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Modo: Corpus Pro

VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA FEDERAL PUEDEN ORDENAR LA DETENCIÓN DE SU CIRCULACIÓN Y REQUERIR LA EXHIBICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON SU LEGAL ESTANCIA EN EL TERRITORIO NACIONAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 95/2017. · Registro digital (IUS): 27397
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-10-20
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II, Pág. 1168.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 95/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 23 DE AGOSTO DE 2017. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y EDUARDO MEDINA MORA I. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: ROBERTO FRAGA JIMÉNEZ.

CONSIDERANDO

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que versa sobre la posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos y se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(9) y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente,(10) toda vez que fue formulada por el Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, órgano jurisdiccional que sustentó uno de los criterios discrepantes.

TERCERO.-Posturas de los Tribunales Colegiados de Circuito. Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de tesis denunciada, a continuación se relatan los antecedentes relevantes de cada asunto, así como las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes:

1. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el recurso de revisión 222/2016:

• El veinticinco de marzo de dos mil dieciséis, personal adscrito a la Policía Federal, Coordinación Estatal Guanajuato, de la Unidad Operativa de Seguridad Preventiva "Estación Irapuato", estando constituidos en el kilómetro 081+500 de la carretera 1110 Irapuato-Zapotlanejo, tramo Pénjamo-La Piedad, encontraron circulando sin placa delantera el vehículo marca BMW, modelo 2011, color rojo, placas de circulación IZG579 de South California, Estados Unidos de América, número de serie WBABN334X1JW58122, el cual era conducido por Juan Antonio Plascencia Olivares.

• Según el dicho del quejoso, el vehículo automotor fue introducido a territorio nacional de manera legal, pues obtuvo el permiso de importación temporal 14924477 con vigencia del veinticinco de noviembre de dos mil trece al veintitrés de mayo de dos mil catorce, sin que hubiera podido retornarlo oportunamente en virtud de que se encontraba en un taller mecánico.

• Los elementos de la Policía Federal, al tener conocimiento de posibles infracciones en materia aduanera, retuvieron el vehículo para ponerlo a disposición de la autoridad aduanera, a efecto de que ésta ejerciera sus facultades de comprobación respecto a su legal importación, tenencia o estancia en el territorio nacional.

• Ante ello, por escrito presentado el quince de abril de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, Juan Antonio Plascencia Olivares solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del "decomiso o confiscación del vehículo" referido, señalando como responsables a diversas autoridades de la Policía Federal, con sede en Irapuato, Guanajuato, así como al titular del Departamento de Verificación de Mercancía o Depósito Fiscal, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, con sede en Guanajuato.

• Por cuestión de turno, correspondió conocer del asunto a la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato (expediente 279/2016-III), la cual dictó sentencia el veintiocho de junio de dos mil dieciséis, en la que sobreseyó, por una parte, y, por la otra, concedió el amparo solicitado.

Lo anterior, pues consideró que no existía sustento para que la autoridad hubiera detenido el vehículo para ponerlo a disposición de otra autoridad, ya que la razón por la cual se solicitó al conductor que detuviera la unidad fue la ausencia de la placa delantera, esto es, una posible infracción de índole administrativa, no así para verificar su legal estancia en el país; de lo que se obtiene que al acto de molestia no le precedió una orden de verificación escrita, emitida por la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, contraviniendo los artículos 16 constitucional y los diversos numerales 38 y 43 del Código Fiscal de la Federación.

Además, precisó que la orden de verificación del vehículo de procedencia extranjera, se emitió hasta el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, esto es, seis días después de la detención del vehículo, tiempo en el que su retención no estaba justificada.

En virtud de lo anterior, concedió el amparo para el efecto de que el director general de Verificación de Comercio Exterior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, con sede en León, Guanajuato, dejara sin efectos todo lo actuado en el expediente administrativo CVV1101145/16 y devolviera al quejoso el vehículo aludido.

• Inconforme con la decisión anterior, el inspector Marco Artulio Elizarraraz Báez, en suplencia por ausencia temporal del titular de la Unidad Operativa de Seguridad Preventiva Estación Irapuato, y el suboficial Erik Espitia Hernández, interpusieron recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito (expediente 222/2016).

• Seguidos los trámites de ley, en sesión de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, el referido órgano jurisdiccional dictó sentencia, en la que confirmó la sentencia recurrida, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

"SÉPTIMO.-Estudio del asunto.

"Los agravios son ineficaces.

"...

"Básicamente, la a quo, tomando en cuenta criterios jurisprudenciales y legislación que estimó aplicable, decidió declarar inconstitucionales los actos reclamados, debido a que la Policía Federal carece de competencia para retener un vehículo que estima de procedencia extranjera, para efecto de ponerlo a disposición de la autoridad aduanera, por lo cual, consideró, era indispensable la emisión de la orden de verificación de mercancía extranjera por parte de la autoridad de aduana.

"Contra ello, se afirma en el primer agravio que, de haberse llamado a juicio a las autoridades ejecutoras y analizado el fundamento del oficio de puesta a disposición, se pudo haber advertido que sí existe la facultad de retener el vehículo para efecto de que la autoridad competente en materia aduanera ejerza sus facultades. De manera destacada, las recurrentes se refieren al artículo 3o. de la Ley Aduanera y al numeral 42, fracción XLIV, apartados B, E y F, del Reglamento de la Ley de la Policía Federal.

"Es infundado el agravio.

"En principio, debe decirse que sí se llamó a juicio a las autoridades de la Policía Federal que participaron en los actos reclamados, como lo son, el suboficial quien rindió informe justificado (foja 18), así como al titular de la Unidad Operativa de Seguridad Preventiva Estación Irapuato, de la Coordinación Estatal Guanajuato, ambos de la Policía Federal, quien igualmente rindió informe justificado (foja 24).

"Pues bien, en relación con el resto del agravio, se precisa que la autoridad administrativa fiscal, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales, tiene la facultad, entre otras, de ordenar y practicar la verificación de vehículos de procedencia extranjera y de mercancías de comercio exterior, ambos en tránsito, con fundamento en los artículos 42, fracción V, del Código Fiscal de la Federación; 144, fracción XI, de la Ley Aduanera; 7o., fracción II, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 12, apartado A y 11, fracción X, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria en vigor, que por su orden, establecen lo siguiente: (se transcriben)

"Los anteriores preceptos, como se dijo, facultan a la autoridad fiscal (Administración General de Aduanas), para ordenar y practicar la verificación de vehículos de procedencia extranjera y de mercancías de comercio exterior, ambos en tránsito.

"En este punto, resulta trascendente indicar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 83/2001-SS, sobre el particular, determinó que, cuando la autoridad administrativa ejerce sus facultades de comprobación a fin de verificar la legal importación, tenencia y estancia en territorio nacional de vehículos de procedencia extranjera, o bien, de mercancías de comercio exterior, se deben satisfacer los requisitos que al efecto señala el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -en relación con los actos de molestia emitidos por autoridad-, así como los demás requisitos previstos por las leyes respectivas, esto es, los señalados en los artículos 38 y 43 del Código Fiscal de la Federación.

"Esa ejecutoria motivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 50/2001, de rubro y texto siguientes:

"‘ORDEN DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. NO ES VIOLATORIA DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, CUANDO SE DIRIGE AL PROPIETARIO, CONDUCTOR Y/O TENEDOR DEL MISMO, SIN ESPECIFICAR SU NOMBRE, SI EN ELLA SE ASIENTAN DATOS SUFICIENTES QUE PERMITAN SU INDIVIDUALIZACIÓN.’ (se transcribe texto)

"Paralelo a lo anterior, debe tenerse en cuenta que, la Segunda Sala del Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 440/2009, en ejecutoria correspondiente al diez de febrero de dos mil diez, resolvió que, tratándose de órdenes de verificación de vehículos de procedencia extranjera en tránsito, constituye una formalidad del procedimiento, el que la autoridad fiscal requiera al conductor para que exhiba la documentación que ampare su legal importación o tenencia en el país, antes de que ordene su traslado al recinto fiscal para ese mismo efecto.

"En dicha ejecutoria, consideró que la condición para que la autoridad proceda a decretar el embargo y, en consecuencia, determine el inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, es el hecho de que no se acredite con la documentación aduanera correspondiente, es decir, con cualquiera de los documentos a que hace referencia el artículo 146 de la Ley Aduanera, la legal estancia o tenencia, o se trate de vehículos conducidos por personas no autorizadas; lo que implícitamente conlleva la obligación de la autoridad fiscal para que, previamente, requiera la exhibición de dicha documentación.

"Destacó que la práctica de la verificación de vehículos de procedencia extranjera y de mercancías de comercio exterior, ambos en tránsito, que deriva de las órdenes emitidas con fundamento en los artículos 42, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación y 144, fracción XI, de la Ley Aduanera, por la naturaleza del objeto de las mismas, se efectúa en lugares indeterminados en la vía pública, es decir, donde quiera que las autoridades facultadas adviertan el tránsito de vehículos o mercancías que reúnan las condiciones establecidas en la orden respectiva.

"Acotó que, si bien la Ley Aduanera no establece expresamente que la autoridad verificadora deba de requerir al conductor del vehículo de procedencia extranjera sujeto a fiscalización, la exhibición de la documentación que ampare su legal importación o tenencia en el país, en el lugar donde éste sea detenido, antes de ordenar su traslado al recinto fiscal; esa formalidad se desprende de la interpretación armónica y sistémica de los preceptos que facultan a la autoridad fiscal para ordenar y practicar la verificación de vehículos de procedencia extranjera en tránsito, en relación con los correspondientes al procedimiento administrativo en materia aduanera.

"Lo anterior, pues la demostración del cumplimiento de las obligaciones fiscales relativas a la tenencia o estancia de vehículos extranjeros en tránsito, se puede realizar desde el lugar y el momento en que la autoridad facultada para realizar la verificación respectiva ordene la detención del vehículo, sin que sea necesario el traslado al recinto fiscal, lo que implica la menor molestia al particular y es acorde con el principio de inmediatez.

"De sostener la postura contraria, indicó, se llegaría al absurdo de obligar al conductor, no obstante que tenga a su inmediato alcance la documentación correspondiente, a trasladarse al recinto fiscal para que una vez ahí, acredite la legal estancia o tenencia del vehículo y, en consecuencia, se le permita continuar en tránsito.

"Las consideraciones de mérito, dieron lugar a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 22/2010, que enseguida se reproduce:

"‘VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRÁNSITO. CONSTITUYE UNA FORMALIDAD QUE LA AUTORIDAD VERIFICADORA REQUIERA AL CONDUCTOR QUE ACREDITE SU LEGAL ESTANCIA EN TERRITORIO NACIONAL, EN DONDE SEA DETENIDO, ANTES DE ORDENAR SU TRASLADO AL RECINTO FISCAL PARA CONTINUAR CON LA INSPECCIÓN.’ (se transcribe texto)

"De lo hasta aquí expuesto, se pueden deducir las conclusiones siguientes:

"1. Conforme al marco jurídico existente en el país, es la autoridad administrativa fiscal, la facultada para ordenar y practicar la verificación de vehículos de procedencia extranjera y de mercancías de comercio exterior, ambos en tránsito, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales, que en materia de comercio exterior establecen tanto el Código Fiscal de la Federación como la Ley Aduanera.

"2. Cuando la autoridad administrativa ejerce la facultad antedicha, debe cumplir los requisitos que al efecto establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los numerales 38 y 43 del Código Fiscal de la Federación; por lo que necesariamente las órdenes que al efecto se emitan deben constar por escrito, estar firmadas y emitidas por autoridad competente, precisar el lugar o lugares que han de inspeccionarse, el objeto de la misma, los destinatarios de la orden, o en su caso, proporcionar datos suficientes que permitan su identificación, así como las personas que se encuentran facultadas para llevar a cabo la diligencia de que se trate.

"3. Tratándose de las mencionadas órdenes de verificación de vehículos de procedencia extranjera en tránsito, constituye una formalidad del procedimiento, el que la autoridad fiscal requiera al conductor para que exhiba la documentación que ampare su legal importación o tenencia en el país, antes de que ordene su traslado al recinto fiscal para ese mismo efecto, para lo cual deberá levantarse el acta circunstanciada, en el que así se patentice esa situación.

"Ahora bien, en el caso concreto, de las constancias que conforman el expediente administrativo de origen, destacan los siguientes hechos:

"- El veinticinco de marzo de dos mil dieciséis, personal adscrito a la Policía Federal, Coordinación Estatal Guanajuato, de la Unidad Operativa de Seguridad Preventiva ‘Estación Irapuato’, estando constituidos en el kilómetro 081+500 de la carretera 1110 Irapuato-Zapotlanejo, tramo Pénjamo-La Piedad, encontró circulando sin placa delantera, el vehículo marca BMW, modelo 2001, color rojo, placas de circulación IZG579 de ‘South Carolina’, Estados Unidos de América, número de serie WBABN334X1JW58122, el cual era conducido por Juan Antonio Plascencia Olivares.

"- La citada Policía Federal, al tener conocimiento de posibles infracciones en materia aduanera retuvo el vehículo para efecto de ponerlo a disposición de la autoridad aduanera.

"- Mediante oficio número 13421254 de la indicada fecha, el titular de la estación Irapuato, el inspector jefe y suboficial, todos de la Policía Federal, pusieron a disposición de la Dirección General de Verificación al Comercio Exterior el citado vehículo.

"De lo anterior, se desprende lo siguiente:

"- La detención del vehículo no fue efectuada por autoridad administrativa, sino por la Policía Federal, Coordinación Estatal Guanajuato, de la Unidad Operativa de Seguridad Preventiva ‘Estación Irapuato’.

"- La citada Policía Federal al tener conocimiento de posibles infracciones en materia aduanera, procedió a la retención del vehículo para efecto de ponerlo a disposición de la autoridad aduanera, a fin de que ésta pudiera ejercer sus facultades de comprobación respecto a su legal importación, tenencia, o estancia en el territorio nacional de ese bien mueble.

"En tales términos, si la detención del vehículo se llevó a cabo por una autoridad policial y no por una administrativa aduanera, que es la única que, conforme al orden jurídico vigente, es la facultada para hacerlo; es inconcuso que la detención es ilegal, tal como lo consideró la a quo en la sentencia sujeta a revisión, por lo que el resto del procedimiento aduanero también lo es, al resultar producto de actos viciados de origen.

"Hasta este punto, igual pronunciamiento hizo este tribunal, al resolver el recurso de revisión fiscal 129/2014, en sesión de veinte de noviembre de dos mil catorce.

"Ahora, no es obstáculo para así concluirlo, lo aducido por la parte recurrente, en el sentido de que la actuación de la Policía Federal está respaldada por el artículo 3o., segundo párrafo, de la Ley Aduanera, así como por el numeral 42, fracción XLIV, apartados B, E y F, del Reglamento de la Ley de la Policía Federal.

"Tales preceptos, disponen respectivamente: (se transcriben)

"El contexto que se ha desarrollado hasta este punto, permite interpretar las normas en un sentido restrictivo, en relación con la competencia de la Policía Federal, lo que es acorde con la Constitución, en cuanto a la delimitación de las competencias de las autoridades, las cuales no deben ser vagas e imprecisas, sino perfectamente identificables, provocando así seguridad jurídica, tanto para la autoridad como para los gobernados.

"En principio, el artículo 3o., segundo párrafo, de la Ley Aduanera, no es propiamente una norma que fije competencias de autoridades diversas a las aduaneras.

"El numeral, más bien contiene un mandato para que todas las autoridades, en la esfera de sus respectivas competencias, auxilien a las autoridades aduaneras, pero con la condicionante de que éstas soliciten dicho auxilio. Sin mayor esfuerzo, así se desprende del siguiente texto, que se vuelve a reproducir para mejor ilustración: ‘Los funcionarios y empleados públicos federales y locales, en la esfera de sus respectivas competencias, deberán auxiliar a las autoridades aduaneras en el desempeño de sus funciones cuando éstas lo soliciten...’.

"Una vez hecha la solicitud a la que expresamente se refiere la disposición normativa de mérito, es entonces cuando las autoridades no aduaneras estarán obligadas a denunciar los hechos correspondientes a infracciones a la Ley Aduanera y, en su caso, entregar las mercancías si es que obran en su poder; el texto es el siguiente: ‘y estarán obligados a denunciar los hechos de que tengan conocimiento sobre presuntas infracciones a esta ley y hacer entrega de las mercancías objeto de las mismas, si obran en su poder.’

"Consecuentemente, el artículo 3o., segundo párrafo, analizado, per se, no es una norma que faculte concretamente a la Policía Federal para que indague posibles infracciones a la Ley Aduanera, tampoco le brinda la facultad a esa corporación, para retener un vehículo con el único fin de someterlo a un posible procedimiento administrativo en materia aduanera; más bien, es una norma operativa, que permite a las autoridades fiscales solicitar el auxilio de cualquier otra autoridad que, eventualmente, le permitan iniciar sus facultades de comprobación en relación con la legal estancia de mercancías.

"Por mayoría de razón, la norma reglamentaria a que alude la parte recurrente, no podría otorgar una competencia que no esté prevista en alguna Ley; si bien ese artículo permite a la Policía Federal ordenar a los conductores de vehículos que detengan su circulación y exhiban la documentación que ‘establezcan las disposiciones legales y reglamentarias aplicables’; retirar los vehículos de la circulación ‘en los supuestos que establezcan las disposiciones aplicables’ y enviarlos a los depósitos autorizados; igualmente a remitir a las autoridades competentes a las personas y objetos relacionados con hechos delictivos; la norma reglamentaria debe entenderse dentro del marco competencial de la Policía Federal.

"Esto es, la Policía Federal puede actuar deteniendo vehículos, retirándolos de circulación, remitirlos a depósitos, así como a las personas y objetos relacionados con hechos delictivos; pero todo ello relacionado con su competencia original de resguardo de los gobernados al transitar por caminos federales, por lo que de ninguna manera puede entenderse que le permita sustituirse a la autoridad aduanera, indagando la legal estancia de los vehículos, deteniéndolos y reteniéndolos sin la orden escrita de autoridad competente, porque, como se tiene visto, no existe artículo en la ley que le faculte para ello.

"Lo anterior, se robustece además, al considerar, como ya se expuso, que conforme al orden normativo vigente y a las tesis jurisprudenciales transcritas en párrafos precedentes, únicamente la autoridad administrativa tiene facultades para ordenar y practicar la verificación de vehículos de procedencia extranjera y, por ende, ordenar su detención; cuando lo haga, dichas órdenes deben cumplir con las exigencias previstas en los numerales 16 constitucional, así como 38 y 43 del Código Fiscal de la Federación.

"Esto es, la verificación de vehículos de procedencia extranjera en tránsito, constituye un acto de molestia que, para que esté ajustado a derecho, necesariamente su realización debe concordar con las formalidades antedichas.

"Si la observancia de tales formalidades es exigible para la autoridad dotada por la norma, de facultades para llevarla a cabo; sería incongruente que se permitiera su ejecución sin apego a dichas exigencias y además, ejecutada por una autoridad que carece de la potestad para tal efecto.

"Una determinación diversa, implicaría que en el terreno de los hechos, se dotara a la Policía Federal de una facultad que no le ha sido atribuida por ninguna disposición legal, con la gravedad que ello conlleva; y se estaría ante un escenario incongruente, que resulta ilustrativo de la ilegalidad de la situación:

"1. Si la detención del vehículo es efectuada por la autoridad administrativa facultada para tal efecto, la orden emitida para ello, debe cumplir con las formalidades tantas veces descritas; en la que, como una formalidad del procedimiento, deberá requerirse al conductor para que exhiba la documentación que ampare su legal importación o tenencia en el país, antes de que ordene su traslado al recinto fiscal para ese mismo efecto, para lo cual deberá levantarse el acta circunstanciada en la que así se patentice esa situación.

"2. En cambio, si la detención se lleva a cabo en forma diversa, como en el caso aconteció, no es menester que el acto revista las formalidades esenciales antes apuntadas.

"El escenario antes ilustrado, pone de manifiesto la incongruencia e ilegalidad de la conclusión derivada del segundo supuesto y, por ende, lo infundado de los motivos de agravio.

"No obsta, la existencia de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 20/2000, publicada en la página 294, Tomo XI, marzo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘POLICÍA FISCAL. LOS ACTOS QUE REALIZA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, NO CONSTITUYEN EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA.’

"Sin embargo, el criterio anterior no tiene aplicación al caso, en virtud de que el cuatro de enero de mil novecientos noventa y nueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley de la Policía Federal Preventiva y se reforman diversas disposiciones de otros ordenamientos legales, cuyos artículos tercero, cuarto y quinto transitorios indican: (se transcribe)

"Ahora bien, el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, establece lo siguiente:

"(se transcribe Capítulo II, artículo 11, fracción LXV)

"De lo anterior, se desprende que la Administración General de Aduanas, es la encargada de supervisar a la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera.

"Ahora bien, en la ejecutoria que dio origen a la tesis mencionada, se estimó que la actuación de la entonces Policía Fiscal Federal ahora Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera (consistente en la remisión a la autoridad aduanera, de personas, cosas y actas levantadas en ejercicio de sus funciones), se encontraba justificada, porque tenía su fundamento en lo dispuesto en el acuerdo de ocho de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, en el que se delegan facultades a los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se mencionan en el mismo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de la fecha indicada, y principalmente en la adición publicada a través del medio oficial antes referido el quince de marzo de mil novecientos noventa y tres, la cual se agregó al artículo primero, el apartado H y la fracción III, del contenido siguiente:

"(se transcribe)

"Empero, de las facultades reproducidas en el apartado anterior, no se encuentran contempladas las que son potestad de la Policía Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de la Policía Federal.

"Entonces, si la Administración Central de la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera, es la encargada de prevenir y apoyar en los hechos que tenga conocimiento con motivo de sus actuaciones, que puedan constituir ilícitos fiscales y aduaneros, esa potestad debe referirse a la autoridad aduanera no a la Policía Federal.

"Ante este panorama, como bien lo resolvió la a quo, debe existir orden previa de la autoridad aduanera para proceder a la retención del vehículo correspondiente, porque la Policía Federal carece de competencia para realizar funciones de verificación en materia aduanera y para proceder a la detención y puesta a disposición del vehículo de procedencia extranjera, con motivo de haber observado, como en el caso concreto, que el permiso de internación estaba vencido.

"Por tanto, adversamente a lo expuesto por la autoridad recurrente, a fin de que la remisión a las autoridades competentes de bienes asegurados sea legal, ésta debió realizarse en ejercicio de facultades propias de esa corporación, lo que no ocurrió en el caso.

"De ahí, lo infundado del agravio.

"... por las razones que ya han sido expuestas a la largo de este ejecutoria, destacando además la interpretación del artículo 3o., segundo párrafo, de la Ley Aduanera, este órgano Colegiado advierte que, en el caso, aun cuando en primer momento la Policía Federal haya detenido el vehículo con motivo de una infracción (en el caso que no portaba placa delantera), esa corporación no puede proceder a indagar si se tiene permiso de legal estancia, o bien, si éste está vencido, menos aún puede retener el vehículo para efecto de ponerlo a disposición de la autoridad aduanera, ya que este proceder, el cual tiene lugar en un segundo momento, es ajeno a su actividad sancionadora por infracciones de tránsito en carreteras, sin que, como se tiene visto, encuentre asidero legal.

"En efecto, cuando un elemento de la Policía Federal se percata de que el conductor de un vehículo en marcha incurrió en una infracción, puede ordenar que se detenga a fin de corroborar la hipótesis de rompimiento del reglamento correspondiente. En la inteligencia de que ‘detener’ significa impedir que algo o alguien sigan adelante (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española).

"Pero una vez detenido el vehículo y comprobado que se incurrió en infracción, no puede válidamente retener el vehículo, entendido esto como la acción de impedir que algo salga, se mueva, se elimine o desaparezca (mismo diccionario).

"Es decir, si la infracción relativa, según el reglamento amerita una retención, el elemento de la Policía Federal tendrá en su poder el vehículo válidamente; en cambio, si sólo da lugar a la detención y una vez entregada la boleta no existe justificación legal para retenerlo, sino dejar que continúe su trayecto, entonces, la retención será ilegal.

"Si a la retención del vehículo le precede la exigencia de demostración de su legal estancia en el país, la cual no fue satisfecha a juicio del oficial de esa corporación, desde luego implica la auto-atribución de una facultad de autoridad aduanera.

"Inclusive en ese caso, tan se ejerce dicha facultad, que el oficial de la Policía Federal realiza materialmente una valoración de la legal estancia del vehículo, con o sin documentación exhibida, pues justamente al considerar que éste se encuentra ilegalmente en el país, es lo que motiva la retención.

"Esto al margen de si dicho juicio valorativo está o no asentado en documento, pues es relativamente fácil de identificar su existencia, dado el caso de que el policía federal retenga el vehículo con fines de que la autoridad aduanera proceda a su verificación.

"Es distinto, por ejemplo, si en un accidente de tránsito que amerite destinar a un depósito el o los vehículos involucrados, para fines

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27397-2d85c280/vehiculos-de-procedencia-extranjera-los-elementos-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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