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Modo: Corpus Pro

VISTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE DARSE AL QUEJOSO, INCLUSO EN EL CASO DE QUE ÉSTE HAYA CELEBRADO CONVENIO CON SU CONTRAPARTE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL LAUDO RECLAMADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 223/2021. · Registro digital (IUS): 30304
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-01-07
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL TERCER CIRCUITO Y DÉCIMO SEXTO DEL PRIMER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Enero de 2022, Tomo II, Pág. 1347.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 223/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL TERCER CIRCUITO Y DÉCIMO SEXTO DEL PRIMER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO. 20 DE OCTUBRE DE 2021. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: ELIZABETH MIRANDA FLORES.

III. COMPETENCIA Y LEGITIMACIÓN

4. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, tercero(4) transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno, por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas al Poder Judicial de la Federación, toda vez que aún no se surte la competencia de los Plenos Regionales prevista en el artículo 42, fracción I,(5) y transitorio primero, fracción II,(6) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que los criterios contendientes han sido sustentados por Tribunales Colegiados de distintos circuitos, en materia de trabajo, cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala.

5. Por otro lado, la denuncia proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por un Magistrado integrante de uno de los tribunales contendientes.

IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

6. La mecánica para analizar la existencia de una contradicción de tesis tiene que abordarse desde la necesidad de unificar criterios jurídicos en el país, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los Jueces y justiciables. Dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas, este Alto Tribunal ha reconocido que para que exista una contradicción de tesis basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron. Sirven de sustento a lo anterior los criterios del Tribunal Pleno de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(7)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."(8)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEAN ERRÓNEOS, DEBE RESOLVERSE EL FONDO A FIN DE PROTEGER LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver una contradicción de tesis existente entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito aunque sean erróneos o inaplicables, pues el objetivo fundamental de ese procedimiento es terminar con la incertidumbre generada para los gobernados y los órganos jurisdiccionales por la existencia de criterios contradictorios, mediante la definición de una jurisprudencia producto de la sentencia dictada en ese procedimiento, que servirá para resolver uniformemente casos similares a los que motivaron la denuncia de contradicción, evitando que se sigan resolviendo diferente e incorrectamente, lo que permitirá preservar la unidad en la interpretación de las normas del orden jurídico nacional con la fijación de su sentido y alcance en protección de la garantía de seguridad jurídica. Además, esa definición jurídica no sería posible realizarla si se declara improcedente la contradicción suscitada respecto de tesis equivocadas o inaplicables de esos tribunales, ya que aunque se dejaran sin efecto, si no existiera pronunciamiento por declararse su improcedencia, lejos de garantizar a los gobernados y a los órganos jurisdiccionales del país la solución de otros asuntos de similar naturaleza, se generaría incertidumbre, por lo cual debe emitirse una sentencia que fije el verdadero sentido y alcance de la solución que deba darse al supuesto o problema jurídico examinado por los Tribunales Colegiados de Circuito que originó la oposición de criterios."(9)

7. Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y el problema radica en los procesos de interpretación –y no en los resultados– adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces, como lo ha sostenido el Tribunal Pleno,(10) es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado;

b) Que en tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

8. Es decir, existe una contradicción de tesis cuando dos órganos jurisdiccionales: (I) hayan realizado ejercicios interpretativos; (II) sobre los mismos problemas jurídicos y en virtud de ellos llegaron a soluciones contrarias; y, (III) tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas.

9. Por otro lado, no es obstáculo para que esta Segunda Sala se ocupe de la denuncia sobre el presente asunto, el que alguno de los criterios contendientes no constituya jurisprudencia, pues basta que los órganos jurisdiccionales adopten criterios distintos sobre un mismo punto de derecho. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia P./J. 27/2001 del Tribunal Pleno de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.",(11) y la tesis aislada P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(12) del mismo Tribunal Pleno.

10. En atención a lo anterior, a continuación, se procederá a analizar si en el caso se acreditan los requisitos para determinar la existencia de una contradicción de tesis.

IV.1. Primer requisito: realización de un ejercicio interpretativo

11. Esta Segunda Sala considera que se acredita el primer requisito, toda vez que los Tribunales Colegiados contendientes ejercieron su arbitrio judicial al resolver las cuestiones litigiosas que les fueron presentadas. Esto es así, pues como a continuación se evidenciará, realizaron ejercicios interpretativos en las partes considerativas de las sentencias contendientes.

A. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 475/2020

12. Ese asunto tuvo su origen en los siguientes antecedentes:

a) Una persona reclamó de una empresa el pago de diversas prestaciones de naturaleza laboral.

b) Seguida la secuela procesal, la Junta laboral dictó laudo condenatorio.

c) Inconforme, la empresa demandada promovió juicio de amparo directo, el cual una vez listado para su resolución, en sesión celebrada por el Pleno del Tribunal, sus integrantes advirtieron la posible actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el diverso 64 del citado ordenamiento legal, el asunto quedó en lista a efecto de dar vista al quejoso con la posible actualización de la causa de improcedencia advertida, por lo cual se devolvieron los autos a la Secretaría de Acuerdos del Tribunal.

d) En cumplimiento, se dio vista a la parte quejosa y se le notificó personalmente y una vez transcurrido el plazo de tres días, los autos fueron devueltos a ponencia, seguido el procedimiento se dictó sentencia en la que el tribunal determinó sobreseer en el juicio.

13. En la parte que interesa, el Tribunal Colegiado consideró:

a) Es innecesario el estudio de los conceptos de violación, porque del análisis de las constancias del juicio de amparo se advierte actualizada una causa de improcedencia que conduce a sobreseer.

b) De las constancias de autos se advierte que la junta responsable informó al Tribunal Colegiado que las partes celebraron convenio en el que acordaron el cumplimiento del laudo laboral. Además, con posterioridad, también se informó que se dio cumplimiento a lo convenido, por lo cual se aprobó, se tuvo por cumplido y se ordenó archivar el asunto como totalmente concluido.

c) Atendiendo a lo previsto en los artículos 63, fracción V, y 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo y a las constancias antes relacionadas, se pone de manifiesto el consentimiento de la peticionaria de amparo, en relación con el contenido del laudo, ya que llegó a convenio con su contraparte en el que se pactó el pago de una cantidad para dar cumplimiento al laudo, misma que se entregó, por lo cual las partes otorgaron el amplio y total finiquito sin reservarse la aquí quejosa acción en contra del actor, razón por la cual se ordenó el archivo del asunto.

d) Por tanto, existe manifestación de voluntad en la que expresamente la quejosa se conforma con el contenido del laudo en todos sus términos y de manera especial con la parte que le perjudicaría, de tal modo que ello trae como consecuencia la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, por lo que procede el sobreseimiento conforme al diverso 63, fracción V, del mencionado ordenamiento legal.

B. Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver los amparos directos 1675/2015, 1563/2015, 1254/2015, 1870/2015 y 1512/2015

Amparo directo 1675/2015

14. Ese asunto derivó de los siguientes antecedentes:

a) Una persona promovió juicio laboral en el que reclamó el pago de diversas prestaciones.

b) Seguida la secuela procesal, la Junta responsable dictó laudo condenatorio.

c) Inconforme, el demandado promovió juicio de amparo directo, el cual fue resuelto en el sentido de sobreseer en el juicio.

15. En su ejecutoria, el Tribunal Colegiado(13) sostuvo, en lo que interesa:

a) El artículo 64 de la Ley de Amparo dispone que, cuando de oficio se advierta una causa de improcedencia no alegada por las partes, ni invocada por órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga.

b) El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la obligación legal de dar vista a la parte quejosa con la posible causa de improcedencia novedosa es aplicable, no sólo cuando se trata de un amparo biinstancial en que ya conoció un órgano inferior, sino incluso en el trámite del juicio de amparo directo y que la obligación correlativa a cargo del órgano colegiado surge cuando, en sesión, su Pleno comparte la posibilidad de que se actualice la causal de que se trate.

c) Al analizar en cada caso la aplicabilidad o no de las jurisprudencias, el órgano jurisdiccional debe realizar una constatación suficiente que asegure la subsunción, tomando en cuenta de modo relevante las finalidades y las razones intrínsecas que justifiquen cada criterio jurisprudencial, sin soslayar la situación real sobre la que debe juzgar o pronunciarse.

d) En el caso, el hecho generador de la causa de improcedencia no sólo es del pleno conocimiento de la parte quejosa, sino que además, fue ésta quien le dio origen al consentir expresamente el acto reclamado, que se hizo consistir en un laudo parcialmente condenatorio, después de promover la demanda de garantías y antes de la resolución del juicio de amparo directo, pues conjuntamente con su contraparte, en un convenio firmó su manifestación de aceptar sin reservas el cumplimiento de dicho laudo y expresó su deseo de que se diera por terminado tanto el conflicto natural, como el propio juicio de amparo, ratificando presencialmente dicho convenio.

e) En ese sentido, estimó que son inaplicables los criterios sostenidos por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues a pesar de que ninguna de las partes alegó como tal la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, relativa al consentimiento expreso del acto reclamado o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, tampoco podría señalarse que las advirtió oficiosamente el tribunal de amparo, pues fueron las manifestaciones del mismo agraviado las que generaron la actualización de la causa de improcedencia.

f) En ese sentido, no se desatiende la finalidad del artículo 64 de la Ley de Amparo, consistente en respetar el derecho de audiencia del quejoso, pues aun cuando no se haya señalado en forma literal o textual que el amparo se tornó improcedente, fue el mismo quejoso quien, dada su conducta, dio contenido material a la hipótesis de improcedencia de que se trata y, por ello, no es el caso darle vista para que argumente o se exprese considerando que ya lo hizo al manifestar y ratificar su intención de que se diera por concluido el conflicto de origen, así como el juicio de amparo.

g) Se tiene presente que el quejoso acudió ante la autoridad responsable y manifestó desistir de la instancia jurisdiccional natural y ratificó esa manifestación de voluntad, lo que hace entender que comprende y sobre todo, conoce a ciencia cierta el alcance jurídico de su determinación, esto es, la conclusión o extinción del procedimiento, sin que exista un análisis de fondo de la cuestión planteada, motivo por el cual, por la razón ya explicada, el tribunal de amparo consideró no estar obligado a dar vista con una probable causal de improcedencia y el consecuente sobreseimiento que deriva de la voluntad del agraviado.

h) De esta forma, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque el presidente de la Junta remitió copia certificada del convenio en el que el demandado convino en comprometerse a pagar al actor una cantidad y dijo desistir del amparo que promovió, en tanto que el actor aceptó recibir la cantidad entregada y la voluntad de asumir libremente el cumplimiento del laudo, lo que permite concluir que el quejoso consintió el acto reclamado en el juicio de amparo, lo que obliga a decretar el sobreseimiento en términos del diverso 63, fracción V, del citado ordenamiento legal.

16. Similares consideraciones se sustentaron al resolver los amparos directos 1563/2015, 1254/2015, 1870/2015 y 1512/2015, los cuales dieron origen al criterio siguiente:

"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI EL QUEJOSO EXPRESAMENTE CONSIENTE EL LAUDO RECLAMADO Y, ADEMÁS, SOLICITA QUE SE SOBRESEA EN AQUÉL, NO SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA [INAPLICABILIDAD DE LAS JURISPRUDENCIAS P./J. 51/2014 (10a.) Y P./J. 5/2015 (10a.)]. El referido precepto legal dispone que cuando el órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia –cuya actualización conduce al sobreseimiento en el juicio– que no fue alegada por las partes ni invocada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias P./J. 51/2014 (10a.) y P./J. 5/2015 (10a.) publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y del viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas, así como en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 12 y 17, Tomo I, noviembre de 2014 y abril de 2015, páginas 24 y 8, de títulos y subtítulos: ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO.’ e ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN.’, respectivamente, precisó que la obligación legal de dar esa vista con la posible causal de improcedencia novedosa es aplicable, no sólo cuando se trata de un amparo biinstancial en que ya conoció un órgano inferior, sino incluso en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, y que la obligación correlativa a cargo del órgano colegiado surge cuando, en sesión, su Pleno comparte la posibilidad de que se actualice la causal de que se trate. No obstante, dichos criterios deben considerarse inaplicables cuando el hecho generador de la causal de improcedencia de que se trate sea del pleno conocimiento del quejoso porque haya sido éste quien le dio origen, al consentir expresamente el acto reclamado, consistente en un laudo parcialmente condenatorio respecto del cual, después de promover la demanda de amparo y antes de ser resuelto el juicio de amparo uniinstancial, el propio quejoso acudió ante el tribunal responsable y, en conjunto con su contraparte, en un convenio, plasmó su manifestación en el sentido de aceptar sin reservas el cumplimiento de dicho laudo en sus exactos términos y, además, expresó en forma clara y contundente su deseo o intención de que se diera por terminado tanto el conflicto natural, como el propio juicio de amparo, ratificando presencialmente dicho convenio y, por tanto, el sobreseimiento. Sin que lo anterior desatienda la finalidad del segundo párrafo del artículo 64 de la ley de la materia, consistente en respetar el derecho de audiencia del quejoso, pues aun cuando no haya señalado literal o textualmente que el amparo se tornó improcedente por el motivo legal indicado, sí fue él mismo quien, dada su conducta, le dio contenido material a la hipótesis de improcedencia de que se trata y, por ese motivo, no es el caso darle vista para que argumente o se exprese, considerando que ya lo hizo al manifestar y ratificar su intención de que se diera por concluido el conflicto de origen, así como el juicio de amparo."(14)

IV.2. Segundo requisito: punto de toque y diferendo en los criterios interpretativos

17. Esta Segunda Sala considera que el segundo requisito también queda cumplido en el presente caso, pues los tribunales contendientes utilizaron su arbitrio judicial sobre el mismo problema jurídico.

18. En principio, conviene puntualizar que ambos Tribunales Colegiados, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseyeron en un juicio de amparo al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, atendiendo a que el quejoso manifestó el consentimiento del acto reclamado, en virtud de que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, en el juicio laboral de origen las partes celebraron un convenio en el que se pactó el pago de una cantidad para dar cumplimiento al laudo, por lo cual la autoridad señalada como responsable lo tuvo por cumplido.

19. Sin embargo, previo a decretar el sobreseimiento, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en sesión de Pleno, acordó dejar en lista el asunto a efecto de dar vista al quejoso con la posible actualización de la mencionada causa de improcedencia, por lo cual, una vez cumplido el plazo otorgado para que manifestara lo que se a su interés conviniera, se devolvieron los autos a ponencia y seguido el procedimiento se dictó sentencia en la que el tribunal determinó sobreseer en el juicio.

20. En cambio, el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 1675/2015, sostuvo que, no obstante que el artículo 64 de la Ley de Amparo establece la obligación de dar vista a la parte quejosa con la actualización de una causa de improcedencia novedosa y que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte ha considerado que dicha obligación se actualiza no sólo tratándose del amparo biinstancial, sino también del amparo directo y que dicha obligación surge cuando, en sesión, el Pleno comparte la posibilidad de que se actualice la causal de improcedencia de que se trate, dichos supuestos son inaplicables al caso, pues aunque ninguna de las partes alegó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, tampoco podría considerarse que fue advertida oficiosamente, pues fue el mismo quejoso quien, dada su conducta, dio contenido material a la hipótesis de improcedencia de que se trata, por ello no es el caso darle vista para que argumente o se exprese considerando que ya lo hizo al manifestar y ratificar su intención de que se diera por concluido el conflicto de origen, así como el juicio de amparo.

21. El tribunal estimó que al acudir ante la autoridad responsable, a manifestar su desistimiento de la instancia jurisdiccional natural y ratificar esa manifestación de voluntad, hace entender que comprende y conoce a ciencia cierta el alcance jurídico de su determinación, es decir, la extinción del procedimiento, sin que exista un análisis de fondo de la cuestión planteada, motivo por el cual el órgano jurisdiccional consideró no estar obligado a dar vista con una probable causal de improcedencia y el consecuente sobreseimiento que deriva de la voluntad del agraviado.

22. De lo anterior se desprende que los tribunales sostuvieron posturas contradictorias en relación con un mismo punto jurídico, pues aun cuando los dos sobreseyeron en un juicio de amparo al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, al considerar que el quejoso consintió el acto reclamado, al haber celebrado con su contraparte un convenio de cumplimiento del laudo en el que se comprometió a entregar una cantidad y dijo desistir del amparo que promovió, en tanto que el actor recibió la cantidad entregada y asumió libremente el cumplimiento del laudo, con lo que se concluyó que el quejoso consintió el acto reclamado.

23. Sin embargo, el Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, en sesión de Pleno acordó enviar los autos a la secretaria de Acuerdos de dicho órgano colegiado a efecto de dar vista al quejoso con la actualización de la posible causa de improcedencia una vez transcurrido el plazo otorgado para que el quejoso manifestara lo que a su derecho convenga, el asunto fue fallado en sentido de sobreseer en el juicio de amparo.

24. En cambio, el Tribunal Colegiado del Primer Circuito estimó innecesario dar vista al quejoso con la mencionada causa de improcedencia, conforme a lo previsto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, al considerar que el hecho generador de la causa de improcedencia es del pleno conocimiento del quejoso, pues fue éste quien le dio origen, al firmar un convenio con su contraparte en el que aceptó sin reservas el cumplimiento de dicho laudo y expresó su deseo de dar por terminado tanto el conflicto natural, como el propio juicio de amparo, ratificando presencialmente dicho convenio.

25. De esta manera concluyó que dada la conducta del quejoso, dio contenido material a la hipótesis de improcedencia de que se tr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30304-a4e300d6/vista-a-que-se-refiere-el-articulo-64 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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