SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA NORMA TÉCNICA NORTEC-SSA-01-2015, QUE OBLIGA A LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL ESTADO DE MÉXICO QUE EXPENDAN BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA EL CONSUMO INMEDIATO, AL COPEO O EN BOTELLA ABIERTA, A ADQUIRIR E INSTALAR INSTRUMENTOS QUE PERMITEN CUANTIFICAR LA CONCENTRACIÓN DE ALCOHOL EN LA SANGRE A TRAVÉS DEL AIRE ESPIRADO (ALCOHOLÍMETRO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 4 DE ABRIL DE 2017. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JULIA MARÍA DEL CARMEN GARCÍA GONZÁLEZ, MÓNICA ALEJANDRA SOTO BUENO, DAVID CORTÉS MARTÍNEZ Y JOSÉ EDUARDO ALVARADO RAMÍREZ. PONENTE: MÓNICA ALEJANDRA SOTO BUENO. SECRETARIO: EDGAR IVÁN JIMÉNEZ SÁNCHEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 216, 217 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 3, 5, 9 y 45, fracción III, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, al haberse denunciado la probable contradicción de los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Segundo Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII,(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III,(2) de la Ley de Amparo, ya que se formuló por la Magistrada presidenta del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno de ese órgano jurisdiccional, que sustentó uno de los criterios en contradicción.
TERCERO.-Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, el criterio que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, es preciso tener en cuenta los principales antecedentes de los asuntos de donde emanan los criterios que se denuncian como opositores y las consideraciones esenciales que los sustentan.
I. Recurso de revisión incidental 257/2016 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.
1. Por escrito presentado el nueve de junio de dos mil dieciséis, ante la Oficialía de Partes del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, **********, por propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben:
Autoridad responsable:
"Secretario de Salud del Estado de México"
Acto reclamado:
"Del secretario de Salud del Estado Libre y Soberano de México, se reclama la expedición de la Norma Técnica NORTEC-SSA-01-2015, que establece las especificaciones, operación y vigilancia de los instrumentos que permiten cuantificar la concentración de alcohol en la sangre a través del aire espirado (alcoholímetro), que se deberán colocar de manera obligatoria, en los establecimientos mercantiles del Estado de México, que expidan bebidas alcohólicas para el consumo inmediato, al copeo o en botella abierta, publicado el 26 de abril del año en curso, en el Periódico Oficial ‘Gaceta del Gobierno’, del Estado de México."
2. Del asunto tocó conocer al Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, quien por auto de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, ordenó su registro bajo el número **********; por separado tramitó y formó el incidente de suspensión, solicitó a las autoridades responsables sus informes previos, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, y negó la suspensión provisional solicitada.
Seguidos los trámites procesales, el uno de julio de dos mil dieciséis, el Juez del conocimiento celebró la audiencia incidental, y dictó interlocutoria en la que resolvió negar la suspensión definitiva solicitada.
3. Inconforme con la resolución anterior, **********, por conducto de su representante legal, interpuso recurso de revisión, del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, el que, por auto de presidencia de dieciséis (sic) de dos de agosto de dos mil dieciséis, lo admitió a trámite con el número de recurso de revisión 257/2016 (incidente de suspensión) y en sesión de veinte de octubre de dos mil dieciséis, resolvió:
"QUINTO.-Estudio del asunto.
"El Juez de Distrito, negó la suspensión definitiva que le fue solicitada.
"...
"Inconforme con tal determinación el quejoso interpuso el presente recurso de revisión, en sus agravios manifestó que el actuar del Juez de Distrito es incorrecto, porque para negar la suspensión solicitada, se fundó en que se sigue perjuicio al interés social y contraviene disposiciones de orden público, e invocó la fracción VI del artículo 129 de la Ley de Amparo.
"También señala, que el a quo (sic) considera que la norma técnica reclamada es de orden público y atañe al interés de la sociedad su legal observancia, en virtud de que el contribuye al consumo moderado, la prevención de accidentes y daños a la salud.
"Aduce que derivado de la Norma Técnica NORTEC-SSA-01-2015, que establece las especificaciones, operación y vigilancia de los instrumentos que permiten cuantificar la concentración de alcohol en la sangre a través del aire espirado (alcoholímetro), que se deberán colocar de manera obligatoria, en los establecimientos mercantiles del Estado de México, que expidan bebidas alcohólicas para su consumo inmediato, al copeo o en botella abierta, éstos han sido sujetos a diversas obligaciones, en relación con la colocación de ‘alcoholímetros’, en sus instalaciones, lo cual resulta onerosa y excesiva para los particulares, y también son inocuas para combatir la enfermedad del alcoholismo, ya que en realidad la NORTEC-SSA-01-2015, no puede constituir una campaña contra la ingesta inmoderada del alcohol.
"El recurrente argumenta que los clientes de las unidades económicas en que se instalen los alcoholímetros no están obligados a practicarse examen alguno en dichos instrumentos para poder ingerir bebidas alcohólicas e independientemente del nivel de alcohol que se detecte en la sangre de los clientes que voluntariamente se practiquen análisis en los alcoholímetros, pueden continuar ingiriendo bebidas alcohólicas.
"En esas condiciones, señala que solicitó la suspensión para el efecto de que no se encuentre obligada a instalar alcoholímetros en su establecimiento comercial, o bien, que si ya cuenta con alguno, tenga que instalar otro nuevo con las especificaciones técnicas y certificado por el (sic) Secretaría de Salud, ya que de no concederse la suspensión solicitada, las violaciones aducidas quedarían consumadas, provocando daños de difícil o imposible reparación.
"Lo que así se alega, es esencialmente fundado.
"Se determina lo anterior, pues como bien lo alega el quejoso, la Norma Técnica NORTEC-SSA-1-2015, establece:
"‘Capítulo único disposiciones generales
"‘1. Objetivo y campo de aplicación
"‘Artículo 1. Esta norma establece la procedencia, condiciones, especificaciones y características técnicas que deberán de tener los alcoholímetros que se deseen instalar en los establecimientos mercantiles que expendan alcohol al copeo o en botella abierta.’
"‘Artículo 2. Se entiende por alcoholímetro, el aparato para medición y control de alcoholemia.’
"‘Artículo 3. La comisión para la protección contra riesgos sanitarios del Estado de México, verificará que los establecimientos mercantiles del Estado de México, que expendan bebidas alcohólicas para el consumo inmediato, al copeo o en botella abierta, cuenten con instrumentos que permitan a los clientes que así lo soliciten, cuantificar la concentración de alcohol en la sangre a través del aire espirado, con el objeto principalmente de contribuir al consumo moderado y la prevención de accidentes y daños a la salud.’
"‘2. Logística
"‘Artículo 4. Por cada 30 personas de capacidad de aforo, se requerirá la colocación de un alcoholímetro en el interior del establecimiento mercantil que expenda bebidas alcohólicas para el consumo inmediato, al copeo o en botella abierta.’
"‘3. Autorización
"‘Artículo 5. Los alcoholímetros que se instalen en los establecimientos deben ser previamente revisados, autorizados y certificados por la Secretaría de Salud del Estado de México, a fin de que cumplan los requerimientos de calidad, autonomía, eficiencia y precisión que se requiere.’
"‘Artículo 6. Las empresas particulares interesadas en brindar el servicio de renta o venta de los alcoholímetros a los propietarios de los establecimientos, deberán de solicitar la revisión y certificación del equipo, a través de una versión libre, dirigida a la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México. Los alcoholímetros, deberán de contar con las características que establezca la presente norma técnica. La Secretaría de Salud del Estado de México, a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, hará una revisión completa de la solicitud de certificación, los documentos y demás anexos necesarios, así como el cumplimiento del equipo con los requisitos técnicos, descritos en la presente norma técnica. Para este fin, se contemplara un periodo máximo de 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la fecha de solicitud, para emitir la respuesta correspondiente. Una vez que la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, determine el cumplimiento técnico del equipo (alcoholímetro) y que todos los requisitos señalados en la presente norma técnica estén completos y correctos, la autoridad extenderá una certificación por escrito, a favor del solicitante, del cumplimiento de los mismos y por tanto, la autorización del uso del equipo de referencia.’
"‘4. Proceso de solicitud de certificación
"‘Artículo 7. De conformidad con lo que establece el artículo 6 de la presente, las empresas particulares interesadas en brindar el servicio de renta o venta de alcoholímetros a los establecimientos; los dueños de los mismos, deberán de solicitar la revisión y certificación del equipo, a través de una solicitud en forma libre, dirigida a la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, la misma deberá de incluir:
"‘• Nombre y datos completos del solicitante (persona física o persona jurídica colectiva).
"‘• Descripción y asunto solicitado.
"‘• Descripción y características técnicas completas del equipo sujeto a revisión y en su caso certificación.
"‘• Fotos del exterior del equipo, de todas sus caras y de cada uno de los componentes internos del equipo.
"‘• Señalar si los equipos son de manufactura nacional o extranjera, en caso de señalar que son de fabricación nacional, la totalidad del equipo y sus partes, deberán de proporcionar los comprobantes de compra y los datos completos de su proveedor o proveedores nacionales que surtieron cada una de las partes que conforman el equipo.
"‘• En el caso de ser de importación o cualquiera de sus partes, adjuntar copia de los pedimentos aduanales de importación del equipo, si fue importado como producto terminado, o bien de las partes que lo conforman, si se importó por partes el mismo.
"‘• En la parte final de la solicitud se deberá de incluir la leyenda «declaro bajo protesta de decir verdad que los datos y características del equipo para la medición de alcohol a través de aire espirado, denominado alcoholímetro, del cual solicitó su certificación, son ciertos y veraces».
"‘• Firma original del interesado y/o representante legal, señalando su nombre completo y cargo dentro de la empresa, en todas las hojas de la solicitud.
"‘• Presentar la solicitud por escrito y sus anexos, en triplicado, y en medio magnético.
"‘Asimismo se deberá acompañar a la solicitud de certificación del equipo, los siguientes documentos:
"‘• Copia registro federal de contribuyentes del solicitante.
"‘• Copia del comprobante de domicilio del solicitante.
"‘• Copia del contrato en español, sobre la distribución en exclusiva de los equipos para la medición de etanol para y en la República Mexicana, entre la empresa proveedora de los equipos y la empresa o persona física solicitante, se considera empresa proveedora, a quien manufacture o adquiera de primera mano las partes electrónicas (tabletas electrónicas o microprocesadores) y el sensor de etanol de los equipos, por parte del fabricante de los mismos. En este contrato de exclusividad, deberán especificarse las características técnicas del equipo, sus partes electrónicas, sensores, fotos del equipo y sus partes como un anexo del mismo.
"‘5. Características técnicas
"‘Artículo 8. Las características mínimas con las que deberán contar los equipos «alcoholímetros» son las siguientes:
"‘a) El equipo contará con lo necesario, para poder ser instalado o montado dentro de las instalaciones del establecimiento, de preferencia en un lugar visible en la entrada del mismo.
"‘b) El equipo deberá contar con el manual de usuario, especificando todas las funciones que realiza.
"‘c) Deberá proporcionar una respuesta digital del nivel de alcohol en la sangre, por medio del análisis del aire proveniente del alvéolo pulmonar, la cual deberá ser inmediata, precisa y confiable, en los idiomas español e inglés.
"‘d) El alcoholímetro deberá indicar al usuario cuando iniciar la prueba y el tiempo total que se deberá soplar.
"‘e) Que el equipo realice la prueba en un tiempo no mayor a 60 segundos y que el mismo cuente con una memoria para más de 1000 pruebas realizadas; con la finalidad de que las autoridades correspondientes, puedan generar datos estadísticos respecto del consumo inmoderado del alcohol.
"‘f) Contar con un sensor de etanol confiable y sistemas de control de temperatura para su óptimo funcionamiento.
"‘g) El equipo deberá indicar cuando exista algún error que impida su adecuado funcionamiento y evitar con ello, pruebas erróneas que pongan en riesgo la salud de la gente.
"‘h) El software del equipo deberá ser protegido desde fábrica, a fin de evitar manipulaciones no autorizadas en el equipo.
"‘i) Soporte técnico incluido en la adquisición del equipo.
"‘j) Que la adquisición del equipo, comprenda la capacitación y asesoría correspondientes respecto de los conocimientos técnicos, teóricos y demás aspectos necesarios para el adecuado uso y manejo del mismo.
"‘k) El aparato deberá contar con la posibilidad de programarse para expresar el formato de resultado y para fijar el límite de alcohol permitido por las autoridades competentes, a fin de poderse modificar en caso de que el límite permitido sea modificado por éstas: con las siguientes formas de representación y márgenes de programación, a saber:
"‘l) Contar con un diseño que tenga la capacidad de medir la concentración total de alcohol por medio del análisis del aire proveniente del alvéolo pulmonar.
"‘m) El equipo deberá calibrarse por medio del suministro de una solución como material de referencia, una mezcla con un contenido mínimo de humedad relativa del 90% y a una temperatura de 34º C ± 1º C.
"‘n) Tener la capacidad de usarse bajo condiciones higiénicas satisfactorias, permitiendo cambiar la boquilla en cada medición. Las boquillas deben estar empacadas individualmente y ser desechables.
"‘o) Que los equipos sean efectivos y sólo respondan ante la presencia de alcohol.’
"‘6. Sanciones
"‘Artículo 9. Los establecimientos mercantiles que incumplan con la presente norma, en relación con el artículo 190 de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, serán sancionados en los siguientes términos:
Ver términos
"‘a) Clausura temporal o permanente, por el incumplimiento a las disposiciones señaladas en el artículo 74, cuando el peligro para la salud de las personas se origine por la violación reiterada de los preceptos de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México y de las disposiciones que de él emanen, constituyendo rebeldía a cumplir los requerimientos y disposiciones de la autoridad sanitaria.’
"‘Transitorios
"‘Único. La presente norma estatal, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial «Gaceta de Gobierno» del Estado de México.’
"Como se observa, la norma que se tilda de inconstitucional tiene como efecto el obligar a los establecimientos mercantiles que expendan bebidas alcohólicas para su consumo inmediato, al copeo o en botella abierta, cuenten con instrumentos que permitan a los clientes que así lo soliciten, cuantificar la concentración de alcohol en la sangre a través del aire espirado, con el objeto principal de contribuir al consumo moderado y la prevención de accidentes y daños a la salud.
"Asimismo, se tiene presente el contenido del artículo 3 de la norma mencionada que establece lo siguiente:
"‘Artículo 3. La Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, verificará que los establecimientos mercantiles del Estado de México, que expendan bebidas alcohólicas para el consumo inmediato, al copeo o en botella abierta, cuenten con instrumentos que permitan a los clientes que así lo soliciten, cuantificar la concentración de alcohol en la sangre a través del aire espirado, con el objeto principalmente de contribuir al consumo moderado y la prevención de accidentes y daños a la salud.’
"Enseguida, se tiene presente que si bien, tratándose de la suspensión a petición de parte el artículo 128 de la Ley de Amparo establece sólo dos requisitos de procedencia, como lo son: a) que la solicite el quejoso; y, b) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; también es verdad que, como se advierte de los procesos legislativos de dicha ley, la referencia que se hace con respecto al análisis del peligro en la demora para efectos de la suspensión, implica el reconocimiento de este tópico como verdadero requisito para su procedencia, aun cuando no se encuentre expresamente previsto en el precitado precepto; por tanto, al hacer una interpretación sistemática de la ley de la materia, se tiene que el juzgador debe ponderarlo, lo que sólo puede derivar del análisis integral del acto reclamado, de sus características, importancia, gravedad, y trascendencia social, así como de la dificultad de su reparación, esto es, tomando en cuenta todos los intereses y las posiciones jurídicas que participen en el caso concreto, tratando de conciliarlos, a fin de comparar los daños que la suspensión pueda ocasionar al interés público, con los que deriven contra el quejoso y, en ese tenor, resolver con preferencia al menor menoscabo social.
"De este modo, el estudio que realice el juzgador no puede limitarse a los requisitos del artículo 128, sino que deberá atender de manera simultánea a los contenidos en el artículo 139, relativos a la ponderación, además de la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora con perjuicios de difícil reparación para el quejoso.
"Asimismo, se tiene en cuenta que la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que, en los casos en que la naturaleza del acto lo permita, los Jueces decidirán sobre la suspensión con base en un análisis ponderado sobre la apariencia del buen derecho y el interés social, por tanto, dicha norma constituye un mandato de optimización de un fin perseguido constitucionalmente, consistente en dar eficacia a la suspensión como instrumento de preservación de derechos humanos y de la materia del amparo, pero sin que se lastime el interés social, cuya preservación igualmente se encomienda al Juez, en uso de su discrecionalidad, por lo que a éste corresponde adoptar la decisión que se considere más óptima a la luz de las circunstancias de cada caso concreto para maximizar ese fin, sin que la norma constitucional referida otorgue libertad en sentido amplio o permiso en el sentido negativo para la toma de la decisión sobre suspender un acto, sino que responsabiliza al juzgador de seleccionar el medio más efectivo para la consecución del objetivo constitucional perseguido.
"Por tanto, al resolver sobre cada situación, el juzgador debe exponer premisas valorativas que lleven a considerar que la decisión adoptada es la mejor disponible para la consecución del fin constitucionalmente relevante, además de ajustar la referida ponderación a los elementos normativos y de control previstos por el legislador en la Ley de Amparo.
"Para ello, también deberá considerarse que la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social no conlleva a la contraposición de dos intereses en abstracto, aunque el segundo concepto entrañe una idea de intereses colectivos, sino que ha de atender a las circunstancias concretas del derecho que el quejoso estime alterado en su situación particularizada ante el acto y, a su vez, a la manera en que el interés general o el orden público se concretiza mediante el acto de autoridad, pues lo que los Jueces ponderan en los casos concretos, no son principios en abstracto, sino las circunstancias de hecho que justifican la aplicación de ciertos principios ante otros, sobre la base de los singulares intereses en conflicto; en tales condiciones, resulta lógico considerar que la mera acreditación de la apariencia del buen derecho no asegura el otorgamiento de la suspensión, pues es necesario que ese elemento se pondere ante el mandato de que el otorgamiento de la medida no resulte contrario al interés social, para determinar los supuestos y condiciones en que la suspensión procedería, de manera que aun advertida la posible inconstitucionalidad del acto, deba enseguida o, concomitantemente, valorarse el impacto que tendría en el interés social el paralizar su ejecución, como ya se reconocía antes de la reforma constitucional en materia de amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, según se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 204/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Además, aunque la misma evolución jurisprudencial sobre la apariencia del buen derecho en el incidente de suspensión, llevó a definir, según la diversa jurisprudencia 2a./J. 10/2014 (10a.) de la misma instancia, que tal concepto no puede invocarse para negar la medida, esto significa que no puede efectuarse un asomo provisional al fondo del asunto que resulte en sostener que el acto reclamado es constitucional y, por ello, negarse la medida, no obstante, tampoco debe asumirse, con base en esa premisa, que la apariencia del buen derecho deba tenerse por acreditada sólo en función de lo expresado por el quejoso en su demanda, en orden a reforzar su pretensión de que el acto reclamado es inconstitucional, pues aun siendo superficial, el asomo provisional al fondo del asunto debe ser coherente con la normativa que determine la verdadera naturaleza del acto, sobre todo porque, en la mayoría de los casos, es ésta la que otorga significado y contexto jurídico al acto reclamado y permite identificar con mayor precisión, en función de la naturaleza de las normas en que se funda, el interés general que, específicamente, podría verse alterado por la suspensión del acto o aun por su ejecución y cuya salvaguarda, se insiste, igualmente se encomienda al Juez en uso de su discrecionalidad, además de que conduce a una conclusión más objetiva sobre la estimación de que la pretensión deducida por el quejoso, probablemente sea fundada y no temeraria, ni manifiestamente frívola o improcedente, de modo que aun derivada de un análisis superficial, esa estimación sea lo más adecuada posible al contexto fáctico y normativo en que aparece el acto reclamado, sin que esto implique invocar aquella apariencia en perjuicio del quejoso, sin soslayar que las cuestiones que a la luz de un análisis superficial y meramente válido para resolver sobre la suspensión del acto, no puedan tenerse por sentadas sin que con ello se condicione o vincule en forma definitoria la materia sustantiva de la sentencia a dictar en la audiencia constitucional, especialmente en perjuicio del quejoso, no puedan ser invocadas para resolver sobre la suspensión, dada su vocación de preservar la materia del juicio, incluso, al no prejuzgar sobre el fondo del asunto en forma vinculante a la propia sentencia que debe dictarse en la audiencia constitucional.
"Tomando en cuenta todo lo hasta aquí considerado, es importante precisar que, como se apuntó con antelación, en la norma que se señala como acto reclamado, cuya suspensión se solicita, si bien se establece que la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, verificará que los establecimientos mercantiles del Estado de México, que expendan bebidas alcohólicas para el consumo inmediato, al copeo o en botella abierta, cuenten con instrumentos que permitan a los clientes que así lo soliciten, cuantificar la concentración de alcohol en la sangre a través del aire espirado, lo cierto es que tal norma, en principio, se encuentra emitida por una autoridad sanitaria y su ‘objetivo primordial es el de contribuir al consumo moderado y la prevención de accidentes y daños a la salud’.
"Ahora, aunque uno de los objetivos que la norma persigue es prevenir accidentes, lo cierto es que, tal como lo alega la parte quejosa, dicha prevención de accidentes no puede lograrse solamente a través de la implementación de aparatos para la medición de alcohol en sangre a través del aire espirado que se ubiquen en los establecimientos mercantiles que expendan alcohol en botella abierta o al copeo, porque la utilización de tal aparato medidor no es obligatorio para los comensales, ni mucho menos, el restaurantero puede obligar a que, determinada persona, se someta a su utilización, pues la norma es clara en mencionar que su uso queda a solicitud del cliente que así lo requiera; entonces, como lo alega el quejoso, el hecho de que en el establecimiento mercantil que expende bebidas alcohólicas para su consumo inmediato, al copeo o en botella abierta, adquiera los aparatos para medir el alcohol en sangre, a través del aire espirado (alcoholímetro) no tiene facultad alguna para ‘obligar’ al comensal, que ha ingerido alcohol, a realizarse dicha prueba, previo a la conducción de su vehículo, pues la norma no lo señala así de ninguna manera, ni tampoco tiene facultad para retener el vehículo del citado comensal, pues tampoco se establece de ese modo; por lo que dicha prueba ha de realizarse de manera libre y espontánea por quien así desee hacerlo, todo lo cual, conlleva a considerar que los establecimientos mercantiles mencionados que adquieran los aparatos en cuestión, no tienen ninguna facultad para solicitar siquiera que los comensales, aun aquellos que se encuentren en evidente estado de ebriedad, se practiquen la prueba del alcoholímetro.
"Dicho de otro modo, si la norma otorgara facultades para que los destinatarios de ésta pudieran obligar a los comensales que han ingerido bebidas alcohólicas de manera moderada o inmoderada tuvieran, necesariamente, antes de abordar sus vehículos que practicarse la prueba de alcoholímetro y, en caso de estar en evidente estado de ebriedad no permitirse el uso de ellos, pudiendo auxiliarse de la autoridad para hacer cumplir la norma.
"En ese último caso, por supuesto que la norma velaría, por una efectiva disminución de accidentes viales, pues verdaderamente colaboraría a lograr que se reduzca la incidencia de este tipo de acontecimientos ocasionados por el consumo inmoderado del alcohol, pero, si la norma establece que queda al arbitrio del comensal hacerse la prueba, o no, la existencia de los aparatos medidores de alcohol en sangre a través de aire espirado (alcoholímetro), por el momento, no causa ningún perjuicio a ese interés social, precisamente porque su uso no es obligatorio.
"Entonces, contrario a lo resuelto por el juzgador federal, el hecho de conceder la medida cautelar solicitada no conlleva menoscabo al interés social o al orden público, pues en caso de que se niegue la protección constitucional solicitada en el amparo, tendría por efecto obligar al quejoso a adquirir y operar tales instrumentos de medición.
"Por el contrario, si se concediera la protección constitucional, el efecto probable del amparo, sería el no obligar al quejoso a adquirir tales aparatos, sin que, por el momento la sociedad resienta un menoscabo o afectación, precisamente porque como su uso no es obligatorio ni el comerciante a quien va dirigida la norma tiene manera de obligar al comensal a usar esos aparatos, la apreciación de la apariencia del buen derecho opera, en este instante, a favor de la parte quejosa, quien por el contrario, resentiría los efectos de la aplicación de una norma que pudiera resultar inconstitucional, ello, desde luego sin prejuzgar sobre el fondo del asunto.
"En esas condiciones, en opinión de este tribunal, contrario a lo sustentado por el Juez de Distrito, el conceder la medida cautelar solicitada no afecta el orden público ni el interés social, como se dijo, ya que al no existir coerción en su aplicación de ninguna manera se previene el consumo de alcohol ni se evitan accidentes, ya que como se vio se deja a los particulares su observancia, sin que ello implique prejuzgar sobre lo que se resuelva en el fondo del asunto, precisamente porque es en el fondo, donde ha de determinarse si la norma es constitucional o inconstitucional, como se dijo.
"En esas condiciones, al estimar fundados los agravios antes mencionados, ya no se estudian los restantes, pues a nada práctico llevaría su análisis ya que no variaría el sentido de esta determinación y dado que en el presente caso se actualiza el supuesto de procedencia para la concesión de la medida cautelar, previsto en el numeral 125 de la Ley de Amparo, lo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27137-84469106/suspension-definitiva-en-el-juicio-de-amparo-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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