SUSPENSIÓN DEFINITIVA. NO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA RETENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR Y LA ANOTACIÓN EN EL HISTORIAL DE CONDUCCIÓN, CUANDO LOS MOTIVOS QUE LES DIERON ORIGEN ATIENDEN TENTATIVAMENTE A CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD, PUES DE CONCEDERSE SE SEGUIRÍA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SE CONTRAVENDRÍAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO DE LA RETENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR Y LA ANOTACIÓN EN EL HISTORIAL DE CONDUCCIÓN RESPECTIVA. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO, DEBE PONDERARSE LA AFECTACIÓN REAL EN LA SOCIEDAD FRENTE A LA QUE PODRÍA RESENTIR ÚNICAMENTE EL PARTICULAR.
SUSPENSIÓN DEFINITIVA. NO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA RETENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR Y LA ANOTACIÓN EN EL HISTORIAL DE CONDUCCIÓN, CUANDO LOS MOTIVOS QUE LES DIERON ORIGEN ATIENDEN TENTATIVAMENTE A CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD, PUES DE CONCEDERSE SE SEGUIRÍA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SE CONTRAVENDRÍAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO.
SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO DE LA RETENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR Y LA ANOTACIÓN EN EL HISTORIAL DE CONDUCCIÓN RESPECTIVA. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO, DEBE PONDERARSE LA AFECTACIÓN REAL EN LA SOCIEDAD FRENTE A LA QUE PODRÍA RESENTIR ÚNICAMENTE EL PARTICULAR.
CONTRADICCIÓN TESIS 4/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MIGUEL ÁNGEL CANTÚ CISNEROS, JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ NAVARRO Y ANTONIO CEJA OCHOA. PONENTE: MIGUEL ÁNGEL CANTÚ CISNEROS. SECRETARIA: LILIANA ALEJANDRA HERNÁNDEZ HERRERA.
Monterrey, Nuevo León. Sentencia del Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, correspondiente al día quince de noviembre de dos mil dieciséis.
VISTOS, para resolver, los autos relativos a la contradicción de tesis 4/2016 y,
PRIMERO.-Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante escrito de quince agosto de dos mil dieciséis, presentado ante el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, denunció la posible contradicción de tesis, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del citado Circuito, al resolver los incidentes en revisión 170/2016 y 253/2016, así como el segundo de los nombrados, el incidente en revisión 251/2016; respectivamente.
Al respecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, determinó esencialmente que, con el otorgamiento de la suspensión definitiva, para efecto de que se devuelva la licencia de conducir, así como para que no se realice alguna inscripción o anotación respectiva en su historial, se contravendrían disposiciones de orden público y de interés social, porque la sociedad está interesada en que se cumpla con las disposiciones y medidas que se imponen para evitar el abuso del alcohol, a fin de evitar las consecuencias que su uso puede ocasionar, tanto en la persona que lo ingiere, como en perjuicio de terceros, como la proliferación de accidentes y muertes por la conducción de vehículos en estado de ebriedad. Por lo que le resultó evidente el impacto al interés social, ya que con ello, se evitaría a los gobernados hacer conciencia de los privilegios que se pueden perder por manejar en un estado inconveniente.
Mientras que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, determinó que la devolución de la licencia de conducir, así como la no inscripción en registro alguno del historial de conducción, no implican por sí solos que se permita conducir en infracción de norma alguna, ni menos aún que se permita la conducción en estado de ebriedad, sino que simplemente llevan implícito el permitir a un particular continuar con el disfrute de un derecho previamente otorgado por el Estado, mientras se resuelve en definitiva lo relativo a la legalidad o constitucionalidad de los actos reclamados; de ahí que el otorgamiento de la suspensión definitiva no ocasiona prima facie un daño a la sociedad, ni se contraviene el orden público.
SEGUNDO.-Trámite de la denuncia de contradicción de tesis. Por acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, formó y registró el expediente de contradicción de tesis respectivo, y acordó admitir a trámite la denuncia de la posible contradicción de tesis y solicitó a los presidentes del Primer y del Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que remitieran copias certificadas, y con firma electrónica, al correo electrónico oficial pleno4ctoadmin@correo.cjf.gob.mx, de las ejecutorias emitidas en los incidentes en revisión 170/2016 y 253/2016, así como 251/2016 y copia certificada de éstas para la debida integración del expediente en que se actúa; lo anterior, de conformidad con el artículo 47 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.
Asimismo, en el acuerdo de previa mención, se solicitó a las presidencias de los órganos jurisdiccionales contendientes, informaran si el criterio sustentado, se encontraba vigente o en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.
Posteriormente, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, dictó otro acuerdo el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, en el que agregó a los autos el oficio 129/2016, de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, suscrito por el secretario de tesis, adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con anexos consistentes en copia certificada de las ejecutorias dictadas en los incidentes en revisión 170/2016 y 253/2016, así como también el oficio 7216/2016 de misma fecha, suscrito por la actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con anexo consistente en copia certificada de la ejecutoria dictada en el incidente en revisión 251/2016, mediante los cuales se da cumplimiento al requerimiento hecho por la presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito e informan que los criterios sustentados en los incidentes en revisión mencionados, se encuentran vigentes.
Posteriormente, mediante proveído, igualmente, de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, agregó para los efectos legales a que hubiere lugar, el oficio CCST-C-439-08-2016, suscrito por la maestra Cielito Bolívar Galindo, coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del cual se advierte que solicitó al licenciado Rafael Coello Cetina, secretario General de Acuerdos del citado Alto Tribunal, su colaboración para que, de no existir impedimento legal alguno, informara si existe o no contradicción de tesis alguna radicada en el mismo tribunal, sobre el tema a dilucidar en la presente contradicción de tesis, con el objeto de dar cumplimiento al artículo 27 del Acuerdo General Número 20/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por acuerdo de uno de septiembre de dos mil dieciséis, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, tuvo por recibida la información referida dentro del oficio CCST-X-342-08-2016, de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, en el cual se advertía que mediante oficio número SGA/GVP/530/2016, la secretaría general de Acuerdos de ese Alto Tribunal, informó que de la consulta al sistema de seguimiento de contradicciones de tesis, pendientes de resolver en dicha Superioridad, visible en las direcciones electrónicas https://scjn.gob.mx y/o https://intranet.scjn.pjf.gob.mx, apartado Pleno, Sección de Amparos, Contradicciones de Tesis y demás Asuntos, así como de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de tesis, dictados por el Ministro presidente durante los últimos seis meses, no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que el punto a dilucidar guardara relación con el tema de trato.
Por último, a través de proveído de dos de septiembre de dos mil dieciséis, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, acordó que la presente contradicción de tesis 4/2016, se encontraba debidamente integrada y, en consecuencia, conforme a un rol consecutivo, la turnó a su propio nombre, esto es, al Magistrado Miguel Ángel Cantú Cisneros, adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como, 41 Bis, 41 Ter, fracción I y 55 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en los Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; en virtud de que se trata de una denuncia sobre la posible contradicción de tesis, en materia administrativa, entre las sustentadas por dos Tribunales Colegiados de este Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación del denunciante. La denuncia proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues en el caso fue realizada por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO.-Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente plasmar con literalidad la parte respectiva de las consideraciones en que se basaron las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, para después proceder a su análisis.
I. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el incidente en revisión 170/2016, en sesión de veinte de abril de dos mil dieciséis, en la parte que interesa, determinó:
"Por ello, se estiman fundados los agravios expuestos por la autoridad recurrente, ya que con el otorgamiento de la suspensión definitiva en el caso concreto, se estima que se contravienen disposiciones de orden público y de interés social, porque la sociedad está interesada en que se cumpla con las medidas que se imponen para evitar el abuso del alcohol, a fin de evitar las consecuencias que su uso puede ocasionar, tanto en la persona que lo ingiere, como en perjuicio de terceros.
"Por ello, se estima fundado el agravio expuesto por la autoridad responsable, ya que con el otorgamiento de la suspensión definitiva en el caso concreto, se estima que se contravienen disposiciones de orden público y de interés social, porque la sociedad está interesada en que se cumpla con las medidas que se imponen para evitar el abuso del alcohol, a fin de evitar las consecuencias que su uso puede ocasionar tanto en la persona que lo ingiere, como en perjuicio de terceros.
"En relación a los conceptos de orden público e interés social es de tomarse en cuenta que están íntimamente relacionados; el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población; el segundo, debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o mal público.
"Las disposiciones de orden público deben entenderse como aquellas plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad, para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio.
"Por tanto, habrá actos de autoridad en que la afectación del orden público e interés social no se determina en una disposición, sino desde el estudio sistemático de la ley, o de la naturaleza misma del acto, como acontece en la especie.
"En esta parte se comparte la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice:
"‘SUSPENSIÓN. NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y SU FINALIDAD. El artículo 124 de la Ley de Amparo contiene los requisitos que deben satisfacerse a efecto de que pueda decretarse la suspensión del acto reclamado, entre los que se encuentra, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que existe afectación a tales instituciones cuando con la concesión de esta medida se prive a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes o se le infiera un daño que de otra manera no resentiría. De lo anterior puede afirmarse que el orden público constituye la máxima expresión del interés social, como bien constitucionalmente protegido, y una garantía de la sociedad para que las personas y autoridades ejerzan razonablemente sus derechos dentro del Estado, y no sólo consiste en el mantenimiento de la tranquilidad y bienestar colectivo, sino también conlleva la armonía social en cuanto al legítimo ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes dentro del Estado; esto es, la coexistencia pacífica entre el poder y la libertad. Su finalidad principal es la libertad de los gobernados y asegurar la eficacia de sus derechos, siendo uno de los valores fundamentales que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege y debe ser privilegiado, en la inteligencia de que la libertad implica coordinación, responsabilidad, facultad de obrar con conciencia y acorde con las finalidades legítimas y no de desorden o que únicamente atiendan a intereses de la administración, considerados en abstracto. Objetivo que es acorde con la reforma a la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los casos concretos debe ponderarse la afectación real y su magnitud que incida en la sociedad frente al efectivo agravio que resientan intereses privados, especialmente cuando está de por medio y en entredicho la legitimidad del actuar de la autoridad o apariencia del buen derecho; por lo que con la eventual concesión de la medida cautelar debe asegurarse el respeto al orden público, haciendo un ejercicio razonable del derecho, evitando un menoscabo grave al quejoso, y a los derechos de otras personas que, de no ser por la limitación, resultarían deteriorados o disminuidos, subsistiendo con ello el equilibrio que debe imperar entre el legítimo y armónico ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes del Estado en relación con la libertad de las personas, y del cual existe interés de la colectividad en que se mantenga.’. Décima Época, registro digital: 2002421, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Tomo 2, diciembre de 2012, materia común, tesis I.4o.A.11 K (10a.), página 1575.
"Ahora bien, en el caso concreto se advierte que el motivo por el cual se retuvo la licencia al conductor de nombre **********, y se ordenó la inscripción respectiva en el historial vehicular del quejoso, fue por manejar en estado de ebriedad incompleto.
"Ahora bien, el Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Monterrey, refiere en lo que interesa que:
"‘Artículo 45. La licencia de conducir será suspendida o cancelada en caso de incurrir en los supuestos de los numerales 23, 23 BIS, 23 BIS I, 24, 28 BIS, 28 BIS I y 28 BIS II del recuadro del artículo 9, así como del artículo 9 BIS del presente reglamento, en los términos establecidos en la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León y de la Ley que Regula la Expedición de Licencias para Conducir del Estado de Nuevo León.’
"‘Artículo 46. El Oficial de Tránsito al levantar infracciones que tengan como sanción la suspensión o cancelación de las licencias de conducir actuará como sigue:
"‘I. Retendrá inmediatamente de forma provisional, como medida preventiva la licencia de conductor del vehículo;
"‘II. Tomará las medidas necesarias, para evitar que el titular de la licencia continúe conduciendo; y
"‘III. Entregará la boleta de la infracción y la licencia retenida a la Jefatura de Control de Infracciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad.’
"Precepto este último que se reitera en la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo de Nuevo León.
"Bajo este marco jurídico, el Reglamento de Vialidad y Tránsito del Municipio de Monterrey, contempla la facultad de retener provisionalmente como medida preventiva la licencia de conducir, en casos como el de trato (conducir en estado de ebriedad).
"Este panorama revela que fue incorrecto que el Juez Federal concediera la suspensión definitiva de los actos reclamados, ya que pasa por alto que con tal proceder se violan disposiciones de orden público, pues no se lograría el objetivo de concientización por parte del individuo sobre los riesgos de seguir conduciendo en estado de ebriedad; lo que elevaría la posibilidad de ocasionar o sufrir accidentes en perjuicio propio y de terceros.
"Así, el Estado tiene el deber de vigilar que se procuren y cumplan con las medidas pertinentes que permitan concientizar y evitar la conducción de vehículos por personas en estado de ebriedad. Acto que goza de ciertas características que se deben privilegiar, dado el fin social que se protege a través de los mismos, como es evitar la tolerancia en el consumo de alcohol y así evitar accidentes en perjuicio de terceros, como la pérdida de vidas humanas.
"De manera que si la práctica de retener la licencia de conducir es emitida como medida preventiva para evitar que los conductores manejen en estado de ebriedad y la inscripción en el historial vehicular del quejoso, tienen como objetivo concientizarlos de los riesgos que se presentan al conducir en ese estado, es evidente que es improcedente en este tipo de casos, conceder la medida suspensional solicitada en forma definitiva, ya que con ello se transgreden disposiciones de orden público e interés social.
"En este sentido, atendiendo a la causa que originó la retención de la licencia de conducir y la inscripción en el historial vehicular, y la finalidad que se persigue con ese acto de autoridad, debe negarse la medida cautelar solicitada, pues incluso debe equipararse a aquellos actos proscritos por la Ley de Amparo (artículo 129, fracción V), como es que debe considerarse, entre otros casos, que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando de concederse la misma se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción.
"Lo expuesto es así, pues basta imponerse del contenido del artículo 15 de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo de Nuevo León, que dispone:
"‘Artículo 15. La autoridad encargada de la expedición y renovación de la licencia de conducir deberá entregar al solicitante la información que señale los efectos del consumo indebido o abusivo de bebidas alcohólicas, las infracciones que se señalan en esta Ley y las sanciones que correspondan, así como cualquier otra información que tenga por objeto concienciar a los conductores sobre los riesgos que se presentan al manejar en estado de ebriedad incompleto o en estado de ebriedad completo.
"‘Para los efectos de lo señalado en la fracción VI del artículo 10 de esta Ley, la autoridad referida en el párrafo precedente deberá mantener en su archivo un registro de las infracciones de tránsito que se hayan cometido en estado de ebriedad incompleto o en estado de ebriedad completo, así como de las suspensiones de las licencias de conducir.’
"De lo antes expuesto se sigue que el actuar del Juez Federal al conceder la suspensión fue apartado a derecho, atendiendo al caso concreto en el que está de por medio una violación al orden público e interés social, como es que la sociedad está interesada en que se cumplan las disposiciones y medidas emitidas por la autoridad municipal para evitar la proliferación de accidentes y muertes por la conducción de vehículos en estado de ebriedad.
"Por tanto, el Juez debió analizar que en este caso, el interés particular está por debajo de lo que puede representar el perjuicio que puede ocasionarse, pues de los informes previos se podía advertir que el motivo por el que se retuvo la licencia es porque ********** conducía en estado de ebriedad, por lo que es evidente el impacto al interés social, al evitarse la retención de la licencia, ya que con ello se evitaría a lo gobernados hacer conciencia de los privilegios que se pueden perder por manejar en un estado inconveniente, lo que causa perjuicio al interés social.
"Por tanto, en el caso a estudio no están reunidos los requisitos que establece el artículo 128 de la ley de amparo; específicamente en lo referente a la fracción II, porque como se dijo, el bien público tiende a la satisfacción de necesidades colectivas, como lo es evitar el consumo de alcohol, concientizar a la población de las consecuencias de manejar en estado de ebriedad, todo lo cual redunda en un beneficio para la sociedad.
"Así, tomando en consideración los lineamientos aquí expuestos, se revoca la resolución recurrida y se niega al quejoso la suspensión definitiva contra los actos que reclamó de las autoridades que han quedado precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria, a fin de que no devuelvan la licencia de conducir expedida a nombre del impetrante de amparo, ni tampoco se les impida realizar alguna inscripción o anotación en el historial vehicular del quejoso.
Mientras que en el diverso incidente en revisión 253/2016, de sesión de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, sostuvo:
"Por ello, se estiman fundados los agravios expuestos por la autoridad recurrente, ya que con el otorgamiento de la suspensión definitiva en el caso concreto, se estima que se contravienen disposiciones de orden público y de interés social, porque la sociedad está interesada en que se cumpla con las medidas que se imponen para evitar el abuso del alcohol, a fin de evitar las consecuencias que su uso puede ocasionar, tanto en la persona que lo ingiere, como en perjuicio de terceros.
"En relación con los conceptos de orden público e interés social, es de tomarse en cuenta que están íntimamente relacionados; el primero, tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población; el segundo, debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o mal público.
"Las disposiciones de orden público deben entenderse como aquellas plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad, para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio.
"Por tanto, habrá actos de autoridad en que la afectación del orden público e interés social, no se determina en una disposición, sino desde el estudio sistemático de la ley, o de la naturaleza misma del acto, como acontece en la especie.
"En esta parte, es aplicable la tesis aislada tesis: I.4o.A.11 K (10a.), con número de registro digital 200242, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se comparte por este Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Tomo 2, diciembre de 2012, materia común, página 1575, que dice:
"‘SUSPENSIÓN. NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y SU FINALIDAD. El artículo 124 de la Ley de Amparo contiene los requisitos que deben satisfacerse a efecto de que pueda decretarse la suspensión del acto reclamado, entre los que se encuentra, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que existe afectación a tales instituciones cuando con la concesión de esta medida se prive a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes o se le infiera un daño que de otra manera no resentiría. De lo anterior puede afirmarse que el orden público constituye la máxima expresión del interés social, como bien constitucionalmente protegido, y una garantía de la sociedad para que las personas y autoridades ejerzan razonablemente sus derechos dentro del Estado, y no sólo consiste en el mantenimiento de la tranquilidad y bienestar colectivo, sino también conlleva la armonía social en cuanto al legítimo ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes dentro del Estado; esto es, la coexistencia pacífica entre el poder y la libertad. Su finalidad principal es la libertad de los gobernados y asegurar la eficacia de sus derechos, siendo uno de los valores fundamentales que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege y debe ser privilegiado, en la inteligencia de que la libertad implica coordinación, responsabilidad, facultad de obrar con conciencia y acorde con las finalidades legítimas y no de desorden o que únicamente atiendan a intereses de la administración, considerados en abstracto. Objetivo que es acorde con la reforma a la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los casos concretos debe ponderarse la afectación real y su magnitud que incida en la sociedad frente al efectivo agravio que resientan intereses privados, especialmente cuando está de por medio y en entredicho la legitimidad del actuar de la autoridad o apariencia del buen derecho; por lo que con la eventual concesión de la medida cautelar debe asegurarse el respeto al orden público, haciendo un ejercicio razonable del derecho, evitando un menoscabo grave al quejoso, y a los derechos de otras personas que, de no ser por la limitación, resultarían deteriorados o disminuidos, subsistiendo con ello el equilibrio que debe imperar entre el legítimo y armónico ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes del Estado en relación con la libertad de las personas, y del cual existe interés de la colectividad en que se mantenga.’. Décima Época, registro digital: 2002421, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XV, Tomo 2, diciembre de 2012, materia común, tesis I.4o.A.11 K (10a.), página 1575.
"Ahora bien, en el caso concreto se advierte que el motivo por el cual se retuvo la licencia al conductor de nombre **********, es porque conducía en estado de ebriedad incompleto y, además, era reincidente porque el seis de septiembre de dos mil catorce, se le infraccionó por conducir en estado de ebriedad.
"Ahora bien, el Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Monterrey, refiere en lo que interesa que:
"‘Artículo 45. La licencia de conducir será suspendida o cancelada en caso de incurrir en los supuestos de los numerales 23, 23 BIS, 23 BIS I, 24, 28 BIS, 28 BIS I y 28 BIS II del recuadro del artículo 9, así como del artículo 9 BIS del presente reglamento, en los términos establecidos en la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León y de la Ley que Regula la Expedición de Licencias para Conducir del Estado de Nuevo León.’
"‘Artículo 46. El Oficial de Tránsito al levantar infracciones que tengan como sanción la suspensión o cancelación de las licencias de conducir actuará como sigue:
"I‘. Retendrá inmediatamente de forma provisional, como medida preventiva la licencia de conductor del vehículo;
"II‘. Tomará las medidas necesarias, para evitar que el titular de la licencia continúe conduciendo; y
"III‘. Entregará la boleta de la infracción y la licencia retenida a la Jefatura de Control de Infracciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad.’
"Precepto este último que se reitera en la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo de Nuevo León, en el artículo 64, fracciones XLIX, L y LI, que dicen:
"‘Artículo 64.- Las sanciones aplicables serán las siguientes:
"‘...
"‘XLIX. Por conducir en estado de ebriedad incompleto o en estado de ebriedad completo, multa de 50 a 200 cuotas, tratamiento, suspensión de la vigencia de la licencia hasta por tres meses y arresto administrativo de ocho a doce horas;
"‘L. Por conducir en estado de ebriedad incompleto o en estado de ebriedad completo y cometer cualquier infracción administrativa, una multa de 100 a 300 cuotas, tratamiento, suspensión de la vigencia de la licencia hasta por seis meses y arresto administrativo de doce a veinticuatro horas;
"‘LI. Por conducir en estado de ebriedad incompleto o en estado de ebriedad completo en forma reincidente, procederá multa de 200 a 600 cuotas, tratamiento, cancelación de la licencia para conducir e inhabilitación para obtenerla hasta por doce meses y arresto administrativo de veinticuatro a treinta y seis horas. ...’
"Bajo este marco jurídico, el Reglamento de Vialidad y Tránsito del Municipio de Monterrey, contempla la facultad de retener provisionalmente como medida preventiva la licencia de conducir, en casos como el de trato (conducir en estado de ebriedad).
"Este panorama revela que fue incorrecto que el Juez Federal, concediera la suspensión definitiva de los actos reclamados, ya que pasó por alto que con tal proceder se violan disposiciones de orden público, pues no se lograría el objetivo de concientización po
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26931-20a8c257/suspension-definitiva-no-procede-concederla-contra-la-retencion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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