INTERÉS JURÍDICO PARA DEMANDAR LA NULIDAD DEL CERTIFICADO DE REGISTRO DE UNA OBRA DE DOMINIO PÚBLICO. LO TIENE QUIEN PRETENDE UTILIZARLA EN ALGUNA ACTIVIDAD DE LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 107/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO OCTAVO Y VIGÉSIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 3 DE ABRIL DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y GUILLERMINA COUTIÑO MATA, Y DEL MAGISTRADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS. PONENTE: MAGISTRADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS. SECRETARIOS: VIANNEY RODRÍGUEZ ARCE Y MARTÍN DANIEL BRITO MORENO.
Ciudad de México. Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión pública celebrada el tres de abril de dos mil veinticinco, y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO. Denuncia de la contradicción. Mediante escrito presentado el veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro, ante este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, ***** ***** *********** por conducto de su apoderado ******* ****** *********, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Décimo Octavo y Vigésimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos directos 390/2022 y 777/2022, respectivamente.
2. SEGUNDO. Radicación, admisión, requerimiento y turno provisional, en este Pleno Regional. Por acuerdo de presidencia de cinco de marzo de dos mil veinticuatro, se tuvo por recibido el escrito de mérito; se radicó el presente asunto en el índice de este órgano colegiado, registrándose como contradicción de criterios 107/2024; se admitió a trámite y se ordenó dar de alta y formar el expediente electrónico en el Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE).
3. Asimismo, se asignó provisionalmente el asunto a la ponencia del Magistrado Alejandro Villagómez Gordillo, en términos del artículo 37(1) del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite y debida integración del expediente en aras de ubicarlo en estado de resolución.
4. De igual manera, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito.
5. Además, se requirió a los Tribunales Colegiados contendientes que informaran si los criterios en contradicción continuaban vigentes, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados; así como que permitieran el acceso al expediente electrónico de los asuntos que forman parte de la presente contradicción de criterios, en términos de lo dispuesto en el numeral 39(2) del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.
6. Finalmente, se solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informara si existe alguna contradicción de criterios radicada ante ese Máximo Tribunal Constitucional, pendiente de resolución, relacionada con el tema relativo a "DETERMINAR SI PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN UN JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO EN CONTRA DE UN CERTIFICADO DE REGISTRO DE OBRA (QUE SE AFIRMA ES DEL DOMINIO PÚBLICO), ES SUFICIENTE OSTENTAR EL DERECHO SUBJETIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, O SI ES NECESARIO TAMBIÉN A VER SOLICITADO EL REGISTRO DE LA OBRA QUE SE PRETENDE ANULAR O LA EXISTENCIA DE OTRO PROCEDIMIENTO."
7. TERCERO. Informes sobre la vigencia de los criterios contendientes. En atención a los requerimientos formulados, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes rindieron los informes solicitados, los cuales se tuvieron por recibidos por acuerdos de once de marzo y veintidós de mayo de dos mil veinticuatro; de los que se advierte que los criterios contendientes continúan vigentes, como se detallará más adelante.
8. CUARTO. Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por auto de dos de abril de esta anualidad, se tuvo por recibido el oficio fechado el día veintiséis de marzo del año señalado, signado por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que comunicó que de la consulta al Sistema de Seguimiento de Contradicciones de Tesis Pendientes de Resolver –visible en las direcciones electrónicas: https://www.scjn.gob.mx. y https://intranet.scjn.pjf.gob.mx, apartado Pleno, Sección Amparos, Contradicciones de tesis y demás asuntos, así como de la revisión de acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de criterios dictados por la Presidencia del Alto Tribunal–, durante los últimos seis meses, no se advertía la existencia de resolución contradicción de criterios pendiente de resolución respecto del tópico sobre el que versa la presente contradicción de criterios.
9. QUINTO. Confirmación de turno. Mediante proveído de veintidós de mayo de dos mil veinticuatro, se tuvo debidamente integrada la contradicción de criterios en que se actúa y se confirmó el turno del expediente virtual al Magistrado Alejandro Villagómez Gordillo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41(3) y para los efectos del diverso 44(4) ambos del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.
10. SEXTO. Amicus curiae. Por escrito presentado el diez de junio de dos mil veinticuatro la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) presentó amicus curiae, cuyas consideraciones serán atendidas en el último considerando de esta sentencia; y,
11. SÉPTIMO. Suspensión parcial de labores e interrupción de plazos y términos. En términos del artículo 269 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, es un hecho notorio que los órganos jurisdiccionales determinaron la suspensión parcial de labores en atención a casos urgentes, con motivo del rechazo a la Reforma Judicial, manifestado por titulares y por las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, la cual inició el diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro y concluyó para este Pleno Regional el treinta y uno de octubre siguiente, reanudándose las labores jurisdiccionales el cuatro de noviembre de la anualidad antes mencionada, según se advierte del Aviso de Reanudación de Labores respectivo; en el entendido de que los días comprendidos durante el periodo de suspensión, fueron declarados inhábiles, por lo que no corrieron plazos ni términos.
12. OCTAVO. Returno. En proveído de siete de noviembre de dos mil veinticuatro, se tomó conocimiento de que a través del oficio SEADS/3327/2024, de once de septiembre de dos mil veinticuatro, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal comisionó temporalmente al Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas para ocupar el plaza que ocupaba el Magistrado Alejandro Villagómez Gordillo, con efectos a partir del treinta de septiembre de dos mil veinticuatro y mientras subsistan las condiciones o hasta que el Pleno lo determine. En virtud de lo anterior, se ordenó turnar el presente asunto a la ponencia a cargo del Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas, quedando confirmado en la misma fecha.
13. NOVENO. Retirado. El presente asunto se listó el veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro para sesión de cinco de diciembre del año pasado, en la que, de conformidad con la decisión de este Pleno Regional, el proyecto quedó retirado.
14. DÉCIMO. Nueva integración. Por auto de presidencia de cuatro de febrero de dos mil veinticinco, se tomó conocimiento del oficio SEADS/271/2025 mediante el cual el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión ordinaria de veintidós de enero de dos mil veinticinco, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal comisionó temporalmente a la Magistrada Guillermina Coutiño Mata en la plaza que ocupaba la Magistrada Adriana Leticia Campuzano Gallegos, con efectos a partir del uno de febrero al quince de agosto de dos mil veinticinco o hasta que el Pleno lo determine, asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que este Pleno Regional se encuentra integrado por las Magistradas Silvia Cerón Fernández, Guillermina Coutiño Mata así como por el Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas.
CONSIDERANDO:
15. PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro– Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto, séptimo y décimo primero, así como el 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 38 y 39, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2 y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés.
16. Lo anterior resulta así, en razón de que el presente asunto se ubica en los supuestos de las normas invocadas, dado que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Décimo Octavo y Vigésimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, de manera que las determinaciones en controversia fueron dictadas dentro de la demarcación territorial y respecto de la especialidad sobre las que este Pleno Regional ejerce jurisdicción para unificar criterios.
17. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que fue formulada por una persona moral,(5) que actuó como parte quejosa en los juicios de amparo directo donde se originaron los criterios que ahora contienden, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII,(6) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III,(7) de la Ley de Amparo.
18. TERCERO. Valoración de las constancias. Al respecto, se debe tener presente que las constancias que obran en los expedientes electrónicos constituyen hechos públicos y notorios en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2º, al poder consultarse en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
19. Ilustra lo anterior por analogía la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2017123, cuyo rubro es: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)."
20. CUARTO. Transcripción de las ejecutorias contendientes. En el presente asunto no se transcriben las consideraciones de las resoluciones contendientes, por no exigirlo la normativa que rige las ejecutorias que se emitan al resolverse las contradicciones de criterios y las facultades de este Pleno Regional; es decir, no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación, en virtud de que el cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia se satisface al atender en su totalidad los puntos litigiosos a consideración del órgano jurisdiccional, en razón de la naturaleza del caso que resuelve, atendiendo el conflicto que se plantea ante su jurisdicción.
21. Apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica de razón, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 164618, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN".
22. QUINTO. Criterios contendientes. Para estar en aptitud de determinar lo conducente, es preciso tener en cuenta las consideraciones sustanciales de los criterios discrepantes, por lo que se sintetizan a continuación.
23. Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo directo ********, en sesión de seis de julio de dos mil veintitrés.
24. Mediante escrito recibido el veinte de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficialía de Partes de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la denunciante de la presente contradicción de criterios demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la citada Sala, que precisó como sigue:
"El acto reclamado constituye la sentencia de fecha 05 de abril de 2022, dictada en el juicio de nulidad ***************; siendo esta sentencia emitida en supuesto cumplimiento a la ejecutoria de 15 de octubre de 2021 dictada por el Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el Juicio de Amparo DA ********.
Al respecto se manifiesta que el acto impugnado es a todas luces erróneo e ilegal, toda vez que la Sala injustificadamente resolvió sobreseer el presente juicio de nulidad por supuestamente estimar una falta de interés jurídico de mi representada para instaurar el juicio de nulidad ***************. [...]
25. Por razón de turno tocó conocer de la demanda al Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo Presidente, por auto de seis de junio de dos mil veintidós, lo registró con el número ******** y lo admitió a trámite. Posteriormente, por sentencia(8) emitida en sesión de seis de julio de dos mil veintitrés, determinó negar la protección constitucional a la moral quejosa.
26. En su ejecutoria el tribunal narró los antecedentes del acto reclamado de la siguiente forma:
27. La quejosa promovió juicio de nulidad contra la emisión, contenido y efectos del certificado de una obra de la rama fotográfica, señalando como autoridad demandada al Director del Registro Público del Derecho de Autor del Instituto Nacional del Derecho de Autor.
28. Correspondió conocer de ese juicio de nulidad a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, órgano que un primer momento declaró carecer de competencia para conocer del asunto y ordenó su remisión a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa; sin embargo el asunto le fue devuelto y posteriormente en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por el tribunal contendiente en el diverso expediente ******** se avocó al conocimiento del asunto y ordenó continuar con el procedimiento.
29. Finalmente el cinco de abril de dos mil veintidós se dictó sentencia, en la que la sala responsable sobreseyó en el juicio, por considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción I, del artículo 8° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues estimó que la actora carecía de interés jurídico, al no haber demostrado cuál era la afectación que le deparaba en su esfera jurídica la mera existencia del certificado de registro de obra propiedad de la tercero interesada.
30. En cuanto al estudio de los conceptos de violación, éstos fueron declarados infundados con base en las siguientes consideraciones esenciales y que interesan a la materia de análisis de la presente contradicción de criterios:
31. En primer lugar, el tribunal contendiente hizo alusión a las definiciones de interés jurídico e interés legítimo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Explicó que el interés jurídico es aquél que detenta el sujeto que es titular de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado, que resiente una afectación inmediata y directa en su esfera jurídica, por parte del acto de autoridad del que deriva el agravio correspondiente.
32. Señaló que el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados y que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico.
33. Al respecto invocó la jurisprudencia 1a./J. 168/2007(9) de la Primera Sala del Alto Tribunal de la voz: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS" y la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.)(10) de la Segunda Sala de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."
34. Destacó que conforme al artículo 8(11) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el juicio será improcedente contra actos que no afecten intereses jurídicos del demandante, salvo en los casos de legitimación expresamente reconocida por las leyes que rigen el acto impugnado.
35. Precisó que el interés jurídico es un aspecto procesal que condiciona la procedencia del juicio de nulidad, pues se refiere a la legitimación de la persona para ejercer la acción de mérito; es decir, que ésta debe apoyarse en un precepto legal expreso y declarativo del derecho del que se ostenta titular. Y que tal extremo debe ser acreditado por la persona que promueve el juicio contencioso administrativo. Consideración que apoyó en la tesis aislada 2a. X/2010(12) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de título: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL DERECHO SUBJETIVO NECESARIO PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO Y EL REQUERIDO PARA OBTENER UNA SENTENCIA FAVORABLE, TIENEN ALCANCES DIFERENTES."
36. Señaló que la Ley Federal del Derecho de Autor establece el tipo de obras que pueden ser objeto de protección; los requisitos para registrar una obra; los supuestos en los que dicho registro no procede; quiénes son titulares de los derechos patrimoniales y morales de una obra; las formas en que las obras se pueden hacer del conocimiento del público; los actos que los titulares de derechos patrimoniales de una obra pueden autorizar o prohibir en relación con la misma, entre otros temas.
37. Agregó que conforme a los artículos 4, apartado B, fracción I, 5, 11, 12, 13, 16, fracción I, 24, 25, 26, 27, 29, fracción II, 162, 163, fracción I, 164, 168 y 170 de la Ley Federal del Derecho de Autor, el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor; por virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial, los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial. 38. El Tribunal precisó que el autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística y que los derechos de autor reconocen, entre otras ramas, a la fotográfica. Agregó que el Registro Público del Derecho de Autor tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica de los autores, de los titulares de los derechos conexos y de los titulares de los derechos patrimoniales respectivos y sus causahabientes, en relación con el registro de obras literarias y artísticas; así como dar un adecuada publicidad a las obras, actos y documentos a través de su inscripción e inscribir aquellos que le sean presentados; así como proporcionar a las personas que lo soliciten, la información de las inscripciones.
39. Enseguida indicó que corresponde al autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras, pudiendo autorizar a otros su explotación en cualquier forma, pero dentro de los límites que establezca la Ley Federal del Derecho de Autor, sin menoscabar la titularidad de los derechos morales de la obra.
40. Que el titular del derecho patrimonial es el propio autor, su heredero o el adquirente por cualquier título y pueden autorizar o prohibir la reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias o ejemplares, efectuada por cualquier medio ya sea impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, electrónico, fotográfico u otro similar así como la comunicación pública de su obra a través de las formas establecidas en la propia ley.
41. El Tribunal Colegiado señaló que la inscripción puede negarse respecto de aquellas obras que no son objeto de protección en términos del artículo 14 de la Ley Federal del Derecho de Autor, las obras que son del dominio público, así como aquellas que ya se encuentren inscritas, entre otras.
42. Que las inscripciones establecen la presunción de ser ciertos los hechos y actos que en ellas consten, salvo prueba en contrario; que toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros y si surge controversia, quedarán suspendidos los efectos de la inscripción hasta que exista resolución firme emitida por autoridad competente.
43. Posteriormente el tribunal contendiente invocó los artículos 53, 54, 58, 59, 64, 66 y 137 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, e hizo alusión a algunos de los requisitos para el registro de obras. Destacó que las inscripciones y anotaciones hechas ante el Registro son declarativas y que la documentación presentada por el solicitante bajo de protesta de decir verdad, genera la presunción legal de que es el titular de la obra.
44. Indicó que las anotaciones se consideran de buena fe y los certificados deben mencionar el tipo de certificado de que se trate, número de inscripción, fecha de emisión y firma autógrafa del funcionario autorizado.
45. Añadió que al instaurarse un juicio, averiguación previa o procedimiento administrativo en materia de derechos de autor o derechos conexos, el Registro tendrá la obligación de hacer constar tal circunstancia mediante una anotación provisional en sus asientos. Y una vez notificada la sentencia ejecutoriada, el Registro deberá realizar las anotaciones definitivas que procedan.
46. Que cualquier violación a los derechos y a las prerrogativas establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor, faculta al afectado para hacer valer las acciones civiles, penales y administrativas que procedan.
47. El tribunal colegiado explicó que las obras registradas adquieren una protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial respecto de dichas obras; asimismo destacó que, en específico del artículo 168 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en relación con los artículos 66, 137 y 138 de su reglamento, debía concluirse que para impugnar el registro de obras literarias o artísticas se requiere demostrar el interés jurídico de quien lo solicite.
48. Mencionó que a través del juicio contencioso administrativo, la quejosa pretendió que se examinara la legalidad de un certificado expedido por el Director del Registro Público del Derecho de Autor, respecto de una obra que –según lo manifestado en la demanda– era de dominio público y, por tanto, estimó que cualquier persona física o moral tiene derecho a acceder a la misma en ejercicio de su derecho a la cultura. El tribunal contendiente estimó que la impetrante carecía de interés jurídico, porque no acreditó contar con un derecho subjetivo y tampoco que su esfera se viera afectada de manera real y directa, con motivo de dicho acto de autoridad.
49. Consideración que apoyó en la jurisprudencia PC.I.A. J/124 A (10a.)(13) del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito de título: "CADUCIDAD DEL REGISTRO DE UNA MARCA. EL INTERÉS JURÍDICO QUE OTORGA EL OFICIO DE ANTERIORIDAD ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR LA LEGITIMACIÓN PARA SOLICITARLA, NO OBSTANTE QUE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ADVIERTA, COMO IMPEDIMENTO, LA EXISTENCIA DE UNA MARCA DECLARADA FAMOSA."
50. El tribunal contendiente definió al dominio público en materia de derecho de autor como el régimen jurídico al que ingresan las obras cuando ha expirado la vigencia de los derechos patrimoniales a favor de su creador y permite el libre uso y explotación por terceros, con la sola restricción de respetar los derechos morales de su autor, esto es, el dominio público lo constituyen todas las obras que no estén protegidas por el derecho de autor y pueden ser utilizadas sin permiso o sin tener que pagar al autor original, lo que implica que pueden ser copiadas, distribuidas, adaptadas, interpretadas y exhibidas en público gratuitamente, como si perteneciesen a todos.
51. Que el derecho de acceso a la cultura se encuentra comprendido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y consiste en el ejercicio de los derechos culturales, la promoción por parte del Estado para su difusión y desarrollo, atendiendo a cualquier forma de manifestación y/o expresión, el pleno respeto a la libertad creativa, así como el establecimiento de mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.
52. Destacó que ese derecho tiene dos dimensiones como derecho humano: como protección a la dignidad del individuo, en todas sus expresiones a fin de que pueda desarrollarse plenamente, para lo cual uno de sus aspectos es la cultura como elemento integrante y formativo de su personalidad; pero también, desde un aspecto social al estudiarse conceptos como cultura, identidad y comunidad cultural, lo que pone de manifiesto una dimensión colectiva, ya que las expresiones, valores y características de un grupo, es lo que ayuda definirlo.
53. Consideró que el derecho humano a la cultura y protección al patrimonio cultural es inherente a la persona humana, lo que implica que una persona moral, que carece de corporeidad, no puede ser titular de tal prerrogativa.
54. Determinó que la quejosa únicamente contaba con un interés simple, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado, pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal del interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido, sino que es una mera disposición que se tiene respecto de ciertos actos, como cualquier integrante de la sociedad.
55. El tribunal concluyó que la moral quejosa no podía ser titular de los derechos que aducen en relación con la protección de los derechos del dominio público, ni de los intereses de la sociedad, al pretender que se decrete la nulidad del registro de la obra referida en párrafos precedentes, para que la sociedad tenga acceso a la misma, en el goce de su derecho a la cultura. Lo que apoyó en la tesis aislada I.18o.A.40 K (10a.)(14) del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de la voz: "PERSONAS JURÍDICAS. NO SON TITULARES DEL DERECHO A LA CULTURA."
56. Señaló que el interés que adujo tener la quejosa es el que tiene cualquier gobernado de tener acceso a la cultura a través de la obra, cuando es parte del dominio público, por el solo hecho de ser miembro de una comunidad; sin que con su ejercicio se pueda tener acceso a la protección de un derecho subjetivo en específico, a los derechos autorales respecto de la obra mencionada, pues para ello se necesitaba acreditar su interés jurídico.
57. Y al respecto citó la jurisprudencia 1a./J. 38/2016(15) (10a.) emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE."
58. Por todo lo anterior, el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito por mayoría de votos(16) determinó negar el amparo solicitado.
59. Criterio del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo directo ********, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés.
60. Mediante escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil veintidós, ante la Oficialía de Partes de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la persona moral que denunció esta contradicción de criterios, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio de nulidad **************, por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
61. Correspondió conocer de la demanda al Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, donde por auto de presidencia de veintidós de noviembre de dos mil veintidós fue admitida y registrada con el número ********. Posteriormente, por sentencia emitida en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, determinó conceder la protección constitucional a la moral quejosa, con base en las siguientes consideraciones esenciales.
62. En prim
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33277-7cfd5fc5/interes-juridico-para-demandar-la-nulidad-del-certificado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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