SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO. SI SE RETIENE AL QUEJOSO EL VEHÍCULO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LA MULTA IMPUESTA POR PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE SIN LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA, PROCEDE CONCEDER LA MEDIDA CAUTELAR PARA QUE LE SEA DEVUELTO MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE OTRA GARANTÍA SUFICIENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS VÍCTORINO ROJAS RIVERA, GUILLERMO ESPARZA ALFARO Y HECTOR FEDERICO GUTIÉRREZ DE VELASCO ROMO, CON EL VOTO DE CALIDAD DEL PRESIDENTE, NOMBRADO EN PRIMER TÉRMINO, POR LO QUE SE REFIERE A LA EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN. DISIDENTES: MOISÉS DUARTE BRIZ, JUAN GARCÍA OROZCO Y OSCAR HERNÁNDEZ PERAZA. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS EN CUANTO A LA SOLUCIÓN DE FONDO DE LOS MAGISTRADOS VÍCTORINO ROJAS RIVERA, GUILLERMO ESPARZA ALFARO, HECTOR FEDERICO GUTIÉRREZ DE VELASCO ROMO, MOISÉS DUARTE BRIZ, JUAN GARCÍA OROZCO Y OSCAR HERNÁNDEZ PERAZA. PONENTE: GUILLERMO ESPARZA ALFARO. SECRETARIA: MARÍA DE LA LUZ COLÍN CONTRERAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Pleno del Décimo Primer Circuito es competente para conocer y resolver esta contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; así como 1o. y 9o. del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de un mismo Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que fue realizada por el autorizado de los quejosos en los recursos de revisión mencionados.
TERCERO.—Posturas denunciadas como contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis, se estima oportuno analizar las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.
1. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión 22/2018, sustancialmente consideró lo siguiente:
"SEXTO.—Resolución del caso
"Los agravios son inoperantes en parte e infundados en lo demás.
"En la sentencia interlocutoria sujeta a revisión, fue que el Juez de Distrito estimó satisfechos los requisitos contemplados en los artículos 125, 128, 129 y 131 de la Ley de Amparo y, como consecuencia de ello, concedió la suspensión definitiva para el único efecto de que le fuera devuelto a la parte quejosa el vehículo que le fue retenido como consecuencia de los actos reclamados, pero indicó que tal medida no tenía como consecuencia permitir a la quejosa prestar el servicio de transporte público o se le eximiera de que se le pudieran imponer diversas multas o sanciones derivadas de tal actuación, al no acreditar contar con la autorización respectiva.
"Contra tal determinación, la autoridad recurrente gobernador del Estado se duele –en esencia– de que:
"1. Actos consumados
"1.1. Fue ilegal que el Juez de Distrito concediera la suspensión del acto reclamado, ya que pasó por alto su naturaleza, pues el Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, en cuanto al proceso legislativo por el que fue creado reviste el carácter de actos consumados y la medida cautelar no procede respecto de tales actos, ya que al otorgarse se generan efectos restitutorios.
"Se invoca al respecto la tesis de rubro: ‘ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.’
"1.2. Con el otorgamiento de la suspensión se contravienen disposiciones de orden público y se sigue perjuicio al interés social, ya que los actos reclamados se tratan de leyes de observancia general, atendiendo a que tienen por objeto regular disposiciones establecidas en la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán. Además, el Juez de Distrito no tomó en cuenta que, al rendir su informe previo, la recurrente negó el acto reclamado.
"Se invoca el criterio titulado: ‘SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY.’
"Por su parte, la diversa recurrente Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado aduce –en síntesis– que:
"1. Transgresión al orden público e interés general
"1.1. Lo determinado por el Juez de Distrito transgrede lo contemplado en el artículo 61, párrafos primero y segundo, del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado, pues conforme a dicho numeral debe garantizarse el pago de la multa, mediante el aseguramiento del propio vehículo a través del cual, el infractor se encontraba prestando el servicio público al momento de la infracción u otra suficiente que responda de la misma.
"1.2. También pasa por alto que, conforme a los artículo 1 y 2 de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado, los ordenamientos con que se apoya el acto reclamado son de interés público y de observancia general en el Estado, además, los particulares para tener derecho de prestar el servicio público de transporte, deben contar con la autorización correspondiente, lo que, en la especie, no acreditan los quejosos; por ende, cualquier contravención a la citada ley y su reglamento, trae como consecuencia la aplicación de las acciones correspondientes a efecto de proteger al público usuario.
"1.3. Por infringir el reglamento fue que se sancionó a los quejosos con la multa correspondiente, y para efecto de garantizar su pago, fue que se aseguró su vehículo.
"2. Falta de interés
"2.1. Los quejosos no acreditan tener concesión para la prestación del servicio público de transporte de persona, por tanto, la concesión de la suspensión generó un perjuicio al interés social y a terceros, pues mientras los concesionarios legalmente establecidos realizan el pago de contribuciones, a los quejosos se les permite brindar el mismo servicio sin contar con dicho documento, el cual debieron exhibir para acreditar su interés.
"2.2. Conforme al artículo 2, fracciones X y XI, del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado, el título de concesión es el documento que acredita que el particular tiene reconocido por parte del Estado un derecho o la autorización para prestar el servicio público de transporte, documento que los solicitantes de amparo no demuestran tener.
"Encuentra sustento lo anterior, en la tesis XI.1o.A.T. J/2, de rubro: ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CARECE DE ÉL QUIEN SE OSTENTA CONCESIONARIO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE, PERO NO EXHIBE EL TÍTULO DE CONCESIÓN CORRESPONDIENTE O ALGÚN OTRO DOCUMENTO QUE EVIDENCIA JURÍDICAMENTE EL DERECHO SUBJETIVO CONSAGRADO EN SU FAVOR.’
"3. Naturaleza provisional del acto
"3.1. La medida decretada como consecuencia del acto reclamado es de naturaleza provisional, en tanto sólo tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del pago de la sanción impuesta, esto es, su objeto no es privar al quejoso de un bien.
"Se invoca la tesis titulada: ‘ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN.’
"3.2. El Juez de Distrito inadvierte que en el artículo 61, último párrafo, del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes, no existe un procedimiento que establezca que la recurrente puede exigir el pago de la multa impuesto, sino puede ser a través de una autoridad diversa a las responsables, quienes pueden hacerlo o no. Correspondiendo a la recurrente mantener el orden en la prestación del servicio público de transporte.
"Como se adelantó, los anteriores puntos de disenso son inoperantes en parte e infundados en lo demás.
"Son inoperantes aquellos argumentos tendientes a evidenciar que no era factible conceder la suspensión definitiva respecto del proceso legislativo del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transporte del Estado de Michoacán, al revestir el carácter de acto consumado, así como que la medida cautelar conlleva la afectación del interés social en virtud de que con ella se permite a los quejosos prestar el servicio público de transporte sin contar con la concesión correspondiente.
"Lo anterior es así, pues tales argumentos parten de premisas falsas, ya que en la interlocutoria sujeta a revisión solamente se concedió la suspensión definitiva para el único efecto de que fuera devuelto a la parte quejosa el vehículo marca, **********, tipo **********, modelo **********, color **********, número de serie **********, dado que las autoridades podían hacer uso de los medios a su alcance para realizar el cobro de la multa impuesta.
"Especificándose en la misma resolución, que el otorgamiento de la medida cautelar no implicaba que se permitiera a la parte quejosa prestar el servicio de transporte público, o se le eximiera de la imposición de las multas o sanciones derivadas de tal actuación, ya que no acreditaba contar con la autorización respectiva.
"De ahí la inoperancia de los argumentos en cuestión, pues parten de premisas falsas, como lo son, que la medida cautelar tiene como objeto suspender el proceso de creación de las normas impugnadas y permitir que los quejosos presten el servicio de transporte público aun sin contar con la concesión correspondiente; ello, en atención a que el Juez de Distrito en momento alguno estableció que la suspensión provisional tuviera tales alcances, pues restringió la misma a la devolución del vehículo que le fue asegurado a los quejosos.
"Entonces, en virtud de que los agravios parten de una premisa falsa, se torna innecesario su estudio, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resulta verdadera, su conclusión es ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida.
"Aplica al respecto la jurisprudencia 108/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:
"‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de una premisa falsa son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida.’(2)
"Por otra parte, es inexacto que el Juez de Distrito no considerara la negativa de los actos reclamados formulada en los informes con justificación, pues tal aspecto sí fue tomado en cuenta, pero también se consideró que se desvirtuaba por constar en autos la boleta de infracción reclamada donde fueron aplicados los artículos también impugnados en la demanda de amparo.
"En otro contexto, no asiste razón a lo argumentado en el sentido de que el Juez de Distrito debió considerar que los quejosos carecían de interés jurídico, pues no aportaron la concesión que les permite brindar el servicio de transporte público, en términos del artículo 2, fracciones X y XI, del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado.
"Así se determina, en razón de que el otorgamiento de la suspensión se encuentra condicionado(3) a que exista, por lo menos, algún elemento de convicción que pueda demostrar, aunque sea de manera indiciaria, que el acto reclamado agravia al quejoso, esto es, debe demostrar su interés jurídico o legítimo.
"Cuestión que en el particular acreditaron los peticionarios de amparo, ya que la afectación que reclaman con motivo de la consecuencia del acto reclamado, consistió en el aseguramiento del vehículo de su propiedad para asegurar el pago de la multa impuesta, pues al respecto aportaron a juicio la carta factura y tarjeta de circulación relativas a dicho vehículo.
"Sin ser necesario que, para demostrar ese interés debieran demostrar contar con la concesión para brindar el servicio público de transporte, ya que en momento alguno se ostentaron como concesionarios ni reclamaron acto alguno que les perjudique con motivo de ese carácter, pues, se insiste, su pretensión era suspender las consecuencia de la multa impugnada consistente en la devolución del vehículo asegurado.
"A su vez, la circunstancia de que el acto reclamado no ostente el carácter de privativo, sino constituya una medida cautelar, esto es, un acto de molestia, no trae como consecuencia el que se imposibilite el otorgamiento de dicha medida, pues tal aspecto no se contempla entre los factores a considerar o requisitos a satisfacer para efectos de su otorgamiento,(4) previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo.
"Además, es de establecer que no puede considerarse que la determinación tomada por el Juez de Distrito permita la transgresión de disposiciones de orden público o afectaciones al interés general, pues, como en un principio se indicó, no tiene como efecto impedir que las autoridades responsables apliquen la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado ni su reglamento, ya que sus efectos solamente recaen en las consecuencias derivadas del acto impugnado, consistente en la multa que propició el aseguramiento del vehículo de los solicitantes de amparo, por considerarse una medida excesiva, cuando podían emplearse otros métodos para obtener el pago de la sanción.
"Cabe indicar que, en términos del artículo 147(5) de la nueva Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado ya no sólo es de naturaleza negativa pues adquirió alcances restitutorios, al ahora permitir al juzgador de amparo restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho conculcado hasta en tanto se dicte la sentencia correspondiente, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible y, por ello, que el Juez de Distrito procediera legalmente al permitir que la quejosa dispusiera de su vehículo a través del otorgamiento de la medida cautelar solicitada.
"Sin que, el otorgamiento de la medida cautelar se basara en la existencia de algún procedimiento previsto en el reglamento también impugnado, sino que ello atendió a que en uso de las instituciones de la apariencia del buen derecho y del peligro en la demora, se estimó que el aseguramiento del vehículo era una medida excesiva, cuando podría exigirse el pago de la multa por algún otro medio de coacción, entre ellos, bien pudiera ser el procedimiento administrativo que corresponda, el cual no se especificó debiera constar en el reglamento impugnado.
"SÉPTIMO.—Decisión
"Así, ante lo inoperante e infundado de los agravios, se impone confirmar la sentencia sujeta a revisión."
2. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, en la ejecutoria del incidente en revisión administrativa 33/2018, consideró lo siguiente:
"SEXTO.—Estudio de los agravios. Por cuestión de método, se procede al estudio de los motivos de disenso propuestos por el director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado en representación del coordinador general de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, los cuales se abordarán de manera conjunta dada la similitud de la temática que se plantea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Amparo.
"La autoridad recurrente, medularmente, sostiene que la interlocutoria impugnada vulnera lo previsto en el artículo 61, párrafos primero y segundo, del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado, el cual permite garantizar el pago de la multa mediante el aseguramiento del propio vehículo, a través del cual, el infractor se encontraba prestando el servicio público al momento de la infracción u otra suficiente que responda de la misma.
"Por ende, arguye que por falta de aplicación se contraviene lo establecido en los numerales 1 y 2 de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado, porque las disposiciones mencionadas son de interés público y observancia general, que además los particulares para que tengan derecho a prestar el servicio de transporte, deben contar con la autorización correspondiente, lo que dice no acredita el demandante, por tanto, cualquier contravención a esa ley o su reglamento, trae como consecuencia la aplicación de las sanciones correspondientes, a efecto de proteger al público usuario, de conformidad con el artículo 42 de la propia norma.
"Por ello, manifiesta que el quejoso fue sancionado con una multa al infringir el reglamento citado, y que a efecto de garantizar la misma se detuvo la unidad vehicular únicamente con ese objeto, puesto que la ley y su reglamento señalan que es de observancia general, esto es, que al indicarse concesionarios y permisionarios, no lo es en forma restrictiva sino general, dado que de no haberlo hecho de esa manera, no existiría la fracción XVIII del artículo 58 del reglamento, que señala que cuando se sorprenda a alguna persona prestando el servicio público de transporte sin la autorización de la Cocotra, se le sancionará con una multa de noventa a ciento cincuenta días de salario mínimo general vigente.
"Enseguida, menciona que el Juez violó el artículo 128 de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado se emitió en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 58, fracción XVIII, y 61 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado, el cual es de orden público e interés social.
"En ese contexto, menciona que la concesión de la medida cautelar sí afecta el orden público, porque el reglamento es de orden público, por lo que de suspender su aplicación se afecta el mismo; además de que se priva a la colectividad de un beneficio que otorga la ley que el reglamento regula, y también expone a la colectividad a un daño, porque el quejoso fue sorprendido prestando el servicio público respectivo, sin autorización de la Cocotra.
"A manera de ejemplo, menciona que para el otorgamiento de las concesiones sólo se concede a personas que no hayan sido condenadas por delito doloso o preterintencional, ni a sociedades cuyo capital esté total o parcialmente representado por acciones al portador; de ahí que aduce que si no se observa la ley o su reglamento, acreditando fehacientemente contar con la concesión respectiva, se expone la seguridad e integridad de la colectividad o usuarios del servicio público que conforme a la boletas de infracción se sorprendió al quejoso prestando sin autorización, lo que dice evidencia el orden público de esas disposiciones, aunado a que de no aplicarse los ordenamientos no se cumpliría una necesidad colectiva de control del servicio público a fin de contribuir a la seguridad del usuario, como sería el hecho de que cualquier particular prestara el servicio sin la autorización correspondiente, ya que tiende a alcanzar el bienestar común, dados los requisitos que deben observarse para el otorgamiento de las concesiones.
"Por otra parte, aduce que es inexacto que se mencionara que existió un decomiso del vehículo, porque lo que pasó es que el mismo quedó en garantía del pago de la multa impuesta al quejoso, pero que no se trata de una privación definitiva a favor del Estado, como sería si se tratara de un decomiso.
"Por tanto, sostiene que no puede devolverse el vehículo hasta en tanto se resuelva el juicio en lo principal, o en su caso, se cubran los derechos fiscales correspondientes.
"En diverso aspecto, argumenta que existe un perjuicio al interés social, de orden público y a terceros, porque mientras los concesionarios legalmente establecidos realizan el pago de contribuciones, el quejoso lleva a cabo la prestación del servicio público en la modalidad de auto de alquiler, sin contar con la concesión, causando disminución en los ingresos de las personas referidas; máxime que dice que para acreditar el interés jurídico en materia de transporte público, es necesario exhibir el documento idóneo.
"Asimismo, sostiene que es errónea la apreciación del Juez de Distrito, en el sentido de que los actos reclamados se puedan consumar de tal forma que sea imposible o improbable la restitución al quejoso del goce pleno de sus derechos, porque asevera que la restitución puede darse de forma inmediata a que se garantice el pago de la multa y, por otro lado, la elección del promovente para llevar a cabo el trámite del juicio correspondiente, para valorar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado.
"De igual forma, señala que la medida decretada es de naturaleza provisional, porque solamente sirve para garantizar el cumplimiento del pago de la sanción impuesta, es decir, su finalidad no es privar de un bien propiedad del quejoso.
"Por consiguiente, afirma que la orden tiene naturaleza precautoria y cautelar, por lo cual no causa estado sobre los bienes o derechos del inconforme.
"También menciona que, al tratarse de un acto de molestia, no es dable estimar que deba otorgársele garantía de audiencia.
"Por último, asevera que no existe un procedimiento en el reglamento de la ley que establezca que la autoridad pueda exigir el pago de la multa impuesta, sino puede ser a través de una autoridad diversa.
"Los argumentos son fundados y suficientes para revocar la resolución impugnada.
"Para justificar lo anterior, conviene recordar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión de los actos reclamados podrá concederse en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.
"La apariencia del derecho es un juicio de valor a cargo de la autoridad facultada para emitir la medida cautelar, mediante el cual se formula una hipótesis que, con los medios aportados, permite adelantar con un grado de acierto el sentido de la sentencia ejecutoria que se dicte en el proceso relativo, con lo cual se trata de evitar retraso en la impartición de justicia, con impacto negativo para quien, desde el principio, tiene un derecho válido. Definición que deriva de la siguiente jurisprudencia:
"‘SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión.’(6)
"Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en diversos criterios, que existe afectación al orden público e interés social, cuando con la concesión de esta medida se prive a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes o se le infiera un daño que de otra manera no resentiría.
"El orden público constituye la máxima expresión del interés social, como bien constitucionalmente protegido, y una garantía de la sociedad para que las personas y autoridades ejerzan razonablemente sus derechos dentro del Estado, y no sólo consiste en el mantenimiento de la tranquilidad y bienestar colectivo, sino también conlleva la armonía social en cuanto al legítimo ejercicio de los derechos, deberes, libertades, y poderes dentro del Estado; esto es, la coexistencia pacífica entre el poder y la libertad.
"Su finalidad principal es la libertad de los gobernados y asegurar la eficacia de sus derechos, siendo uno de los valores fundamentales que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege y debe ser privilegiado, en la inteligencia de que la libertad implica coordinación, responsabilidad, facultad de obrar con conciencia y acorde con las finalidades legítimas, y no de desorden o que únicamente atiendan a intereses de la administración, considerados en abstracto.
"Objetivo que es acorde con la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los casos concretos debe ponderarse la afectación real y su magnitud que incida en la sociedad frente al efectivo agravio que resientan intereses privados, especialmente, cuando está de por medio y en entredicho la legitimidad del actuar de la autoridad o apariencia del buen derecho.
"Por ello, con la concesión de la medida cautelar debe asegurarse el respeto al orden público, haciendo un ejercicio razonable del derecho, evitando un menoscabo grave al quejoso, y a los derechos de otras personas que, de no ser por la limitación, resultarían deteriorados o disminuidos, subsistiendo con ello el equilibrio que debe imperar entre el legítimo y armónico ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes del Estado en relación con la libertad de las personas, y del cual existe interés de la colectividad en que se mantenga.
"En este punto, cabe citar la siguiente jurisprudencia:
"‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Uno de los requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para el otorgamiento de la suspensión definitiva, es el relativo a que con tal otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, en tanto que la apreciación de su existencia depende del caso concreto y toda vez que los juzgadores de amparo deben respetar el mandato constitucional relativo a la fundamentación y motivación de sus resoluciones como una formalidad esencial del procedimiento, tal como se desprende del contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Ley de Amparo y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la ley que regula el juicio de garantías, se concluye que dichos juzgadores, según sea el caso, al otorgar o negar la suspensión definitiva del acto reclamado deben exponer los motivos por los que consideren se ocasiona o no perjuicio al interés social, o si se contravienen o no disposiciones de orden público.’(7)
"De ahí que la mera aproximación a la apariencia del buen derecho no asegura el otorgamiento de la suspensión, pues es necesario que ese elemento se pondere ante el mandato de que el otorgamiento de la medida no resulte contrario al interés social, para determinar los supuestos y condiciones en que la suspensión procedería, de manera que aun advertida la posible inconstitucionalidad del acto, deba enseguida o al mismo tiempo, valorarse el impacto que tendría en el interés social el paralizar su ejecución.
"De tal modo, basta que se advierta que el acto reclamado se adecua a los supuestos contenidos en el artículo 129 para que se niegue la suspensión, pues, entonces, no se estaría en un supuesto en que corresponda al juzgador decidir sobre la medida mediante la ponderación de la apariencia de buen derecho, porque en tal caso, la suspensión sólo podría concederse ante la necesidad de salvaguardar en mayor medida al interés social, lo que excepcionalmente permitiría al Juez decidir el otorgamiento de la medida, aun cuando el acto se adecue a los supuestos que prevé la citada norma. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"‘SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMI
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28648-bdcb265a/suspension-definitiva-en-el-amparo-si-se-retiene · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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