SUSPENSIÓN DEFINITIVA CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PROCEDE CONTRA LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA QUE REVOCA LA MEDIDA CAUTELAR DECRETADA EN UN PROCEDIMIENTO DE NATURALEZA MERCANTIL.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 16/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 18 DE ABRIL DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO (PRESIDENTA) Y MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. PONENTE: MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. SECRETARIA: OLGA LYDIA NÚÑEZ AGÜERO.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia de la Ciudad de México, en sesión de dieciocho de abril de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios 16/2024, suscitada entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Civil del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito.
2. La problemática jurídica que debe ser resuelta consiste en determinar si es posible otorgar la suspensión, provisional o definitiva, en el juicio de amparo indirecto, respecto del acto reclamado consistente en la ejecución de la sentencia de segunda instancia por virtud de la cual se revocaron las medidas cautelares decretadas en un procedimiento de naturaleza mercantil, con efectos restitutorios.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. A través de escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, una de las personas quejosas en el juicio de amparo indirecto 2605/2022 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, denunció ante el extinto Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, la posible contradicción de criterios entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero ambos en Materia Civil del Tercer Circuito, al dictar sentencia en el incidente en revisión 153/2014, así como en el incidente en revisión 73/2023 y en la queja 376/2023, respectivamente, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en el incidente en revisión 34/2009, los tres pertenecientes a la región Centro-Sur, y por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, al resolver la queja 17/2006, perteneciente a la región Centro-Norte.
4. Por acuerdo de veintiocho de septiembre posterior, la Presidencia del referido Pleno Regional ordenó el registro del asunto con el consecutivo 102/2023 y lo admitió únicamente respecto a los tres órganos jurisdiccionales pertenecientes a la región Centro-Sur; consecuentemente, emitió diversas determinaciones relacionadas con el trámite procesal respectivo.
5. En relación con la denuncia de contradicción de criterios que involucra al tribunal colegiado de la región Centro-Norte, con fundamento en el artículo 14, fracción II, del Acuerdo General 67/2022 del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, ordenó remitir las constancias respectivas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que determinara lo que en derecho procediera, al tratarse de una resolución emitida por un órgano jurisdiccional perteneciente a diversa región, que pudiera resultar contradictoria con el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, perteneciente a la región Centro-Sur, al resolver el incidente en revisión 73/2023 y la queja 376/2023. Por auto de nueve de octubre del año inmediato pasado, la Presidencia del Alto Tribunal ordenó dar trámite a la denuncia referida al apreciar que se formuló entre Tribunales Colegiados de Circuito pertenecientes a distintas regiones, la registró con el número de expediente 335/2023 y ordenó su turno a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, sin que a la fecha haya sido resuelta.
6. En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, mediante oficio 4/2024-PRC-CS, el Secretario de Acuerdos del extinto Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, remitió a este Pleno Regional, la contradicción de criterios 102/2023.
7. En proveído de veinticuatro de enero del año que transcurre, la Presidencia de este Pleno Regional ordenó el registro de la denuncia de contradicción de criterios con el consecutivo 16/2024; la admitió a trámite; solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes informaran si los criterios de la posible contradicción se encuentran vigentes y que pusieran a disposición la consulta del expediente electrónico de cada uno de los asuntos involucrados, así como la de aquéllos de los que éstos hayan derivado; también, solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que informara si existe alguna contradicción de criterios radicada en el Máximo Tribunal del País que guarde relación con la temática planteada en el presente asunto, aunado a que se realizó el turno electrónico de éste.
8. Vía oficios 582, así como 1872, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito informó que los criterios que sustentó al resolver el incidente en revisión 73/2023 y la queja 376/2023, respectivamente, continúan vigentes, aunado a que puso las actuaciones de dichos asuntos a disposición de este Pleno Regional para su acceso electrónico por medio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
9. Mediante oficio 772/2024 y proveído de uno de febrero inmediato pasado, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito informaron, respectivamente, que el criterio que sostuvo cada uno en los incidentes en revisión 153/2014 y 34/2009, está vigente; también comunicaron que pusieron a disposición el acceso electrónico de dichos expedientes a través del sistema antes indicado.
10. Por oficio DGCCST/X/148/02/2024, de doce de febrero de dos mil veinticuatro, la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó que en ésta se encuentra radicada (pendiente de resolución) la contradicción de criterios 335/2023, cuyo tema guarda relación con el del presente asunto ("SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. DETERMINAR SI ES POSIBLE OTORGARLA RESPECTO DE MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS EN PROCEDIMIENTOS DE NATURALEZA CIVIL Y/O MERCANTIL, PESE A QUE SU CONCESIÓN PUDIERA TENER EFECTOS RESTITUTORIOS QUE SON PROPIOS DE LA SENTENCIA DE FONDO DEL JUICIO CONSTITUCIONAL").
11. Mediante auto de ocho de abril de la anualidad que transcurre, se confirmó el turno electrónico a la ponencia del magistrado Arturo Iturbe Rivas para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
II. COMPETENCIA
12. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia de la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, así como 1, fracción II, punto 2. y 2 del Acuerdo General 108/2022 del citado Pleno, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, modificados por el diverso Acuerdo General 38/2023 del propio órgano colegiado "por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio"; en virtud de que aquélla se denunció respecto de los sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Civil del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, sobre los cuales este Pleno Regional ejerce jurisdicción por razón de la materia y del territorio.
III. LEGITIMACIÓN
13. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en tanto fue formulada por una persona física quejosa en el juicio de amparo indirecto 2605/2022, de la estadística del Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, del cual derivó el incidente en revisión 73/2023, en cuya ejecutoria se sustentó uno de los criterios que motivaron el asunto que nos ocupa.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
14. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es conveniente formular una breve referencia de los antecedentes relevantes de cada asunto y, posteriormente, sintetizar las posturas que asumieron los órganos colegiados a través de las ejecutorias respectivas.
15. Primer criterio contendiente. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito conoció del incidente en revisión 153/2014. Los antecedentes del caso son:
16. Una persona física promovió juicio de amparo indirecto contra la resolución de siete de marzo de dos mil catorce, en la que la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco, modificó el auto dictado el treinta y uno de mayo de dos mil doce por el Juez Segundo de lo Mercantil (sic), a fin de ordenar el levantamiento de unas medidas cautelares otorgadas respecto de una razón social y una persona física, así como contra su ejecución.
17. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco radicó el juicio de amparo indirecto 353/2014 y dio trámite al correspondiente incidente de suspensión, en el que mediante resolución interlocutoria de catorce de abril de dos mil catorce negó la suspensión definitiva de los actos reclamados, al considerar que:
• La determinación de la Sala responsable por virtud de la cual ordena que se levanten las medidas precautorias solicitadas por el quejoso en relación con, únicamente, una razón social y una persona física, es un acto prohibitivo, ya que impide o restringe el ejercicio de un derecho de los particulares y en su contra es improcedente la suspensión teniendo en cuenta, por una parte, el interés legítimo (sic) de los gobernados en continuar realizando la actividad que venían desempeñando, así como su irreparabilidad y, por otra, el interés público en impedirles ejercer tal actividad, así como los perjuicios que pudiese ocasionarse a la sociedad con tal concesión.
• De concederse la suspensión se contravendrían disposiciones de orden público e impediría que se levanten las medidas precautorias (actos prohibitivos) y, por consiguiente, seguirían surtiendo efectos entre tanto se resuelve el amparo de que se trata, de tal manera que afectarían los intereses de la contraparte en el juicio natural, aunado a que se otorgarían efectos restitutorios y constitutivos de derechos, lo cual es propio y exclusivo del estudio de fondo del juicio principal.
18. Determinación que fue impugnada a través del recurso de revisión y en sesión de veintidós de mayo de dos mil catorce, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito dictó sentencia, en la que revocó la interlocutoria recurrida y concedió la suspensión definitiva porque:
• El acto reclamado es positivo, dentro de cuya categoría se encuentran los actos prohibitivos, contra el cual, sí es factible conceder la suspensión definitiva.
• En efecto, es posible conceder ésta, en la parte en que la autoridad impide o restringe ejecutar la medida precautoria solicitada respecto de unas personas moral y física, lo que se traduce en una determinación de la autoridad encaminada a impedir el ejercicio de un derecho o vedar una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el Estado, ya que la resolución primaria del juez natural había autorizado la providencia precautoria respecto de las citadas personas.
• La suspensión se ajusta a los extremos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que fue solicitada por la parte quejosa, no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Además, no implica dar efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo, sino mantener la situación que existía antes de que se dictara o ejecutara el acto que se reclama, es decir, con la concesión de la suspensión solo se impide que surta efectos la determinación reclamada.
• Debe revocarse la interlocutoria recurrida a fin de otorgar la suspensión definitiva para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, es decir, para que se incluya a las personas citadas en la medida cautelar decretada en el proveído objeto del recurso de apelación que modificó la Sala responsable en la sentencia reclamada.
19. Segundo criterio contendiente. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito conoció el incidente en revisión 73/2023 y la queja 376/2023. No obstante que éstos fueron resueltos sobre la base de similares consideraciones, sus antecedentes se exponen en el orden citado, de forma individual:
20. Juicio de amparo indirecto 2605/2022: Promovido por dos personas físicas, en el que reclamaron los siguientes actos:
a) La sentencia de uno de diciembre de dos mil veintidós dictada en el toca 640/2022 del índice de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, por medio de la cual se revocaron las medidas cautelares concedidas a favor de la parte quejosa en el expediente 751/2022 del índice del Juzgado Primero de lo Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, es decir, se ordenó su levantamiento.
b) La ejecución del levantamiento de las medidas cautelares por el Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Municipio de Autlán, de Navarro, Jalisco y por la Oficina de Catastro Municipal del Municipio de la Huerta Jalisco, que implica el levantamiento de la inmovilización registral y catastral sobre inmuebles ordenada en el expediente 751/2022 citado.
c) Todos los actos que sean consecuencia de los señalados con antelación.
21. El Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco radicó el juicio de amparo indirecto 2605/2022 y dio trámite al correspondiente incidente de suspensión, en el que, mediante resolución interlocutoria de nueve de enero de dos mil veintitrés, concedió la suspensión definitiva al considerar que:
• Las medidas cautelares revocadas son de naturaleza conservativa, al tener como finalidad mantener las cosas en el estado en que se encuentran, en tanto se resuelva el juicio de origen en definitiva. La suspensión se solicitó para que no se ejecutara la sentencia reclamada y por tanto, siguieran vigentes y no fueran revocadas las providencias precautorias dictadas el ocho de abril de dos mil veintidós, en los autos del juicio 751/2022 del índice del Juzgado Primero de lo Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco; actuación que no es uno de los casos que prevé el artículo 129 de la Ley de Amparo, motivo por el que se puede concluir que no fue considerada por el legislador como una que contravenga disposiciones de orden público.
• Quedaron satisfechos los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, por lo que el acto reclamado es susceptible de suspenderse ya que conlleva en sí mismo una ejecución en perjuicio de la parte quejosa, pues el levantamiento de las medidas precautorias impactaría en su patrimonio y existiría la posibilidad de que aun cuando se obtuviera sentencia favorable en el juicio de origen, sea insuficiente obtener las resultas del juicio (sic), lo que impediría que se vea resarcida sobre lo reclamado en el juicio natural.
• Aun cuando la obtención de una providencia precautoria debe entenderse como una expectativa de derecho, no puede dejarse de lado que dada su naturaleza y finalidad generales, su levantamiento ocasiona perjuicios irreparables para efectos de la suspensión en el amparo, pues se dejaría de asegurar los intereses de quien promovió la medida cautelar, a pesar de que su propósito es precisamente preservarlo durante el tiempo estrictamente necesario para que sea reconocida la obligación exigida por sentencia ejecutoriada, impidiendo que las partes eludan el cumplimiento de sus obligaciones o el resultado del juicio.
22. Determinación contra la que se interpuso recurso de revisión, que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito radicó con el número de toca 73/2023, en el que en sesión de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés dictó sentencia revocando la interlocutoria recurrida y negando la suspensión definitiva porque:
• Del contenido del artículo 147 de la Ley de Amparo se desprende la posibilidad de que, si la naturaleza del acto reclamado lo permite, se decrete la suspensión con efectos restitutorios cuando se advierta que está justificada la apariencia del buen derecho, lo que supone necesariamente la existencia de datos que revelen que, en un cálculo preliminar de posibilidades, muy probablemente se podría conceder el amparo dada la inconstitucionalidad detectable del acto reclamado mediante un simple vistazo previo del fondo del asunto.
• Del numeral 131 de la propia legislación, se obtiene que mediante la suspensión no pueden constituirse derechos que la parte quejosa no tenía al promover el juicio de amparo.
• No es factible, por este momento procesal y con los datos con que se cuenta, determinar de forma preliminar si la revocación y el levantamiento de las medidas cautelares decretadas en el acto reclamado (resolución de segunda instancia) son inconstitucionales, de manera que exista una alta probabilidad de que se concediera el amparo, toda vez que para ello es necesario un examen propio del fondo del asunto y no hay elementos para hacerlo en el momento, ya que sería necesario contar con las constancias completas a partir de las que pudiera analizarse de manera integral la constitucionalidad del acto reclamado, lo que es propio de la sentencia de fondo.
• Dado que en la sentencia reclamada se revocaron las medidas cautelares decretadas por el juez primario y, en consecuencia, éstas quedaron sin efectos, de concederse la suspensión se darían efectos restitutorios, al propiciar que las medidas cautelares revocadas vuelvan a surtir efectos legales, por lo no es factible la concesión de la medida suspensional en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo, aunado a que no hay elementos para concluir que está justificada la apariencia del buen derecho, tema que atañe al estudio del fondo de la cuestión planteada.
• Otorgar la medida en los términos pretendidos, supondría constituir un derecho en favor de la parte quejosa, con el que ya no contaba al momento de promover su demanda de amparo y en todo caso, el análisis conducente sería propio del fondo del juicio constitucional principal.
• La apariencia del buen derecho constituye una valoración que atiende a la naturaleza cautelar de la suspensión de los actos reclamados y tiene como finalidad determinar si existen elementos claros de inconstitucionalidad en el acto reprochado, que permitan anticipar una posible concesión de la protección constitucional. • Si bien es posible que a través de la suspensión se haga un adelanto restitutorio provisional de los efectos de un fallo protector, solo es factible cuando se cuenta con elementos que supongan un alto grado de probabilidad de que se otorgue el amparo, lo que en el caso, por la naturaleza del acto reclamado, no puede determinarse desde este momento procesal, sino que se requiere forzosamente hacer un análisis detallado del fondo del asunto, propio de la sentencia definitiva.
• Citó la tesis I.3o.C.35 K, de rubro: "SUSPENSIÓN. NO PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL YA DICTADA, PORQUE SE TRATA DE UN ACTO CONSUMADO, SIN PERJUICIO DE QUE LO CONCERNIENTE A LA EJECUCIÓN DE SUS EFECTOS SEA MATERIA DE DIVERSO PRONUNCIAMIENTO.". Asimismo, aludió la tesis de jurisprudencia J/7 derivada de la contradicción de tesis 6/2015, emitida por el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PARA SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE ATENDER NO SÓLO A LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO, SINO ADEMÁS PONDERAR, SIMULTÁNEAMENTE, LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA QUE SE TRADUCE EN QUE EL ACTO RECLAMADO CAUSE PERJUICIO DE DIFÍCIL REPARACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE AMPARO)."
23. Juicio de amparo indirecto 1898/2023: Promovido por diversas personas físicas contra:
a) La discusión, aprobación, promulgación y publicación de los artículos 1179, segundo párrafo, del Código de Comercio y 391 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
b) Los autos de tres y cuatro de agosto de dos mil veintitrés, dictados en el juicio ordinario mercantil 1388/2023, promovido por la parte quejosa contra una persona moral y diversas físicas. En virtud del primero, se ordenó dejar sin efectos las medidas cautelares decretadas el diez de julio de dos mil veintitrés, tendentes a detener cualquier acto que condujera a dilapidar el patrimonio de una sociedad mercantil en perjuicio de la parte quejosa, ordenar a una persona física demandada que se abstuviera de realizar actos de enajenación o afectación de cualquier índole respecto del patrimonio de la citada sociedad, de promover juicios contra aquélla, así como de ejecutar los acuerdos tomados en las asambleas cuya nulidad fue demandada; en cuanto al segundo, se fijó garantía a fin de llevar a cabo el levantamiento de las medidas cautelares descritas.
24. El Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco radicó el juicio de amparo indirecto antes identificado y dio trámite al correspondiente incidente de suspensión, en el que, por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés negó la suspensión provisional al considerar que:
• De concederse la suspensión se estarían contraviniendo disposiciones de orden público e interés social, ya que se dejaría sin efecto la orden dictada por el Juez Décimo Sexto de Control, Enjuiciamiento y Justicia Penal Integral para Adolescentes adscrito al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito del Estado, ya que la materialización del acto reclamado derivó de un procedimiento y autoridad distinta a la señalada como responsable; aunado a que, según se aprecia de las documentales, ello obedeció al esclarecimiento de hechos materia de una investigación penal.
25. Lo que se impugnó vía recurso de queja 376/2023, que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en sesión de siete de septiembre de dos mil veintitrés, resolvió declararlo infundado, al tenor de lo siguiente:
• En términos del artículo 128 de la Ley de Amparo y considerando que lo reclamado es el levantamiento de unas medidas cautelares con motivo del aseguramiento ordenado dentro de una carpeta de investigación respecto de los bienes, entre otros, de una sociedad mercantil, de concederse la medida suspensional se contravendrían disposiciones de orden público y el interés social, debido a que se dejaría sin efectos la orden emitida por una autoridad penal, que tiene como sustento la investigación de hechos que pueden resultar constitutivos de un delito, respecto del cual, la sociedad está interesada en que no se perpetre.
• Aun cuando en el juicio de origen la litis se hubiera fijado sobre hechos que únicamente atañen a la inconforme y a la sociedad mercantil, lo cierto es que los hechos materia de la carpeta de investigación, pueden resultar constitutivos de delito y éstos se relacionan precisamente con los bienes que se afirma son propiedad de la referida sociedad anónima, generando el interés social a que se refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo.
• Es inexacto determinar que de concederse la medida y, en consecuencia, de prevalecer las medidas precautorias decretadas en el juicio de origen, no se obstaculizaría la investigación de los hechos denunciados, ya que, aun cuando los bienes estarían a disposición de la fiscalía para practicar, sin restricción alguna, todas las diligencias que estimara pertinentes, se podrían entorpecer las investigaciones que debieran llevarse a cabo en la carpeta de referencia al haberse designado interventores en la administración de la sociedad mercantil, encargados para velar por salvaguardar el patrimonio de dicha moral, al poseer facultades de administración, supervisión y vigilancia, lo que evidentemente, podría entorpecer las investigaciones.
• No se cuenta con las actuaciones necesarias para poder determinar con certeza que, de concederse la suspensión provisional, no se seguiría perjuicio al interés social ni se contravendrían disposiciones de orden público, por lo que tampoco sería posible realizar un estudio de la apariencia del buen derecho, el cual se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el juicio, acorde a la jurisprudencia P./J. 15/96 de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARACTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO."
• Aun cuando se aceptara, sin conceder, que en el caso se cumplen los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, de cualquier manera no sería procedente conceder la suspensión, puesto que implicaría darle efectos restitutorios en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo, ya que tendría como consecuencia que subsistieran las medidas cautelares que decretó el juez civil, lo que implicaría, entre otras cosas, que volvieran a su encargo los interventores que se habían designado.
• Se carece de los elementos necesarios para realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, de acuerdo con el artículo 138 del ordenamiento en cita, que permitan anticipar que el auto de tres de agosto resulta inconstitucional generando la concesión del amparo, sobre todo porque el juez mercantil actuó como autoridad ejecutora de una determinación emitida por un juez de control, que al parecer está siendo reclamada en un amparo penal.
26. Tercer criterio contendiente. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito conoció del incidente en revisión 34/2009. Los antecedentes del caso son:
27. Una persona moral promovió juicio de amparo indirecto contra:
a) La resolución de veinticinco de noviembre de dos mil ocho, dictada en las medidas precautorias 795/2005, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Estado de Puebla, mediante la cual se ordenó levantar la medida precautoria concedida el veinticuatro de agosto de dos mil cinco, que ordenó suspender la obra que se ejecuta en la calle ********** ********** ********** **********, conocida también como ********** ********** ********** **********, número ********** ********** ********** **********, colonia ********** **********, conjunto comercial "********** ********** **********" de la ciudad de Puebla, exclusivamente por lo que hace a la construcción de un hotel.
b) Todos los actos, acuerdos, notificaciones, resoluciones y diligencias tendientes a cumplimentar y ejecutar la resolución referida, que pudieran realizar la persona Actuaria "Non" adscrita al juzgado, así como las personas titulares de la Secretaría y Dirección General de Seguridad Pública del Estado.
c) La resolución de tres de diciembre de dos mil ocho, dictada en el mismo expediente y por la persona titular del juzgado señalado, que aclaró la diversa determinación de levantamiento de la medida precautoria, así como su ejecución.
28. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento de dicho asunto al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Puebla, quien lo radicó como juicio de amparo indirecto 1498/2008 y en resoluciones interlocutorias de dieciocho y veintinueve de diciembre de dos mil ocho, al igual que siete de enero de dos mil nueve, decidió:
• En relación con las resoluciones emitidas por el Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Estado de Puebla, negar la suspensión definitiva al tratarse de actos consumados; sin perjuicio que, de asistir el derecho a la persona moral quejosa en lo principal, en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo le serán resarcidas las garantías que estima violadas, de acuerdo a los efectos restitutorios de la sentencia que se llegue a dictar, retrotrayéndose las cosas al estado que guardaban antes de la violación.
• En torno a las consecuencias o ejecución de las resoluciones reclamadas, con base en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, conceder la medida suspensional, ya que no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, aunado a que son de difícil reparación los daños y perjuicios que pudieran ser causados a la parte quejosa; c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32529-ffcf9d5e/suspension-definitiva-con-efectos-restitutorios-procede-contra-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE TRATE DE ACTOS OMISIVOS DEBE VERIFICARSE SI SU NATURALEZA ES INSTANTÁNEA O CONTINUADA Y, EN SU CASO, SI ES REVOCABLE, POR TRAT (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO CONTRA LA DETERMINACIÓN SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA CON FUNDAMENTO EN LA HIPÓTESIS LEGAL DE PROCEDENCIA "CONTRA LA DECISIÓN RECAÍDA A LA SUSPENSIÓN (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SU CONCESIÓN O NEGATIVA NO DEPENDE DE LA OTORGADA EN UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE RECLAME EL MISMO ACTO EN AMBOS MEDIOS D (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- PERITO TERCERO EN DISCORDIA EN UN JUICIO MERCANTIL. LA RESOLUCIÓN QUE CON CARÁCTER DE DEFINITIVA APRUEBA EL MONTO DE SUS HONORARIOS Y ORDENA A LAS PARTES SU PAGO, CONSTITUYE UN ACT (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONTRADICCIÓN DE TESIS. SI LOS ÓRGANOS CONTENDIENTES RESOLVIERON UN SUPUESTO QUE CONFORME A LA LEY O LA JURISPRUDENCIA NO PUEDA NI DEBA DARSE, DEBE DEFINIRSE EL PUNTO. (1a. X/2007)
- CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO LA MATERIA DE LA SUPUESTA OPOSICIÓN DE CRITERIOS LA CONSTITUYA EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE UN TRIBUNAL A LO DISPUESTO EN LA LEY RES (7)
- CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO LA MATERIA DE LA SUPUESTA OPOSICIÓN DE CRITERIOS LA CONSTITUYA EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE UN TRIBUNAL A LO DISPUESTO EN LA LEY RES (1a. IX/2002 )
- CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS CRITERIOS JURÍDICOS EXPRESADOS "A MAYOR ABUNDAMIENTO" SON DE TOMARSE EN CUENTA PARA RESOLVER AQUÉLLA. (P. XLIX/2006)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis