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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CUANDO SE RECLAMA EL ARTÍCULO 60, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIONES I, II Y III, DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE DICIEMBRE DE 2022, AL NO CONTRAVENIR DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO NI SEGUIRSE PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 28/2023. · Registro digital (IUS): 31797
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-09-29
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo IV, Pág.4524.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 28/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 21 DE JUNIO DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ANA LUISA MENDOZA VÁZQUEZ Y SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS (PRESIDENTE). PONENTE: MAGISTRADA ANA LUISA MENDOZA VÁZQUEZ. SECRETARIO: SALVADOR ISRRAEL ANDRADE GUERRERO.

Cuernavaca, Morelos. El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, en sesión de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

Correspondiente a la contradicción de criterios 28/2023, suscitada entre los sustentados por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados, ambos del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo. La problemática jurídica que subyace en este caso, consiste en determinar si se afecta o no el orden público e interés social, al conceder la suspensión del juicio de amparo cuando se señala como acto reclamado, el artículo 60 del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, modificado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Mediante auto de trece de marzo de dos mil veintitrés, el Magistrado presidente de este órgano jurisdiccional tuvo por recibido el oficio 310/2023-D-7, del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, mediante el cual denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados en la queja 90/2023, del índice del Primer Tribunal Colegiado, y la queja 59/2023 del Segundo Tribunal Colegiado, ambos del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo.

2. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de trece de marzo de dos mil veintitrés, el Magistrado presidente de este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur ordenó registrar la denuncia de contradicción de criterios con el número 28/2023, turnándose preliminarmente el expediente para su estudio a la Magistrada ponente Ana Luisa Mendoza Vázquez.

3. En ese sentido, consta en el expediente electrónico que por oficio 474 de quince de marzo de dos mil veintitrés, el presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, informó que el criterio adoptado –al resolver el recurso de queja 90/2023– seguía vigente.

4. Por su parte, mediante oficio 18/2023 de quince de marzo de dos mil veintitrés, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, comunicó que el criterio adoptado –al resolver el recurso de queja 59/2023– sigue vigente.

5. Igualmente, el tres de abril de dos mil veintitrés, se tuvieron por recibidos los oficios SGA/GVP/337/2023 y DGCCST/X/268/03/2023 del director general de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis y de la Secretaría General de Acuerdos, respectivamente, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante los cuales informaron no encontrar radicado en ese Alto Tribunal, contradicción de criterios alguna en la que el tema a dilucidar guarde relación con el presente asunto.

6. Mediante auto de tres de abril de dos mil veintitrés, la presidencia de este órgano, confirmó el turno electrónico a la Magistrada Ana Luisa Mendoza Vázquez, para la formulación del proyecto de resolución.

7. Suspensión y reanudación de plazos. Mediante acuerdo de presidencia de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, se informó sobre la licencia de carácter médico, que le fue concedida a la Magistrada Ana Luisa Mendoza Vázquez, respecto del periodo comprendido del veintiséis de abril al diez de mayo del año en curso, así como que derivado de ello, no correrían los plazos a que se refiere el artículo 44 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, hasta tanto se encontrara nuevamente integrado este Pleno Regional; así por acuerdo de once de mayo de dos mil veintitrés, se informó sobre la reanudación de los plazos respectivos.

8. Aplazamiento del asunto. El presente asunto se publicó en la lista de once de mayo de dos mil veintitrés, para ser visto en sesión de veinticuatro de mayo siguiente en la cual se determinó su aplazamiento; por lo que se listó nuevamente el ocho de junio del año en cita, para ser visto en la sesión de veintiuno de junio del año en curso.

9. Mediante escritos presentados el veinte y veintiuno de junio del año en curso, el apoderado legal de la asociación civil ************, realizó diversas manifestaciones mediante la figura amicus curiae, mismas que fueron acordadas mediante auto de esta misma data.

II. COMPETENCIA

10. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 8, 10 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y el artículo 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados entre el Primer y Segundo Tribunales Colegiados, ambos del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo.

III. LEGITIMACIÓN

11. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, con motivo de la sustanciación de los incidentes de suspensión derivados de los juicios de amparo indirecto 180/2023-D-7 y 169/2023-C-6, de su índice, que dieron origen a los recursos de queja 59/2023 y 90/2023 del índice del Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Vigésimo Séptimo Circuito, ambos con residencia en Cancún, Quintana Roo, respectivamente, –los cuales son los órganos que participan en la presente contradicción–.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS.

12. Para estar en aptitud de establecer si existe contradicción de criterios, es preciso tener en cuenta los antecedentes y aspectos relevantes que sustentan las posturas de los órganos colegiados aquí contendientes:

13. I. Antecedentes que dieron origen al recurso de queja 90/2023, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, y su resolución:

• Una persona jurídico colectiva promovió juicio de amparo indirecto, en el que reclamó del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, secretario de Salud y director general Adjunto del Diario Oficial de la Federación, en su respectivo ámbito de competencias, la iniciativa, refrendo, promulgación y orden de publicación del Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, publicado en el referido medio de difusión oficial, el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en específico, los artículos 1, 2, fracciones II, IV, IV bis, VI ter, y XVIII, 60, 65 y 65 bis, y solicitó la suspensión del acto reclamado.

• El conocimiento del asunto correspondió al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, donde se registró con el número de expediente 169/2023, y seguido el procedimiento correspondiente, concedió la suspensión provisional del acto reclamado, al estimar de manera aproximada, que el artículo 60 del decreto reclamado, vulnera el principio de reserva de ley, al contener una restricción absoluta que no está prevista en la Ley General para el Control del Tabaco.

• Inconformes con la determinación anterior, las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y la Secretaría de Salud, interpusieron el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, donde se registró con el número 90/2023; y, en sesión de dos de marzo de dos mil veintitrés, dicho órgano jurisdiccional declaró infundado dicho medio de impugnación, bajo las consideraciones siguientes:

• En primer orden, precisó que opuesto a lo que sostuvieron las recurrentes, la medida cautelar se otorgó para el efecto de que no se aplicara el decreto materia del reclamo, conforme a los lineamientos establecidos previamente a la entrada en vigor de las normas reclamadas, por lo que el juzgador federal actuó sin exceder las pretensiones deducidas por la parte quejosa.

• Consideró que con la concesión de la medida cautelar, no se infringían disposiciones de orden público, ni se vulneraba el interés social, en términos de lo dispuesto en los artículos 128, fracción II y 129, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, ya que con ello no se privaba a la colectividad de un beneficio que le otorgaban las leyes, ni se le infería un daño que de otra manera no resentiría, debido a que antes de la entrada en vigor del decreto reclamado, ya se tenía previsto un ámbito armónico de orden público e interés social que funcionaba comulgando con los derechos al servicio de los fumadores y no fumadores.

• De igual modo, razonó que en la forma que proveyó el juzgador federal no se dejó sin regulación, restricción o especificaciones las zonas exclusivas para fumadores, en la medida que las características y funcionamiento de esos espacios, continuarán funcionando en los términos que lo hacían antes de la entrada en vigor de las normas reclamadas, las cuales se sustentan en la Ley General para el Control del Tabaco, respecto de la cual no se solicitó la suspensión y tampoco prevé la restricciones que se establecen en la legislación tildada de inconstitucional.

• Que además, el decreto reclamado no tenía la finalidad de constituir un beneficio directo e inmediato para la colectividad, es decir, la implementación de dicho concepto no traería como consecuencia, inmediata, directa y necesaria, proteger la salud de los fumadores, estructurar debidamente el comercio y controlar de manera eficiente la exposición al humo del tabaco, sino por el contrario, con la entrada en vigor del decreto reclamado se implementarían medidas reglamentarias que rompen con el equilibrio de otros bienes jurídicos tutelados que están en juego, que de no concederse la suspensión generarían afectaciones y daños de imposible reparación para la quejosa.

• Por ello el Tribunal Colegiado consideró jurídicamente válida la suspensión provisional otorgada por el juzgador de amparo, para el efecto de que no se apliquen las consecuencias de las disposiciones normativas reclamadas, pues ello se traduce en que se le permita continuar prestando los servicios de comercialización que ha venido llevando a cabo, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General para el Control del Tabaco, y su reglamento vigente antes de la publicación del decreto materia del reclamo.

• Con base en lo anterior, precisó que no se vulnera el derecho a la salud previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al permitir que la demandante continúe desempeñándose como lo ha venido haciendo, hasta tanto se decida en el fondo sobre la constitucionalidad de las normas que reclamaba.

•De igual modo, justipreció que la quejosa tenía un derecho legítimamente tutelado al amparo de la normatividad derogada, consistente en la posibilidad de desempeñar su objeto implementando en su establecimiento un espacio interior aislado para las personas fumadoras, por lo que, con el otorgamiento de la suspensión únicamente se preservaría su situación provisionalmente, sin constituir algún derecho que no tuviera antes de la promoción de la demanda.

• Asimismo, estimó correcto que el Juez de Distrito hubiera realizado un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no contravención a las disposiciones de orden público e interés social, debido a que dicho estudio se llevó a cabo con base en una eventual aproximación del resultado del juicio de amparo, conforme a lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 3/2022 (11a.), de rubro "CONTROL DEL TABACO. LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DEL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN VI, DE LA LEY GENERAL RESPECTIVA ES INCONSTITUCIONAL."

• Finalmente, determinó que hasta ese momento del proceso no era dable exigir garantía a la parte quejosa para que surtiera efectos la medida cautelar, en la medida que la afectación directa de las normas reclamadas sólo causarían afectación a la esfera jurídica de la quejosa, al no permitirle brindar servicio y consumo de alimentos, bebidas y entretenimiento en zonas para fumar, conforme a las directrices vigentes antes de la emisión de la norma reclamada.

• Con base en lo anterior, el Tribunal Colegiado contendiente declaró infundado el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.

14. II. Antecedentes que dieron origen al recurso de queja 59/2023, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, y su resolución:

• Una persona jurídico colectiva promovió juicio de amparo indirecto, en el que reclamó del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, secretario de Salud y director general Adjunto del Diario Oficial de la Federación, en su respectivo ámbito de competencias, la iniciativa, refrendo, promulgación y orden de publicación del Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, publicado en el referido medio de difusión oficial, el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en específico, los artículos 1, 2, fracciones II, IV, IV bis, VI ter, y XVIII, 60, 65 y 65 bis, y solicitó la suspensión del acto reclamado.

• El conocimiento del asunto correspondió al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, donde se registró con el número de expediente 180/2023, y seguido el procedimiento correspondiente, concedió la suspensión provisional del acto reclamado, al estimar de manera aproximada, que el artículo 60 del decreto reclamado, vulneraría el principio de reserva de ley, al prever una restricción absoluta que no está prevista en la Ley General para el Control del Tabaco.

• Inconformes con la determinación anterior, las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y la Secretaría de Salud, interpusieron el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, donde se registró con el número 59/2023; y, en sesión de siete de marzo de dos mil veintitrés, dicho órgano jurisdiccional declaró fundado dicho medio de impugnación, conforme a las consideraciones siguientes:

• En primer término, declaró fundado el agravio donde se discutió que el Juez de Distrito realizó un estudio de fondo, y no de manera superficial y probable sobre la constitucionalidad de las normas reclamadas, con base en la jurisprudencia P./J. 3/2022 (11a), de rubro "CONTROL DEL TABACO. LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DEL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN VI, DE LA LEY GENERAL RESPECTIVA ES INCONSTITUCIONAL.", ya que a criterio del Tribunal Colegiado, el tema relacionado con la circunstancia de que las normas reclamadas constituyen o no una prohibición absoluta, que pudiera tener cabida en lo resuelto en dicha tesis, es materia del fondo del amparo, mas no del incidente de suspensión; máxime que dijo, en la referida jurisprudencia no se analizaron los preceptos reclamados en la demanda de amparo.

• Con base en lo anterior, el tribunal contendiente reasumió jurisdicción y determinó que opuesto a lo que sostuvo el Juez de Distrito, con la concesión de la medida cautelar se afectaría el interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, debido a que del análisis de la normatividad reclamada y del impacto regulatorio que se acompañó al anteproyecto del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, se advertía que dicho ordenamiento tiene como finalidad proteger la salud pública en general, de fumadores, no fumadores y la defensa de menores de edad a la exposición del tabaco, entre otros aspectos.

• Por ello, el Tribunal Colegiado determinó que la normatividad reclamada forma parte de las acciones que el Estado despliega a fin de proteger la salud pública, por lo que adverso a lo que sostuvo el juzgador federal, resulta improcedente conceder la suspensión del acto reclamado.

• Lo anterior, debido a que el derecho que se debía proteger es el que cause un menor daño, y el cual resulta indispensable privilegiarse, debido a que, en su opinión, evidentemente conlleva un mayor beneficio, por lo que dijo, es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados; máxime, que la protección a la salud, que se refleja en el interés social y disposiciones de orden público, es un bien jurídico mayor al que aduce resentir la moral quejosa con el acto reclamado, que es únicamente de índole económica.

V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

15. Por cuestión de orden, es necesario establecer si en el caso que se analiza se configura la contradicción de criterios, en tanto que bajo ese supuesto, será posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar el criterio que en su caso deba prevalecer como jurisprudencia.

16. En principio, conviene precisar que la divergencia de criterios existe cuando los órganos jurisdiccionales contendientes adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que los rodeen no sean exactamente iguales.

17. Tal consideración se encuentra plasmada en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 72/2010, registro digital: 164120, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." 18. Además, para la existencia de un auténtico diferendo de criterios deben surtirse los siguientes requisitos:

a) Los órganos jurisdiccionales deben haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos correspondientes debe existir algún punto de toque, es decir, un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Lo anterior debe dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

19. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, registro digital: 165077, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales colegiados de circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."

20. En el caso, se actualizan los requisitos señalados, por las razones siguientes:

21. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas sometidas a su consideración, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo en el que analizaron una misma situación jurídica, para llegar a determinar si procede o no conceder la suspensión provisional cuando se reclama el Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, en específico, el artículo 60 publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós.

22. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Este Pleno considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados contendientes, existe un punto de toque con respecto a la solución de un mismo tipo de problema jurídico, pues ambos se pronunciaron a partir de idénticas premisas fácticas y normativas.

23. Lo anterior es así, ya que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 90/2023 de su índice, estimó que es procedente conceder la suspensión provisional, bajo la consideración que con su otorgamiento no se contravienen disposiciones de orden público ni se perjudica el interés social, debido a que con ello, no se privaría a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes, ni se le infiere un daño que de otra manera no resentiría, pues antes de que entraran en vigor las normas reclamadas, ya se tenía previsto un ámbito armónico de orden público e interés social que funcionaba comulgando con los derechos al servicio de los fumadores y no fumadores, en el que no estaba considerada una restricción total y tajante de brindar servicio a fumadores en los espacios designados para ese grupo.

24. De ahí que a criterio del referido Tribunal Colegiado, la normatividad reclamada no tiene como finalidad constituir un beneficio directo e inmediato para la colectividad, en la medida que las características y funcionamiento de las zonas exclusivas para fumadores que venían funcionando antes de la entrada en vigor del decreto reclamado, se sustentan en primer lugar, en la Ley General para el Control del Tabaco, la cual no prevé las prohibiciones que impone el artículo 60 de la normatividad tildada de inconstitucional; de tal modo que con el otorgamiento de la suspensión no se afectaría el derecho a la salud reconocido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que únicamente se preservaría provisionalmente la situación jurídica de la empresa quejosa hasta que se revise la constitucionalidad de las normas que controvierte.

25. En cambio, en el mismo supuesto, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 59/2023 de su índice, estimó que no era procedente conceder la suspensión provisional, pues con ello se afectaría el interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, ya que la normatividad reclamada, forma parte de las acciones del Estado encaminadas a proteger la salud pública en general, así como obtener un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de la colectividad, por lo que debe privilegiarse la protección del interés general sobre el de un particular.

26. De lo anterior se advierte que respecto de un mismo tipo de problema jurídico, los órganos jurisdiccionales adoptaron criterios distintos, ya que en el supuesto antes relatado, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, determinó que es jurídicamente válido conceder la suspensión provisional, al considerar que con ello no se afectaría el interés social, ni se contravendrían disposiciones de orden público.

27. En tanto que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, estimó lo contrario, es decir que procede negar la suspensión provisional, al considerar que con ello se afectaría el interés social y se contravendrían disposiciones de orden público.

28. En este sentido, es conveniente precisar que al resolver el recurso de queja 90/2023, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, se ciñó a analizar la procedencia de la suspensión provisional respecto de las hipótesis normativas previstas en el artículo 60, párrafo primero, así como las fracciones I, II y III(1) del reglamento reclamado, como se advierte de la siguiente transcripción:

"...

"Luego, si la suspensión se otorgó para efecto de que no se aplique el decreto materia del reclamo, en particular para que la quejosa pueda brindar servicio y consumo de alimentos, bebidas y entretenimiento en las zonas para fumar, conforme a los lineamientos aplicables previo a la entrada en vigor de las norma

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31797-5fbffd77/suspension-en-el-juicio-de-amparo-indirecto-procede · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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