AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. TIENE TAL CARÁCTER LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE EJECUTA EL ARRASTRE Y REMISIÓN DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR A UN DEPÓSITO, CON MOTIVO DE LA EMISIÓN DE UNA BOLETA DE INFRACCIÓN IMPUESTA POR PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 200/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL TERCER CIRCUITO. 12 DE MARZO DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. PONENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO. SECRETARIO: IVANN ALVAREZ HERNÁNDEZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de doce de marzo de dos mil veinticinco.
VISTOS, para resolver el expediente relativo a la denuncia de contradicción de criterios identificada al rubro, y
RESULTANDO:
Primero. Denuncia de la posible contradicción de criterios ante este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. Mediante oficio proveniente del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México y recibido el dos de agosto de dos mil veinticuatro en la oficialía de partes de este Pleno Regional, se remitió el diverso por medio del cual se denunció de la posible contradicción de criterios entre los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 655/2023 y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 502/2023.
Segundo. Radicación y prevención. Mediante proveído de seis de agosto de dos mil veinticuatro, la Magistrada Presidenta de este Pleno Regional ordenó formar el expediente de contradicción al que correspondió el número 200/2024 y requirió al Tribunal Colegiado denunciante a fin de que ratificara si proponía como órganos contendientes al Segundo y Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en los amparos en revisión 655/2023 y 502/2023 respectivamente, en virtud de que la temática a analizar en uno y otro asunto eran diversas.
El veintidós de noviembre de dos mil veinticuatro, a efecto de estar en posibilidad de acordar lo conducente respecto de la admisión de la contradicción de criterios y fijar el posible tema a dilucidar, se ordenó girar oficio nuevamente al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para que deahogara el requerimiento solicitado.
Tercero. Trámite de la denuncia. Mediante proveído de cinco de diciembre de dos mil veinticuatro, se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado citado desahogando el requerimiento efectuado y propuso como criterio contendiente el sustentado en el amparo en revisión 462/2023, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por lo que se admitió a trámite la posible contradicción de criterios.
En ese mismo proveído, se turnaron los autos para su estudio a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado, se solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, que informaran si los criterios que motivaron la posible contradicción, aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
Asimismo, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada en el Alto Tribunal en la que el tema a dilucidar guardara relación con el siguiente:
“DETERMINAR, SI DERIVADO DE UNA INFRACCIÓN A UN REGLAMENTO DE TRÁNSITO, LA PERSONA JURÍDICA QUE PRESTA EL SERVICIO DE RECEPCIÓN, ARRASTRE Y DEPÓSITO DEL VEHÍCULO, ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.”
Cuarto. Informes de los órganos jurisdiccionales contendientes. Por acuerdos de once y trece de diciembre de dos mil veinticuatro, se tuvieron por recibidos los informes de los tribunales colegiados contendientes, a través de los cuales hicieron del conocimiento de este Pleno Regional que los criterios en cuestión continuaban vigentes.
Quinto. Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante oficio de dieciséis de enero de dos mil veinticinco, la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó a este Pleno Regional que, durante los últimos seis meses no se encontró radicada alguna contradicción en la que el tema a dilucidar guardara relación con los establecidos en el presente asunto.
Sexto. Confirmación de turno. Una vez integrado debidamente el expediente, por acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veinticinco, se confirmó el turno a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de siete de junio de dos mil veintiuno, aplicable en términos del transitorio Séptimo del DECRETO por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro; 6, fracción II, 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; en relación con el 1°, fracción II, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales (reformados mediante Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés); en virtud de que se trata de una contradicción de criterios suscitada entre tribunales colegiados especializados en materia administrativa, pertenecientes al Tercer circuito, comprendidos en la Región Centro-Sur, región y materia respecto de las cuales este Pleno Regional ejerce jurisdicción.
SEGUNDO. Legitimación. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la presente contradicción de criterios fue denunciada por parte legitimada, al haber sido formulada por los magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 655/2023, expediente que forma parte de los criterios contendientes en el presente asunto.
TERCERO. Criterios denunciados. A continuación se transcriben, en la parte que interesa a este asunto, los criterios denunciados como contradictorios.
A. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (amparo en revisión 462/2023).
“NOVENO. Estudio. Son parcialmente fundados los agravios.
Por cuestión de método, se procederá al estudio de los agravios planteados por los recurrentes en sus sendos recursos de revisión, en orden diverso al propuesto y algunos de manera conjunta por la similitud de los planteamientos efectuados, ello, por no existir disposición en contrario en el artículo 76 de la Ley de Amparo.
(...)
Son fundados los razonamientos de la parte quejosa, sintetizados en el inciso “A)” del considerando quinto.
En efecto, como refiere el peticionario de garantías, a la responsable ***** **** **************** ******** ******* ** ******* ********, sí le reviste el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, por lo que no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo.
El artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, dicen:
‘(se transcriben)’.
De la interpretación sistemática de los numerales transcritos, se colige que, para los efectos del juicio constitucional, el concepto de autoridad responsable converge en establecer que es aquélla que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omite el acto que, de realizarse, crea, modifica o extingue dichas situaciones jurídicas.
En esas consideraciones, a través del juicio de derechos fundamentales, únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad o de un particular que actúa con el carácter de autoridad (con imperio), a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación de legalidad que se hayan aducido en su contra.
Al hilo de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.
En ese orden de ideas, no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación.
Luego, destacó que las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo.
Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes.
Asimismo, señaló que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, dentro de los cuales pueden mencionarse las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República.
Además, sostuvo que las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales para esos efectos.
La nota distintiva de las relaciones de coordinación consiste, según lo estableció la Superioridad, en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes.
De las anteriores consideraciones, la Segunda Sala en comento, concluyó que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales; esto es, que las autoridades para efectos del juicio de amparo, son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, teniendo facultades expeditas, ya sea por sí o por conducto de otras autoridades, para imponer dicha voluntad de manera unilateral, imperativa y coercitiva, frente a la del gobernado, teniendo desde luego como límite, la obligación constitucional de respetar los derechos fundamentales de aquél.
Apoya a lo anterior, la siguiente tesis:
‘AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. (se transcribe)’.
Ligado con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes:
a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular;
b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad;
c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y,
d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado.
Apoya a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: ‘AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. (se transcribe)’.
Ahora bien, a la luz del alcance del concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, el Máximo Tribunal del País ha sostenido que, en relación con los actos de particulares, no resulta posible que se reclamen todos los actos de particulares que pudieran dar lugar a una violación de derechos fundamentales, sino sólo aquellos homologables a los de autoridad y que tengan su origen en una norma general.
En este contexto, el particular que actúa con carácter de autoridad se ubica en una situación de supra a subordinación respecto de un gobernado, con lo cual, dicha relación se reviste del imperio similar al de la fuerza pública, entendiendo ésta no como un poder coactivo material.
Esto es, las características que deben ostentar los actos realizados por particulares con calidad de autoridad son los siguientes:
1. Realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido.
2. Afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas.
3. Sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad.
Apoya a lo expuesto la jurisprudencia siguiente: ‘ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES). AL RETENER EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA SUBCUENTA DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. (se transcribe)’.
Bajo estos parámetros antes relatados, conviene recordar que el acto reclamado a ***** **** **************** ******** ******* ** ******* ********* consiste en la recepción, arrastre y depósito del vehículo respecto del cual se emitió la boleta de infracción reclamada.
En tales condiciones, se concluye que dichos actos sí provienen de autoridad para efectos del juicio de amparo, habida cuenta que el arrastre de dicho vehículo constituye un servicio público a cargo del Estado que puede ser concesionado en favor de particulares.
Con lo cual, es patente que la prestación de dicho servicio público emerge de una relación de supra a subordinación con el quejoso; máxime que el servicio de arrastre es otorgado sin la solicitud o anuencia de éste, sino que es consecuencia de la medida de seguridad relativa al retiro de circulación del vehículo a que se refiere la boleta de infracción impuesta por personal de la Guardia Nacional, la cual es emitida en un plano de superioridad frente al particular.
Aunado a que el citado servicio público causa la obligación de pagar los derechos fiscales previstos en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, Reglamento de Autotransporte Federal, de las que se desprende que aquellas actividades prestadas por la Guardia Nacional —Policía Federal— pueden ser concesionadas a particulares, los cuales, en su caso, deben sujetarse a las cuotas establecidas en la legislación en comento; por tanto, es evidente que al condicionar la entrega del automotor al pago de una cantidad de dinero, el concesionario crea y modifica situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria que pueden afectar la esfera de derechos del quejoso (su patrimonio), sin que para ello requiera acudir a los órganos judiciales, ni el consenso de la voluntad del afectado.
De esta manera, resulta evidente que dicha persona moral actuó de manera unilateral y obligatoria por mandato de una norma general que le confiere las atribuciones como autoridad del Estado, ejerciendo facultades que le fueron atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que caracteriza a las relaciones de supra a subordinación.
En razón de lo anterior, se concluye que el arrastre del vehículo reprochado de la empresa responsable ***** **** **************** ******** ******* ** ******* ******** sí constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo.
Al respecto, este Tribunal Colegiado comparte, por las razones que la informan, la jurisprudencia VI.1o.P. J/1 P (11a.) con registro digital 2025884, que dice: ‘AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. TIENEN ESE CARÁCTER LOS CONCESIONARIOS DE GRÚAS O CORRALONES CUANDO SE LES RECLAMA EL COBRO POR CONCEPTO DE TRASLADO, CUSTODIA Y RESGUARDO DE UN VEHÍCULO RELACIONADO CON UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, RESPECTO DEL CUAL EL MINISTERIO PÚBLICO ORDENÓ SU LIBERACIÓN Y ENTREGA A FAVOR DEL QUEJOSO EN SU CALIDAD DE VÍCTIMA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). (se transcribe)’.
Así como también la diversa tesis XXVII.1o.6 A (10a.), con registro 2018825, que dice:
‘SERVICIOS DE ARRASTRE Y PENSIÓN DE VEHÍCULOS. LA DETERMINACIÓN DE LA TARIFA RELATIVA Y LA EXIGENCIA DE SU PAGO POR UNA EMPRESA PRIVADA, DERIVADOS DEL AUXILIO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL PARA PRESTARLOS, SON ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE UNA AUTORIDAD, IMPUGNABLES EN EL AMPARO INDIRECTO (REGLAMENTO DE TRÁNSITO PARA EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO). (se transcribe)’.
Por tanto, lo que procede es tener a ***** **** **************** ******** ******* ** ******* ********, como responsable en el presente juicio de amparo, lo que, por ende, lleva a incluirla en la concesión del amparo. (...)”.
B. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Tercer Circuito (amparo en revisión 655/2023).
“(...) SEXTO. Estudio de los agravios. Los agravios planteados por la autoridad señalada como responsable ***** * ********* ******** ******** ******* ** ******* ******** son parcialmente fundados, mientras que los hechos valer por la parte quejosa ahora recurrente así como las autoridades pertenecientes a la Guardia Nacional son infundados.
(...)
Autoridad para efectos del amparo. La recurrente ***** * ********* ******** ******** ******* ** ******* ******** refiere en síntesis que no le reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo.
En efecto, contrario a lo determinado por la Jueza de Distrito, no corresponde el carácter de autoridad responsable a la moral de derecho privado ***** * ********* ******** ******** ******* ** ******* ********* dado que los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II ambos de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente:
‘(se transcribe)’.
De lo anterior se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen derechos fundamentales de los gobernados, y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado.
De igual modo, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la segunda fracción del mencionado artículo 5° de la ley de la materia, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.
En consecuencia, el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio constitucional, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de garantías, contra leyes o actos de autoridad.
Sobre el tema de las autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. XXVII/97, sostuvo que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que, con fundamento en una norma legal emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso, como se observa de su texto que señala:
‘AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. (se transcribe)’.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, estableció que las notas distintivas de las autoridades responsables son las siguientes:
a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular;
b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad;
c) Con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y;
d) Para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado.
Así se observa del contenido del criterio de que se habla, publicado en el Semanario Judicial de la Federación bajo el número de Registro digital: 161133, que dice: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. (se transcribe)’.
Ahora bien, a la luz del alcance del concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, el Máximo Tribunal del País ha sostenido que, en relación con los actos de particulares, no resulta posible que se reclamen todos los actos de particulares que pudieran dar lugar a una violación de derechos fundamentales, sino sólo aquellos homologables a los de autoridad y que tengan su origen en una norma general.
En este contexto, el particular que actúa con carácter de autoridad se ubica en una situación de supra a subordinación respecto de un gobernado, con lo cual, dicha relación se reviste del imperio similar al de la fuerza pública, entendiendo ésta no como un poder coactivo material.
Esto es, las características que deben ostentar los actos realizados por particulares con calidad de autoridad, son los siguientes:
1. Realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido.
2. Afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas.
3. Sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad.
Con base en lo anterior, es de concluirse que la empresa denominada ***** * ********* ******** ******** ******* ** ******* ********, que prestó los servicios de grúa, arrastre, salvamento, guarda o custodia del vehículo propiedad de la quejosa con placas de circulación *******, no tiene tal calidad para efectos del juicio de amparo, cuando retiró de la circulación y remitió al depósito el vehículo propiedad de la peticionaria de amparo, en virtud de que actuó como auxiliar de una autoridad estatal, pues se trata de un acto derivado, consecuencia, de la infracción con folio ******* de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés.
Esto es, el envío del automóvil propiedad de la impetrante, fue en cumplimiento a una orden de autoridad, es decir, que dicha persona moral no actuó de manera unilateral y obligatoria por mandato de una norma general que le confiera las atribuciones como autoridad del Estado, es decir, que ejerza facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que por ende constituyan una potestad administrativa, cuyo ejercicio sea irrenunciable y que por tanto se traduzcan en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que caracteriza a las relaciones de supra a subordinación, particularidad que no existe en el caso.
En razón de lo anterior, se concluye que el retiro de la circulación y remisión al depósito del vehículo propiedad de la quejosa, no constituyen un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque dicha empresa señalada como responsable no actuó por sí y ante sí, de manera unilateral, para afectar la esfera jurídica de la quejosa, ya que no puede sostenerse que su actuar se originó con motivo de una norma general, porque no dictó, ordenó, ni ejecutó un acto que creó, modificó o extinguió situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria.
En las relatadas condiciones, a la moral denominada ***** * ********* ******** ******** ******* ** ******* ********, no le corresponde el carácter de autoridad responsable con motivo de los servicios de grúa, arrastre, salvamento, guarda o custodia del vehículo propiedad del peticionario de amparo, puesto que dicha moral en la prestación de tales servicios actuó únicamente en cumplimiento a la orden de una autoridad como auxiliar.
Razón por la cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII en relación con los diversos 1, fracción I y, 5, fracción II todos de la Ley de Amparo, y se impone decretar el sobreseimiento por lo que ve a la persona moral ***** * ********* ******** ******** ******* ** ******* ********.
Cabe señalar que no resulta aplicable al presente asunto, la tesis VI.1o.P. J/1 P (11a.) citada por la recurrente, de rubro: “AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. TIENEN ESE CARÁCTER LOS CONCESIONARIOS DE GRÚAS O CORRALONES CUANDO SE LES RECLAMA EL COBRO POR CONCEPTO DE TRASLADO, CUSTODIA Y RESGUARDO DE UN VEHÍCULO RELACIONADO CON UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, RESPECTO DEL CUAL EL MINISTERIO PÚBLICO ORDENÓ SU LIBERACIÓN Y ENTREGA A FAVOR DEL QUEJOSO EN SU CALIDAD DE VÍCTIMA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)”, conforme a la cual, los concesionarios de grúas tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando se les reclama el cobro por concepto de traslado, custodia y resguardo de un vehículo relacionado con una carpeta de investigación, respecto del cual el ministerio público ordenó su liberación y entrega a favor del quejoso en su calidad de víctima, ya que condicionan la entrega del automotor al pago de una cantidad de dinero, lo que crea y modifica situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria que pueden afectar la esfera de derechos del quejoso (su patrimonio), sin que para ello requiera acudir a los órganos judiciales, ni el consenso de la voluntad del afectado.
Sin embargo, en el presente asunto no se da tal hipótesis, toda vez que no se le reclamó a la mencionada empresa la realización de cobro alguno, aunado a que de la demanda de amparo o de las pruebas ofertadas, no se advierte que se hubiera efectuado el mismo.
En ese orden ideas, ante lo fundado del agravio en cuestión, se impone en la materia del recurso modificar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo indirecto por lo que atañe a la persona jurídica denominada ***** * ********* ******** ******** ******* ** ******* ********.
(...)”.
CUARTO. Existencia de la contradicción de criterios. Como pu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33297-fc21dd91/autoridad-para-efectos-del-juicio-de-amparo-tiene · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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