ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO CONSTITUYE LA ORDEN DE SUSPENDER, RETENER O CANCELAR EL PAGO DE LA PENSIÓN JUBILATORIA DERIVADA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE TELÉFONOS DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE Y EL SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 336/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 17 DE MAYO DE 2023. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. DISIDENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: ELIZABETH MIRANDA FLORES.
Hechos: Los tribunales contendientes sostuvieron criterios disímiles en relación con determinar si la suspensión o cancelación del pago de la jubilación otorgada de conformidad con el contrato colectivo de trabajo celebrado entre Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana es o no un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios, suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si la orden de suspender o cancelar el pago de la jubilación otorgada de conformidad con el contrato colectivo de trabajo celebrado entre Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana es o no un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. El Magistrado presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, denunció la posible existencia de una contradicción de criterios entre el sostenido por el mencionado órgano jurisdiccional en el amparo en revisión RT. 80/2021, que dio origen a la tesis aislada I.5o.T.24 L (11a.)(1) en contra del sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, al fallar el amparo en revisión RT. 33/2022.
2. Trámite de la denuncia. El Ministro presidente de este Alto Tribunal admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y la registró con el número 336/2022. Consideró que se surtía la competencia de esta Segunda Sala porque versa sobre criterios contradictorios sustentados por Tribunales Colegiados de distintos Circuitos, en materia de trabajo, y turnó el asunto al Ministro Javier Laynez Potisek para su estudio.(2) La Segunda Sala se avocó al conocimiento del asunto(3) y ordenó enviar los autos al ponente.(4)
I. Competencia
3. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII(5) y tercero(6) del Acuerdo Plenario Número 5/2013, y transitorio primero, fracción II,(7) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, surtió efectos a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con el Acuerdo General Número 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es decir, con posterioridad a la denuncia del presente asunto, en virtud de que los criterios contendientes han sido sustentados por Tribunales Colegiados de distintos Circuitos, en materia de trabajo, cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala.
II. Legitimación
4. Por otro lado, la denuncia proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el Magistrado presidente de uno de los tribunales contendientes.
III. Criterios denunciados
5. Criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 80/2021.
6. Este asunto tuvo origen en los antecedentes siguientes:
a) Juicio de amparo indirecto: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra actos de diversas personas que ocupan cargos en Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, de quienes reclamó la orden verbal o escrita de retener, suspender, cancelar o bloquear el pago del monto total de la pensión jubilatoria del quejoso. Así como la ejecución material para atender dicha orden y la omisión de notificarla.
b) Sentencia de juicio de amparo indirecto: El Juez de Distrito determinó desechar de plano la demanda de amparo al considerar que los actos y omisiones combatidos constituyen actuaciones que se circunscriben exclusivamente al plano laboral y están desvinculadas de las características que posee un acto de autoridad.
c) Recurso de queja. Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, el cual fue fallado por el Tribunal Colegiado en el sentido de declararlo fundado.
d) Trámite de la demanda de amparo: En cumplimiento, el Juez de Distrito admitió a trámite la demanda y requirió los informes justificados.
e) Ampliación de demanda: El quejoso amplió en dos ocasiones su escrito de demanda, a efecto de señalar como actos reclamados:
a. La suspensión o retención del pago del monto total de la pensión jubilatoria del quejoso, por haber presentado una demanda laboral contra la patronal.
b. La suspensión de la jubilación otorgada mediante convenio de terminación de la relación de trabajo por jubilación, aprobado con la categoría de cosa juzgada ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como su ejecución.
f) Sentencia de amparo indirecto: El Juez de Distrito sobreseyó el asunto, al considerar que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, puesto que estimó que la empresa demandada no tiene la categoría de autoridad responsable, al considerar, en esencia, que:
a. Conforme al test de comprobación de dos pasos, formulado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 327/2017, debe aplicarse un estándar material que dirija a la autoridad judicial a evaluar caso por caso, el contenido del acto reclamado y determinar si el acto del particular actualiza el supuesto en el mencionado precepto legal, por existir una semejanza material relevante entre el acto del particular y uno típicamente de autoridad.
b. El primer paso del estándar consiste en comprobar que la autoridad pública haya otorgado los medios para posicionar al particular en una situación diferenciada para generar un acto con el potencial de actualizar una violación a un derecho humano, que puede denominarse como el "nexo"; mientras que el segundo paso consiste en la constatación de la función pública.
c. Los actos reclamados no superan el primer paso del test, porque el pago de pensión por jubilación del quejoso es un acto derivado de un convenio celebrado entre las partes por lo que no existe un nexo entre el acto del particular y una potestad normativa atribuida al Estado.
d. En esas circunstancias, estimó que, si no quedó satisfecho el primer requisito, es innecesario analizar el segundo y lo conducente es sobreseer el juicio de amparo.
g) Recurso de revisión: Inconforme, el quejoso promovió recurso de revisión. El Tribunal Colegiado determinó revocar la sentencia y conceder el amparo.
7. Las consideraciones en que apoyó su conclusión, en esencia, son las siguientes:
a. Estimó que los agravios relativos a que los actos reclamados superan los dos pasos del estándar establecido por la Primera Sala en el amparo en revisión 327/2017 son fundados, lo que implica que debe levantarse el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito y corregir la metodología.
b. El Tribunal Colegiado estimó que los actos reclamados, consistentes esencialmente en la suspensión o retención del pago del monto total de la pensión jubilatoria del quejoso, están respaldados por un poder suficiente para que a través de éstos el particular pueda crear, extinguir o modificar la esfera jurídica del quejoso de manera unilateral, sin que su actuación requiera la autorización previa del afectado o la anuencia de un órgano judicial. De aquí deriva el principio de intervención pública al que hizo referencia la Primera Sala.
c. Precisó que las prestaciones en materia de seguridad social son aquellas que tienen por finalidad garantizar el derecho al otorgamiento de una pensión, la que puede provenir de diversas fuentes: a) de los seguros que componen el régimen obligatorio del seguro social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y, b) las que resulten aplicables en virtud de contratos colectivos de trabajo o contratos ley que contengan beneficios en esa materia.
d. El otorgamiento de una pensión jubilatoria es una prerrogativa que no solamente encuentra su origen y fundamento en el contrato colectivo de trabajo, sino también en la ley. En esas condiciones, si Teléfonos de México tiene la posibilidad de celebrar convenio con sus trabajadores con base en las disposiciones de su contrato, dicha empresa particular queda sujeta a un deber de cumplimiento de las normas establecidas en la Ley del Seguro Social, en materia de seguridad social.
e. Al suspender o retener el pago total del monto de la pensión jubilatoria del quejoso, no despliega esa actuación en ejercicio de una acción particular regulada únicamente por el contrato colectivo de trabajo, por virtud de que el trabajador cumplió los años de servicios para obtener ese beneficio, sino que esa potestad se la otorga la ley, lo que indica que la empresa particular se encuentra investida de la prerrogativa única de generar ese beneficio, haciendo que el acto de su retención o suspensión comparta dicha naturaleza normativa.
f. Los actos reclamados se relacionan con el cumplimiento de una norma jurídica que atribuye al particular la potestad de emitir actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas del particular, con independencia de su voluntad, de ahí que la materialidad de esa potestad puede calificarse como una función con relevancia pública, esto es, la autoridad pública –a través de la norma jurídica– otorgó los medios para posicionar al particular en una situación diferenciada para generar un acto con el potencial de actualizar una violación a un derecho humano.
g. Aquí es donde se verifica el nexo, puesto que dentro de una relación asimétrica existente entre el expatrón y el trabajador, y en un contexto de relevancia pública, el particular usó un medio estatal para generar una afectación constitucional en contra del quejoso, de ahí que se reitera, los actos reclamados están respaldados en el ordenamiento jurídico con un poder suficiente para que a través de éstos, el particular pueda crear, extinguir o modificar la esfera jurídica del quejoso de manera unilateral, sin que su actuación requiera la autorización previa de la parte afectada o la anuencia de un órgano judicial.
h. Por tanto, fue incorrecto que el Juez Federal determinara que al derivar las omisiones atribuidas a Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, del incumplimiento de las cláusulas del convenio de terminación de la relación de trabajo por jubilación, ello ponía en evidencia la ausencia de una potestad normativa asignada al particular en cumplimiento de una función pública.
i. Además, la Primera Sala en el amparo en revisión 327/2017, enfatizó que la constatación de una relación de coordinación era un aspecto formalista secundario para calificar la procedencia del juicio de amparo frente a particulares. De ahí que la relación de coordinación entre las partes no impide calificar los actos reclamados como equivalente a uno de autoridad, en términos del artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo.
j. Al tener por cumplido el primer requisito, el órgano jurisdiccional procedió a analizar el segundo paso del estándar. Por lo que debe analizarse si materialmente el acto reviste un interés público diferenciado, ya sea porque su ejercicio cuenta con privilegios o beneficios asociados al arbitrio de una autoridad estatal, o bien porque la función es una que corresponda tradicionalmente a la autoridad y se ejerza de manera delegada por un particular, o bien, porque la materialidad de la acción se vincule con el tipo de obligaciones cuyo correlativo sea una de las prestaciones nucleares de un derecho social cuya responsabilidad sea del Estado Mexicano.
k. Se cumple con el segundo de los pasos del estándar, porque el nexo jurídico entre el acto del particular y la fuente normativa de naturaleza estatal, se verifica en una relación asimétrica y dentro de un contexto de relevancia pública.
l. Esto es así, porque es una función pública propia de la autoridad otorgar las pensiones jubilatorias a los trabajadores, como parte de su responsabilidad de garantizar el derecho a la seguridad social, por tanto, debe considerarse que la prerrogativa otorgada en la Ley del Seguro Social, a la empresa privada Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, para el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social, es una actividad estrechamente vinculada con esa función, participando, en vía de consecuencia, de su naturaleza pública.
m. Conviene destacar que si bien la pensión jubilatoria del quejoso deriva de la relación laboral que existió entre la empresa señalada como responsable y el ahora recurrente, lo cierto es que dicha empresa en esa relación asimétrica, es capaz de vencer la voluntad del trabajador, no para realizar actividades relacionadas con el incumplimiento de las cláusulas del convenio de terminación de la relación de trabajo por jubilación, como lo sostuvo el Juez de Distrito, sino para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas del particular, de forma unilateral, que ponen en riesgo el derecho fundamental de seguridad social y otros derechos humanos que son interdependientes a éste, sin necesidad de acudir ante algún órgano judicial, ni consultar la voluntad del quejoso a quien fue dirigido el acto.
n. En tales condiciones, si la empresa patronal se encuentra habilitada por el ordenamiento jurídico para emitir actos que generen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas de otro particular (con independencia de su voluntad, en un contexto de relevancia pública que pone en riesgo los derechos humanos del quejoso, sin que esa disponibilidad de los derechos humanos encuentre sustento alguno en el contrato colectivo de trabajo o en la ley de seguridad social), entonces, los actos atribuidos a cada una de las autoridades señaladas como responsables, reúnen las características propias de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo.
o. Por otra parte, el Tribunal Colegiado consideró que la vía laboral no es la idónea para resolver la pretensión del quejoso ya que reclamó la privación de su derecho adquirido a la jubilación y a percibir una pensión con los incrementos respectivos. Aunado a que el quejoso manifestó en su demanda que promovió juicio laboral contra la empresa demandada en el que reclamó el ajuste de su pensión jubilatoria y a la fecha de emisión de la sentencia recurrida, no se había llevado a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones.
p. Lo anterior constituye una razón más para considerar que el juicio laboral no constituye un recurso efectivo para proteger de manera genuina, verdadera y efectiva los derechos humanos, en los términos establecidos por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que el juicio de amparo se inició en el contexto de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, lo que confirma que debe declararse procedente el juicio de amparo, dada la urgencia de tutela de los derechos humanos en juego y sus consecuencias.
q. En consecuencia, determinó levantar el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito.
8. Este asunto dio origen a la tesis(8) de rubro:
"PENSIÓN JUBILATORIA. SU FALTA DE PAGO EN FORMA UNILATERAL, INTEMPESTIVA, INDEFINIDA E INJUSTIFICADA, ATRIBUIBLE A TELÉFONOS DE MÉXICO (TELMEX), CONSTITUYE UN ACTO EQUIVALENTE A LOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO DICHA PRESTACIÓN HA SIDO CONVENIDA, RATIFICADA Y ELEVADA A LA CATEGORÍA DE COSA JUZGADA."
9. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 33/2022.
10. Este asunto tuvo su origen en los antecedentes siguientes:
a) Juicio de amparo indirecto: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó, de Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable la indebida suspensión de su pensión jubilatoria y la omisión de la sociedad de dar respuesta sobre los motivos por los cuales se llevó a cabo la suspensión. Manifestó bajo protesta de decir verdad que la suspensión de pago de parte de la empresa señalada como responsable se suscitó a raíz de que promovió un juicio laboral en su contra.
b) Sentencia de amparo: Seguida la secuela procesal, la Juez de Distrito dictó sentencia en la que sobreseyó el juicio al considerar actualizada la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1o., fracción II y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por estimar que los actos reclamados no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo.
c) Recurso de revisión: Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión. El Tribunal Colegiado determinó confirmar la resolución recurrida y sobreseer el asunto.
11. En esencia el Tribunal Colegiado apoyó su conclusión en las consideraciones siguientes:
a. Estimó que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1o., fracción II y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, porque los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo.
b. Lo anterior, ya que al tomar en cuenta el informe justificado rendido por el representante legal de la sociedad señalada como autoridad responsable, se desprende que admite la suspensión del pago de la pensión jubilatoria; sin embargo, no se excluye su actuar como patrón, ni se modifica la relación de coordinación que sostienen, puesto que el derecho de jubilación emana del contrato colectivo de trabajo celebrado entre la empresa y el sindicato.
c. Por tanto, los actos reclamados derivan de la relación laboral del quejoso como extrabajador de la sociedad señalada como autoridad responsable.
d. El Tribunal Colegiado afirmó lo anterior, y señaló que no importa la razón de la suspensión del pago, ya que se trata de un acontecimiento cuya génesis es la relación laboral con la referida empresa y que se ha prolongado en su calidad de ente asegurador.
e. En esas circunstancias, precisó que no existe una relación jurídica entre gobernante y gobernado, sino una relación en la que una persona moral actúa como expatrón (ente asegurador) y no como autoridad.
f. Aunado a que el otorgamiento de la pensión deviene de una relación de coordinación, en la que ambos particulares actúan en un plano de igualdad, derivado de las prestaciones de seguridad social que Teléfonos de México se obligó a otorgar en el contrato colectivo de trabajo. Lo anterior máxime que, tanto el quejoso como la sociedad manifestaron que la pensión jubilatoria fue otorgada como un beneficio contenido en el contrato colectivo de trabajo, mientras que la empresa reconoció que la suspensión de pago también tuvo su origen en dicho pacto. g. Además, el acto reclamado no constituye un acto unilateral en virtud del cual, se cree, modifique o extinga por sí o ante sí una situación jurídica que afecte la esfera del quejoso. Ello, en virtud de que la sociedad señalada como responsable no se encuentra expresamente autorizada por el legislador permanente a realizar el pago de pensiones, como según la empresa, sí lo autoriza el contrato colectivo de trabajo.
h. Determinó que contrario a lo que el recurrente asevera, el hecho de que la suspensión de pago de la pensión haya provocado la cesación del seguro de vida y la imposibilidad de continuar con el pago del seguro de gastos médicos mayores, no hace procedente el juicio de amparo por violación del derecho a la salud. Porque el otorgamiento y suspensión del pago de la pensión jubilatoria deriva de una relación de coordinación con motivo del contrato colectivo de trabajo celebrado entre Teléfonos de México y sus trabajadores. De modo que cualquier consecuencia que emane no puede desvincularse de la relación obrero-patronal entre las partes.
i. Estimó que, no obstante el hecho de que en el sistema jurídico mexicano se reconocen actos de particulares que pueden vulnerar derechos fundamentales, lo cual es uno de los motivos de queja del recurrente, el juicio de amparo está condicionado a que el acto reúna la característica de imperio, de autoridad, donde exista una relación de supra subordinación, lo cual excluye que ésta sea la primera posibilidad de que un particular que se encuentra en la situación específica que el quejoso refiere pueda instar la garantía constitucional del amparo.
j. Lo anterior, no descarta que haya otros procedimientos ordinarios en materia de trabajo donde el quejoso pueda hacer valer la violación a sus derechos fundamentales y se prevean medidas cautelares capaces de remediar las situaciones que lo aquejan.
k. Por tanto, determinó que como concluyó la juzgadora federal se actualiza la causa de improcedencia que conduce a sobreseer en el juicio de amparo.
IV. Existencia de la contradicción
12. La mecánica para analizar la existencia de una contradicción tiene que abordarse desde la necesidad de unificar criterios jurídicos en el país, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los Jueces y justiciables. Dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas, el Tribunal Pleno ha reconocido que para que exista una contradicción de criterios basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron. Sirven de sustento a lo anterior los criterios del Tribunal Pleno de rubros siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(9)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(10)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEAN ERRÓNEOS, DEBE RESOLVERSE EL FONDO A FIN DE PROTEGER LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA."(11)
13. Si la finalidad de la contradicción de criterios es unificarlos y el problema radica en los procesos de interpretación –que no en los resultados– adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces, como lo ha sostenido tanto la Primera Sala(12) como el Tribunal Pleno,(13) es posible afirmar la existencia de una contradicción de criterios cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado;
b) Que en tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
14. Es decir, existe una contradicción de criterios cuando dos órganos jurisdiccionales: (I) hayan realizado ejercicios interpretativos; (II) sobre los mismos problemas jurídicos y en virtud de ellos llegaron a soluciones contrarias; y, (III) tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas.
15. Por otro lado, no es obstáculo para que esta Segunda Sala se ocupe de la denuncia sobre el presente asunto, el que alguno de los criterios contendientes no constituya jurisprudencia, pues basta que los órganos jurisdiccionales adopten criterios distintos sobre un mismo punto de derecho. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia P./J. 27/2001 del Tribunal Pleno, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES."(14) y la tesis aislada P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(15) del mismo Tribunal Pleno.
16. En atención a lo anterior, a continuación se procederá a analizar si en el caso se acreditan los requisitos para determinar la existencia de una contradicción de criterios.
IV.1. Primer requisito: realización de un ejercicio interpretativo
17. Esta Segunda Sala considera que se acredita el primer requisito, toda vez que los Tribunales Colegiados ejercieron su arbitrio judicial al resolver las cuestiones litigiosas que les fueron presentadas. Esto es así, pues como se expuso con antelación, los tribunales contendientes realizaron ejercicios interpretativos en las partes considerativas de las sentencias que sustentaron.
IV.2. Segundo requisito: punto de toque y diferendo en los criterios interpretativos
18. Esta Segunda Sala considera que el segundo requisito sí se cumple, debido a que las consideraciones de los órganos contendientes contienen conclusiones distintas entre sí, respecto de un mismo problema jurídico, en específico, si la orden de suspender el pago de la pensión jubilatoria de un extrabajador de Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, llevada a cabo por dicha empresa constituye o no un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.
19. Al respecto, conviene puntualizar que ambos asuntos derivaron de un juicio de amparo indirecto en el que una persona reclamó la orden verbal o escrita de suspender o retener el pago de su pensión jubilatoria, así como la ejecución y la omisión de notificar dicha suspensión.
20. En ambos asuntos (uno en la demanda y otro en ampliación de demanda), la parte quejosa manifestó que la orden de suspensión de pago se suscitó como consecuencia de que promovieron juicio laboral contra la empresa telefónica.
21. En ambos asuntos, el Juez de Distrito sobreseyó el asunto al considerar que el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.
22. Al respecto, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito estimó que la pensión jubilatoria es una prerrogativa que no solamente encuentra su origen y fundamento en el contrato colectivo de trabajo, sino también en la ley, por lo que, si la patronal tiene la posibilidad de celebrar convenio con sus trabajadores con base en las disposiciones de su contrato, también queda sujeta al cumplimiento de las normas establecidas en la Ley del Seguro Social.
23. En esa tesitura, al suspender o retener el pago total del monto de la pensión jubilatoria del extrabajador, esa potestad deriva de la ley.
24. De ahí que, los actos reclamados se relacionen con el cumplimiento de una norma jurídica que atribuye al particular la potestad de emitir actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas del particular con independencia de su voluntad. En ese sentido, se acredita el primer requisito de los definidos por la Primera Sala en el amparo en revisión 327/2017, ya que existe una relación asimétrica entre el expatrón y el extrabajador, en un contexto de relevancia pública.
25. También estimó acreditado el segundo requisito definido en la mencionada ejecutoria, porque el nexo jurídico entre el acto del particular y la fuente normativa de naturaleza estatal se verifica en una relación asimétrica y dentro de un contexto de relevancia pública, pues es una función pública propia de la autoridad otorgar las pensiones jubilatorias como parte de su responsabilidad de garantizar el derecho a la seguridad social, de ahí que la prerrogativa de otorgar pensiones participa de una naturaleza pública.
26. Además, ante la relación asimétrica entre la empresa y el quejoso, la sociedad demandada es capaz de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas del particular, de forma unilateral, que ponen en riesgo el derecho fundamental de seguridad social y otros derechos humanos que son interdependientes a éste, sin necesidad de acudir ante algún órgano judicial, ni consultar la voluntad del quejoso a quien fue dirigido el acto. Lo anterior indica que la actuación de la empresa patronal trascendió a ese ámbito privado, para ubicarse en el c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31580-865f410d/acto-de-autoridad-para-efectos-del-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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