EFECTIVIDAD DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE OTORGA PARA EL EFECTO DE QUE UN PERMISIONARIO DEVUELVA UN VEHÍCULO RETENIDO POR LA COMISIÓN DE UNA INFRACCIÓN A LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, NO DEBE CONDICIONARSE AL PREVIO PAGO DE LOS SERVICIOS DE ARRASTRE Y DEPÓSITO VEHICULAR, PORQUE LA QUEJOSA CUENTA CON LA POSIBILIDAD DE OTORGAR UNA GARANTÍA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 132, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 82/2023. ENTRE EL SUSTENTADO POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, AL RESOLVER EL RECURSO DE QUEJA 360/2023, Y POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, AL RESOLVER EL RECURSO DE QUEJA 326/2023, Y EL DIVERSO QUE SOSTUVO EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, AL RESOLVER LOS RECURSOS DE QUEJA 361/2023, 380/2023 Y 381/2023. 6 DE DICIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ANA LUISA MENDOZA VÁZQUEZ Y SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS (PRESIDENTE). PONENTE: SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ. SECRETARIA: ANA LAURA SANTANA VALERO.
Cuernavaca, Morelos. El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, en sesión correspondiente al seis de diciembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre el sustentado por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, y el diverso que sostuvo el Séptimo Tribunal Colegiado, todos en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
2. El problema jurídico a resolver por el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada, y en su caso, establecer si la efectividad de la suspensión provisional otorgada para el efecto de que se devuelva un vehículo retenido por la comisión de una infracción a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, puede condicionarse al previo pago de los servicios de arrastre y depósito vehicular, o es posible que la quejosa constituya una garantía por esos conceptos.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio remitido vía electrónica el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, la secretaria del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito informó que en la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de queja 380/2023, los Magistrados integrantes de ese tribunal, denunciaron una posible contradicción entre el criterio sustentado en ese asunto y en los recursos de queja 361/2023 y 381/2023 de su índice, frente al criterio que sostuvieron el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 360/2023 y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo Circuito, al resolver el recurso de queja 326/2023.
4. Trámite de la denuncia. Mediante auto de dos de octubre de dos mil veintitrés, el Magistrado presidente de este Pleno Regional Arturo Iturbe Rivas admitió a trámite la denuncia y ordenó su registro como contradicción de criterios 82/2023. En esa misma actuación, solicitó a los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que informaran si los criterios materia de la denuncia se encontraban vigentes o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados; de igual forma, pidió al director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indicara si existía alguna contradicción de criterios que se encontrara radicada ante el Alto Tribunal, que guardara relación con la temática aquí planteada.
5. Desahogos de los Colegiados. En los acuerdos de presidencia de cinco y seis de octubre dos mil veintitrés, se tuvieron por recibidos los oficios provenientes de los Tribunales Colegiados requeridos, en los que informaron que los criterios involucrados en la presente contradicción de criterios, se encontraban vigentes, de lo que se tomó conocimiento.
6. Desahogo de la Dirección de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y confirmación de turno. Mediante auto de catorce de noviembre del año en curso, el Magistrado Presidente de este Pleno Regional, tuvo por recibido el oficio remitido vía electrónica por el Encargado del Despacho de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que en el Máximo Tribunal no se encontraba radicada alguna contradicción de tesis relacionada con la temática de este asunto, de lo que tomó conocimiento. En esa misma actuación, hizo constar que el expediente se encontraba integrado y, en consecuencia, confirmó su turno para la ponencia A, cuya titular es la Magistrada Silvia Cerón Fernández.
II. COMPETENCIA.
7. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 8o. y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y artículo 2o. del diverso Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción, territorio y domicilio, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de un circuito correspondiente a esta región (tercero).
III. LEGITIMACIÓN
8. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por los Magistrados integrantes del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quienes resolvieron uno de los criterios que constituyen la presente contradicción.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS.
9. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.
A. Criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver por unanimidad de votos, el recurso de queja 360/2023.
10. Demanda de amparo. Una persona, por su propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto en contra de las autoridades legislativas, el Presidente de la República y diversos integrantes de la Guardia Nacional, de quienes reclamó los siguientes actos:
a) La inconstitucionalidad del artículo 74 Ter, fracción I, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
b) La emisión de la boleta de infracción de tránsito de once de enero de dos mil veintitrés, en la que se impuso una multa a la parte quejosa por supuestamente estar prestando el Servicio de Autotransporte Federal de Pasaje sin permiso, y se hizo constar que su vehículo sería retirado de circulación, en términos de lo dispuesto en el artículo señalado en el inciso que antecede.
c) El acta circunstanciada de remisión de vehículos para el servicio de depósito de guarda y custodia en uno de los locales permisionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
d) La retención temporal de su vehículo en el depósito vehicular respectivo.
11. Admisión de la demanda. Una vez que fue ratificada la demanda de amparo, en auto de catorce de febrero de dos mil veintitrés, el Juez Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, la admitió a trámite con el número de expediente 156/2023; solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención correspondiente a la representación social; y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.
12. Tramitación del incidente de suspensión. Con posterioridad, la parte quejosa solicitó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, por lo cual, en el acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, el juzgador ordenó que se aperturara el incidente respectivo.
13. Suspensión provisional. Atento a lo anterior, en el acuerdo incidental de cinco de septiembre del año en curso, el juez de Distrito concedió la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que las autoridades responsables devolvieran a la quejosa su vehículo, hasta tanto se resolviera la suspensión definitiva. Empero, condicionó la efectividad de la medida cautelar a que se garantizara el interés fiscal de la multa impuesta, y aclaró que su otorgamiento no exoneraba a la parte quejosa del pago de los gastos generados por el servicio de grúa, así como por la guarda y custodia de su vehículo en el depósito respectivo.
14. Recurso de queja. No conforme con el último requisito de efectividad establecido (previo pago del servicio de grúa, guarda y custodia del vehículo), la parte quejosa interpuso recurso de queja, del que por razón de turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con el número de expediente 360/2023, y en sesión de once de septiembre de dos mil veintitrés, sus Magistrados integrantes, por unanimidad de votos, lo declararon fundado, por las razones y para los efectos siguientes:
"Respuesta a los motivos de agravio.
"Los reseñados agravios, son fundados.
"...
"A partir de las finalidades referidas, que deben ponderarse por el juzgador en todos los casos en que se pida la suspensión con efectos restitutorios, como en el caso que se devuelva el vehículo al quejoso que quedó en garantía de la sanción impuesta, sin condicionarlo al pago del arrastre de grúa y de depósito sino que se señale garantía para cubrir los daños y perjuicios que se pudieran causar a los prestadores de servicios de grúa y custodia, procede conceder la suspensión en esos términos.
"Ello, si se toma en cuenta que en el juicio de amparo principal se concedió el amparo a la parte quejosa, estando sub judice la misma, por ende, este Tribunal Colegiado encuentra incorrecto el acuerdo recurrido, en la parte impugnada, esto es, cuando determina que la suspensión otorgada ‘no implica la exoneración al quejoso del pago del servicio de grúa que hubiera sido utilizado para el traslado del vehículo al depósito aludido, así como tampoco de los gastos generados durante la estancia del vehículo en el depósito vehicular respectivo.’
"Ello es así, en la medida que en el caso es factible hacer un adelanto sobre si la quejosa deberá o no pagar esos cargos (arrastre y depósito), ante la circunstancia que guarda el juicio de amparo en el principal donde se concedió el amparo para los efectos siguientes:
"...
"Es decir, existe la decisión en el juicio de amparo de que en caso de que el quejoso hubiese realizado algún pago con motivo de la infracción declarada inconstitucional, la responsable deberá devolver el pago realizado, lo que implica que el quejoso no tiene por qué soportar todas las consecuencias de la infracción que según ya se vio es inconstitucional (sentencia sub judice), porque de un adelanto, sólo para los efectos de la suspensión provisional, se puede apreciar que el quejoso no debe soportar los gastos de arrastre y guarda del vehículo.
"Por lo que, para causarle el menor de los daños, producido por los actos reclamados, no es factible obligarle a pagar los gastos de arrastre y guarda producido por los mismos, sino garantizar esos gastos en caso de que la sentencia sea revocada o modificada.
"Sobre todo si se atiende a lo que dispone el Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre, de Arrastre y Salvamento y de Depósito de Vehículos, en torno al arrastre y depósito de vehículos concesionado, que dice:
"...
"Por tanto, al tratarse de servicios concesionados a particulares, a estos se les puede causar un daño o perjuicio si se entrega el vehículo sin el pago de esas prestaciones de arrastre y depósito, lo cual la suspensión no puede válidamente tener el alcance de exonerar al quejoso del pago del servicio de grúa que hubiera sido utilizado para el traslado del vehículo al depósito aludido, así como tampoco de los gastos generados durante la estancia del vehículo en el depósito vehicular respectivo (ello es propio de la sentencia de fondo); sin embargo, sí es factible, como lo solicita la parte quejosa, sin liberar vía suspensión al impetrante, de la obligación que al respecto le resulte si no obtiene fallo definitivo favorable, garantizar el pago de tales servicios (sobre todo si se toma en cuenta que en primera instancia ya se ha dictado una sentencia en su favor que lo libera de ese pago), acorde a lo previsto por el artículo 132 de la Ley de Amparo, que dispone:
"...
"Bajo esa tesitura debió actuar el Juez de Distrito, máxime que así expresamente se le solicitó, por lo que no debió limitarse como lo hizo, a exigir que se garantice el interés fiscal de la multa combatida, como lo manda el primer párrafo del artículo 135 de la Ley de Amparo, sino que también, acorde a lo previsto por el artículo 132 de la Ley de Amparo, debió fijar el monto de la garantía que debe exhibirse, para cubrir los daños que pudieran generarse a los terceros interesados, con la medida otorgada al impetrante, si éste no obtiene sentencia definitiva favorable, sobre todo que en el caso ya tiene concedido el amparo para los efectos precisados que no obligarían al quejoso a pagar esos servicios.
"En consecuencia, ante lo fundado de los agravios, procede modificar el acuerdo recurrido, a efecto de fijar garantía en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo, lo cual hace este tribunal al no existir reenvío. ..."
B. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver por unanimidad de votos, el recurso de queja 326/2023.
15. Demanda de amparo. Una persona, por su propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto en contra de las autoridades legislativas, el Presidente de la República y diversos integrantes de la Guardia Nacional, a quienes les reclamó:
a) La inconstitucionalidad del artículo 74 Ter, fracción I, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
b) La emisión de la boleta de infracción de tránsito de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, en la que se impuso una multa a la parte quejosa por supuestamente estar prestando el Servicio de Autotransporte Federal de Pasaje sin permiso, y se hizo constar que su vehículo sería retirado de circulación, en términos de lo dispuesto en el artículo señalado en el inciso que antecede.
c) El acta circunstanciada de remisión de vehículos para el servicio de depósito de guarda y custodia en uno de los locales permisionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
d) La emisión de una constancia de arrastre por el servicio de grúa.
16. Prevención. La demanda fue turnada al Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo titular, en el acuerdo de once de enero de dos mil veintitrés, la registró con el número de expediente 57/2023, y requirió a la parte quejosa para que ampliara los antecedentes de los actos reclamados, en los términos ahí precisados.
17. Desechamiento de la demanda. Previo desahogo, en el acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés, el juzgador desechó la demanda de amparo, por estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Esta determinación fue revocada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al emitir la ejecutoria correspondiente al recurso de queja 76/2023, en donde ordenó que se proveyera lo conducente en relación con la admisión de la demanda.
18. Admisión de la demanda. Una vez recibido el testimonio correspondiente, en el auto de treinta de enero del año en curso, el juez de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención correspondiente a la representación social; y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.
19. Tramitación del incidente de suspensión. En atención a la solicitud formulada por la parte quejosa, en el acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, el juzgador ordenó que se aperturara el incidente de suspensión de los actos reclamados.
20. Suspensión provisional. Mediante el acuerdo incidental de cuatro de septiembre del año en curso, el juez de Distrito negó la suspensión provisional respecto de algunos actos, y la concedió por otros, precisando que las autoridades responsables se encontraban obligadas a devolver a la parte quejosa el vehículo que le fue retirado, hasta tanto se resolvía la suspensión definitiva. El juzgador precisó que la medida cautelar dejaría de surtir efectos si no se garantizaba el interés fiscal de la multa cuestionada; que la justiciable debía acreditar la propiedad del vehículo ante las responsables; y que éstas no se encontraban obligadas a realizar la entrega del automotor, sino hasta que se liquidaran los gastos que se hubiesen generado en el depósito vehicular.
21. Recurso de queja. Inconforme con el requisito de efectividad establecido, en cuanto al pago previo de los gastos generados con motivo del depósito vehicular, la parte quejosa interpuso recurso de queja, del que por razón de turno correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con el número de expediente 326/2023, y en sesión de once de septiembre de dos mil veintitrés, sus Magistrados integrantes, por unanimidad de votos, lo declararon fundado, con base en las siguientes consideraciones:
"Ahora bien, en atención a la causa de pedir y a la pretensión toral de lo que aquí controvierte el inconforme, resulta fundado lo argüido en el sentido de que para la efectividad de la concesión de la medida suspensional no está obligado a efectuar el pago de los costos de arrastre de grúa y depósito vehicular, sino sólo a garantizar el interés fiscal respecto a éstos.
"Esto es, en el caso concreto no procede que se fije garantía en términos de lo establecido en el artículo 132 de la Ley de Amparo, respecto de los conceptos de arrastre y resguardo del vehículo; lo cierto es que respecto al pago de dichos conceptos aplica lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley de Amparo, pues se está en presencia de aprovechamientos y no en el supuesto de que exista un tercero con pretensiones oponibles al quejoso.
"...
"En ese orden, puede colegirse que los costos de arrastre y depósito vehicular guardan la misma naturaleza de un aprovechamiento, ya que el Estado, por sí o por conducto de un permisionario, tiene derecho a exigirlos de los particulares como consecuencia de una responsabilidad administrativa y la prestación de un servicio.
"En esas condiciones, si bien no es factible exonerar a la parte quejosa del pago del servicio de grúa para el traslado del automotor y los gastos generados durante su estancia en el depósito vehicular respectivo, también es verdad que en este momento procesal no existe la obligación de liquidar tales pagos como se estimó en la resolución recurrida, sino que para cumplir cabalmente con el requisito de efectividad previsto en el artículo 135 de la Ley de Amparo, basta con garantizar el interés fiscal, en los mismos términos en que se pronunció el Juez de Distrito respecto a la multa.
"Es así, porque ha quedado dilucidado que los costos de arrastre y depósito vehicular guardan la misma naturaleza de un aprovechamiento, ya que el Estado, por sí o por conducto de un permisionario, tiene derecho a exigirlos de los particulares como consecuencia de una responsabilidad administrativa y la prestación de un servicio. "Luego, al tratarse de aprovechamientos adquieren la naturaleza de un crédito fiscal, por lo que debe garantizarse el interés fiscal en términos del citado numeral 135 de la ley de la materia.
"En esas condiciones, resulta ilegal que en la resolución recurrida se estimara que para la efectividad de la medida suspensional, en relación con la multa, el quejoso debía garantizar el interés fiscal, pero respecto a los costos de arrastre y depósito vehicular que guardan la misma naturaleza de un aprovechamiento, se distinguirá en el sentido de que debían ser liquidados; cuando todos esos conceptos, esto es, la multa, los costos de arrastre y de depósito vehicular, comparten la naturaleza de ser créditos fiscales, sobre los cuales el artículo 135 de la Ley de Amparo no establece que deben ser liquidados para la efectividad de la medida provisional, sino que expresamente prevé que deberá garantizarse el interés fiscal.
"En consecuencia, lo procedente es declarar fundado el recurso de queja, por lo que se revoca la resolución recurrida en la parte en que se estableció que el depósito vehicular al que ingresó el automotor del quejoso, no estaba obligado a la devolución del automóvil, sino hasta que se liquidara el adeudo que ante él existiera; para el efecto de que en su lugar se considere que los costos de arrastre y depósito vehicular al guardar la misma naturaleza de un aprovechamiento y, por ende, tratarse de créditos fiscales, para la efectividad de la medida suspensional concedida, bastará que en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo, el quejoso garantice el interés fiscal.
"No escapa a este Tribunal Colegiado la existencia de la jurisprudencia PC.III.A. J/13 A (11a.), con registro digital 2024727, del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de rubro: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA RETENCIÓN DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR CON MOTIVO DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO «SALVANDO VIDAS», AL NO SEGUIRSE PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI CONTRAVENIRSE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO.’, en la que inclusive, fue contendiente el criterio de este Tribunal Colegiado, en cuya parte final se señala:
"...
"No obstante, es relevante que el cuestionamiento ahí analizado fue:
"‘30. ¿En el juicio de amparo es procedente decretar la suspensión provisional para el efecto de que se devuelva el vehículo retenido, con motivo de las sanciones administrativas (folio de infracción y arresto administrativo) derivadas de la aplicación del programa operativo «Salvando Vidas»? ...’;
"De ese modo, queda evidenciado que en dicha ejecutoria no se analizó la naturaleza jurídica de los costos de arrastre y depósito vehicular y la forma de garantizar su pago, para la efectividad de la medida suspensional, que son los temas que se abordan en este recurso de queja. ..."
C. Criterio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver por mayoría de votos, el recurso de queja 361/2023.
22. Demanda de amparo. Una persona, por su propio derecho promovió demanda de amparo indirecto en contra de las autoridades legislativas, el Presidente de la República y diversos integrantes de la Guardia Nacional, de quienes reclamó:
a) La inconstitucionalidad del artículo 74 Ter, fracción I, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
b) La emisión de la boleta de infracción de tránsito de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, en la que se impuso una multa a la parte quejosa por supuestamente estar prestando el Servicio de Autotransporte Federal de Pasaje sin permiso, y se hizo constar que su vehículo sería retirado de circulación, en términos de lo dispuesto en el artículo señalado en el inciso que antecede.
c) El acta circunstanciada de remisión de vehículos para el servicio de depósito de guarda y custodia en uno de los locales permisionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
d) La emisión de una constancia de arrastre por el servicio de grúa.
e) La recepción y depósito del vehículo descrito en la boleta de infracción.
23. Admisión. La demanda fue turnada al Juzgado Decimoctavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo titular, en el acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, la admitió a trámite con el número de expediente 148/2023; solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención correspondiente a la representación social; y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.
24. Tramitación del incidente de suspensión. En atención a la solicitud formulada por la quejosa, en el acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, el juzgador ordenó la apertura del incidente de suspensión.
25. Suspensión provisional. Atento a lo anterior, en el auto incidental de cuatro de septiembre del año en curso, el juez de Distrito concedió la suspensión provisional para el efecto de que las autoridades responsables se abstuvieran de ejecutar el cobro de la multa reclamada y devolvieran a la parte quejosa el vehículo que le fue retirado, hasta tanto se resolviera la suspensión definitiva. El juzgador precisó que la medida cautelar dejaría de surtir efectos si no se garantizaba el interés fiscal de la multa cuestionada, y que el otorgamiento de la suspensión no exoneraba a la quejosa del pago del servicio de arrastre de su vehículo y de los gastos generados por concepto de guarda y custodia durante su estancia en el depósito respectivo.
26. Recurso de queja. No conforme con el requisito de efectividad establecido, consistente en el pago previo del servicio de grúa y los gastos generados con motivo del depósito vehicular, la quejosa interpuso recurso de queja, del que por razón de turno correspondió conocer al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con el número de expediente 361/2023, y en sesión de doce de septiembre de dos mil veintitrés, sus Magistrados integrantes, por mayoría de votos, lo declararon infundado y confirmaron el auto recurrido, por las razones siguientes:
"NOVENO.—ESTUDIO.
"Los agravios propuestos por la parte quejosa, resultan ineficaces, los cuales se analizarán en forma conjunta dada su estrecha relación, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 76 de la ley de la materia.
"...
"Sin embargo, este tribunal advierte que el juez de Distrito pretendió referirse a la ejecutoria pronunciada por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la contradicción de criterios 14/2021, en la que, en lo que importa se expuso lo siguiente:
"...
"Esa ejecutoria dio lugar a la jurisprudencia PC.III.A. J/13 A (11a.)(13) del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que dice:
"‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA RETENCIÓN DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR CON MOTIVO DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO «SALVANDO VIDAS», AL NO SEGUIRSE PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI CONTRAVENIRSE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO.’
"...
"Como se puede advertir, de acuerdo con esa jurisprudencia, procede otorgar la suspensión provisional en contra de la retención del vehículo automotor con motivo de la aplicación del programa operativo ‘Salvando Vidas’, para el efecto de que le sea devuelto al quejoso, pues con base en el análisis de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, se obtiene que con esa medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que no se deja sin materia el juicio principal ni se constituyen derechos a favor del quejoso.
"Y que dicha suspensión, en el amparo, se encuentra condicionada a que se constituya la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora, únicamente en relación con las multas que se hubieren generado con motivo de la infracción cometida por el conductor, así como del pago de los servicios de arrastre y de pensión en los depósitos vehiculares.
"En cuanto a este último aspecto, en la ejecutoria reproducida parcialmente se indica que el otorgamiento de la suspensión provisional no exonera al agraviado de realizar el pago del servicio de grúa utilizado para el traslado de un bien mueble al depósito público o privado concesionado, ni de los gastos generados durante la estancia del automotor en el depósito vehicular respectivo.
"Lo anterior implica que, en términos de la ejecutoria de mérito, el otorgamiento de la suspensión en los términos indicados, esto es, para ordenar la devolución (sic) algún vehículo implicado en la comisión de alguna infracción de tránsito, está condicionada a que se garantice el cobro de la multa impuesta o crédito fiscal, pero no se exonera al quejoso del pago los servicios de arrastre y de pensión en los depósitos vehiculares.
"Lo que debe interpretarse en el sentido de que el otorgamiento de la suspensión para el efecto de ordenar la devolución de algún vehículo implicado en la comisión de alguna infracción de tránsito, está condicionada a que se garantice el cobro de la multa impuesta o crédito fiscal, pero debiéndose pagar los servicios de arrastre y de pensión en los depósitos vehiculares; tal como se estableció en la resolución impugnada.
"De ahí que sea improcedente fijar garantía alguna en relación con el pago de los servicios de arrastre y de pensión en los depósitos vehiculares que se hubieran generado.
"Conclusión.
"Por lo anterior, debe concluirse que el requisito de efectividad fijado por el juez de Distrito, en relación con la suspensión que concedió a la quejosa y recurrente, para que se le devolviera el vehículo indicado, consistente en que pagara el servicio de arrastre de ese vehículo al depósito en que se encuentra y los gastos de guarda y custodia durante su estancia en él, es esencialmente correcto, lo que conduce a declarar infundado este recurso y a confirmar la resolución recurrida, en la parte
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32158-a4da773a/efectividad-de-la-suspension-provisional-en-el-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONDICIONARLA A QUE SE GARANTICE EL MONTO DE LA SANCIÓN ECONÓMICA, CUANDO SE CONCEDA CONTRA LA RETENCIÓN DE UN VEHÍCULO (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA FEDERAL PUEDEN ORDENAR LA DETENCIÓN DE SU CIRCULACIÓN Y REQUERIR LA EXHIBICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. TIENE TAL CARÁCTER LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE EJECUTA EL ARRASTRE Y REMISIÓN DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR A UN DEPÓSITO, CON MOTIVO DE L (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA RETENCIÓN DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE, QUE FUERON RETIRADOS DE (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA NEGATIVA DE LIBERAR UN VEHÍCULO AUTOMOTOR REMITIDO AL DEPÓSITO VEHICULAR ACREDITANDO ÚNICAMENTE LA PROPIEDAD O LEGAL P (I.20o.A.63 A (12a.))
- EFECTIVIDAD DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE OTORGA PARA EL EFECTO DE QUE UN PERMISIONARIO DEVUELVA UN VEHÍCULO RETENIDO POR LA COMISIÓN DE (PR.A.CS. J/44 A (11a.))
- SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE OTORGARLA AUN CUANDO NO SE CUENTE CON EL PERMISO O AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE AUTOTRANSPORTE, SI CON OTROS DOCUMENTOS SE DEMUE (I.7o.A.39 A)
- SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONDICIONARLA A QUE SE GARANTICE EL MONTO DE LA SANCIÓN ECONÓMICA, CUANDO SE CONCEDA CONTRA LA RETENCIÓN DE UN VEHÍCULO (PR.A.C.CN. J/40 A (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis