CONTROL DEL TABACO. EL ARTÍCULO 60, PÁRRAFO PRIMERO, DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL RELATIVA VIOLA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 46/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL VIGÉSIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 20 DE FEBRERO DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y GUILLERMINA COUTIÑO MATA, Y DEL MAGISTRADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS. PONENTE: MAGISTRADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS. SECRETARIA: VIANNEY RODRÍGUEZ ARCE.
Ciudad de México. Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión pública celebrada el veinte de febrero dos mil veinticinco, y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO. Denuncia de la contradicción. Por acuerdo enviado a través de MINTERSCJN el Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, remitió la posible contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Segundo y Vigésimo Segundo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver, respectivamente, los amparos en revisión 359/2023 y 237/2023; contradicción denunciada por ****** ********* ****** *****, quien se ostentó como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo por parte de ******** ****** ********** ******** ******* ** ******* ********,(1) a efecto de "determinar si el contenido del artículo 60 del reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco es inconstitucional de conformidad con los principios de la reserva de ley y de subordinación jerárquica."
2. SEGUNDO. Radicación, admisión, requerimiento y turno provisional, en este Pleno Regional. Mediante escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Morgan Alejandro Romero Pérez denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Segundo y Vigésimo Segundo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo tema esencial era "CONTROL DEL TABACO. DETERMINAR SI EL ARTÍCULO 60 DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL RELATIVA ES INCONSTITUCIONAL DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY Y SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA."
3. Por auto de treinta de enero de dos mil veinticuatro dictado dentro del expediente correspondiente a la Contradicción de Tesis 19/2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que carece de competencia legal para conocer de contradicciones de criterios suscitados entre Tribunales Colegiados pertenecientes a la misma Región, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 226, fracción III de la Ley de Amparo y 42, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
4. En el mismo proveído ordenó remitir copia certificada de la denuncia a este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte con residencia en la Ciudad de México, para su resolución.
5. En proveído de quince de febrero de dos mil veinticuatro, este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte con residencia en la Ciudad de México radicó el presente expediente en el índice de este órgano, registrándose como contradicción de criterios 46/2024. En el mismo proveído se admitió a trámite el asunto y se ordenó dar de alta y formar el expediente electrónico en el Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE).
6. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que no cuenta con alguna contradicción de criterios, en la que el tema a dilucidar guarde relación con el que se denuncia en el presente asunto.
7. Asimismo, se asignó provisionalmente el asunto a la ponencia del Magistrado Alejandro Villagómez Gordillo, en términos del artículo 37(2) del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite y debida integración del expediente en aras de ubicarlo en estado de resolución.
8. De igual manera, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito.
9. Además, se requirió a los Tribunales Colegiados contendientes que informaran si los criterios en contradicción continuaban vigentes, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados; así como, que permitieran el acceso al expediente electrónico de los asuntos que forman parte de la presente contradicción de criterios, en términos de lo dispuesto en el numeral 39(3) del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.
10. TERCERO. Informes sobre la vigencia de los criterios contendientes. En atención a los requerimientos formulados, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes rindieron los informes solicitados, los cuales se tuvieron por recibidos por acuerdos de veintiuno de febrero de veinticuatro; de los que se advierte que los criterios contendientes continúan vigentes, como se detallará más adelante.
11. CUARTO. Confirmación de turno. Mediante proveído de veintidós de mayo de dos mil veinticuatro, se tuvo debidamente integrada la contradicción de criterios en que se actúa y se confirmó el turno del expediente virtual al Magistrado Alejandro Villagómez Gordillo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41(4) y para los efectos del diverso 44(5) ambos del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.
12. QUINTO. Suspensión parcial de labores e interrupción de plazos y términos. En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es un hecho notorio que los órganos jurisdiccionales determinaron la suspensión parcial de labores en atención a casos urgentes, con motivo del rechazo a la Reforma Judicial, manifestado por titulares y por las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, la cual inició el diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro y concluyó para este Pleno Regional el treinta y uno de octubre siguiente, reanudándose las labores jurisdiccionales el cuatro de noviembre de la anualidad antes mencionada, según se advierte del Aviso de Reanudación de Labores respectivo; en el entendido de que los días comprendidos durante el periodo de suspensión, fueron declarado inhábiles, por lo que no corrieron plazos ni términos.
13. SEXTO. Nueva Integración de este Pleno Regional. Por auto de presidencia de siete de noviembre de dos mil veinticuatro, se tomó conocimiento del oficio SEADS/3327/2024 mediante el cual el Secretario Ejecutivo de Adscripción informó que en sesión de once de septiembre de dos mil veinticuatro el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal comisionó temporalmente al Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas en la plaza que ocupaba su homólogo Alejandro Villagómez Gordillo, con efectos a partir del treinta del mes y año en cita, asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que este Pleno Regional se encuentra integrado por las Magistradas Silvia Cerón Fernández, Adriana Leticia Campuzano Gallegos así como por el Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas.
14. Returno. En proveído de siete de noviembre antes referido, se turnó el presente asunto al magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas, para la formulación del proyecto de resolución; y, al encontrarse debidamente integrado el asunto, se confirmó dicho turno.
15. SÉPTIMO. Nueva integración de este Pleno Regional. Por auto de presidencia de cuatro de febrero de dos mil veinticinco, se tomó conocimiento del oficio SEADS/271/2025 mediante el cual el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión ordinaria de veintidós de enero de dos mil veinticinco, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal comisionó temporalmente a la Magistrada Guillermina Coutiño Mata en la plaza que ocupaba la Magistrada Adriana Leticia Campuzano Gallegos, con efectos a partir del uno de febrero al quince de agosto de dos mil veinticinco o hasta que el Pleno lo determine, asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que este Pleno Regional se encuentra integrado por las Magistradas Silvia Cerón Fernández, Guillermina Coutiño Mata así como por el Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas.
16. OCTAVO. Amicus curiae. En términos del artículo 45, segundo párrafo, del Acuerdo General 67/2022 del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en el presente asunto no se recibieron opiniones de amicus curiae.
CONSIDERANDO:
17. PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto, séptimo, décimo primero(6) y 107, fracción XIII,(7) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(8) 1, fracción III, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(9) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(10) en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales(11) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(12) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés; por derivar de criterios sostenidos por los Tribunales Colegiados Segundo y Vigésimo Segundo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito.
18. El presente asunto se ubica en los supuestos de las normas invocadas, dado que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Segundo y Vigésimo Segundo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, de manera que las determinaciones en controversia fueron dictadas dentro de la demarcación territorial y respecto de la especialidad sobre las que este Pleno Regional ejerce jurisdicción para unificar criterios.
19. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII,(13) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III,(14) de la Ley de Amparo, pues la formuló ****** ********* ****** *****, apoderado de ******** ****** ********** ******** ******* ** ******* ********,(15) persona moral quejosa en el juicio de amparo ********, tramitado ante el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, juicio cuya resolución fue impugnada a través del recurso de revisión que fue del conocimiento del Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que emitió uno de los criterios contendientes.
20. TERCERO. Valoración de las constancias. Al respecto, se debe tener presente que las constancias que obran en los expedientes electrónicos constituyen hechos públicos y notorios en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2o., al poder consultarse en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
21. Ilustra lo anterior por analogía la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2017123, cuyo rubro es: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)."
22. CUARTO. Transcripción de las ejecutorias contendientes. En el presente asunto, no se transcriben las consideraciones de las resoluciones contendientes, por no exigirlo la normativa que rige las ejecutorias que se emitan al resolverse las contradicciones de criterios y las facultades de este Pleno Regional; es decir, no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación, en virtud de que el cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia se satisface al atender en su totalidad los puntos litigiosos a consideración del órgano jurisdiccional, en razón de la naturaleza del caso que resuelve, atendiendo el conflicto que se plantea ante su jurisdicción.
23. Apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica de razón, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 164618, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN".
24. QUINTO. Criterios contendientes. Para estar en aptitud de determinar lo conducente, es preciso tener en cuenta las consideraciones sustanciales de los criterios discrepantes, por lo que se sintetizan a continuación.
25. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión ********, en sesión de cinco de diciembre de dos mil veintitrés.
26. Mediante escrito recibido veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, la parte ******** ***** ***** ******** ******* ** ******* ********, por conducto de su representante ****** *** ****** ******** ******, promovió juicio de amparo contra las autoridades y actos que señaló de esta manera:
"Del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se reclama, EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO, PUBLICADO EN EL "DIARIO OFICIAL" DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022.
De la C. Titular de la Secretaría de Salud se reclama, EL REFRENDO Y LA ORDEN DE MANDAR PUBLICAR EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO, PUBLICADO EN EL "DIARIO OFICIAL" DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022.
Del C. Titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, se reclama la aplicación del DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO, PUBLICADO EN EL "DIARIO OFICIAL" DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022."
27. Por razón de turno tocó conocer de la demanda de amparo al Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, la cual radicó bajo el número ********, y requirió a la parte quejosa para que exhibiera las copias suficientes de su escrito de demanda y manifestara la protesta relacionada a con los documentos referentes a su personalidad.
28. Por acuerdo de tres de marzo de dos mil veintitrés, la autoridad tuvo por desahogada la prevención y desechó parcialmente la demanda respecto de la orden de publicación y el referendo del refrendo del decreto que contiene el reglamento reclamado atribuido a la Secretaría de Salud; asimismo, admitió la demanda por los restantes actos reclamados.
29. Seguida la secuela procesal, el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés tuvo verificativo la audiencia constitucional, fecha en la que el juez dictó sentencia terminada de engrosar el treinta y uno siguiente, en el que el juez de distrito determinó por una parte sobreseer en el juicio, y por otra conceder el amparo. En apoyo a esta conclusión, el juez federal explicó que la facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal prevista en el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se rige por los principios de reserva de ley, que se subdivide en reserva de ley absoluto(16) y relativo,(17) así como en el de subordinación jerárquica.(18) Concluyó que el artículo 60 del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco al prohibir que en las zonas exclusivas para fumar se preste el servicio de venta de alimentos y bebidas, iba más allá de lo regulado en la ley mencionada y que, por ende, infringía el principio de reserva de ley.
30. Inconforme con esa determinación, la Subdirectora de Recursos Administrativos adscrita a la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que por acuerdo de presidencia de dos de agosto de dos mil veintitrés lo admitió a trámite y ordenó su integración en el toca ********.
31. Mediante sentencia de cinco de diciembre de dos mil veintitrés, el tribunal colegiado resolvió modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo a la quejosa, bajo las consideraciones esenciales y que interesan a la materia de análisis de la presente contradicción de criterios:
32. Que contrariamente a lo que asegura la recurrente, del texto del artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco(19) no se desprende que la intención del legislador fuera prohibir la realización de cualquier actividad que no fuera fumar; máxime que –tal y como lo reconoció la propia autoridad– dicho numeral no contiene algún impedimento expreso para brindar la prestación de cualquier servicio o consumo de alimentos, bebidas o entretenimiento, así como para llevar a cabo actividades sociales o de esparcimiento, como sí se prevé en el artículo 60 del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco.
33. Que dicha prohibición tampoco se desprende del proceso legislativo del que derivó la Ley General para el Control del Tabaco, al tenor de la transcripción que de dicho proceso realizó la autoridad recurrente en su escrito de agravios; máxime que el texto final del artículo 27 de la citada ley no expresa que la intención del legislador sea la que refiere la inconforme.
34. Cuando el legislador emite una ley en la que restringe derechos fundamentales, no puede delegar en el ejecutivo, en ejercicio de la facultad reglamentaria establecida en el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(20) la facultad de proveer sobre las modalidades o extensión de esas limitaciones; y mucho menos, la autoridad reglamentaria se encuentra facultada constitucionalmente, en ninguna forma, para poder establecer limitación a derechos fundamentales pues su tarea es desarrollar la aplicación de las normas que reglamenta, lo que constituye una función operativa para lograr su exacta observancia.
35. El Tribunal concluyó entonces que la disposición reclamada va más allá de las restricciones y/o limitantes establecidas por el legislador, ya que si bien el artículo 27 de la Ley General para el Control de Tabaco prevé el establecimiento de zonas especiales para fumar; no prohibía que en ellas se presten servicios de venta y consumo de bebidas y alimentos. Por ello, el órgano colegiado consideró que el juez de distrito había procedido conforme a derecho al resolver que la norma reclamada viola el principio de constitucional de reserva de ley, al establecer prohibiciones que se traducen en limitaciones a derechos fundamentales, así como obligaciones no previstas en la legislación que reglamenta. 36. Por todo lo anterior, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito por unanimidad de votos,(21) confirmó la concesión del amparo.
37. Criterio del Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión ********, en sesión de cinco de enero de dos mil veinticuatro.
38. Por escrito recibido veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ******** ****** ********** ******** ******* ** ******* ********, a través de su representante legal ****** ********* ****** *****, promovió juicio de amparo en contra de los siguientes actos y autoridades:
"Del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se reclama, EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO, PUBLICADO EN EL "DIARIO OFICIAL" DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022.
De la C. Titular de la Secretaría de Salud se reclama, EL REFRENDO Y LA ORDEN DE MANDAR PUBLICAR EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO, PUBLICADO EN EL "DIARIO OFICIAL" DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022.
Del C. Titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, se reclama la aplicación del DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO, PUBLICADO EN EL "DIARIO OFICIAL" DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022."
39. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo al Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que la admitió y radicó bajo el número ********.
40. Agotado el trámite correspondiente, el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional y el veintiocho de abril siguiente se dictó sentencia, en la que el juez de distrito determinó por una parte sobreseer en el juicio, y por otra conceder el amparo. El juzgador también partió de la base de que la facultad reglamentaria prevista en el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está sujeta a los principios de reserva de ley absoluta y relativa, así como al de subordinación jerárquica, los cuales se veían infringidos en virtud de que el artículo 60 del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, al establecer la prohibición de vender alimentos y bebidas en las áreas exclusivas para fumadores, excedía las limitaciones previstas en el artículo 27 de la ley que reglamenta.
41. Inconforme con esa determinación, el Presidente de la República y el Secretario de Salud, interpusieron recurso de revisión vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, cuyo conocimiento correspondió al Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que por acuerdo de presidencia de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés lo admitió a trámite y ordenó su integración en el toca ********.
42. Mediante sentencia de cinco de enero de dos mil veinticuatro dictada por unanimidad de votos,(22) el tribunal colegiado resolvió desechar por improcedente el recurso interpuesto por el Secretario de Salud, en la materia de la revisión modificar la sentencia recurrida y negar el amparo a la quejosa, bajo las consideraciones esenciales y que interesan a la materia de análisis de la presente contradicción de criterios:
43. Que las prohibiciones y restricciones desarrolladas en el artículo 60 del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco,(23) sí derivan de lo establecido en los numerales 6 y 27(24) de la Ley General para el Control de Tabaco.
44. Lo anterior porque las disposiciones reglamentarias señaladas en realidad desarrollan el contenido de la ley, pues ambas se inscriben en el contexto de la regulación de las zonas 100 % (cien por ciento) libres de humo de tabaco en espacios cerrados y lugares de trabajo, lo cual, a juicio del Tribunal Colegiado, mostraba que el reglamento simplemente precisa que en esos espacios está prohibido brindar la prestación de cualquier servicio o consumo de alimentos, bebidas o entretenimiento.
45. Que la finalidad no es la prohibición absoluta de fumar, sino la de garantizar una zona exclusiva en la que el consumo y efectos nocivos del tabaco no afecten a otras personas desde una obligación de protección universal, incluidas las personas trabajadoras y lugares de trabajo que utilizan las negociaciones mercantiles.
46. Que cuando el reglamento establece que en los espacios 100 % (cien por ciento) libres de humo está prohibido brindar la prestación de cualquier servicio o consumo de alimentos, bebidas o entretenimiento, en realidad sólo está desarrollando y detallando la conducta que el órgano legislativo consideró como base en su actuación, consistente en garantizar, con una vocación de protección universal, una zona exclusiva en la que el consumo y efectos nocivos del tabaco no afecten a personas no fumadoras, incluidas las personas trabajadoras, lo cual es acorde con el principio de subordinación jerárquica, en la medida que solamente desarrolla lo previsto en ley.
47. Que las prohibiciones y restricciones previstas en el artículo 60 del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, no transgreden el principio de subordinación jerárquica frente al contenido de los numerales 6, 27 y 29 de la Ley General para el Control de Tabaco, dado que: i) no eliminan las zonas de fumar y de no fumar, ii) se mantiene la zona de fumar en espacios al aire libre, y iii) se mantiene la colocación de letreros visibles en torno a la naturaleza de las zonas para fumar.
48. Finalmente, determinó que el artículo reclamado no va más allá de las restricciones, prohibiciones y obligaciones establecidas en la Ley General para el Control del Tabaco.
49. SEXTO. Vigencia de los criterios contendientes. Por oficio *********, del Actuario del Segundo Tribunal Colegido en Materia Administrativa del Primer Circuito, notificó el contenido del auto de diecinueve de febrero de dos mil veinticuatro, mediante el cual se ordenó rendir informe en el sentido de que el criterio sustentado en el juicio de amparo en revisión ********, continúa vigente.
50. Por su parte, mediante oficio *********, el Actuario adscrito al Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, informó que mediante proveído de veinte de febrero de dos mil veinticuatro, el Magistrado Presidente de ese órgano ordenó rendir informe en el sentido de que el criterio sustentado en el amparo en revisión ********, continúa vigente.
51. Establecido lo anterior, se procede al análisis relativo a la existencia de la contradicción.
52. SÉPTIMO. Existencia de la contradicción de criterios.
53. Por cuestión de método, es necesario establecer si en el caso se configura la contradicción de criterios, en tanto que, sólo bajo ese supuesto será posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar el criterio que, en su caso, deba prevalecer con carácter de jurisprudencia.
54. En principio, conviene destacar que la divergencia de criterios existe cuando los órganos jurisdiccionales contendientes adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que los rodeen no sean exactamente iguales.
55. Tal consideración se encuentra plasmada en la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sost
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33169-3ae3c830/control-del-tabaco-el-articulo-60-parrafo-primero · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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