MERCADO DE VALORES. AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LA LEY RELATIVA NO LE ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE LA FIGURA DE LA CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE DE 2004 A 2006).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 343/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO, DÉCIMO Y QUINTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
SECRETARIA: SILVIA ELIZABETH MORALES QUEZADA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la denuncia de contradicción de tesis, conforme a los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General Plenario 5/2001, pues los criterios en estudio atañen a la materia administrativa, especialidad que corresponde a esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, atento al artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló un Magistrado integrante del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que dictó uno de los fallos que participan en el presente asunto.
TERCERO. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en sesión de tres de junio de dos mil nueve, resolvió el recurso de revisión fiscal número RF. 104/2009, interpuesto por el director general de Delitos y Sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fallo del que se advierte que:
1) En juicio de nulidad se impugnó una resolución dictada por el director general de Delitos y Sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que impuso varias multas por infracciones a la Ley del Mercado de Valores (vigente entonces y actualmente abrogada).
2) La Sala Fiscal del conocimiento declaró la nulidad lisa y llana, al considerar que la caducidad que prevé el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sí es aplicable supletoriamente a la Ley del Mercado de Valores.
3) Sentencia que recurrió la autoridad demandada mediante revisión fiscal, turnada al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que resolvió que:
a) La supletoriedad opera de la forma que enseguida se indica:
• Un mecanismo del sistema normativo para complementar la regulación de determinadas materias.
• Para que opere es preciso que exista la remisión expresa en la ley a complementar.
• O bien, que la parte cuya supletoriedad se cuestiona sea indispensable para una adecuada regulación.
b) La Ley del Mercado de Valores no remite de forma expresa a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, respecto a la caducidad, al no ser una figura consustancial a la regulación de las sanciones, o a la forma de concluir un procedimiento administrativo, como el de verificar el correcto funcionamiento de los sujetos que se rigen por la primera ley.
c) La aplicación supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo tampoco está prevista (sin ser accidental u omisivo) para determinadas materias, como la fiscal, la de competencia económica, la de comercio internacional, la de responsabilidades de servidores públicos y expresamente la financiera.
d) Ello, para no obligar a la autoridad a decidir forzosamente en los plazos previstos para la emisión de las resoluciones en los procedimientos, en orden a la importancia que se confiere a esas funciones, tanto para el Estado como para la colectividad; y en orden a los sujetos obligados.
e) La Ley del Mercado de Valores rige para sociedades que deben operar con total apego a las leyes y a las directrices administrativas dada la relevancia que tiene el manejo de fondos conferidos en administración; pero no privilegia una aparente certeza o seguridad jurídica respecto a la brevedad de los procedimientos para verificar el cumplimiento de sus obligaciones, sino la regularidad de su actuación.
f) Precisa que es inaplicable la caducidad en cita, a la Ley del Mercado de Valores, pero analiza los preceptos relativos.
g) De la exposición de motivos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se advierte que la intención del legislador federal de someter a esa norma, la eficacia y validez de los actos administrativos, fue crear un sistema uniforme que dé certeza y seguridad jurídica a las relaciones de la administración pública federal con los particulares.
h) El legislador quiso que los procedimientos administrativos iniciados de oficio o a solicitud de parte interesada, se impulsen y concluyan de oficio en todos sus trámites, sin necesidad de hacerlo los particulares, a fin de que la administración pública (sin disponer restricción alguna por el hecho de que en las leyes especiales se prevea o no tal obligación), despliegue por sí misma la actividad necesaria para dar adecuada satisfacción al interés público y que, de ser omisa, podrá ser declarado caduco el procedimiento.
i) Del principio de oficiosidad, con la caducidad prevista en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el legislador pretendió sancionar a las autoridades sujetas a dicha ley, por la inactividad en que incurran en los procedimientos que tramiten.
j) La citada ley prevé que en materia financiera sus normas sólo serán aplicables en lo que se refiere al título tercero A, denominado "De la mejora regulatoria"; regla general de exclusión de la aplicación de la ley tocante a la materia financiera, que adquiere especial relevancia en la especie, pues la resolución sancionatoria deriva precisamente del ejercicio de facultades de inspección y vigilancia ejercidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
k) La Ley Federal de Procedimiento Administrativo en su artículo 1, excluye expresamente la aplicación de este ordenamiento en materia financiera, salvo por lo que se refiere al título III-A.
l) El artículo 7 de la Ley del Mercado de Valores señala que es aplicable supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo sólo en los capítulos relativos a términos, plazos, notificaciones, impugnación de notificaciones, visitas de verificación, imposición de sanciones e interposición de recursos, sin prever que lo sea el capítulo de terminación del procedimiento administrativo (donde regula la caducidad).
m) Cita en apoyo, la tesis I.10o.A.55 A del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. RESPECTO DE LA FACULTAD SANCIONADORA EN MATERIA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA QUE EJERCE, NO OPERA SUPLETORIAMENTE LA CADUCIDAD PREVISTA EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.".
CUARTO. Por su parte, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver en sesiones de cuatro de abril y de veintinueve de agosto de dos mil ocho, los recursos de revisión fiscal número RF. 223/2007 (contra el fallo de cumplimiento de la del diverso recurso RF. 163/2007) y RF. 183/2008, interpuestos por el director general contencioso y representante legal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se pronunció en similares términos e idéntico sentido que los sintetizados por el Cuarto Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, sólo agregó:
• El artículo 50 Bis de la Ley del Mercado de Valores prevé la imposición de sanciones en esa materia, y fija un término de prescripción, pero de ninguna forma hace referencia o precisa cuestión alguna relativa a la caducidad del procedimiento, de modo que esta figura de la caducidad no es congruente con la Ley del Mercado de Valores.
• Aplicar la figura de caducidad como lo hizo la Sala Fiscal, es decir, considerar que las normas previstas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y con esto, las figuras ahí previstas, son aplicables, aun cuando no exista norma que establezca tal supletoriedad, traería como consecuencia una clara contravención a la voluntad del legislador que fijó expresamente el ámbito de aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, en consecuencia, sería restarle eficacia a la Ley del Mercado de Valores, al considerarla sujeta a una figura que no es aplicable supletoriamente a ese ordenamiento.
De las ejecutorias sintetizadas, derivó la tesis de rubro y texto:
"COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. RESPECTO DE LA FACULTAD SANCIONADORA EN MATERIA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA QUE EJERCE, NO OPERA SUPLETORIAMENTE LA CADUCIDAD PREVISTA EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa de Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el propósito de dicho ordenamiento consiste en someter a él la eficacia y validez de los actos administrativos conforme a un sistema uniforme que dote de certeza y seguridad jurídica a las relaciones entre la administración pública y los particulares; para tal efecto, se prevé que los procedimientos relativos se impulsen y concluyan de oficio, obligando a la administración pública a desplegar por sí misma la actividad necesaria y, en caso de que no lo haga, el procedimiento podrá ser declarado caduco. En tal contexto, la caducidad que prevé el artículo 60 de la ley mencionada, sanciona la inactividad de las autoridades a las que resulta aplicable dicho ordenamiento, el cual establece de manera expresa que en materia financiera sus disposiciones solamente se aplicarán por lo que se refiere a la mejora regulatoria. Luego, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el ejercicio de las facultades de inspección y vigilancia que le confiere la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no puede ser sujeto de dicha sanción porque de acuerdo con lo que previene el artículo 2 de esa última ley, la comisión tiene por objeto: procurar la estabilidad y correcto funcionamiento de las entidades financieras, mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto, y supervisar y regular a las personas físicas y demás personas morales, cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al citado sistema financiero; es decir, que las actuaciones respectivas corresponden a la materia financiera -en su aspecto sancionador y no de mejora regulatoria- por lo que se encuentran expresamente excluidas de la aplicación del primero de los ordenamientos en cita, sin que obste al caso la supletoriedad que preveía el artículo 7 de la Ley del Mercado de Valores vigente durante el año dos mil cinco, ya que se establecía únicamente en relación con los capítulos relativos a términos y plazos, notificaciones y su impugnación, visitas de verificación, imposición de sanciones e interposición de recursos, mientras que en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la caducidad se encuentra inscrita en el capítulo referente a la terminación del procedimiento administrativo; esto es, que la circunstancia de que la caducidad guarde relación con el concepto de plazos y términos, no implica su operación supletoria porque no se ubica entre aquellos capítulos respecto de los cuales, la mencionada Ley del Mercado de Valores prevé la aplicación supletoria de la ley procedimental administrativa federal. Por tanto, no opera en el caso la figura de la caducidad porque no se contempla en la legislación financiera ni forma parte de las excepciones relativas; además, si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la supletoriedad opera no sólo cuando en la ley de la materia no se regula o se regula de forma insuficiente una institución contemplada en otro ordenamiento, sino también cuando a pesar de no estar comprendida, su aplicación es congruente con los principios que rigen el procedimiento correspondiente, también lo es que la Ley del Mercado de Valores establece la prescripción pero de ningún modo refiere o precisa cuestión alguna relacionada con la caducidad, por lo que no puede estimarse que ésta sea congruente con dicho ordenamiento."(1)
QUINTO. El mismo Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió, en sesión de fecha veintidós de septiembre de dos mil ocho, el juicio de amparo directo número DA. 180/2008 promovido por **********, en que fueron terceros perjudicados el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social y su subalterno subdelegado de Cuernavaca, sentencia de la que destaca que:
1) En el juicio de nulidad se impugnó la cédula de liquidación de cuotas emitida por el subdelegado en Cuernavaca, Morelos, del Instituto Mexicano del Seguro Social, por la omisión en el pago de cuotas obrero patronales.
2) La Sala Fiscal del conocimiento declaró su nulidad por fundar de manera incompleta su competencia la autoridad emisora.
3) Fallo que reclamó el quejoso en juicio de amparo porque la Sala responsable omitió analizar otro concepto de nulidad, que de ser fundado habría tenido por consecuencia la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada.
4) El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al que se turnó el asunto, concedió el amparo pues la responsable debió examinar el agravio que pudiera beneficiar más al promovente y resolvió que:
"... vulneró ... la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Carta Magna, por lo que se impone conceder la protección constitucional ... para el efecto de que se deje insubsistente la sentencia que se reclama y, en su lugar, emita otra de manera fundada y motivada pero subsanando las omisiones en que incurrió."
SEXTO. En una distinta línea de pensamiento, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de veintidós de diciembre de dos mil ocho, dictó sentencia en el juicio de amparo DA. 353/2008, promovido por **********, de la que se advierte lo siguiente:
1) En el juicio de amparo directo se reclamó el fallo de una Sala Fiscal que declaró la validez del oficio impugnado porque de forma errónea consideró que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no es supletoria de la Ley del Mercado de Valores, con independencia de que esta última remita expresamente en su artículo 7, a la primera de ellas.
2) Turnado el asunto al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió lo que enseguida se transcribe, en la parte que interesa:
"QUINTO. Se estima fundado ... el ... concepto de violación en el cual el quejoso esencialmente señala ... Agrega que la resolución ... emitida por el director general de Delitos y Sanciones de la Comisión Nacional Bancaria de Valores en cuyos términos se le impusieron diversas multas ... con fundamento en la Ley del Mercado de Valores provienen de un procedimiento administrativo que caducó ... en términos del artículo 7 de la Ley del Mercado de Valores se establece expresamente la supletoriedad de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo tanto, y toda vez que dicha ley procesal sí contempla la figura de la caducidad, entonces se colige que el procedimiento sancionador iniciado caducó, con fundamento en el artículo 74 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley del Mercado de Valores. Señala que la Sala a quo manifestó que no se puede considerar que exista una verdadera supletoriedad entre estas leyes, toda vez que la Ley del Mercado de Valores no carece de la normativa respecto a la cual va a ser suplida, es decir, que la Ley del Mercado de Valores no puede ser suplida por la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que la primera sí regula los supuestos en los cuales requiere ser suplida. Lo cual es incorrecto, dice el peticionario de amparo, ya que ... el legislador ... expresamente manifestó que la ley adjetiva federal será supletoria de la Ley del Mercado de Valores. Sigue argumentando que la Ley del Mercado de Valores sí hace referencia expresa a la supletoriedad de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al indicar: ‘Artículo 7.’ (se transcribe). Lo que quiere decir que para que una norma sea supletoria de otra, la Ley de Mercado de Valores remite expresamente a ciertos capítulos señalados de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Que entre los capítulos que se señalan ... resulta aplicable supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo ... el relativo a las sanciones, así como el de los términos y plazos. Que el título cuarto, capítulo único, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, refiere a las infracciones y sanciones administrativas, y dentro del mismo se encuentra el artículo 74, el cual establece que una vez oído al infractor y desahogadas las pruebas respectivas, la autoridad administrativa contará con un plazo de diez días para emitir la resolución correspondiente, señalando ... (se transcribe). Agrega que el citado artículo se encuentra ubicado en el título cuarto, capítulo único, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el cual se refiere a las infracciones y sanciones dentro del procedimiento administrativo por lo cual añade, el artículo 74 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se aplica de manera supletoria a la Ley del Mercado de Valores, en virtud de que la última lo prevé expresamente, por lo que se satisface el primer requisito mencionado por la Sala ... También afirma que respecto al requisito relativo a que el ordenamiento que se vaya a suplir debe contemplar la institución jurídica de que se trate; resulta más que claro mencionar que la Ley del Mercado de Valores sí posee la institución jurídica respecto de las (sic) cual se ordena la remisión a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Con base en tal premisa, asegura que la Ley del Mercado de Valores efectivamente prevé la imposición sanciones a los particulares y, en consecuencia, remite al ordenamiento adjetivo especializado, a fin de que se sigan los procedimientos específicos que no se contienen en la ley sustantiva. Lo anterior es así, afirma el quejoso, tomando en consideración que la caducidad es una forma de dar por concluido el procedimiento administrativo, atendiendo a la actitud pasiva de la autoridad que omite dictar la resolución que corresponda en el tiempo que fija la ley para cada caso, por lo que la inclusión de la misma es indispensable para la correcta observancia y desarrollo de dicho procedimiento y dotar así de seguridad jurídica a los mismos. Sigue argumentando que la Sala Regional sostuvo que no debe aplicarse la figura de la caducidad, que es meramente procesal, en la Ley del Mercado de Valores, toda vez que la misma no la contempla. Es decir, la ... demandada en el juicio contencioso administrativo no debía emitir su resolución en el plazo de diez días que establece el artículo 74 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ya que el artículo 50 Bis de la Ley del Mercado de Valores no lo prevé así. Añade el quejoso que ... fue voluntad del legislador que en todo lo no previsto por la Ley del Mercado de Valores en el procedimiento sancionatorio (como la figura de la caducidad) sea supletoria la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. De igual forma, puntualiza que la Ley del Mercado de Valores, en su artículo 7, realiza una remisión expresa a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo respecto a diversos capítulos, entre el que destaca el título cuarto relativo a las infracciones y sanciones, y en el cual se contiene el artículo 74 que habla de la caducidad de la instancia. De esta forma, refiere el quejoso, si bien ... la Ley del Mercado de Valores no prevé la figura de la caducidad de manera expresa, ello no quiere decir que no se deba de aplicar dentro de su procedimiento administrativo dicha figura, pues precisamente por el hecho de que se establece la supletoriedad prevista en el artículo 7 de la Ley del Mercado de Valores es posible concluir que sí se debe de aplicar la caducidad de los procedimientos sancionatorios. Que ello es así, si se toma en consideración ... que el propósito de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es unificar los procedimientos administrativos que se siguen ante la administración pública federal, para lo cual crea un procedimiento administrativo tipo y establece principios generales que rigen la actuación de la administración. Indica que si adicionalmente se toma en consideración que para que pueda existir supletoriedad es necesario que la ley a la que se va a suplir (en este caso, la del mercado de valores) no prevea la figura a suplir de manera total o parcial, resulta absurdo lo argumentado por la Sala Regional en el sentido de que si la Ley del Mercado de Valores no regula nada acerca de la caducidad entonces no se debe de aplicar dicha figura, sobre todo considerando que sí existe una suplencia específica en relación al procedimiento sancionatorio ... contemplado en ambos ordenamientos. Que no tendría ningún sentido que se regulara cierto procedimiento de manera específica en la Ley del Mercado de Valores cuando una ley federal procesal ya lo hace, es por eso que se remite a dicha ley de manera supletoria. Afirma que es de señalarse que en ningún momento la caducidad contradice preceptos legales establecidos en la Ley del Mercado de Valores, sino que por el contrario, esta figura complementa la normativa dictada en dicha ley gracias a la remisión expresa que hace en su artículo 7. Argumentos que como se indicó, resultan fundados, al ser correcto lo aseverado por el quejoso en cuanto a que la Ley del Mercado de Valores prevé la supletoriedad de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, por tanto, aun cuando no regula lo concerniente a la figura jurídica de la caducidad de manera expresa, ello no quiere decir que no se deba de (sic) aplicar dentro de su procedimiento administrativo dicha figura. Resulta conveniente remitirnos al contenido del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como el 7 de la Ley del Mercado de Valores ... (se transcribe). Del ... artículo 7 de la Ley del Mercado de Valores se advierte con claridad que será supletoria la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en los capítulos que refiere, entre ellos, a los términos y plazos. Por tanto, la figura de la caducidad prevista en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sí resulta aplicable de forma supletoria al procedimiento tramitado en términos de la Ley del Mercado de Valores, pues es ese propio ordenamiento legal el que prevé la supletoriedad de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo respecto a los términos y plazos ... es evidente que ... resulta aplicable ... el ... artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que refiere que cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio se entenderán caducados, y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de parte interesada o de oficio, en el plazo de treinta días contados a partir de la expiración del plazo para dictar la resolución correspondiente. Por lo anterior ... sí resulta aplicable al procedimiento administrativo que se instauró en contra del quejoso ... la figura de la caducidad prevista en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En esa tesitura ... lo procedente es conceder el amparo ... para el efecto de que la Sala deje sin efectos la sentencia reclamada y se emita otra, en la que analice si en la especie se da la actualización o no de esa figura, partiendo del hecho de que sí resulta aplicable la supletoriedad de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a la Ley del Mercado de Valores, en virtud de que es esta propia ley la que regula esa supletoriedad, sin desatender lo previsto en el artículo 50 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo ..."
SÉPTIMO. A fin de elucidar si existe la contradicción de tesis denunciada, se atiende a los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que regulan en su parte relativa, los casos en que surge contradicción o discrepancia entre tesis o criterios jurídicos sostenidos por los Tribunales Colegiados, pues el objeto de tales preceptos es el de unificar los criterios de los órganos de impartición de justicia en la interpretación de una norma, institución o problema jurídico concreto, ya que la resolución que se dicte sólo fijará jurisprudencia, sin afectar ni dañar las situaciones jurídicas específicas derivadas de las ejecutorias emitidas en los juicios relativos.
Así, cuando se utiliza el término "tesis", debe entenderse que el legislador se refiere a la posición que asume el juzgador en la solución del negocio jurídico que se le ha planteado y que se manifiesta en una serie de proposiciones que se expresan con el carácter de propias.
Por otro lado, lo que las normas enunciadas regulan es la contradicción o divergencia sobre un mismo tema, cuestión, aspecto o interpretación jurídica, como forma o sistema de integración de jurisprudencia.
Para estar en posibilidad de determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, pronunciarse sobre el criterio que deba prevalecer, se analizan las ejecutorias de los citados asuntos, atendiendo tanto a las disposiciones constitucional y legal referidas, como al argumento vertido con antelación y sostenido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que se encuentra consultable en la tesis aislada número P. XLVI/2009 y cuyo epígrafe a la letra dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’).",(2) en el que se establece que para que se configure una contradicción de tesis entre los criterios sostenidos por los Tribunales Colegiados de Circuito basta que al resolver los negocios se hayan analizado cuestiones jurídicas del mismo tema, aun cuando sea secundario, cuyo estudio produzca opiniones contradictorias o discrepantes.
A fin de determinar si esto ocurre en la especie, se realiza el siguiente cuadro comparativo de los criterios contendientes:
Ver cuadro comparativo
De lo anterior, de manera diáfana se advierte que no existe contradicción alguna de criterios entre los sostenidos por los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, Cuarto, Quinto y Décimo, y lo determinado por este último Tribunal Décimo en la ejecutoria del juicio de amparo directo número AD. 180/2008, toda vez que en los primeros supuestos la litis giró en torno a la posibilidad de aplicación supletoria de la caducidad prevista en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a la Ley del Mercado de Valores, mientras que la sentencia citada en último término, se ocupó de una cédula de liquidación de un crédito fiscal que se fijó por la omisión en el pago de cuotas obrero patronales más actualizaciones y recargos.
Sin embargo, sí existe contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Cuarto y Décimo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito y el sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, como se evidencia a continuación:
Ver criterios en contradicción
Por tanto, el punto de contradicción a dilucidar radica en determinar si al procedimiento administrativo sancionatorio previsto en la Ley del Mercado de Valores le es aplicable o no, de forma supletoria, la figura de la caducidad establecida en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ya que la ley citada en primer término no prevé la caducidad.
OCTAVO. Fijado el punto de contradicción, se precisa que el concepto jurídico de la caducidad se entiende como la sanción que se pacta o se impone por la ley, para quien dentro de un plazo convencional o legal, no realiza de forma voluntaria y consciente una conducta positiva y pactada o que prevé la ley, generando un castigo o sanción fijada en ésta.
La Ley Federal de Procedimiento Administrativo en su artículo 60 establece la caducidad, en los siguientes términos:
"Artículo 60. En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, cuando se produzca su paralización por causas imputables al mismo, la administración pública federal le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo. Expirado dicho plazo sin que el interesado requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la administración pública federal acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederá el recurso previsto en la presente ley.
"La caducidad no producirá por sí misma la prescripción de las acciones del particular, de la administración pública federal, pero los procedimientos caducados no interrumpen ni suspenden el plazo de prescripción.
"Cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio se entenderán caducados, y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de parte interesada o de oficio, en el plazo de 30 días contados a partir de la expiración del plazo para dictar resolución."
En dicho precepto se prevé la figura jurídica de la caducidad, que si bien tiene su fundamento en razones de seguridad jurídica, esto es, evitar la incertidumbre que supone un procedimiento instaurado y en curso; trasciende al procedimiento administrativo, es decir, afecta a los actos procesales, ya que la caducidad es la nulificación de la instancia por la inactividad procesal, sin que afecte las pretensiones de fondo de las partes; por ende, la caducidad sólo tiene efectos para el procedimiento, produciendo en la instancia la ineficacia de todos los actos procesales.
Sin embargo, a fin de determinar la posible aplicación supletoria de la citada Ley Federal de Procedimiento Administrativo en otras ramas del derecho, es importante insertar su artículo 1, vigen
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22048-f10395de/mercado-de-valores-al-procedimiento-administrativo-que-establece · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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