SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE, CUANDO EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE LA CONCESIÓN AL ACTOR DE UNA MEDIDA CAUTELAR (SUSPENSIÓN) EN EL JUICIO DE NULIDAD PARA QUE NO SE EXPIDA LA LICENCIA DE GIRO DE GASOLINERA, AUN CUANDO ÉSTE HAYA OBTENIDO UNA AUTORIZACIÓN PREVIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 22 DE OCTUBRE DE 2018. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ENRIQUE RODRÍGUEZ OLMEDO, LUCILA CASTELÁN RUEDA, JORGE HÉCTOR CORTÉS ORTIZ, MARIO ALBERTO DOMÍNGUEZ TREJO Y MOISÉS MUÑOZ PADILLA. AUSENTE: JAIME C. RAMOS CARREÓN. DISIDENTE: HUGO GÓMEZ ÁVILA. PONENTE: LUCILA CASTELÁN RUEDA. SECRETARIO: DANIEL GUERRERO NUÑO.
Zapopan, Jalisco, acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, correspondiente al veintidós de octubre de dos mil dieciocho.
VISTOS los autos, para resolver el expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis 7/2018; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio 3/2018–ST, de once de abril de dos mil dieciocho (foja 1 del toca), el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por conducto de sus Magistrados integrantes hicieron saber al Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito sobre la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por dicho órgano colegiado, al resolver el toca de revisión incidental número 512/2017, y el toca de queja 145/2016, diverso al sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la queja 144/2017.
SEGUNDO.—Trámite del asunto. En proveído de dieciocho de abril de dos mil dieciocho (fojas 46 a 48 del toca), el Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito admitió a trámite la denuncia de la posible contradicción de tesis, registrada como toca 7/2018. En ese propio acuerdo, analizado el oficio de cuenta y anexos correspondientes, se tuvo como posible punto de contradicción, entre los criterios sustentados por el Tercer y el Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito; si procede o no la suspensión en contra de los efectos de la medida cautelar decretada en un juicio contencioso administrativo, sobre la expedición de licencia de giro comercial, dependiendo de que dicha cuestión sea o no propia del fondo del amparo.
Además, se solicitó a la presidencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito que informara si el criterio sustentado, materia de la denuncia, se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado, para lo cual debía señalar las consideraciones respectivas y remitir la sentencia correspondiente donde se hubiere sustentado el nuevo criterio.
Asimismo, se solicitó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informara si existía alguna contradicción de tesis que guardara relación con la temática planteada en la presente y, finalmente, se ordenó comunicar a todos los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Circuito sobre la admisión del asunto.
TERCERO.—Sustanciación. En acuerdo de siete de mayo de dos mil dieciocho (foja 126 del toca), se recibió el informe del presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual hizo saber que sigue vigente el criterio contenido en la queja 144/2017.
A su vez, se tuvieron por recibidas las copias certificadas que remite el presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, relativa a la resolución dictada en los incidentes de suspensión derivados de los juicios de amparo 1251/2016 y 1097/2017, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco que, respectivamente, motivaron la interposición del recurso de queja 145/2016 y la revisión incidental 512/2017, materia de la presente contradicción.
Posteriormente, en acuerdo de diez de mayo de dos mil dieciocho (foja 130 del toca), se acordó el informe de la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que tal como le fue comunicado mediante oficio **********, de la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien acudió al sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver y no advirtió la existencia de alguna radicada en el Máximo Tribunal del País, respecto del punto a dilucidar y que tuviera relación con la temática planteada en el presente asunto.
CUARTO.—Turno. En acuerdo de trece de julio de dos mil dieciocho (foja 131 del toca), tomando en cuenta las reglas internas del turno de los asuntos del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, se ordenó el turno de la contradicción de tesis 7/2018, a la Magistrada Lucila Castelán Rueda, para que, en términos de lo establecido en los artículos 13, fracción VII y 28 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, procediera a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 9 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de mayo de dos mil catorce, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios, sostenidos por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Tercer Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, puesto que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
TERCERO.—Posturas contendientes. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en lo que aquí interesa, denunció la posible contradicción de tesis, en los siguientes términos (folio 1 del toca):
"Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 226, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, presidente Elías H. Banda Aguilar, José Manuel Mojica Hernández y Hugo Gómez Ávila, comparecemos a denunciar la posible contradicción de criterios, entre el sustentado por este tribunal, al resolver en sesión de quince de marzo de dos mil dieciocho, el recurso de revisión incidental 512/2017, en contra del criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
"Este órgano colegiado, al resolver, por unanimidad de votos, el recurso de revisión incidental 512/2017, consideró que es procedente conceder la suspensión definitiva respecto de diversa suspensión emitida en el juicio de origen, aun cuando la consecuencia sea inobservancia de ésta, al considerar que no se estaría resolviendo el fondo del juicio de amparo, ni se constituiría a su favor algún derecho; además de que se acreditó la apariencia del buen derecho, al haber emitido en favor de la quejosa la licencia para operar el giro de gasolinera; tampoco se sigue perjuicio al interés social ni al orden público; y, finalmente, de no concederse la medida cautelar, se podrían ocasionar a la esfera de derechos de la promovente daño de difícil reparación.
"En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 144/2017, sostuvo un criterio opuesto al de este órgano colegiado en el recurso de revisión incidental 512/2017 y en el recurso de queja 145/2016."
Para efectos de identificar si, en el caso, existe oposición de criterios, es conveniente reproducir lo considerado en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados contendientes.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 145/2016 y la revisión incidental 512/2017, en sesiones de once de mayo de dos mil dieciséis y quince de marzo de dos mil diecisiete, respectivamente, consideró lo siguiente:
• Queja 145/2016:
"V.—Son fundados los agravios.
"En la resolución recurrida, el secretario en funciones de Juez, negó a la quejosa la suspensión provisional solicitada, respecto de las consecuencias de los actos reclamados, conforme a lo siguiente:
"a) El referido acto reclamado se hizo consistir en la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, dictada en el expediente pleno **********, en la que, en concreto, se concedió a la actora (contraparte de la quejosa) la suspensión para que no se expida la licencia de funcionamiento de estación de servicio de combustible o gasolinera, en el inmueble ubicado en **********.
"b) Dijo el juzgador que la parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados, para el efecto de que se ordenara dejar sin efectos los alcances de la medida cautelar reclamada, decretada en la resolución reclamada, que por ello, sólo se pronunciaría sobre ese aspecto.
"c) Concluyó que no había lugar a otorgar a la quejosa la suspensión provisional solicitada, toda vez que la finalidad de la medida era paralizar la acción de la autoridad hasta en tanto se resuelva lo relativo en lo principal del presente asunto, pero que esa hipótesis no se actualizaba en el caso particular, ya que, de considerar lo contrario, la medida suspensional ya no tendría la finalidad de mantener las cosas en el estado que actualmente guardaban, sino la de otorgar efectos restitutorios de derechos, lo cual era propio de un eventual fallo protector que, en su caso, se llegara a dictar en el juicio principal de donde derivaba ese incidente.
"d) En apoyo de su argumento, citó el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reprodujo, de título: ‘CUESTIONES DE FONDO.’
"e) Agregó el juzgador que, de concederse la suspensión provisional para el efecto que fue pedida, implicaría necesariamente que se diera trámite y, posteriormente, se obtuviera un permiso para operar un giro comercial, lo que consideró una cuestión que se analizaría de fondo en el juicio en lo principal.
"f) Que, por tanto, ni aun considerando la apariencia del buen derecho era procedente formular un estudio preliminar de la constitucionalidad del acto reclamado y, por tanto, otorgar la medida cautelar solicitada, pues se estaría resolviendo, en la etapa incidental, el fondo de la cuestión constitucional planteada, lo cual, como lo dijo, será materia de la sentencia que, en su oportunidad, se emita en el juicio principal previo un análisis exhaustivo de las consideraciones pertinentes.
"g) Que no podía obligarse a la autoridad a que haga o reconozca aquello que le fue pedido y que implícitamente negó, ya que ello implicaría dar efectos constitutivos a la medida cautelar, los cuales son propios de la sentencia que, en su caso, conceda la protección constitucional; y,
"h) Que, aunado a lo anterior, el juzgador estaría haciendo uso de las facultades que tiene legalmente reservadas la autoridad responsable, sustituyéndose a esa.
"En contra de lo anterior, la quejosa recurrente, en los agravios, en esencia, alega:
"a) Que en términos del artículo 107, fracción X, de la Carta Magna, debió concederse la suspensión provisional solicitada, ya que su naturaleza lo permite y la apariencia del buen derecho se surte en su favor.
"b) Que la naturaleza del acto permite que sus consecuencias sean suspendidas, toda vez que dichas consecuencias o efectos se prolongan en el tiempo de manera indefinida y perniciosa, por lo cual acredita la posibilidad de conceder la suspensión provisional que indebidamente negó el a quo, para detener las consecuencias del acto reclamado, esto es, la medida cautelar del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco.
"c) Que la concesión de la suspensión no implica otorgar efectos restitutorios, sino solamente el mantener la situación jurídica existente, previo a la emisión del acto reclamado; que coincidir con el criterio del juzgador, haría nugatoria la fracción X décima del artículo 107 de nuestro Pacto Fundamental previamente transcrita.
"d) Que es incorrecta la apreciación del juzgador en la parte que determinó que: ‘de concederse la suspensión provisional para el efecto peticionado, lo cual implicaría necesariamente que se tramite y, posteriormente, se obtenga un permiso para operar un giro comercial, es una cuestión que este Juzgado analizará de fondo en el juicio en lo principal’, porque los efectos de conceder la suspensión solicitada no serían los de ordenar la emisión de la licencia de giro en cuestión, ‘sino simplemente permitirle a mi representada tramitarla, y si resulta que cumple con los requisitos de la ley, entonces, emitirla pero sólo en ese caso’.
"e) Que opinar como lo hizo el secretario en funciones de Juez, implicaría que durante la tramitación del juicio de amparo y del recurso de revisión que, en su caso, se interponga, transcurrirá un periodo de tiempo que la práctica dice pudiera durar de nueve meses a dos años o, incluso, más, durante el cual continuará impidiéndose a la quejosa realizar los trámites necesarios para iniciar la operación de una gasolinera ‘que ya está construida al amparo de los permisos otorgados por la propia autoridad competente’, y que, de no iniciar a operar se pone en riesgo su subsistencia, lo cual ocasionaría que el acto reclamado quedara irreparablemente consumado.
"f) Que para cuando se permita a la quejosa iniciar los trámites para iniciar la operación de la gasolinera (una vez resuelto el juicio de amparo de origen o el juicio natural en definitiva), las instalaciones ya edificadas al amparo de los permisos otorgados a la quejosa, pudieran haber resentido afectaciones y daños con motivo de su desuso.
"g) Que se omitió hacer el análisis de la apariencia del buen derecho; que es importante señalar que en el acto reclamado, cuyas consecuencias se solicitó suspender, se otorgó una medida cautelar para imposibilitarle a tramitar una licencia de giro de gasolineras respecto de un predio de su propiedad, al considerar la responsable de manera subjetiva y ‘sin ningún argumento de soporte y motivación’, que ese giro: ‘puede acarrear un riesgo a la vida de las personas’, y en otra parte da a entender que pudiera haber requisitos de distancias con centros de concentración masiva que no se cumpliesen.
"h) Pero que para poder hablar de un riesgo con la explotación de giro, la responsable debió tener por lo menos un argumento de soporte de donde se hubiera, pero que en el caso en estudio no lo hubo, como se constata de la simple lectura del acto reclamado.
"i) Que, por tanto, ‘el acto reclamado únicamente contiene afirmaciones subjetivas’, de manera que la mencionada conclusión de la responsable no es verdadera, sino que constituye un sofisma, pues en autos del juicio natural no existe ninguna prueba de la que se siga, siquiera, la probabilidad de que la vida de las personas se encuentre en riesgo, ni probables conflictos de distancias; y,
"j) Que, en el caso, se cumplen con todos los requisitos exigidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, motivo por el cual, negó de manera indebida la suspensión provisional.
"Como se anticipó, tiene razón la quejosa, en el sentido de que, en el caso, la naturaleza del acto reclamado permite realizar un análisis de la apariencia del buen derecho a efecto de decidir sobre la procedencia de la suspensión provisional, lo cual no se hizo.
"Ello es así, toda vez que, por una parte, si bien es verdad que, en el caso, la suspensión provisional se solicitó para el efecto de que no surta efectos la suspensión provisional concedida a la contraparte de la recurrente, a efecto de que no sea expedida la licencia de funcionamiento del giro de gasolinera de dicha recurrente, lo cierto es que, de concederse dicha medida cautelar no se está resolviendo el fondo, esto es, la legalidad de ese hecho, ya que lo pretendido por la quejosa es que se le permita tramitar la licencia respectiva, esto es, continuar con el cumplimiento de los requisitos que necesita para el funcionamiento de su negocio, los cuales, se encuentran supeditados al cumplimento de los requisitos que exijan las normas respectivas, y de ello dependerá su otorgamiento o no.
"Por otro lado, como se mostró, la quejosa formula argumentos por los cuales, el juzgador debió realizar el estudio de la apariencia del buen derecho, vinculado con la fundamentación y la motivación de la resolución reclamada; de ahí que si el juzgador no realizó ese estudio vulneró en su perjuicio el contenido del artículo 138 de la Ley de Amparo.
"En consecuencia, al resultar sustancialmente fundados los agravios hechos valer, lo que procede es revocar el auto recurrido y, por ende, esta autoridad judicial reasume jurisdicción para decidir lo conducente sobre la procedencia de la suspensión provisional.
"Los artículos 138, primer párrafo y 147 de la Ley de Amparo establecen que el órgano jurisdiccional debe hacer un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social y de ser jurídica y materialmente posible restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta la sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo, al disponer lo siguiente:
"‘Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: ...’
"‘Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos.
"‘Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.
"‘El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo.’
"Por su parte, el artículo 128 de la Ley de Amparo dispone:
"‘Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes:
"‘I. Que la solicite el quejoso; y
"‘II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
"‘La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.’
"De las copias de la demanda de amparo que se adjuntaron al recurso de queja, en el capítulo respectivo a los conceptos de violación se advierte lo siguiente:
"‘... toda vez que dicho tribunal responsable, al conceder la suspensión que aquí se reclama, no valoró correctamente que no se actualiza la fracción IV del artículo 67 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, cuyo cumplimiento es un requisito sine qua non para poder decretar cualquier suspensión dentro de un juicio administrativo en el Estado. "‘Para mejor apreciación, a continuación se transcribe la parte de la sentencia que se reclama en este concepto de violación, por considerarse inconstitucional:
"‘...
"‘Asimismo es evidente que de los daños de difícil reparación y el peligro en la demora se acreditan al versar la materia de la impugnación, sobre la expedición de la licencia de giro de la estación de servicio de la que el tercero (aquí quejosa) pretende le sea otorgada, pues con la misma se causa perjuicio, ofensa o daño, a la parte actora, ya que cuenta con la existencia de un derecho actual legítimamente protegido, pues se estaría en el supuesto que, de concluirse la edificación y que ante la probabilidad de no existir una distancia de más de 1000 mil metros entre ésta y la que ya había sido otorgada con anterioridad correspondiente, es decir, la que explota la actora, entonces, de seguirse el procedimiento administrativo, lo consecuente podría ser revocar los permisos que legalmente fueron otorgados al aquí impetrante, pues como lo dice el reglamento para el establecimiento de gasolineras y estaciones de servicio en su artículo 7, no podrán operar 2 estaciones similares en distancia menor a la antes mencionada.
"‘En la parte transcrita de la resolución que ahora se reclama, el a quo determinó de una manera arbitraria y sin un análisis congruente ni exhaustivo que supuestamente si se llegare a expedir la licencia de giro para operar una gasolinera en el inmueble de la ahora quejosa (**********), sí se ocasionarían perjuicios, ofensas o daños a la actora del juicio natural (ahora tercero interesada) y que, por tanto, sí resulta procedente conceder la suspensión de la emisión de dicha licencia. Esa resolución es incongruente tanto con las constancias que obran en autos del juicio natural y del recurso de reclamación de origen, así como con lo resuelto en una ejecutoria previa que rige con fuerza de cosa juzgada y con las disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa (especialmente en su artículo 67), es decir, es indebida.
"‘...
"‘b.1) Los daños y perjuicios de difícil reparación deben probarse, y la sola manifestación de la parte actora natural antes transcrita, es insuficiente para ello. La actora natural no probó dichos daños y perjuicios, lo cual omitió analizar el fallo reclamado, toda vez que el razonamiento de la responsable en el sentido de que existe la «probabilidad de no existir una distancia de más de 1000 mil metros» entre la gasolinera que dice explotar la actora y la que operaría la aquí quejosa, no es suficiente para tener por acreditados dichos daños y perjuicios, máxime que esa distancia de 1000 mil metros no aplica para el inmueble mencionado (**********), en acatamiento de la ejecutoria que resolvió el juicio de amparo indirecto ********** del índice del Segundo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, que obra en autos del juicio natural y que es y es un hecho notorio para este Juzgado de Distrito. (Fojas 47 a 49 del toca)
"‘... la responsable determinó mantener esa suspensión para «salvaguardar la vida de las personas», porque estimó que era probable que no se cumpliera «la distancia mínima de resguardo de 150 metros respecto de cualquier centro de concentración masiva o de 1000 mil metros entre el predio de mi representada y el de la actora natural»; sin embargo, la cuestión indebida que aquí se destaca, es que esa conclusión de la responsable no es verdadera, sino que constituye un sofisma, pues en autos del juicio natural no existe ninguna prueba de la que se siga, siquiera, la probabilidad de que la vida de las personas se encuentren en riesgo, ni probables conflictos de distancias.
"‘Señoría, la actora natural no acreditó ninguna posible afectación a la vida de las personas, ni tampoco a ninguna de las restricciones de los reglamentos en cita.
"‘Aún más, la actora natural no acreditó ni siquiera la existencia de centros de concentración masiva y mucho menos, alguna restricción de distancias en relación a ellos.’ (Fojas 83 a 84 del toca)
"La reproducción de la quejosa respecto del motivo que sustenta la concesión de la medida cautelar reclamada, vinculada con el requisito de la distancia de mil metros se aprecian de manera idéntica, en las consideraciones de la resolución respectiva, que en copias simples remitió la secretaria del Juzgado de Distrito (foja 218 del toca).
"La diversa vinculada con la distancia de ciento cincuenta metros respecto del cualquier centro de concentración masiva, establece:
"‘En el caso concreto, con la concesión de la medida cautelar en lo atinente a que no se emita licencia de funcionamiento de giro de estación de servicio de combustible o gasolinera no se llega al perjuicio ni transgresión a que refiere la porción normativa aludida debido a que el propio acuerdo recurrido establece que se trata de impedir el funcionamiento de giro comercial de combustibles, por lo que, al constituir una actividad u operación de materiales con alto grado de volatividad conlleva por si un grado de peligro, requiere de medidas que prevengan la posibilidad de una afectación derivada de un accidente, con motivo de la cercanía a centros de concentración masiva.
"‘Bajo la tesitura relatada tomando en cuenta la naturaleza de la violación alegada realizando la ponderación de los intereses en pugna, por un lado, el del particular tercero interesado que pretende iniciar la operación de un expendio de combustibles, contra la salvaguarda de la vida de las personas, este último debe prevalecer por presentar mayor jerarquía que el primero en mención, que busca la captación de recursos a través de una negociación, actividad, comercial que los artículos 53 del Reglamento de Comercio de Servicios para el Municipio de Zapopan, 9 del Reglamento para el Establecimiento Gasolineras y Estaciones de Servicio en el Municipio de Zapopan, ambos del Estado de Jalisco establecen que deben ubicarse a una distancia mínima de resguardo de 150 metros respecto de cualquier centro de concentración masiva, lo que será materia del fondo del asunto planteado en el juicio de origen, empero razonamientos legales que sujetan a requisitos esenciales para los intereses de la colectividad.’ (Foja 219 del toca)
"De lo anterior se advierte que la quejosa en los conceptos de violación hace alusión al requisito de distancia de mil metros exigidos entre unidades o estaciones de servicios y de ciento cincuenta metros respecto de cualquier centro de concentración masiva.
"De la reproducción del acto reclamado se advierte que la autoridad, por una parte, hizo alusión a la ‘probabilidad de no existir una distancia de más de 1000 mil metros entre ésta y la que había sido otorgada con anterioridad ...’; sin embargo, no se advierte el sustento de esa decisión, esto es, las causas que llevaron a la autoridad a concluir que no existe una distancia de mil metros, ya que ella misma estableció que se trata de una ‘probabilidad’.
"Lo mismo ocurre con la diversa consideración, esto es, la autoridad sólo dice que los giros como el que se trata deben encontrarse a una distancia mínima de ciento cincuenta metros de centros de concentración masiva; pero no establece, los centros de ese tipo que se encuentren cerca de ese establecimiento, ni el motivo por el cual no se cumpla con ese requisito.
"De ahí que, como lo dice la recurrente en los agravios, esas consideraciones no están fundadas ni motivadas, y no cuentan con soporte alguno, puesto que no se explican las razones por las cuales se arribó a esas conclusiones, ya que sólo se afirman, pero no se precisan mayores datos que sustenten esas conclusiones de que no se cumple con los requisitos de distancia; máxime que respecto de la primera de las razones que sustentan esa decisión, la autoridad, incluso, se refirió sólo a una probabilidad.
"No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que sobre la consideración vinculada con la distancia de ciento cincuenta metros de centros de concentración masiva, la autoridad hubiera dicho que sería analizada en el fondo; sin embargo, como se vio, ese requisito sirvió de sustento para negar la suspensión, sin que, como se mostró, se encuentre fundado y motivado en los términos citados.
"Por tanto, de los actos reclamados, los antecedentes de éstos, los conceptos de violación y las pruebas ofrecidas, se concluye que resulta procedente otorgar la suspensión provisional, pues han quedado satisfechos los requisitos que imponen los numerales antes transcritos, ya que la solicitud la formuló la propia peticionaria de garantías y con la concesión de la medida no se transgreden disposiciones de orden público ni de interés social, toda vez que se trata de obtención de una licencia, la cual, como se verá, está condicionada a que se cumplan con los requisitos de ley; ello aunado a que la quejosa es parte en el procedimiento del cual deriva la resolución reclamada, y donde se advierte la titularidad del derecho que pretende (trámite de licencia) por lo que acredita de manera presuntiva su interés.
"Lo anterior aunado a que del análisis ponderado entre la apariencia del buen derecho y el interés social, que ordena realizar el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, como se mostró, se deduce la posibilidad de una afectación en su perjuicio, ante la falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, lo que podría conllevar el incumplimiento del marco constitucional y legal aplicable, así como diversos criterios judiciales en donde los órganos del Poder Judicial de la Federación se han pronunciado al respecto de que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado.
"Por tanto, la suspensión provisional otorgada se concede para que se paralicen de momento los efectos de la concesión de la suspensión reclamada y se permita a la quejosa continuar con el trámite de la licencia de funcionamiento de la estación de servicio de combustible o gasolinera, en el inmueble ubicado en **********, y sólo en caso de cumplir con los requisitos de ley, y en concreto con lo aquí analizado, esto es, los requisitos de distancia de mil metros entre gasolineras, y de mínimo c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28298-05da5d8a/suspension-en-el-juicio-de-amparo-indirecto-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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