VISITA DE VERIFICACIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO. LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO TIENEN LA FACULTAD EXCLUSIVA PARA ORDENARLA Y, POR EXCEPCIÓN, PODRÁN LLEVARSE A CABO DE MANERA COORDINADA CON EL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA MISMA ENTIDAD.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 149/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL DÉCIMO SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL VIGÉSIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 27 DE FEBRERO DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y GUILLERMINA COUTIÑO MATA, Y DEL MAGISTRADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS. PONENTE: MAGISTRADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS. SECRETARIA: VIANNEY RODRÍGUEZ ARCE.
Ciudad de México. Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión pública celebrada el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco, y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO. Denuncia de la contradicción. Mediante escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil veinticuatro, ante el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, los magistrados integrantes del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, denunciaron la posible contradicción de criterios entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Décimo Séptimo y el Vigésimo Primero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos directos ******** y ********, de sus respectivos índices, respectivamente, a efecto de “DETERMINAR SI EL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO TIENE FACULTAD PARA ORDENAR LA VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO, O CORRESPONDE ÉSTA DE MANERA EXCLUSIVA A LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”.
2. SEGUNDO. Radicación, admisión, requerimiento y turno provisional, en este Pleno Regional. Por acuerdo de presidencia de treinta de abril de dos mil veinticuatro, se tuvo por recibido el escrito de mérito; en ese orden, se radicó el presente expediente en el índice de este órgano, registrándose como contradicción de criterios 149/2024; se admitió a trámite y se ordenó dar de alta y formar el expediente electrónico en el Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE).
3. Asimismo, se asignó provisionalmente el asunto a la ponencia del Magistrado Alejandro Villagómez Gordillo, en términos del artículo 37(1) del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite y debida integración del expediente en aras de ubicarlo en estado de resolución.
4. De igual manera, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito.
5. Además, se requirió a los Tribunales Colegiados contendientes que informaran si los criterios en contradicción continuaban vigentes, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados; así como, que permitieran el acceso al expediente electrónico de los asuntos que forman parte de la presente contradicción de criterios, en términos de lo dispuesto en el numeral 39(2) del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.
6. Finalmente, se solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informara si existe alguna contradicción de criterios radicada ante ese Máximo Tribunal Constitucional, pendiente de resolución relacionada con el tema materia del presente asunto.
7. TERCERO. Informes sobre la vigencia de los criterios contendientes. En atención a los requerimientos formulados, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes rindieron los informes solicitados, los cuales se tuvieron por recibidos por acuerdos de seis y ocho de mayo de dos mil veinticuatro; de los que se advierte que los criterios contendientes continúan vigentes, como se detallará más adelante.
8. CUARTO. Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por auto de quince de mayo de dos mil veinticuatro, se tuvo por recibido el oficio fechado el día catorce del mes y año señalados, signado por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que comunicó que de la consulta al Sistema de Seguimiento de Contradicciones de Tesis Pendientes de Resolver –visible en las direcciones electrónicas: https://www.scjn.gob.mx. y https://intranet.scjn.pjf.gob.mx, apartado Pleno, Sección Amparos, Contradicciones de tesis y demás asuntos, así como de la revisión de acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de criterios dictados por la Presidencia del Alto Tribunal–, durante los últimos seis meses, no se advertía la existencia de resolución contradicción de criterios pendiente alguna en el índice del Alto Tribunal respecto del tópico sobre el que versa la presente contradicción de criterios.
9. QUINTO. Confirmación de turno. Mediante proveído de cinco de julio de dos mil veinticuatro, se tuvo debidamente integrada la contradicción de criterios en que se actúa y se confirmó el turno del expediente virtual al Magistrado Alejandro Villagómez Gordillo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41(3) y para los efectos del diverso 44(4) ambos del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.
10. SEXTO. Suspensión parcial de labores e interrupción de plazos y términos. En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es un hecho notorio que los órganos jurisdiccionales determinaron la suspensión parcial de labores en atención a casos urgentes, con motivo del rechazo a la Reforma Judicial, manifestado por titulares y por las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, la cual inició el diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro y concluyó para este Pleno Regional el treinta y uno de octubre siguiente, reanudándose las labores jurisdiccionales el cuatro de noviembre de la anualidad antes mencionada, según se advierte del Aviso de Reanudación de Labores respectivo; en el entendido de que los días comprendidos durante el periodo de suspensión, fueron declarado inhábiles, por lo que no corrieron plazos ni términos.
11. SÉPTIMO. Nueva Integración de este Pleno Regional. Por auto de presidencia de once de noviembre de dos mil veinticuatro, se tomó conocimiento del oficio SEADS/3327/2024 mediante el cual el Secretario Ejecutivo de Adscripción informó que en sesión de once de septiembre de dos mil veinticuatro el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal comisionó temporalmente al Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas en la plaza que ocupaba su homólogo Alejandro Villagómez Gordillo, con efectos a partir del treinta del mes y año en cita, asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que este Pleno Regional se encuentra integrado por las Magistradas Silvia Cerón Fernández, Adriana Leticia Campuzano Gallegos así como por el Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas.
12. Returno. En el mismo auto de once de noviembre de dos mil veinticuatro se turnó el presente asunto al Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas, para la formulación del proyecto de resolución; y, al encontrarse debidamente integrado el asunto, se confirmó dicho turno.
13. OCTAVO. Aplazamiento. El presente asunto se listó el dos de diciembre de dos mil veinticuatro para sesión de doce de diciembre siguiente, en el que este Pleno decidió aplazar el presente asunto.
14. NOVENO. Nueva integración de este Pleno Regional. Por auto de presidencia de cuatro de febrero de dos mil veinticinco, se tomó conocimiento del oficio SEADS/271/2025 mediante el cual el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión ordinaria de veintidós de enero de dos mil veinticinco, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal comisionó temporalmente a la Magistrada Guillermina Coutiño Mata en la plaza que ocupaba la Magistrada Adriana Leticia Campuzano Gallegos, con efectos a partir del uno de febrero al quince de agosto de dos mil veinticinco o hasta que el Pleno lo determine, asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que este Pleno Regional se encuentra integrado por las Magistradas Silvia Cerón Fernández, Guillermina Coutiño Mata así como por el Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas.
15. DÉCIMO. Amicus curiae. En términos del artículo 45, segundo párrafo, del Acuerdo General 67/2022 del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en el presente asunto no se recibieron opiniones de amicus curiae.
CONSIDERANDO:
16. PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto, séptimo, décimo primero(5) y 107, fracción XIII,(6) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(7) 1, fracción III, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(8) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(9) en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales(10) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(11) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés; por derivar de criterios sostenidos por tribunales colegiados pertenecientes a los Circuitos Primero y Décimo Sexto, ambos comprendidos en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno jurisdiccional al tratarse de materia administrativa.
17. Lo anterior resulta así, en razón de que el presente asunto se ubica en los supuestos de las normas invocadas, dado que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Décimo Séptimo y Vigésimo Primero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, de manera que las determinaciones en controversia fueron dictadas dentro de la demarcación territorial y respecto de la especialidad sobre las que este Pleno Regional ejerce jurisdicción para unificar criterios.
18. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que fue formulada por los magistrados integrantes del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII,(12) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III,(13) de la Ley de Amparo.
19. TERCERO. Valoración de las constancias. Al respecto, se debe tener presente que las constancias que obran en los expedientes electrónicos constituyen hechos públicos y notorios en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2º, al poder consultarse en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
20. Ilustra lo anterior por analogía la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2017123, cuyo rubro es: “HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).”
21. CUARTO. Transcripción de las ejecutorias contendientes. En el presente asunto, no se transcriben las consideraciones de las resoluciones contendientes, por no exigirlo la normativa que rige las ejecutorias que se emitan al resolverse las contradicciones de criterios y las facultades de este Pleno Regional; es decir, no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación, en virtud de que el cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia se satisface al atender en su totalidad los puntos litigiosos a consideración del órgano jurisdiccional, en razón de la naturaleza del caso que resuelve, atendiendo el conflicto que se plantea ante su jurisdicción.
22. Apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica de razón, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 164618, cuyo rubro es: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN”.
23. QUINTO. Criterios contendientes. Para estar en aptitud de determinar lo conducente, es preciso tener en cuenta las consideraciones sustanciales de los criterios discrepantes, por lo que se sintetizan a continuación.
24. Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo directo ********, en sesión de cuatro de abril de dos mil veinticuatro.
25. Los antecedentes del negocio que dio lugar al juicio constitucional señalado, son los siguientes:
26. Mediante escrito presentado el cinco de marzo de dos mil veinte, ante la Oficialía de Partes del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, **** **** ********* ****, en representación de ******* **** *, ******** ******* ** ******* ********, demandó del ******** ** ************ ** *** ******** *** ****** ******* *** ********* ** ************ ************** ** ** ****** ** ******, la nulidad de la orden de visita de verificación de trece de febrero de dos mil veinte, correspondiente al expediente administrativo ************************ con número de folio ******************, así como del acta de verificación levantada el catorce de febrero de dos mil veinte.
27. De la demanda conoció la Quinta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México que, por auto de once de marzo de dos mil veinte, la admitió a trámite con el número *************** y ordenó correr traslado a la autoridad demandada ******** ** ************ ** *** ******** *** ****** ******* *** ********* ** ************ ************** ** ** ****** ** ******, quien compareció a juicio mediante oficio presentado el siete de septiembre de dos mil veinte.
28. El treinta de septiembre de dos mil veinte, la Sala dictó sentencia en la que reconoció la validez de la resolución impugnada.
29. Inconforme con tal determinación, la sociedad actora interpuso recurso de apelación mediante escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. En auto de once de mayo de dos mil veintiuno, el Magistrado Presidente del citado Tribunal y de su Sala Superior admitió el medio de defensa y ordenó su registro con el número *** **********. El treinta de junio de dos mil veintiuno, la alzada dictó sentencia en el sentido de confirmar la sentencia apelada.
30. En contra de la decisión anterior, ****** ****** *******, en representación de ******* **** ** ******** ******* ** ******* ********, mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, promovió juicio de amparo directo, tramitado ante el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el número ********. Agotado la secuela procesal, la autoridad citada dictó sentencia el cuatro de abril de dos mil veinticuatro, en la que concedió la protección constitucional solicitada para el efecto de que el tribunal responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y en su lugar emitiera un nuevo fallo en el que considerara que el ********* ** ************ ************** ** ** ****** ** ****** carece de competencia constitucional local para ordenar, por sí mismo, la verificación administrativa en materia de desarrollo urbano.
31. En cuanto al estudio de los conceptos de violación, éstos fueron declarados fundados con base en las siguientes consideraciones esenciales y que interesan a la materia de análisis de la presente contradicción de criterios:
32. El colegiado contendiente determinó que el artículo 53,(14) numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad de México establece facultades de los titulares de las alcaldías, algunas de ellas de ejercicio exclusivo y, otras, de ejercicio coordinado con otras autoridades de la administración pública, lo que de ninguna manera da lugar a considerar que dichas atribuciones, entre ellas las de verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones sobre desarrollo urbano, se puedan delegar o transferir a un organismo descentralizado como el ********* ** ************ ************** ** ** ****** ** ******.
33. El Tribunal Colegiado aclaró que la norma contenida en el artículo 14 de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa, en cuanto a que dicho instituto puede realizar verificaciones administrativas en desarrollo urbano, es insuficiente para considerar que tiene facultades para actuar en esa materia; ello porque tal disposición secundaria contradice al texto constitucional local y, por razón de jerarquía, no puede prevalecer contra el texto expreso de un ordenamiento superior.
34. El Tribunal agregó que las autoridades centrales del Gobierno de la Ciudad de México pueden administrar y gestionar el suelo para garantizar los beneficios del desarrollo urbano, así como definir el Programa General de Ordenamiento Territorial y el Plan General de Desarrollo e incluso establecer una política habitacional acorde con el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano; pero que ello no significa que tenga atribuciones para verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones relativas a dicha materia ya que, como se indicó, la Constitución Política de la Ciudad de México reserva esa facultad a los titulares de las alcaldías.
35. Criterio del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo directo D.A. ********, en sesión de catorce abril de dos mil veintitrés.
36. Se resumen los antecedentes del juicio de origen.
37. Por escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes de la Segunda Sala Ordinaria de Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, ****** ****** ******* ******, por derecho propio, interpuso juicio de nulidad contra el procedimiento administrativo con número de expediente ************************, correspondiente a la visita administrativa que culminó con la imposición del estado de suspensión total temporal de actividades de su establecimiento mercantil. Este contencioso se registró con el número ****************.
38. El treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México dictó sentencia en la declaró la nulidad del procedimiento de visita administrativa señalado en la demanda. 39. En desacuerdo con tal decisión, el ******** ** ************* ********* * ********* *** ****** ******* *** ********* ** ************ ************** ** ** ****** ** ******, a través de su autorizado ***** ***** ****** *****, interpuso recurso de apelación. Conoció de ese medio de defensa el Pleno Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, registrado con el número ************** (relacionado con el *** **********), decidido mediante sentencia de uno de junio de dos mil veintidós, en la que revocó la resolución apelada y reconoció la validez de los actos del procedimiento de verificación administrativa ************************.
40. En contra de esta determinación, ****** ****** ******* ****** promovió demanda de amparo en escrito presentado el cinco de agosto de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
41. El Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito registró el juicio constitucional con el número ************ y seguido el trámite por toda su secuela procesal, dictó sentencia el catorce de abril de dos mil veintitrés en la que negó la protección solicitada.
42. El tribunal colegiado contendiente analizó los conceptos de violación y determinó declararlos infundados con base en lo siguiente.
43. Que conforme a la Constitución de la Ciudad de México, las Alcaldías tendrán competencia de forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México u otras autoridades, para vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en materia de desarrollo urbano.
44. Que en concordancia con lo anterior, en el artículo 14 de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México se establecieron las competencias que en materia de verificación administrativa podían desarrollar el instituto y las alcaldías y que, se acuerdo con tal disposición, ambas autoridades tienen facultades para realizar verificaciones administrativas en materia de uso de suelo y desarrollo urbano.
45. Que dichas atribuciones eran, por tanto, de carácter concurrente y por lo mismo podían ser ejercidas de manera independiente y autónoma tanto por las alcaldías, como por el ********* ** ************ ************** y, por lo mismo, no existía obligación de que este órgano descentralizado actuara de forma coordinada con la ******** ********** ******** (que es donde se localiza el establecimiento materia del procedimiento de verificación impugnado).
46. SEXTO. Vigencia de los criterios contendientes. Por oficio ****, de dos de mayo de dos mil veinticuatro, la Magistrada Amanda Roberta García González, Presidente del Décimo Séptimo Tribunal Colegido en Materia Administrativa del Primer Circuito, rindió informe en el sentido de que el criterio sustentado en el juicio de amparo directo ********, continúa vigente.
47. Por su parte, mediante oficio *********, el Actuario adscrito al Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, hizo del conocimiento el contenido del proveído de seis de mayo de este año dictado por el Magistrado Juvenal Carbajal Díaz, Presidente de ese órgano, en el sentido de que el criterio sustentado en el amparo directo ********, continúa vigente.
48. Establecido lo anterior, se procede al análisis relativo a la existencia de la contradicción.
49. SÉPTIMO. Existencia de la contradicción de criterios.
50. Por cuestión de método, es necesario establecer si en el caso se configura la contradicción de criterios, en tanto que, sólo bajo ese supuesto será posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar el criterio que, en su caso, deba prevalecer con carácter de jurisprudencia.
51. En principio, conviene destacar que la divergencia de criterios existe cuando los órganos jurisdiccionales contendientes adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que los rodeen no sean exactamente iguales.
52. Tal consideración se encuentra plasmada en la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente:
“CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que "al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes" se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en "diferencias" fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.”(15)
53. En ese contexto, si la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación y el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de criterios cuando se cumplen los siguientes requisitos:
a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución, o cualquier otra cuestión jurídica en general.
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina, acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como dicha forma, también sea legalmente posible.
54. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
“CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales colegiados de circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre lo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33192-10149dd2/visita-de-verificacion-en-materia-de-desarrollo-urbano · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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