COMPETENCIA ECONÓMICA. PARA CONSIDERAR MOTIVADOS LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN FEDERAL DE LA MATERIA, EN UN PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN, DEBEN CUMPLIR, ADEMÁS DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, LOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 35 DE SU REGLAMENTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, OCTAVO, DÉCIMO PRIMERO Y DÉCIMO CUARTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CATORCE VOTOS EN CUANTO A LA COMPETENCIA; CONTRA EL VOTO ACLARATORIO DE LOS MAGISTRADOS JORGE ANTONIO CRUZ RAMOS, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, JORGE ARTURO CAMERO OCAMPO Y GERMÁN EDUARDO BALTAZAR ROBLES. UNANIMIDAD DE DIECIOCHO VOTOS EN CUANTO AL FONDO; LOS MAGISTRADOS JOSÉ ÁNGEL MANDUJANO GORDILLO Y GERMÁN EDUARDO BALTAZAR ROBLES FORMULARON SALVEDADES. MAGISTRADO RELATOR: JOEL CARRANCO ZÚÑIGA. SECRETARIA: MICHELLE LOWENBERG LÓPEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 9 del Acuerdo General 14/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio de dos mil trece, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia administrativa, cuya especialidad corresponde a este Pleno de Circuito. No obsta la existencia de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, según lo discutido en esta sesión.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue formulada por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, de conformidad con el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO. A fin de resolver la denuncia de contradicción de tesis, es conveniente traer a colación las posiciones que asumieron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, a través de las ejecutorias respectivas.
El criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito derivó de lo resuelto en el expediente RA. 165/2011, donde se recurrió la sentencia dictada el veintiuno de enero del dos mil once por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en el juicio de amparo indirecto 153/2010, en que se reclamaron, entre otros actos, los requerimientos de información y documentación de veinticinco de enero y dieciséis de abril del dos mil diez, emitidos por el director general de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas y Restricciones al Comercio Interestatal de la Comisión Federal de Competencia, en el expediente de investigación IO-005-2009.
En el caso, se puso a debate ante el citado tribunal la problemática consistente en determinar si los mencionados requerimientos de información y documentación se encontraban debidamente motivados o no.
Al respecto, dicho órgano jurisdiccional resolvió, en esencia, lo siguiente:
Que cuando la autoridad administrativa emite un requerimiento de información y documentación en términos de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Federal de Competencia Económica, a fin de considerarlo debidamente motivado, debe explicar lo siguiente:
• La calidad con que es requerido el agente económico dentro de la investigación, esto es, debe hacer referencia a las categorías de "investigado", "eventual infractor", "tercero coadyuvante" o algún otro término o descripción que ubique el papel del agente requerido.
• La relación que guarda el requerido con los hechos que se investigan o con la materia del procedimiento, es decir, debe relatar los hechos específicos que son materia de investigación considerados como los sucesos o acontecimientos que, bajo su apreciación, pueden derivar de una práctica económica prohibida y la forma en que el agente económico participó; y,
• Justificar la relevancia y pertinencia de la información o documentación requerida, entendida como la exposición de las razones que expliquen cómo se vincula la información con los hechos y su relevancia.
Derivado de lo anterior, el tribunal determinó que como los requerimientos reclamados no cumplían los requisitos anteriores, estaban indebidamente motivados.
Por su parte, el criterio del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito derivó de lo resuelto en el expediente RA. 140/2012, donde se recurrió la sentencia dictada el veintitrés de marzo del dos mil doce por la Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo indirecto 855/2011, en que se reclamó, entre otros actos, el requerimiento de información y documentación de diecisiete de agosto del dos mil once, emitido por el director general de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas y Restricciones al Comercio Interestatal de la Comisión Federal de Competencia, en el expediente de investigación DE-012-2011.
En ese asunto, la litis a dilucidar consistió en determinar si el mencionado requerimiento de información y documentación se encontraba debidamente motivado o no.
Sobre el tema en cuestión, dicho órgano jurisdiccional resolvió, en esencia, lo siguiente:
Que el requerimiento reclamado estaba indebidamente motivado, toda vez que la autoridad administrativa omitió precisar la relación que guarda el quejoso con los hechos que se investigan o con la materia del procedimiento, ya que no se citaron los hechos de la investigación sino únicamente se transcribió el acuerdo que le dio origen, el cual hace una enunciación genérica sobre las conductas investigadas, de tal suerte que, al no demostrarse la relación que tiene el agente económico con los hechos que se investigan, hace que el requerimiento respectivo sea genérico.
En razón de lo anterior, el tribunal concluyó que para considerar debidamente motivado un requerimiento de información o documentación emitido de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Federal de Competencia Económica, debe exponerse de manera razonada por qué el requerido está relacionado con los hechos materia de la indagatoria y señalarse cuáles son esos hechos de manera específica.
Agregó el órgano jurisdiccional, que la Comisión Federal de Competencia también estaba obligada a establecer por qué la información requerida es importante y significativa en el caso concreto, esto es, debe señalar para qué le sirve allegarse de tal información y por qué es importante y conducente para las conductas investigadas.
El criterio del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito encuentra su origen en el expediente RA. 413/2012, donde se recurrió la sentencia dictada el veintiséis de octubre de dos mil doce por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo indirecto 431/2012, en que se reclamó, entre otros actos, el requerimiento de información y documentación de siete de febrero de dos mil doce, emitido por el director general de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas y Restricciones al Comercio Interestatal de la Comisión Federal de Competencia, en el expediente de investigación IO-005/2009.
Uno de los aspectos controvertidos en dicha instancia consistió en definir si el mencionado requerimiento de información y documentación se encontraba debidamente motivado o no.
Al resolver tal planteamiento, el órgano colegiado consideró que el deber de sigilo de la autoridad administrativa en el ejercicio de sus facultades de investigación condiciona el grado en que le es exigible motivar sus resoluciones, razón por la que estimó que la motivación del requerimiento de información y documentación que la comisión emite, en términos de lo previsto por el artículo 31 de la Ley Federal de Competencia Económica, depende de un balance entre la exigencia de seguridad jurídica del afectado y la necesidad de que la autoridad ejerza eficazmente sus funciones de proteger un bien colectivo como la libre competencia económica, respetando el deber de sigilo establecido en dicho ordenamiento legal.
El tribunal estableció que la motivación exigible a la Comisión Federal de Competencia, al emitir los mencionados requerimientos de información y documentación, no debe ser especialmente intensa ni traducirse en una descripción sumamente detallada y específica porque se frustrarían los objetivos de la investigación, al permitirle identificar al particular requerido la información útil para la investigación y tratar de ocultar la que le perjudique.
Derivado de lo anterior, el órgano jurisdiccional concluyó que para satisfacer las exigencias de motivación, basta que los requisitos del requerimiento sean enunciados de manera sencilla, concisa y clara, sin que signifique que lo expuesto no guarde relación con el asunto, pues la autoridad siempre deberá apegarse a los parámetros previstos por la ley, situación que consideró cumplida en el requerimiento reclamado.
Por su parte, el criterio del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito derivó de lo resuelto en el expediente RA. 398/2012, donde se recurrió la sentencia dictada el veintitrés de octubre de dos mil doce por la Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo indirecto 427/2012, en que se reclamó, entre otros actos, el oficio de quince de febrero del dos mil doce, en que el director general de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas y Restricciones al Comercio Interestatal de la Comisión Federal de Competencia citó al quejoso a declarar ante la mencionada comisión, en relación con el expediente de investigación IO-005-2009.
En ese asunto, el problema a dilucidar consistió en determinar si el mencionado citatorio para declarar se encontraba debidamente motivado o no.
Al respecto, el órgano colegiado resolvió que el hecho de que la comisión citara al quejoso con motivo del cargo que ostentaba en su empresa y le atribuyera el carácter de coadyuvante era suficiente para considerar debidamente fundado el oficio reclamado, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 bis 2 de la Ley Federal de Competencia Económica, toda persona que tenga conocimiento o relación con algún hecho que investigue la comisión, tiene la obligación de presentarse a declarar, sin exigir motivación adicional.
CUARTO. Una vez establecidas las posturas que sirvieron de base para la tramitación de la contradicción planteada, corresponde verificar su existencia.
Con esa finalidad, conviene precisar que, de acuerdo con la mecánica que prevalece en la calificación sobre la existencia o no de la contradicción de tesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que se configura cuando los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos implicados en la denuncia, examinan cuestiones jurídicas esencialmente iguales, incluso cuando parten de aspectos fácticos distintos, frente a las cuales adoptan posiciones o criterios jurídicos discrepantes en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.
Dicho criterio encuentra reflejo en la tesis jurisprudencial P./J. 72/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, que establece:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
También se ha estimado que para el surgimiento de la contradicción, es indispensable que lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa, y que, además, la cuestión jurídica estudiada en los criterios antagónicos goce de generalidad y no de individualidad, de manera tal que con la jurisprudencia que derive del fallo de la contradicción se cumpla el objetivo perseguido por esta institución, que es el de dar certidumbre jurídica.
En orden a las ideas descritas, este Pleno considera que en el caso sí existe la contradicción de tesis denunciada, pero no respecto de los criterios que sustentan el Octavo y el Décimo Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, por las razones que a continuación se exponen:
En el asunto que se resuelve, sí existe la contradicción de tesis entre los Tribunales Colegiados Segundo y Décimo Cuatro en Materia Administrativa del Primer Circuito, pues a partir del análisis de un tema jurídico arribaron a criterios opuestos.
Efectivamente, de la lectura de las posturas que propiciaron esta contradicción de criterios, sintetizadas en el considerando que antecede, se obtiene que el tema de estudio que de manera sustancial trascendió al esquema de debate en cada uno de los asuntos examinados por los tribunales mencionados, lo constituyó la necesidad de definir cómo debe ser la motivación de los requerimientos que emite la Comisión Federal de Competencia en el procedimiento de investigación.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito concluyó que cuando la autoridad administrativa emite un requerimiento de información y documentación, en términos de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Federal de Competencia Económica, a fin de considerarlo debidamente motivado, debe explicar exhaustivamente: a) la calidad con que es requerido el agente económico dentro de la investigación; b) la relación que guarda con los hechos que se investigan; y, c) la relevancia y pertinencia de la documentación solicitada.
En cambio, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que la motivación exigible a la Comisión Federal de Competencia, al emitir los mencionados requerimientos, no debe ser especialmente intensa ni traducirse en una descripción sumamente detallada y específica, porque se frustrarían los objetivos de la investigación.
Por tanto, la no coincidencia de posturas adoptadas por cada uno de los tribunales mencionados, pone en evidencia la existencia de la contradicción de tesis.
Por lo que hace al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el asunto implicado en la denuncia, examinó un supuesto de hecho distinto a los examinados por los demás tribunales, es decir, analizó si el citatorio para declarar en el procedimiento de investigación se encontraba debidamente motivado o no; mientras que los demás órganos judiciales verificaron si el requerimiento de información y documentación en tal procedimiento se encontraba debidamente motivado o no, de ahí que no existe contradicción de tesis respecto de este último criterio.
La misma consideración amerita lo establecido por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el asunto implicado en la denuncia, en virtud de que abordó el tema de la motivación del requerimiento de información y documentación en el procedimiento de investigación de prácticas monopólicas desde una perspectiva distinta a la de los tribunales contendientes.
En efecto, dicho órgano judicial consideró que debe exponerse, de manera razonada, por qué el requerido está relacionado con los hechos materia de la indagatoria y señalarse cuáles son esos hechos de manera específica; mientras que el esquema de debate en cada uno de los asuntos examinados por los Tribunales Segundo y Décimo Cuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito, lo constituyó la necesidad de definir cómo debe ser, en general, la motivación de los requerimientos que emite la Comisión Federal de Competencia en el procedimiento de investigación.
En ese orden de ideas, el punto en contradicción a dilucidar consiste en definir cómo debe ser la motivación de los requerimientos de información y documentación que emite la Comisión Federal de Competencia en el procedimiento de investigación, conforme al artículo 31 de la Ley Federal de Competencia Económica.
QUINTO. Una vez establecida la existencia de la contradicción, es necesario que este Pleno de Circuito determine cuál es el criterio que debe prevalecer como jurisprudencia, en términos del artículo 226, fracción III, de la Ley de Amparo.
Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno de Circuito, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
Los artículos 23, 24, fracción I, 30 y 33 de la Ley Federal de Competencia Económica establecen:
"Artículo 23. La Comisión Federal de Competencia es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, contará con autonomía técnica y operativa y tendrá a su cargo prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones, en los términos de esta ley, y gozará de autonomía para dictar sus resoluciones."
"Artículo 24. La comisión tendrá las siguientes atribuciones:
"I. Investigar la existencia de monopolios, prácticas monopólicas, estancos o concentraciones contrarias a esta ley, incluyendo aquellos que pudieren realizar los agentes económicos a que se refieren los artículos 4, 5 y 6 de este mismo ordenamiento, respecto de los actos que no estén expresamente comprendidos dentro de la protección que señala el artículo 28 constitucional, para lo cual podrá requerir a los particulares y agentes económicos la información o documentos que estime relevantes y pertinentes."
"Artículo 30. La investigación de la comisión se iniciará de oficio o a petición de parte y estará a cargo del secretario ejecutivo de la comisión, quien podrá turnarla a trámite a las unidades administrativas bajo su coordinación.
"El secretario ejecutivo dictará el acuerdo de inicio y publicará en el Diario Oficial de la Federación un extracto del mismo, el cual deberá contener, cuando menos, la probable violación a investigar y el mercado en el que se realiza, con el objeto de que cualquier persona pueda coadyuvar en dicha investigación.
"El extracto podrá ser difundido en cualquier otro medio de comunicación cuando el asunto sea relevante a juicio de la comisión. En ningún caso, se revelará en el extracto el nombre, denominación o razón social de los agentes económicos involucrados en la investigación.
"El periodo de investigación comenzará a contar a partir de la publicación del extracto y no podrá ser inferior a treinta ni exceder de ciento veinte días.
"Este periodo podrá ser ampliado hasta en cuatro ocasiones, por periodos de hasta ciento veinte días, cuando existan causas debidamente justificadas para ello.
"Si en cualquier estado de la investigación no se ha efectuado acto procesal alguno por más de sesenta días, el Pleno decretará el cierre del expediente, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera derivar de dicha inactividad de los servidores públicos.
"La unidad administrativa encargada de la investigación dictará el acuerdo de conclusión del periodo de investigación, al día siguiente en el que concluya o al del vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo anterior."
"Artículo 33. Concluida la investigación correspondiente y si existen elementos para determinar la probable responsabilidad del agente económico investigado, la comisión iniciará y tramitará, a través del secretario ejecutivo, un procedimiento administrativo conforme a lo siguiente:
"I. Emitirá un oficio de probable responsabilidad que contendrá:
"a) El nombre del probable responsable;
"b) Los hechos materia de la práctica monopólica o concentración prohibida que se le imputen;
"c) Las disposiciones legales que se estimen violadas, y
"d) Las pruebas y los demás elementos de convicción de los que se derive la probable responsabilidad.
"II. La comisión emplazará con el oficio a que se refiere la fracción anterior al probable responsable, el que contará con un plazo de treinta días para manifestar lo que a su derecho convenga, adjuntar los medios de prueba documentales que obren en su poder y ofrecer las pruebas que ameriten algún desahogo.
"El emplazado deberá referirse a cada uno de los hechos expresados en el oficio de probable responsabilidad. Los hechos respecto de los cuales no haga manifestación alguna se tendrán por ciertos, salvo prueba en contrario. Lo mismo ocurrirá si no presenta su contestación dentro del plazo señalado en el párrafo anterior;
"III. Transcurrido el término que establece la fracción anterior, se acordará, en su caso, el desechamiento o la admisión de pruebas y se fijará el lugar, día y hora para su desahogo. El desahogo de las pruebas se realizará dentro de un plazo no mayor de veinte días, contado a partir de su admisión.
"Son admisibles todos los medios de prueba. Se desecharán aquellos que no sean ofrecidos conforme a derecho, no tengan relación con los hechos materia del procedimiento o sean ociosos;
"IV. Una vez desahogadas las pruebas y dentro de los diez días siguientes, la comisión podrá allegarse y ordenar el desahogo de pruebas para mejor proveer o citar para alegatos, en los términos de la siguiente fracción;
"V. Una vez desahogadas las pruebas para mejor proveer que la comisión hubiese determinado allegarse, fijará un plazo no mayor a diez días para que se formulen por escrito los alegatos que correspondan, y
"VI. El expediente se entenderá integrado a la fecha de presentación de los alegatos o al vencimiento del plazo referido en la fracción anterior. Una vez integrado el expediente por el secretario ejecutivo, se turnará por acuerdo del presidente al comisionado ponente, de manera rotatoria, siguiendo rigurosamente el orden de designación de los comisionados, así como el orden cronológico en que se integró el expediente, quien tendrá la obligación de presentar el proyecto de resolución al Pleno para su aprobación o modificación.
"En este último caso el comisionado ponente incorporará al proyecto las modificaciones o correcciones sugeridas por el Pleno.
"La comisión dictará resolución en un plazo que no excederá de cuarenta días.
"Dentro de los diez días siguientes a la fecha en que quedó integrado el expediente, el probable responsable o el denunciante podrán solicitar a la comisión una audiencia oral con el objeto de realizar las aclaraciones que se consideren pertinentes únicamente respecto de los argumentos expuestos en la contestación al oficio de probable responsabilidad, las pruebas ofrecidas por el probable responsable y el desahogo de las mismas, los alegatos, así como de los documentos que obren en el expediente de mérito.
"El Pleno citará a una única audiencia oral a los agentes económicos con interés jurídico en el expediente, sin que su inasistencia pueda afectar la validez de la misma, y en la que deberán estar los servidores públicos directamente involucrados en el caso. Bastará la presencia de tres comisionados, entre los cuales deberá estar el comisionado ponente, para que la audiencia pueda realizarse válidamente.
"El reglamento de esta ley establecerá los términos y condiciones para el ofrecimiento, la admisión y el desahogo de los medios de prueba.
"En lo no previsto, se estará a lo dispuesto en el reglamento de esta ley."
De los numerales anteriores, se desprende que la Comisión Federal de Competencia es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, que cuenta con autonomía técnica y operativa, y tiene a su cargo prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones, en los términos del citado ordenamiento legal, y goza de autonomía para dictar sus resoluciones.
Dicha comisión tiene a su cargo, entre otras funciones, la de investigar la existencia de monopolios, prácticas monopólicas, estancos o concentraciones contrarias a la ley, para lo cual podrá requerir a los particulares y agentes económicos la información o documentos que estime relevantes y pertinentes.
La facultad de investigación de la comisión puede iniciar de oficio o a petición de parte y estará a cargo del secretario ejecutivo de la comisión, quien podrá turnarla a trámite a las unidades administrativas bajo su coordinación.
El secretario ejecutivo dictará el acuerdo de inicio y publicará en el Diario Oficial de la Federación un extracto, el cual deberá contener, cuando menos, la probable violación a investigar y el mercado en el que se realiza, con el objeto de que cualquier persona pueda coadyuvar en dicha investigación.
El extracto podrá ser difundido en cualquier otro medio de comunicación cuando el asunto sea relevante a juicio de la comisión. En ningún caso se revelará en el extracto el nombre, denominación o razón social de los agentes económicos involucrados en la investigación.
El periodo de investigación comenzará a contar a partir de la publicación del extracto y no podrá ser inferior a treinta ni exceder de ciento veinte días.
Este periodo podrá ser ampliado hasta en cuatro ocasiones, por periodos de hasta ciento veinte días, cuando existan causas debidamente justificadas.
Si en cualquier estado de la investigación no se ha efectuado acto procesal alguno por más de sesenta días, el Pleno decretará el cierre del expediente, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera derivar de dicha inactividad de los servidores públicos.
La unidad administrativa encargada de la investigación dictará el acuerdo de conclusión del periodo de investigación, al día siguiente al en que concluya o al del vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo anterior.
Concluida la investigación correspondiente y si existen elementos para determinar la probable responsabilidad del agente económico investigado, la comisión iniciará y tramitará, a través del secretario ejecutivo, un procedimiento administrativo, conforme a lo siguiente:
Emitirá un oficio de probable responsabilidad que contendrá:
a) El nombre del probable responsable;
b) Los hechos materia de la práctica monopólica o concentración prohibida que se le imputen;
c) Las disposiciones legales que se estimen violadas; y,
d) Las pruebas y los demás elementos de convicción de los que se derive la probable responsabilidad.
La comisión emplazará con el oficio a que se refiere la fracción anterior al probable responsable, el que contará con un plazo de treinta días para manifestar lo que a su derecho convenga, adjuntar los medios de prueba documentales que obren en su poder y ofrecer las pruebas que ameriten algún desahogo.
El emplazado deberá referirse a c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24684-70618d8b/competencia-economica-para-considerar-motivados-los-requerimientos-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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