DERECHOS DE AUTOR. COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE IMPUGNA LA INSCRIPCIÓN DE UNA OBRA EN EL REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, EN VÍA ORDINARIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 35/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO, EL DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL VIGÉSIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 27 DE AGOSTO DE 2019. MAYORÍA DE DIECIOCHO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA, ARTURO ITURBE RIVAS, OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ, JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA, MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ, MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, ÓSCAR FERNANDO HERNÁNDEZ BAUTISTA, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, EUGENIO REYES CONTRERAS, LUZ CUETO MARTÍNEZ, J. JESÚS GUTIÉRREZ LEGORRETA, JOSÉ EDUARDO ALVARADO RAMÍREZ, ERNESTO MARTÍNEZ ANDREU, ADRIANA ESCORZA CARRANZA, HUGO GUZMÁN LÓPEZ, MARTHA LLAMILE ORTIZ BRENA Y MARÍA ALEJANDRA DE LEÓN GONZÁLEZ. DISIDENTES: RICARDO OLVERA GARCÍA, CLEMENTINA FLORES SUÁREZ Y LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA. PONENTE: LUZ CUETO MARTÍNEZ. SECRETARIA: KARLA FERNANDA FERNÁNDEZ BARRIOS.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve.
VISTOS, para resolver, los autos de la contradicción de tesis 35/2018, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Décimo Octavo y Vigésimo Primero, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—DENUNCIA DE LA CONTRADICCIÓN. Por oficio sin número, recibido el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, en la presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Magistrado del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en la materia y Circuito mencionados, informó sobre la denuncia de la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por ese Tribunal Colegiado, al resolver el juicio de amparo 423/2018 y los criterios sostenidos por el Primero y Décimo Octavo Tribunales Colegiados, ambos de la citada materia y Circuito, al emitir, respectivamente la tesis aislada número I.1o.A.169 A y las resoluciones relativa a los amparos directos números 490/2017 y 491/2017.
El oficio de denuncia, en la parte conducente, señala lo siguiente:
"Con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 227 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 226, fracción III, del propio ordenamiento, denuncio la posible contradicción de criterios entre el sustentado por este órgano colegiado al resolver el juicio de amparo directo 423/2018, la tesis aislada I.1o.A.169 A del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y lo resuelto por el Decimoctavo Colegiado en la misma materia y circuito en los amparos directos D.A. 490/2017 y D.A. 491/2017.
"Lo anterior, porque este órgano jurisdiccional decidió, por unanimidad de votos, que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es competente para conocer del juicio donde se demanda la nulidad de un certificado de inscripción de una obra en el Registro Público de Derecho de Autor.
"En la sentencia, el Pleno de este Tribunal concluyó que de la intelección de los artículos 1o., fracción I del artículo 2o., de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el artículo 23 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los diversos 58 y 62 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, con la fracción XXIXH del artículo 73 constitucional, tratándose de la impugnación del certificado de inscripción en el Registro Público del Derecho de Autor, la competencia jurídica para conocer del juicio respectivo radica en los tribunales federales, concretamente, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
"En efecto, la competencia asiste a ese órgano jurisdiccional porque el certificado de inscripción de una obra es un acto emitido por la administración pública federal centralizada, por lo que si el Constituyente dotó a ese tribunal de competencia para solucionar las contiendas que se susciten entre las personas y dicha administración, es evidente que debe conocer de todo lo que atañe al certificado referido, virtud a que entraña inmerso un problema jurídico entre la persona que demanda su nulidad –la actora– y la parte de la administración que defiende su legalidad –la autoridad demandada–.
"En cambio, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró que la competencia para conocer del juicio en que se impugne la inscripción de una obra en el Registro Público del Derecho de Autor, corresponde a los Jueces de Distrito en materia administrativa; conforme al artículo 214 de la Ley Federal del Derecho de Autor, el cual prevé una acción para poder impugnar una constancia, anotación o inscripción en el citado registro, estableciendo una competencia exclusiva a favor de los tribunales federales para conocer de dichas controversias, en las que el Instituto Nacional del Derecho de Autor deberá tener necesariamente el carácter de parte demandada.
"A su vez, el Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió en esencia que conforme lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley Federal del Derecho de Autor, es el Poder Judicial de la Federación a través de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, mediante el juicio ordinario administrativo federal, quien conocerá de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esa ley, concretamente, por la inscripción de una obra en el registro autoral.
"Para los efectos conducentes, se adjunta copia certificada de la ejecutoria emitida por este Tribunal, así como un disco compacto en el que se contiene su versión electrónica. ..."
SEGUNDO.—TRÁMITE DE LA DENUNCIA. Mediante acuerdo de once de diciembre de dos mil dieciocho, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito admitió la denuncia de contradicción de criterios; ordenó formarla y registrarla con el número de expediente PC01.I.A.35/2018.C; solicitó a la presidencia de los Tribunales Primero y Decimoctavo en la materia y Circuito mencionados la remisión del archivo digital que contuviera las ejecutorias dictadas en los asuntos que dieron origen a los criterios indicados en el punto anterior, para la debida integración del expediente; igualmente, les requirió para que informaran si el criterio sustentado en los asuntos materia de la contradicción continuaba vigente o, en su caso, que comunicara la causa para tenerlo por abandonado.
TERCERO.—INFORME Y REMISIÓN DE ARCHIVO. Por acuerdo de tres de enero de dos mil diecinueve, el Magistrado presidente del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó remitir a la presidencia del Pleno en Materia del Primer Circuito, la versión digitalizada de las sentencias dictadas en los amparos directos 490/2017 y 491/2017 e informó que el criterio sustentado por ese órgano colegiado, al resolver los asuntos en comento, se encontraba vigente.
Por otra parte, por acuerdo de cuatro de enero de dos mil diecinueve, el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ordenó remitir a la Presidencia de este Pleno la versión digitalizada de las sentencias dictadas en el amparo directo 191/2008, que dio origen a la tesis I.1o.A.169 A, e informó que el criterio sustentado por ese órgano colegiado, al resolver los asuntos en comento, se encontraba vigente.
Finalmente, por oficio 173/2019, la Magistrada presidente del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ordenó remitir a la Presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito la versión digitalizada de la sentencia dictada en el amparo directo 423/2018 e informó que el criterio sustentado por ese órgano colegiado, al resolver el asunto en comento se encontraba vigente.
CUARTO.—SOLICITUD DE INFORMACIÓN. Mediante oficio de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, la Coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó a la Secretaría de Acuerdos del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, que no se detectó la existencia de alguna contradicción de tesis radicada ante ese Alto Tribunal en la que el punto a dilucidar guardara relación con la materia del presente asunto.
QUINTO.—TURNO DEL ASUNTO. En proveído de uno de marzo de dos mil diecinueve, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito acordó que en atención a que el expediente había quedado debidamente integrado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41-quarter-1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 13, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; debía turnarse el expediente virtual a la Magistrada Luz Cueto Martínez, integrante del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
SEXTO.—PRÓRROGA. En diversos autos de veinticinco de marzo, quince de abril y seis de mayo de dos mil diecinueve, se concedió a la ponente las prórrogas solicitadas, a fin de que el proyecto de resolución fuera analizado con la oportunidad debida.
SÉPTIMO.—APLAZAMIENTO. El once de junio de dos mil diecinueve, se convocó a los integrantes del Pleno en Materia Administrativa, para analizar y discutir el proyecto de resolución en la sesión ordinaria del veinticinco de junio del referido año.
En sesión de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, al discutir el proyecto de resolución los Magistrados que integran el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito establecieron que era procedente dejar aplazado el asunto, a fin de realizar diversas precisiones.
OCTAVO.—RETURNO. En acuerdo de uno de agosto de dos mil diecinueve, se renovó el plazo de quince días a que se refiere el artículo 28 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la elaboración del proyecto de resolución; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—COMPETENCIA. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es legalmente competente para conocer y resolver de esta denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, facción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 bis y 41 ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, por plantearse una probable contradicción entre criterios sostenidos por diversos Tribunales Colegiados de Circuito, sobre un tema que corresponde a la materia administrativa de la especialidad de este Pleno de Circuito.
SEGUNDO.—LEGITIMACIÓN. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, ya que la formuló el entonces Magistrado presidente del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, es decir, el presidente de uno de los órganos jurisdiccionales cuyo criterio es presuntamente discrepante, de conformidad con el artículo 227, fracción III, en relación con el diverso 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.
TERCERO.—CRITERIOS CONTENDIENTES. Para verificar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es necesario precisar los antecedentes más relevantes de los asuntos que dieron origen a las ejecutorias contendientes, así como las consideraciones formuladas por cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito.
I. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 191/2008-3176.
Mediante escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil siete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, ********** promovió juicio ordinario federal en el que demandó del Instituto Nacional del Derecho de Autor y de los titulares de la obra con número de registro 03-2006-092811384000-01, la nulidad de su inscripción en el Registro Público del Derecho de Autor.
De la demanda en cita correspondió conocer al Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, cuyo secretario encargado del despacho, mediante proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil siete, ordenó que se registrara con el número 8/2007 y la desechó al estimar que el juzgado carecía de competencia legal, en razón de la vía, para conocer de la demanda de que se trata.
Inconforme con el anterior proveído, **********, interpuso recurso de apelación, el cual fue substanciado y resuelto por el Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito a través de la sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil ocho, mediante la cual se declararon infundados los agravios propuestos por la quejosa(1) y se confirmó el acuerdo impugnado.
En contra de la anterior resolución, **********, promovió juicio de amparo, el cual, por razón de turno, correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que lo registró con el número D.A. 191/2008-3176; y, en sesión de once de agosto de dos mil ocho, dictó sentencia en la que concedió el amparo solicitado, por las razones siguientes:
"QUINTO. Antes de proceder al estudio y resolución de los conceptos de violación propuestos por la quejosa, resulta conveniente mencionar los antecedentes del caso, que se extraen del capítulo de hechos de la demanda de garantías, así como del expediente del recurso de apelación 636/2007, del índice del Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito.
"1) Mediante escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil siete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, la parte quejosa promovió juicio ordinario federal en el que demandó del Instituto Nacional del Derecho de Autor y de los titulares de la obra con número de registro 03-2006-092811384000-01, la nulidad de su inscripción en el Registro Público del Derecho de Autor.
"2) De la demanda en cita correspondió conocer al Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, cuyo secretario encargado del despacho, mediante proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil siete, ordenó que se registrara con el número 8/2007 y la desechó al estimar que el juzgado carecía de competencia legal, en razón de la vía, para conocer de la demanda de que se trata.
"3) Inconforme con el anterior proveído, la parte quejosa interpuso recurso de apelación, el cual fue substanciado y resuelto por el Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito a través de la sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil ocho, mediante la cual se declararon infundados los agravios propuestos por la quejosa y se confirmó el acuerdo impugnado.
"La anterior resolución constituye el acto reclamado en la presente instancia, cuyas consideraciones a continuación se sintetizan.
"El tribunal declaró infundados los agravios de la promovente, en los que ésta afirmó que el juzgado del conocimiento sí era competente, por razón de la vía, para conocer de su demanda atento a lo dispuesto por los artículos 214 de la Ley Federal del Derecho de Autor en correlación con lo prescrito en el diverso numeral 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
"Para llegar a esa conclusión, el tribunal argumentó básicamente que el artículo 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación constituye una regla de competencia general a favor de los Jueces de Dstrito en materia administrativa para conocer de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; sin embargo, existen normas de carácter especial, previstas en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la Ley Federal del Derecho de Autor y en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que son preferentes respecto de la hipótesis general, y que otorgan al citado órgano jurisdiccional, así como al Instituto Nacional del Derecho de Autor, competencia para conocer de un juicio o procedimiento en el que se demande la nulidad de una inscripción de una obra en el Registro Público del Derecho de Autor.
"De manera específica, la autoridad responsable analizó el contenido de los artículos 11, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiuno de diciembre de dos mil siete), 186, 187 y 237 de la Ley Federal del Derecho de Autor, 103, fracciones X y XIV, del reglamento de esta última legislación, y 83 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, concluyendo a partir de su interpretación que es procedente el recurso de revisión en sede administrativa ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, o bien, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para impugnar actos o resoluciones definitivas, como en el caso lo es el registro de una obra en el Registro Público del Derecho de Autor.
"Siendo así, a juicio del tribunal del conocimiento, las hipótesis legales señaladas en el párrafo precedente, por ser de carácter especial, tienen primacía sobre la regla general prevista en el artículo 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y excluyen, por ende, la competencia de los Jueces federales para conocer y resolver un juicio ordinario federal en el que se demande la nulidad de una inscripción en el Registro Público del Derecho de Autor.
"En contra de las anteriores consideraciones, la parte quejosa formula un único concepto de violación en su demanda de garantías, en el que señala, como lo hiciera en los agravios de su recurso de apelación, que de conformidad con los artículos 214 de la Ley Federal del Derecho de Autor, 52, fracción I, de la Ley Orgánica de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, y 24, fracción VII, del Código Federal de Procedimientos Civiles, los Jueces de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal son competentes para conocer de un juicio ordinario federal en que se impugne una inscripción en el Registro Público del Derecho de Autor.
"En razón de lo anterior, la promovente sostiene que la sentencia reclamada es ilegal por falta de aplicación de los numerales señalados en el párrafo que antecede, aclarando, finalmente, que en la Ley Federal del Derecho de Autor no se prevé algún procedimiento por medio del cual se pueda solicitar la nulidad de una inscripción de una obra en el Registro Público del Derecho de Autor, pues esta hipótesis únicamente se establece con relación a la nulidad de una reserva de derechos, que es diferente a la inscripción en el citado registro de una obra en general, de un diseño gráfico o de una obra escultórica.
"Confrontando lo expuesto por la autoridad responsable en la sentencia reclamada con lo afirmado por la quejosa en el único concepto de violación de su demanda de garantías, se obtiene que la litis a resolver en este asunto consiste en determinar si los Jueces de Distrito en materia administrativa, de conformidad con los artículos en que se prevé su competencia, tienen facultades para conocer y resolver un juicio ordinario federal en el que se demande la nulidad de una inscripción en el Registro Público del Derecho de Autor; o por el contrario, si corresponde resolver de tales controversias al Instituto Nacional del Derecho de Autor o al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por gozar de una competencia específica para tales efectos, que tiene primacía y excluye a la regla general establecida a favor de los Jueces federales.
"Para llegar a la conclusión que finalmente se adopte con relación a este asunto, se estima pertinente analizar e interpretar, en primer lugar, lo dispuesto en los artículos 186 y 187 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y 103, fracción X, de su reglamento, pues la conclusión del tribunal responsable se basó en la interpretación que hizo, entre otros, de tales numerales, los cuales dicen a la letra lo siguiente:
"Ley Federal del Derecho de Autor
"‘Artículo 186. La declaración administrativa de nulidad, cancelación o caducidad se podrá iniciar en cualquier tiempo, de oficio por el Instituto, a petición de parte, o del Ministerio Público de la Federación cuando tenga algún interés la Federación. La caducidad a la que se refiere el artículo anterior, no requerirá declaración administrativa por parte del instituto.’
"‘Artículo 187. Los procedimientos de nulidad y cancelación previstos en este capítulo, se substanciarán y resolverán de conformidad con las disposiciones que para tal efecto se establezcan en el Reglamento de la presente ley.’
"Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor
"‘Artículo 103. El instituto, como autoridad administrativa en materia de derechos de autor, tendrá las siguientes facultades:
"‘X. Substanciar las declaraciones administrativas de cancelación y nulidad;’
"Una interpretación aislada de los numerales transcritos podría llevar a concluir que el Instituto Nacional del Derecho de Autor tiene facultades para resolver acerca de la nulidad de cualquier inscripción en el Registro Público del Derecho de Autor, pues de tales preceptos se desprende la facultad para la citada dependencia de substanciar, entre otras, las declaraciones administrativas de nulidad, las cuales se podrán iniciar en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte.
"De alguna forma así lo entendió el tribunal responsable, pues una de las conclusiones a las que llegó en la sentencia reclamada se sustentó en dichos preceptos; sin embargo, lo cierto es que no tienen ninguna relación con la pretensión que hizo valer la parte quejosa en el juicio de origen y, por ende, debió prescindirse de su análisis, pues las declaraciones administrativas de nulidad, cancelación o caducidad a que se refieren dichos artículos únicamente tienen como objeto las reservas de derechos al uso exclusivo, concepto que difiere de la inscripción de cualquier obra en el Registro Público del Derecho de Autor.
"En efecto, los preceptos citados se encuentran contenidos en el Título VIII, Capítulo II, denominado: ‘De las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo’, que comprende los artículos 173 a 191 de la ley en estudio. Las reservas de derechos, conforme lo dispone el primero de estos numerales, consisten en la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a alguno de los siguientes géneros:
"I. Publicaciones periódicas: Editadas en partes sucesivas con variedad de contenido y que pretenden continuarse indefinidamente;
"II. Difusiones periódicas: Emitidas en partes sucesivas, con variedad de contenido y susceptibles de transmitirse;
"III. Personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos;
"IV. Personas o grupos dedicados a actividades artísticas, y
"V. Promociones publicitarias: Contemplan un mecanismo novedoso y sin protección tendiente a promover y ofertar un bien o un servicio, con el incentivo adicional de brindar la posibilidad al público en general de obtener otro bien o servicio, en condiciones más favorables que en las que normalmente se encuentra en el comercio; se exceptúa el caso de los anuncios comerciales.
"Las declaraciones de nulidad, cancelación o caducidad de las reservas de derechos al uso exclusivo son decretadas administrativamente por el Instituto Nacional del Derecho de Autor cuando se actualizan algunas de las hipótesis a que se refieren los artículos 183, 184 y 185 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y siguiendo el procedimiento que establece el reglamento de la citada legislación, pero, se insiste, su objeto lo constituye, exclusivamente, una reserva de derecho al uso exclusivo y no la inscripción de una obra en general que hubiera sido registrada en el Registro Público del Derecho de Autor.
"En el presente caso, la pretensión de la parte quejosa, según se desprende de la demanda de origen, no fue demandar la nulidad de una reserva de derechos al uso exclusivo, sino la nulidad de la inscripción de una obra específica en el citado registro.
"En realidad, como lo señala la parte quejosa en su demanda de amparo, en la ley que se estudia no existe prevista a favor del Instituto Nacional del Derecho de Autor la facultad de decretar administrativamente la nulidad de un registro autoral, menos aun se prevé un procedimiento administrativo para tal efecto.
"Lo que sí se establece con relación al derecho de impugnación del registro de una obra es una acción específica, así como la competencia del órgano ante quien debe substanciarse una de esas controversias.
"Los artículos 213 y 214 de la Ley Federal del Derecho de Autor, inscritos en el Título XI, Capítulo I, denominado: ‘Del Procedimiento ante Autoridades Judiciales’, dicen lo siguiente:
"‘Artículo 213. Los Tribunales Federales conocerán de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley, pero cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, a elección del actor, los tribunales de los Estados y del Distrito Federal.’
"‘Artículo 214. En todo juicio en que se impugne una constancia, anotación o inscripción en el registro, será parte el Instituto y sólo podrán conocer de él los tribunales federales.’
"El primero de los numerales transcritos establece una competencia general a favor de los tribunales de la Federación para conocer de aquellas controversias que se susciten con motivo de la aplicación de la ley que se estudia, así como una competencia concurrente a cargo de los tribunales de las entidades federativas cuando el conflicto jurídico únicamente afecte intereses de particulares.
"El último de estos preceptos, sin denominarla expresamente, prevé una acción para poder impugnar una constancia, anotación o inscripción en el Registro Público del Derecho de Autor, estableciendo una competencia exclusiva a favor de los tribunales federales para conocer de dichas controversias, en las que el Instituto Nacional del Derecho de Autor deberá tener necesariamente el carácter de parte demandada.
"Si los preceptos transcritos hacen referencia al término: ‘tribunales federales’, es evidente que el legislador hizo alusión a los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, entre los que se encuentran los Jueces de Distrito, y no los a los (sic) tribunales administrativos, pues aun cuando uno de ellos en nuestra legislación tiene carácter federal, esto es, el actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, su creación obedeció a la necesidad de resolver conflictos de una naturaleza distinta a aquellos que se derivaran de la aplicación de la Ley Federal del Derecho de Autor, aun y cuando su competencia ha ido ampliándose gradualmente en los últimos años.
"La anterior afirmación se corrobora de la simple lectura que se realice al proceso legislativo que culminó con la reforma, entre otros, del artículo 213 de la Ley Federal del Derecho de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintitrés de julio de dos mil tres, pues ahí se lee que:
"‘La Iniciativa propone incorporar el principio de la jurisdicción concurrente, establecido en la fracción I–A, del artículo 104, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las Comisiones Unidas consideran procedente la propuesta de reformar el Artículo 213 de la Ley Federal del Derecho de Autor, pues como se encuentra actualmente sólo los tribunales federales deben conocer las acciones civiles que se ejerciten en materia de Derechos de Autor, lo que provoca acumulación en los Juzgados. Por ello, proponemos que los tribunales federales atiendan las controversias relacionadas con la aplicación de la Ley Autoral. Empero, cuando aquellas sólo afecten intereses particulares, de orden patrimonial, podrán ser resueltas, a elección del actor, en los tribunales del orden común correspondientes.
"‘Por otra parte, los integrantes de la Comisión que dictamina, coinciden en la necesidad de incorporar el principio de la Jurisdicción Concurrente, establecido en la fracción I-A, del artículo 104, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que resulta procedente la propuesta de reformar el Artículo 213 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a efecto de que conozcan de las acciones civiles que se ejerciten en materia de derechos de autor tanto los Tribunales Federales, como los del orden común correspondientes, siempre y cuando, las controversias en esta materia sólo afecten intereses particulares, de orden patrimonial.
"‘Es necesario entonces armonizar muchos de los derechos ya contemplados en nuestra legislación. Es imprescindible clarificar la competencia de los tribunales jurisdiccionales para la solución de controversias de carácter patrimonial reconociendo el principio de la jurisdicción concurrente que claramente establece nuestra Carta Magna.’
"El principio de concurrencia establecido en el artículo 104, fracción I-A, de la Constitución Federal hace referencia a la posibilidad de que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, y no los administrativos federales, cuya existencia se comprende en otros numerales de la Ley Fundamental, puedan conocer y resolver junto con los tribunales de las en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29170-952db85f/derechos-de-autor-competencia-para-conocer-del-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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