COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE SE INTERPONGA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN EN ASUNTOS DONDE SE SEÑALE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE A UNA PERSONA QUE OCUPE EL CARGO DE SECRETARIO DE ACUERDOS ADSCRITO A UN JUZGADO FAMILIAR. CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL. DERECHO DE PETICIÓN. BASTA QUE LA SOLICITUD SE PRESENTE A UNA PERSONA QUE OCUPE EL CARGO DE SECRETARIO DE ACUERDOS ADSCRITO A UN JUZGADO Y QUE ÉSTE OMITA RESPONDER, PARA CONSIDERARLE AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 51/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 10 DE ENERO DE 2024. PONENTE: MAGISTRADA HORTENCIA MARÍA EMILIA MOLINA DE LA PUENTE. SECRETARIO: RUPERTO GUIDO GARCÍA.
CONSIDERANDO
PRIMERO.—Competencia.
13. Este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 6 fracción I, 9 y 14 fracción I del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los plenos regionales; en relación con los arábigos 1 fracción I punto 3, 2, y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022, del diverso Acuerdo General 108/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; y, particularmente, atendiendo que la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en aplicación de lo establecido en el artículo 7o. y por analogía del principio considerado en el diverso numeral 15, párrafo segundo, ambos del invocado Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la competencia de este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, pues el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Quinto Circuito, con Residencia en Tijuana, Baja California, emitió el primero de los criterios en contienda.
SEGUNDO.—Legitimación.
14. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue realizada por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Décimo Quinto Circuito, con Residencia en Mexicali, Baja California, quienes emitieron los criterios sustentados en los amparos en revisión (administrativos) 479/2021 y 300/2022, de sus respectivos registros, resoluciones que constituyen los criterios contendientes en la presente contradicción.
TERCERO.—Criterios de los tribunales contendientes.
15. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los órganos jurisdiccionales contendientes que dieron origen a la denuncia de contradicción, retomadas de las propias ejecutorias son las siguientes:
I. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con Residencia en Mexicali, Baja California, al resolver el amparo en revisión administrativo 479/2021 de su registro; del cual se advierten los antecedentes y consideraciones siguientes:
Antecedente:
Juicio de amparo indirecto.
a) El seis de marzo de dos mil veinte, ********** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la Licenciada **********, en su calidad de Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de lo Familiar de Mexicali, Baja California, con los señalamientos siguientes:
"III. Nombre y domicilio de la autoridad ordenadora: **********, en su calidad de Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de lo Familiar de esta ciudad, con domicilio ampliamente conocido.
"Acto reclamado
"La negativa u omisión de dar contestación a la información que le fue requerida, mediante escrito presentado el 12 de Diciembre de 2019."
b) Por razón de turno el escrito de demanda fue remitido al Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, que lo registró bajo el número **********, de su índice y por auto de diez de marzo de dos mil veinte lo desechó de plano por notoriamente improcedente.
c) Contra esa determinación, el impetrante interpuso recurso de queja, que por razón de turno fue remitida al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo del Décimo Quinto Circuito, con sede en la ciudad de Tijuana, Baja California, quién en sesión de diez de septiembre de dos mil veinte, se declaró legalmente incompetente para conocer de dicho recurso y ordenó remitir el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, en turno.
d) Por acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veinte, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, aceptó la competencia declinada y admitió a trámite el recurso bajo su progresivo 127/2020; y previa integración lo resolvió en sesión de veintisiete de noviembre de dos mil veinte declarando fundado el recurso.
e) Seguido el juicio de amparo en todas sus etapas, el veinte de mayo de dos mil veintiuno se celebró la audiencia constitucional; y, se dictó sentencia terminada de engrosar el veinticuatro siguiente y concluyó con los siguientes puntos resolutivos:
"PRIMERO. La Justicia de la Unión, Ampara y protege a **********, respecto del acto atribuido a la autoridad responsable precisados en el presente fallo, en términos de los efectos que se establecen en el quinto y sexto considerandos del presente fallo.
"Segundo. En cumplimiento a lo establecido en el séptimo punto considerativo de esta resolución, procédase a la captura de esta en el módulo ‘Sentencias’ contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como a recabar la constancia correspondiente."
Recurso de revisión.
f) Inconforme con la sentencia constitucional, la Licenciada **********, en su calidad de Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de lo Familiar de esa ciudad, señalada como autoridad responsable, interpuso recurso de revisión, mismo que fue del conocimiento del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, cuya presidencia, lo admitió el veinte de octubre de dos mil veintiuno, bajo su consecutivo 479/2021.
g) Concluida la integración del expediente en sesión de doce de agosto de dos mil veintidós, el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento determinó confirmar la sentencia recurrida y otorgar el amparo bajo las siguientes:
Consideraciones:
h) El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con Residencia en Mexicali, Baja California, en las consideraciones materia de análisis expresó su criterio de la siguiente manera:
"PRIMERO. Este Tribunal Colegiado es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, toda vez que se interpone en contra la determinación dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, donde se ejerce jurisdicción.
"Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo; 37, fracción II, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; este último en relación con los puntos primero, fracción XV, segundo, fracción XV, numeral 1 y tercero, fracción XV, párrafo primero del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; aprobado en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, y que entró en vigor el día de su aprobación, derogando el diverso Acuerdo General 17/2012.
"De ahí que, con fundamento en los preceptos expuestos, atendiendo al territorio y materia este Tribunal es legalmente competente para conocer del recurso de revisión dado que el Juez de Distrito que emitió la sentencia impugnada se ubica dentro de la jurisdicción que ejerce este Tribunal, como también por razón a la materia que subyace en el asunto, por derivar de un amparo en materia administrativa, cuyo conocimiento corresponde a este Tribunal.
"...
"QUINTO. Materia del asunto conforme a su naturaleza.
"En principio, cabe señalar que la naturaleza del presente asunto corresponde a la materia administrativa, atendiendo a que el acto reclamado se hizo consistir en ‘la negativa u omisión de dar contestación a la información que le fue requerida mediante escrito presentado el doce de diciembre de dos mil diecinueve ...’
"Lo anterior, ya que si bien la autoridad responsable lo es una Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de lo Familiar del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, lo cierto es que el quejoso aduce transgresión al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante la omisión de la responsable de dar respuesta a la información que le fue requerida.
"En consecuencia, en su oportunidad deberán realizarse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la Estadística Judicial.
"SEXTO. Debe desestimarse el único agravio hecho valer por la autoridad responsable, identificado como ‘primer agravio’, con base en las siguientes consideraciones.
"Para una mejor comprensión del asunto es estima pertinente establecer los antecedentes, los cuales se logran conocer de los autos que integran el juicio de amparo indirecto 258/2020-E, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana.
"Mediante escrito presentado el seis de marzo de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, **********, por su propio derecho solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad responsable y acto reclamado siguientes:
"‘III. Nombre y domicilio de la autoridad ordenadora:
"‘Lic. **********, en su calidad de Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de lo Familiar de esta ciudad, con domicilio ampliamente conocido.
"‘Acto reclamado
"‘La negativa u omisión de dar contestación a la información que le fue requerida, mediante escrito presentado el 12 de Diciembre de 2019.’
"Por razón de turno el escrito de demanda fue remitido al Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, el que por auto de diez de marzo de dos mil veinte lo registró bajo el número 258/2020-E y lo desechó de plano por notoriamente improcedente.
"En contra de tal determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, el que por razón de turno fue remitido al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en la ciudad de Tijuana, Baja California, quien en sesión de diez de septiembre de dos mil veinte, se declaró legalmente incompetente para conocer de dicho recurso y ordenó remitir el expediente al Tribunal Colegiado del Decimoquinto en turno, con residencia en esta ciudad.
"Mediante acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veinte, este Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, aceptó la competencia declinada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en la ciudad de Tijuana, Baja California y admitió a trámite bajo el número 127/2020; y, tramitado que fue, en sesión de veintisiete de noviembre de dos mil veinte se declaró fundado dicho recurso.
"En cumplimiento a lo ordenado por este órgano colegiado, por acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, el Secretario Encargado del Despacho, admitió la demanda, requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera informe justificado, dio la intervención legal que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional.
"Seguido el juicio de amparo en todas sus etapas procesales, el veinte de mayo de dos mil veintiuno se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia, que se terminó de engrosar el veinticuatro siguiente, misma que concluyó con los puntos resolutivos siguientes:
"‘PRIMERO. La Justicia de la Unión, Ampara y protege a **********, respecto del acto atribuido a la autoridad responsable precisados en el presente fallo, en términos de los efectos que se establecen en el quinto y sexto considerandos del presente fallo.
"‘Segundo. En cumplimiento a lo establecido en el séptimo punto considerativo de esta resolución, procédase a la captura de esta en el módulo «Sentencias» contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como a recabar la constancia correspondiente.’
"La anterior determinación es la materia del presente recurso de revisión.
"En contra de dicha determinación, la autoridad responsable, en su único agravio, alega que el Juez de Distrito partió de una premisa falsa al considerarla como una autoridad responsable, toda vez que el escrito de doce de diciembre de dos mil diecinueve, fue presentado por la parte quejosa directamente ante la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de lo Familiar de Tijuana, Baja California, en lo personal, sin ser recepcionado por la Oficialía de Partes Común o por la Oficialía de Partes del Juzgado de su adscripción.
"Agrega que se debe entender como autoridad responsable a las personas que, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situación jurídicas que afectan la esfera legal de otras personas, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, lo que, afirma, no acontece en el presente asunto.
"Aduce, que la petición que fue formulada por la parte quejosa mediante escrito de doce de diciembre de dos mil diecinueve, misma que no fue recepcionada por el Órgano Judicial de su adscripción, solicitó a la recurrente información personal respecto de sus funciones como Secretaria de Acuerdos, por lo que la información que solicitó el quejoso mediante dicho escrito, lo llevó a cabo en forma personal a la inconforme y no en su calidad de funcionaría pública, como se advierte del mismo escrito, por lo que, afirma, no existe entre ella y el quejoso un plano de supra-subordinación, quedando, por tanto, los actos atribuidos comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, sometidos a las prevenciones del derecho entre particulares.
"Arguye que el presente juicio de amparo no es el medio para reclamar la información que solicita la parte quejosa, quien puede peticionar dicha información ante el Órgano encargado que es dependiente del Poder Judicial del Estado de Baja California, toda vez que el acto reclamado tiene su origen en un contexto de intercambio de información entre particulares, estando ambos en el mismo nivel y, como tal, el particular puede o no dar respuesta a los planteamientos formulados, ya que algunos de ellos son atinentes a información de carácter personal o privado.
"Insiste en que por la naturaleza de la omisión reclamada, el contenido de la información que se solicitó y la manera o forma en que se requirió, es evidente que la recurrente no reúne la calidad de Autoridad para los efectos del juicio de amparo, al no existir entre ella y el quejoso una relación de supra-subordinación, es decir, entre gobernante y gobernado, al tratarse de una relación entre particulares en un plano de coordinación, por lo que no debe ser considerada como Autoridad Responsable dentro del juicio de amparo, en términos de lo previsto por el artículo 5o. de la ley de la materia.
"Cita en apoyo de esos argumentos, las tesis de rubros: ‘AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.’, ‘PETICIÓN, LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD.’ y ‘ACTOS DE PARTICULARES. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REVESTIR PARA CONSIDERARLOS COMO PROVENIENTES DE AUTORIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.’
"Los argumentos antes sintetizados deben desestimarse.
"En efecto, este Tribunal Colegiado estima que, contrario a lo afirmado por la recurrente, en el presente asunto la licenciada **********, Secretaría de Acuerdos del Juzgado Primero Familiar del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, tiene el carácter de autoridad responsable, toda vez que, como lo indicó el Juez de Distrito, la parte quejosa le atribuye la omisión de dar respuesta a una petición que le fue formulada en términos del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello por tratarse de una funcionaria adscrita a un órgano jurisdiccional.
"Sin que obste a lo anterior, el argumento de la inconforme en el sentido de que la petición debió ser presentada por medio de oficialía de partes del órgano jurisdiccional de su adscripción, puesto que ciertamente, el artículo 8o. Constitucional, sólo contempla que la solicitud sea por escrito, y de forma respetuosa sin requerir más requisitos, como se advierte de la siguiente transcripción:
"‘Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.’
"Conforme a dicho numeral, si la parte quejosa dirigió su escrito a la Licenciada **********, en su carácter de Secretaría de Acuerdos del Juzgado Primero Familiar del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, como se advierte del mismo que obra agregado a fojas cuatro a once, ésta se encontraba obligada a dar respuesta en breve término a tal petición, por tratarse de una funcionaria adscrita a un órgano jurisdiccional, ello, con independencia del contenido material de la solicitud formulada.
"Corrobora lo anterior, lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 14/2000-PL, de la que emanó la jurisprudencia 42/2001 del Pleno del máximo tribunal del país, titulada: ‘PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD.’,(11) que invoca la propia recurrente en el agravio a estudio.
"Lo anterior es así, toda vez que en dicho criterio se sostuvo que el gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito, en virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe ser dado a conocer en breve término.
"En la ejecutoria en cuestión, en lo que interesa, se resolvió lo siguiente:
"‘... El derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Carta Magna anteriormente transcrito, cuyo titular es el gobernado en general, significa la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe serle dado a conocer en breve término. "‘La existencia de este derecho como garantía individual, surge como consecuencia de la exigencia jurídica y especial de un régimen de legalidad bajo el que no está permitido el hacerse justicia por propia mano, es decir, surge como negación del sistema de la vindicta privata, en que a cada cual era dable hacerse justicia por sí al sentirse vulnerado en sus derechos, para exigir el respeto a su esfera jurídica sin la intervención de autoridad alguna. La decadencia de tal sistema fue dando paso al régimen de autoridad en la solución de los conflictos y contiendas surgidos entre los miembros de la sociedad humana, para ya no ejercerse directamente represalias contra quienes se consideraran responsables, sino para ocurrirse ante las autoridades para que por conducto de ellas se resolviera el conflicto suscitado. El derecho de pedir surgió, por tanto, como la potestad de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstos intervengan para hacer cumplir la ley, con la correlativa obligación de las autoridades de dictar un acuerdo escrito a la solicitud o petición que el gobernado les eleve.
"‘Deriva de lo anterior, que el derecho de petición, tanto en virtud de su origen como en atención a su naturaleza de derecho público subjetivo consagrado como garantía individual, supone su manifestación en una relación entre gobernante y gobernado, pues la petición se dirige a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que resulta indispensable que la petición se eleve al servidor público en su calidad de autoridad, en una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, para que surja el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la transgresión de este derecho en caso de que no se cumpla la obligación correlativa de la autoridad que supone este derecho.
"‘Por consiguiente, la naturaleza de la relación existente entre el gobernado y el servidor público es preponderante para la existencia del derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Carta Magna, en la medida en que es necesario que la relación jurídica entablada sea de supra a subordinación para que la autoridad esté obligada a dar contestación a la petición que le formule el gobernado y proceda el juicio de amparo ante la omisión relativa de la autoridad, como medio de salvaguarda de las garantías individuales.’ (Énfasis añadido)
"‘Luego, contrario a lo expuesto por la recurrente, es innegable que sí le reviste el carácter de autoridad responsable en su carácter de Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero Familiar de Tijuana, Baja California, dado que el acto que se le atribuye es la negativa u omisión de dar contestación a la información que le fue requerida mediante escrito presentado el doce de diciembre de dos mil diecinueve, ante la propia servidora pública.
"‘Bajo esta óptica, debe desestimarse el agravio analizado, al estar demostrado que el doce de diciembre de dos mil diecinueve, se elevó petición ante la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de lo Familiar, con sede en Tijuana, Baja California, quien como servidora pública se encontraba obligada a dar respuesta en breve término a la petición que le fue formulada por un particular; de ahí que debe considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, por tanto, contrario a lo afirmado por la recurrente, en el presente asunto no se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 5o. fracción II –interpretado a contrario sensu–, de la Ley de Amparo.
"‘En el entendido de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 397/2011, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 4/2012 (10a.), de rubro: «ACCESO A LA INFORMACIÓN. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE ESA NATURALEZA, CUANDO SE ALEGA EN LA DEMANDA VIOLACIÓN DIRECTA AL DERECHO DE PETICIÓN (LEGISLACIONES DE SAN LUIS POTOSÍ Y FEDERAL).» determinó que el artículo 6o. de la Carta Magna determina los principios y bases para el ejercicio del derecho de acceso a la información, y establece que toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal es púbica, y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes, prevaleciendo en la interpretación de este derecho el principio de máxima publicidad, además de los mecanismos para que los gobernaos puedan acceder a ella.
"‘Asimismo, indicó que el diverso numeral 8o. de la Constitución Federal, establece la obligación de los funcionarios y empleados públicos de respetar el ejercicio el derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuoso, con excepción de la materia política, en la que sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la república, precepto que contiene la exigencia que a toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la que tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.
"‘En ese sentido, la autoridad responsable, al cumplir con la protección constitucional otorgada, deberá proceder conforme a lo previsto en aquellos numerales, esto es, con libertad de decisión, dar respuesta al escrito presentado el doce de diciembre de dos mil diecinueve, dándolo a conocer en breve término a la parte quejosa, en lo relacionado con el derecho fundamental contenido en el artículo 8o. de la Carta Magna y, en su caso, lo que corresponda respecto al diverso numeral 6o. de dicho ordenamiento legal, orientando a la parte quejosa para que haga uso de los mecanismos que tiene para acceder al ejercicio del derecho de acceso a la información.’
"Por consiguiente, ante lo infundado del agravio a estudio, se impone confirmar la sentencia recurrida."
i) Así se advierte que, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, estimó ser legalmente competente para conocer del asunto por territorio y materia dado que el Juez de Distrito que emitió la sentencia impugnada se ubicaba dentro de su jurisdicción, así como por derivar de un amparo en materia administrativa; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo; 37, fracción II, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; este último en relación con los puntos primero, fracción XV, segundo, fracción XV, numeral 1 y tercero, fracción XV, párrafo primero del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; aprobado en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, y que entró en vigor el día de su aprobación, derogando el diverso Acuerdo General 17/2012.
j) Órgano que, al analizar los agravios de la recurrente expresó en lo sustancial que, la licenciada **********, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero Familiar del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, tiene el carácter de autoridad responsable, toda vez que, como lo indicó el Juez de Distrito, la parte quejosa le atribuye la omisión de dar respuesta a una petición que le fue formulada en términos del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello por tratarse de una funcionaria adscrita a un órgano jurisdiccional. Sin que obste a lo anterior, el argumento de la inconforme en el sentido de que la petición debió ser presentada por medio de oficialía de partes del órgano jurisdiccional de su adscripción, puesto que ciertamente, el artículo 8o. Constitucional, sólo contempla que la solicitud sea por escrito, y de forma respetuosa sin requerir más requisitos.
k) Estableció que conforme a dicho numeral, si la parte quejosa dirigió su escrito a la Licenciada ********** en su carácter de Secretaría de Acuerdos del Juzgado Primero Familiar del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, como se advierte del mismo que obra agregado a fojas cuatro a once, ésta se encontraba obligada a dar respuesta en breve término a tal petición, por tratarse de una funcionaria adscrita a un órgano jurisdiccional, ello, con independencia del contenido material de la solicitud formulada.
l) Fundando su determinación en la contradicción de tesis 14/2000-PL, que dio origen a la jurisprudencia 42/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, titulada: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD.", pues en dicho criterio se sostuvo que el gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito, en virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobern
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32484-290cc606/competencia-por-razon-de-la-materia-para-conocer · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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