tribunal advierta de oficio.(10)

23. En ese sentido, esta Segunda Sala advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 19, en relación con el numeral 41, fracción IV,(11) ambos de la Ley Reglamentaria que rige a este medio de control constitucional, en relación con la reforma al artículo 28 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.

24. Para explicar lo anterior, conviene precisar que el día veinte de diciembre de dos mil veinticuatro se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación orgánica, por virtud del cual, en la parte que interesa, se reformó el artículo 28 de la Carta Magna, extinguiendo al Instituto de Federal de Telecomunicaciones y en su lugar creó una autoridad en materia de libre competencia y concurrencia, lo cual se puede observar en el siguiente cuadro comparativo entre el texto anterior y el vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Ver cuadro comparativo

25. De lo anteriormente transcrito es posible advertir, en la parte que interesa, que el Poder Revisor de la Constitución determinó la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio) y en su lugar, creó un nuevo órgano, dependiente del Poder Ejecutivo Federal, encargado de elaborar y conducir las políticas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

26. Es decir, el Instituto Federal de Telecomunicaciones que era un órgano autónomo en sus decisiones y funcionamiento quedó eliminado del sistema jurídico mexicano y en su lugar se estableció una dependencia del Ejecutivo Federal.

27. Asimismo, se decidió derogar todas aquellas disposiciones relacionadas con las facultades del mencionado Instituto y los requisitos que tenían que cumplir los Comisionados para su designación.

28. Vale la pena precisar que en los artículos Décimo y Décimo Primero Transitorios del Decreto en mención se estableció a la letra, lo siguiente:

“Décimo.- Las modificaciones a los párrafos décimo quinto a vigésimo del artículo 28 que se reforman en el presente Decreto, entrarán en vigor en un plazo de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de la legislación secundaria a que hace referencia el siguiente párrafo.

El Congreso de la Unión expedirá las leyes secundarias en materia de competencia y libre concurrencia; y en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, respectivamente, para el ejercicio de las facultades previstas en el artículo 28 de esta Constitución.

La autoridad en materia de libre competencia y concurrencia contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, estará dotada de independencia técnica y operativa en sus decisiones, organización y funcionamiento, y se garantizará la separación entre la autoridad que investiga y la que resuelve los procedimientos.

Décimo Primero.- La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones se extinguirá al momento de la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con el artículo Décimo transitorio. Los actos emitidos por dichos órganos con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, en términos del artículo Décimo transitorio, surtirán todos sus efectos legales.

Los Comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica que continúen en su encargo, concluirán sus funciones a la entrada en vigor del presente Decreto, en términos del artículo Décimo transitorio.”

29. Pues bien, como se precisó anteriormente, lo que se impugna en el presente asunto es la omisión del Ejecutivo Federal de seleccionar y enviar al Senado sus propuestas de candidaturas a ocupar el cargo como personas comisionadas del Instituto Federal de Telecomunicaciones con base en las convocatorias de dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil veintidós.

30. Sin embargo, a partir de la reciente reforma señalada, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha desaparecido del sistema jurídico mexicano por lo que, no podría cumplirse con la designación de nuevos comisionados, esto es, elegir a personas para fungir como Comisionadas de un instituto que ya no existe. Máxime que en los artículos transitorios quedó establecido que los comisionados que aún se encuentran en su encargo, concluirán sus funciones a la entrada en vigor del Decreto mencionado.

31. En ese sentido, no se podría cumplir con los fines de la controversia constitucional, debido a que en términos del artículo 41, fracción IV, de la ley de la materia, los efectos de la sentencia tienen por objeto que los órganos obligados la cumplan y, en caso de omisiones a un actuar positivo de la autoridad, a fin de que realice todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda.

32. Sin embargo, dado el nuevo sistema en telecomunicaciones decretado por el Poder Revisor de la Constitución en el artículo 28 de la Carta Magna, en caso de dictarse una sentencia estimatoria que declare la invalidez de la omisión reclamada, no sería posible que se lleven a cabo todos los elementos necesarios para cumplir con la designación de los Comisionados, puesto que el órgano al que debería ser adscrito (Instituto Federal de Telecomunicaciones como un ente autónomo) ya no existe y sus funciones se trasladaron a una dependencia del Ejecutivo Federal, derogándose también las normas que preveían el proceso de designación de los funcionarios en comento.

33. En consecuencia, procede sobreseer en la controversia constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, en relación con el artículo 19, fracción IX de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VI. DECISIÓN

Por lo antes expuesto y fundado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:

ÚNICO. Se sobresee en la controversia constitucional.

Notifíquese; mediante oficio a las partes, devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Alberto Pérez Dayán, Lenia Batres Guadarrama y Presidente Javier Laynez Potisek. El Ministro Javier Laynez Potisek vota a favor por consideraciones adicionales.

Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y la Ministra Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.

PRESIDENTE

MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK

PONENTE

MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA

SECRETARIA DE ACUERDOS

CLAUDIA MENDOZA POLANCO

Esta hoja corresponde a la controversia constitucional 168/2022, fallada en sesión de quince de enero de dos mil veinticinco. CONSTE.

En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

________________

1. “Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: [...]

l). Dos órganos constitucionales autónomos federales, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión.

[...]

Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá funcionando en Pleno:

I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; [...]

Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes, y tendrá las siguientes atribuciones: [...]

VIII. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de los acuerdos generales que emita. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda;

[...]”

2. PRIMERO. Las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercerán la competencia que les otorga el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la manera siguiente:

(...)

La Segunda Sala conocerá de las materias administrativa y del trabajo.

(...)

TERCERO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el Punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Plenos Regionales o a los Tribunales Colegiados de Circuito.

3. Tercero. Hasta en tanto las Ministras y Ministros electos tomen protesta de su encargo ante el Senado de la República el 1o. de septiembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se regirá para todos los efectos por las atribuciones, competencias, obligaciones, reglas de votación, faltas, licencias y demás disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2021; con excepción de la materia electoral tal como está previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En consecuencia, hasta la fecha señalada en el enunciado anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación seguirá funcionando en Pleno o en Salas.

4. Octavo. El Congreso de la Unión tendrá un plazo de noventa días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones a las leyes federales que correspondan para dar cumplimiento al mismo. Entre tanto, se aplicarán en lo conducente de manera directa las disposiciones constitucionales en la materia y, supletoriamente, las leyes en materia electoral en todo lo que no se contraponga al presente Decreto.

(...).

Décimo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

5. “Artículo 41. Las sentencias deberán contener:

I. La fijación breve y precisa de las normas generales, actos u omisiones objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; [...]”

6. Cfr. expediente principal foja 9, así como diversas menciones sobre la omisión de enviar la propuesta a ratificación del Senado, v. gr. fojas 30 y 62.

7. “Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

[...]

l) Dos órganos constitucionales autónomos federales, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión.

[...]”

8. “ARTÍCULO 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.”

9. “ARTÍCULO 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:

[...]

II. Como demandada o demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general, pronunciado el acto o incurrido en la omisión que sea objeto de la controversia;

[...]

ARTÍCULO 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

[...]

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos será representado por el secretario de estado, por el jefe del departamento administrativo o por el Consejero Jurídico del Gobierno, conforme lo determine el propio Presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley. El acreditamiento de la personalidad de estos servidores públicos y su suplencia se harán en los términos previstos en las leyes o reglamentos interiores que correspondan”

10. “Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

(...)

IX. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta Ley.

(...)”

11. “Artículo 41. Las sentencias deberán contener:

(...)

IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales, actos u omisiones respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada; (...)”

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200986-0eb63215/i-controversia-constitucional-el-instituto-federal-de-telecomunicaciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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