ACTA FINAL DE VISITA DOMICILIARIA. LA LEVANTADA PORQUE EL CONTRIBUYENTE CORRIGIÓ SU SITUACIÓN FISCAL CONSTITUYE UNA "RESOLUCIÓN FAVORABLE AL PARTICULAR" PARA EFECTOS DE SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE EL JUICIO DE LESIVIDAD.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 235/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS VIGÉSIMO Y DÉCIMO NOVENO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 3 DE MAYO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS, Y DEL MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. PONENTE: MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. SECRETARIA: ERIKA IVONNE CARBALLAL LÓPEZ.
Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión pública celebrada el tres de mayo dos mil veinticuatro y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio presentado el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, ante este entonces Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, el magistrado presidente del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Vigésimo y Decimonoveno en Materia Administrativa ambos del Primer Circuito, al resolver en su orden los amparos directos 66/2021 y 260/2022.
2. SEGUNDO. Radicación, requerimiento y turno provisional. Por acuerdo de presidencia de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la posible contradicción de criterios denunciada y se ordenó su registro con el consecutivo 235/2023; asimismo, se ordenó formar el expediente electrónico en el Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE).
3. En ese orden, se asignó provisionalmente el asunto a la ponencia del magistrado Gaspar Paulín Carmona, en términos del artículo 37(1) del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite y debida integración del expediente en aras de ubicarlo en estado de resolución.
4. De igual manera, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito.
5. Además, se requirió a los tribunales colegiados contendientes que informaran si los criterios en contradicción continuaban vigentes o no, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados; así como, que permitieran el acceso al expediente electrónico de los asuntos que forman parte de la presente contradicción de criterios, en términos de lo dispuesto en el numeral 39(2) del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.
6. Finalmente, se solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informara si existe alguna contradicción de criterios radicada ante ese Máximo Tribunal Constitucional, pendiente de resolución relacionada con el tema relativo a “DETERMINAR SI CUANDO LOS VISITADORES, AL LEVANTAR EL ACTA FINAL Y TIENEN POR CONCLUIDA LA VISITA DOMICILIARIA CON MOTIVO DE LA CORRECCIÓN DE LA SITUACIÓN FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN LA VÍA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA FEDERAL, ESPECÍFICAMENTE LUEGO DEL EJERCICIO DE UNA ACCIÓN DE LESIVIDAD”, materia de la presente contradicción de criterios.
7. TERCERO. Informes sobre la vigencia de los criterios contendientes. En atención a los requerimientos formulados, los magistrados presidentes de los tribunales colegiados contendientes remitieron las respectivas ejecutorias y rindieron los informes solicitados, los cuales se tuvieron por recibidos en acuerdos de cinco y diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en el sentido de que los criterios se encuentran vigentes.
8. Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante oficio de trece de septiembre de dos mil veintitrés, comunicó que no existía pendiente de resolución contradicción de criterios alguna en el índice del Alto Tribunal respecto del tópico sobre el que versa la presente contradicción de criterios.
9. CUARTO. Confirmación de turno. Mediante acuerdo de presidencia de tres de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios en que se actúa, por lo que se confirmó el turno del expediente virtual al magistrado Gaspar Paulín Carmona de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41(3) del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo, con fundamento en el diverso numeral 44 del mismo Acuerdo.
10. QUINTO. Cambio de denominación e integración de este Pleno Regional. El veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, específicamente en sus artículos del 1 al 3 se estableció, entre otros temas, que a partir del dieciséis de enero de dos mil veinticuatro, se cambiaría la denominación de este órgano jurisdiccional por la de “Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México”; en consecuencia, igualmente se contempla su ampliación de competencia por materia, conociendo ahora de las contenidas en ese título (administrativa y civil) y, conservando su competencia por territorio (Región Centro Norte), así como lugar de residencia y domicilio.
11. Asimismo, mediante acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veinticuatro, de conformidad con el Acuerdo General 38/2023 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, donde se modificó la denominación y competencia de este órgano, se hizo del conocimiento a las partes que este Pleno Regional, actualmente se encuentra integrado por las magistradas Silvia Cerón Fernández y Adriana Leticia Campuzano Gallegos, así como por el magistrado presidente Alejandro Villagómez Gordillo.
12. Del mismo modo, en el citado proveído se anunció el acuerdo adoptado por el Pleno de este órgano sobre la redistribución de asuntos y para los efectos del artículo 37 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; por tanto, se ordenó el turno del expediente a la ponencia a cargo del magistrado Alejandro Villagómez Gordillo y se confirmó el mismo.
13. SEXTO. Lista y aplazamiento. El presente asunto se incluyó en la lista de asuntos de diecinueve de febrero de dos mil veinticuatro, para discutirse en sesión de veintinueve siguiente, en la cual se acordó por el Pleno de este órgano colegiado su aplazamiento para discutirse en una sesión posterior.
14. SÉPTIMO. Lista y aplazamiento. Por segunda ocasión, el presente asunto se incluyó en la lista de asuntos de uno de abril de dos mil veinticuatro, para discutirse en sesión de once siguiente, en la cual se acordó por el Pleno de este órgano colegiado su aplazamiento para discutirse en una sesión posterior.
15. OCTAVO. Amicus curiae. Por acuerdos de presidencia de ocho y diez de abril de dos mil veinticuatro, se recibieron las manifestaciones formuladas en esa calidad de la Administradora de lo Contencioso “2”, adscrita a la Administración Central de lo Contencioso de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria y del Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes “2” de la Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria.
CONSIDERANDO:
16. PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto, séptimo y noveno, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(4) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(5) en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(6) y en el artículo 1o. del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(7) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero, y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, por tratarse de criterios sostenidos por tribunales colegiados del Primer Circuito, que pertenecen a la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional, aunado a que su especialización es en la materia administrativa.
17. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(8) toda vez que fue formulada por el magistrado presidente del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa quien tiene el carácter de autoridad responsable en los juicios de lesividad de origen, tal como se desprende de las constancias que anexó a la referida denuncia.
Lo que encuentra soporte, además, por identidad jurídica, en la tesis aislada 2a. CLI/2007 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal cuyo rubro y texto son:
CONTRADICCIÓN DE TESIS. LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA TIENEN LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIAR LA QUE SE PRODUZCA ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AL RESOLVER RECURSOS DE REVISIÓN FISCAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 65/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, agosto de 2003, página 330, con el rubro: "REVISIÓN FISCAL. LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE TESIS QUE SE SUSCITE EN ASUNTOS DE ESA NATURALEZA." estableció la procedencia de la contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito no sólo al resolver juicios de amparo, sino también al fallar recursos de revisión fiscal, dado que en las resoluciones referidas realizan pronunciamientos que se encuentran en íntima conexión con los temas y problemas que, en su caso, se presentan en el juicio de garantías, concretamente en el amparo directo y, además, porque los criterios que son materia de la contradicción son emitidos por un tribunal terminal. Ahora bien, este criterio debe llevar también, por congruencia, a aceptar la legitimación de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para denunciar la contradicción de tesis que se produzca entre los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver recursos de revisión fiscal, en forma análoga a la legitimación que para ello tienen como autoridad responsable en los juicios de amparo directo que promuevan los gobernados, por igualdad de razón, aun cuando formalmente no tengan el carácter de parte en los juicios contencioso administrativos, sino de órganos resolutores que dictan la sentencia recurrida.(9)
18. TERCERO. Valoración de las constancias. Se debe tener presente que las constancias que obran en el expediente electrónico constituyen hechos públicos y notorios en términos del artículo 88(10) del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2º,(11) al poder consultarse en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
19. Ilustra lo anterior por analogía la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2017123, cuyo rubro es: “HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).(12)
20. CUARTO. Transcripción de las ejecutorias contendientes. En el presente asunto, no se transcriben las consideraciones de las resoluciones contendientes, por no exigirlo la normativa que rige las ejecutorias que se emitan al resolverse las contradicciones de criterios y las facultades de este Pleno Regional; es decir, no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación; ya que el cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia se satisface al atender en su totalidad los puntos litigiosos a consideración del órgano jurisdiccional, efectuando un análisis exhaustivo y emitiendo una respuesta a cada uno de ellos.
21. Apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica de razón, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 164618, cuyo rubro es: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN”.(13)
22. QUINTO. Criterios contendientes. Previo a determinar si los criterios denunciados se encuentran vigentes o, si en su caso, existe o no la contradicción de criterios denunciada y, si se emite o no pronunciamiento respecto del fondo para unificar los criterios, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones en que se basaron los tribunales colegiados de Circuito para emitirlas.
• Ejecutoria del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 66/2021 en sesión de seis de octubre de dos mil veintidós.
23. Juicio de lesividad. El Secretario de Hacienda y Crédito Público y el Jefe del Servicio de Administración Tributaria promovieron juicio de lesividad, por conducto de la dependencia respectiva, el uno de noviembre de dos mil dieciséis, contra las actas levantadas por los visitadores adscritos a la Dirección General de Auditoria Fiscal de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora de ocho de noviembre de dos mil once, doce de diciembre de dos mil doce y treinta de septiembre de dos mil trece, relativas a cinco expedientes diferentes.
24. Sentencia. Concluida la tramitación del referido juicio, el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió la sentencia definitiva el nueve de octubre de dos mil diecinueve, en la que resolvió no sobreseer en el juicio y declarar la nulidad de los actos administrativos impugnados.
25. Demanda de amparo. Inconforme con esa decisión, la parte demandada promovió juicio de amparo directo que correspondió al Vigésimo Tribunal referido, cuya presidencia en proveído de cuatro de marzo de dos mil veintiuno admitió y ordenó su registro con el número de expediente DA 66/2021.
26. Sentencia. Posteriormente, se dictó el fallo cuyas consideraciones son las siguientes:
26.1 El tribunal colegiado estimó inoperantes los argumentos formulados por la parte quejosa agrupados en el primer concepto de violación en relación con el tema de la definitividad de las actas finales impugnadas en el juicio de lesividad por la autoridad responsable, en tanto que, la Sala superior estimó que las actas finales sí cuentan con el carácter de definitivas porque los visitadores determinaron que no existían contribuciones a cargo de la contribuyente y concluyeron de manera anticipada la visita, por lo que se emitió el producto final de su voluntad y, ese tema, no lo controvirtió.
26.2 Después de transcribir lo que la Sala señaló al respecto, sostuvo que la quejosa insistió en que las actas finales no representan el producto final de la voluntad de la autoridad, pero sin controvertir las razones dadas por la Sala responsable en el sentido de que en el caso concreto, las actas impugnadas sí constituyen la última voluntad de la autoridad, porque los visitadores determinaron que no existían irregularidades que hacer constar, dado que la visitada se autocorrigió y, en consecuencia, se dio por concluida la visita.
26.3 Señaló que la Sala Superior citó la tesis 2a X/20032(14) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para dilucidar, en principio, lo que debe entenderse por resolución definitiva, sin que sea necesario que en la tesis deba referirse de manera específica a las actas de visita en la que se tiene por autocorregido a un contribuyente para que sirva de soporte a su decisión, pues precisamente resuelve el tema relativo a lo que debe entenderse por resolución definitiva para la procedencia del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como se advierte de su contenido.
26.4 También mencionó que la Sala no fue omisa en estudiar lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a/J 16/96, porque sostuvo que a partir de lo ahí precisado se advertía que, por regla general, el acta final no podía considerarse resolución definitiva, porque no ponía fin al procedimiento de fiscalización en tanto que la actualización del agravio fiscal se produce hasta que las autoridades fiscales expresamente facultadas resuelven en definitiva, es decir, hasta que se determina la situación fiscal del contribuyente, pero que en el caso concreto sí se trataba de resoluciones definitivas ya que en las actas finales controvertidas los visitadores no se limitaron a analizar la documentación aportada durante la fiscalización, sino que valoraron su alcance y con base en ello determinaron la inexistencia de irregularidad alguna, dando por terminada de manera anticipada la visita.
26.5 En cuanto al argumento relativo a la aplicación de la tesis I.8. A 89 A del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el órgano contendiente dijo que la Sala responsable determinó que si bien en dicha tesis se precisaba que por regla general el juicio de nulidad era improcedente contra el acta final de una visita domiciliaria, lo cierto era que en el caso los visitadores no se limitaron a realizar una relatoría de lo acontecido sino que determinaron que no existían irregularidades que hacer constar y dieron por concluida la visita, por lo que las actas finales impugnadas sí constituían la última voluntad de la autoridad.
26.6 Situación que, a consideración del colegiado, la parte quejosa no controvirtió de manera frontal, pues solo insiste en señalar que las actas de visita no constituyen resoluciones definitivas pero omite controvertir las razones específicas por las que en el caso concreto, la responsable estimó que con las actas impugnadas sí se puso fin al procedimiento de fiscalización, a saber que los visitadores en esas actas dieron por concluida de manera anticipada la visita y por tanto con independencia de la denominación como “actas” lo cierto es que al haber definido la situación de la visitada y concluido la visita, sí eran la última voluntad de la administración pública y, por tanto, sí eran susceptibles de impugnación en el juicio contencioso administrativo. 26.7 En cuanto al argumento relativo a la aplicación de la tesis I. 11o.A.6 A del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: “VISITA DOMICILIARIA. EL ACTA FINAL RELATIVA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA”;(15) lo declaró infundado, porque la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que las actas finales sí pueden ser controvertidas en algunos supuestos y citó la tesis emitida por el Pleno del Máximo Tribunal de rubro: “VISITA DOMICILIARIA. SI EN EL ACTA FINAL O DOCUMENTO QUE LOS VISITADORES LEVANTAN AL EFECTO, ADEMÁS DE DETERMINAR LAS PROBABLES CONSECUENCIAS LEGALES DE LOS HECHOS U OMISIONES QUE HUBIEREN CONOCIDO, PROCEDEN A SANCIONAR AL GOBERNADO, EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA EN CONTRA DEL PRECEPTO LEGAL QUE PREVÉ LA SANCIÓN APLICADA RESULTA PROCEDENTE.”.(16)
26.8 Entonces, señaló, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las actas de visita domiciliaria por lo general no constituyen resoluciones definitivas, pero reconoce que no es una regla absoluta pues existen supuestos en los que pueden ser impugnables, lo cual, según lo razonado por la Sala responsable, ocurrió en el caso concreto en que los visitadores en las actas finales impugnadas, dieron por concluida la visita, aspecto que no es controvertido por la parte quejosa, pues no da argumento alguno para evidenciar por qué es inexacto lo abundantemente sostenido por la responsable en el sentido de que al haber definido los visitadores la situación jurídica de la quejosa y concluido la visita las citadas “actas” constituye el producto final de la voluntad de la administración pública.
26.9 Citó de manera ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 24/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA. SON IMPUGNABLES, POR REGLA GENERAL, A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, HASTA QUE SE PRODUZCA LA RESOLUCIÓN FINAL EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVA”.(17)
26.10 De igual manera, calificó de inoperantes por novedosos los argumentos relativos a que las actas finales de visita no son definitivas porque la autoridad fiscal tenía la oportunidad de corregir el procedimiento de fiscalización de conformidad con el artículo 46, fracción VIII, del Código Fiscal de la Federación, ya que esos planteamientos no formaron parte de la litis ante la responsable, puesto que no los hizo valer en esos términos en el juicio de lesividad.
26.11 Determinación que sostuvo en las jurisprudencias 1ª/J. 150/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN”;(18) y, en la diversa emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 238673, de rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INEFICACIA DE LOS ARGUMENTOS NO PROPUESTOS A LA SALA FISCAL RESPONSABLE”(19)
26.12 En relación con el argumento formulado en el sentido de que se tuviera como hecho notorio la ejecutoria dictada en el amparo directo 668/2019 por el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, señaló que lo ahí resuelto no le era obligatorio de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo y reiteró que resultan inoperantes por novedosos los argumentos relativos a que la autoridad tenía la posibilidad de corregir el procedimiento de fiscalización de conformidad con el artículo 46, fracción VIII, del Código Fiscal de la Federación.
26.13 Por otro lado, calificó de infundado el argumento relativo a que considerar que las actas finales son resoluciones definitivas equivaldría a que la autoridad fiscalizadora perpetuara el ejercicio de sus facultades de comprobación en perjuicio de su garantía de inviolabilidad e intimidad domiciliaria, que el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación prevé el principio de la autodeterminación y que medió una revisión que pretende desconocer la Sala, porque el propósito del juicio de lesividad es el de subsanar las irregulares de los actos del Estado favorables al particular.
26.14 Al respecto, citó el contenido de los artículos 2 y 3 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y el 3, último párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de los cuales se advierte que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa puede conocer de los juicios que las autoridades de la administración pública federal promuevan contra las resoluciones administrativas favorables a un particular cuando se consideren contrarias a la Ley.
26.15 Asimismo, que el particular a quien favorezca la resolución impugnada por la autoridad tiene el carácter de demandado.
26.16 Así, adujo, que el medio de impugnación para controvertir las resoluciones administrativas no es exclusivo de los particulares dado que la ilegalidad que advierta la autoridad administrativa en las resoluciones favorables a los gobernados puede dilucidarse a través del juicio de lesividad.
26.17 Ello, porque la presunción de legalidad de los actos subsiste hasta en tanto se declare su nulidad, sin que pueda ser revocado por la propia autoridad, presunción prevista por el artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
26.18 Es así que, mencionó, el particular forma parte de dicho juicio de lesividad y puede alegar lo que en derecho corresponda, a través del cual se dilucida la legalidad del acto, en el que se resuelve si en su caso resulta procedente reconocer la validez o declarar la nulidad del acto impugnado, toda vez que no puede ser revocado por la propia autoridad.
26.19 De manera que se sigue un juicio con las formalidades esenciales del proceso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa con el fin de dilucidar la legalidad de la resolución favorable al particular para, en su caso, subsanar los actos administrativos correspondientes o bien, reconocer su validez.
26.20 En apoyo a lo anterior, citó el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “JUICIO DE LESIVIDAD. CONSTITUYE UN MECANISMO CUYA FINALIDAD ES HACER CUMPLIR EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO Y SE FUNDAMENTA EN EL PRINCIPIO DE QUE EL ERROR NO PUEDE IMPERAR SOBRE EL INTERÉS PÚBLICO”;(20) derivado del juicio de amparo directo en revisión 57/2018, e hizo una relatoría de lo expuesto por la Sala de origen respecto a dicho tema; por lo que el tribunal disidente afirmó que la quejosa no controvirtió ese análisis.
26.21 En ese sentido, reiteró que la quejosa no controvierte lo determinado por la Sala, además de que, precisamente a través del juicio de lesividad se busca subsanar algún error o actuación ilegal de la autoridad que le sea favorable al particular mediante un proceso jurisdiccional en el cual éste interviene para alegar lo que en derecho corresponda, de manera que no se le deja en estado de indefensión.
26.22 En otro tema, declaró ineficaces los conceptos de violación relativos a que la figura de la corrección fiscal está prevista como un derecho a favor del visitado en el artículo 46, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación y en el artículo 2, fracción XIII, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y que la actora no citó en las actas impugnadas el fundamento por el cual se consideran definitivas.
26.23 Ello, porque la parte quejosa no controvierte lo resuelto por la Sala responsable en el sentido de que los visitadores dieron por concluida la visita al considerar que no existían diferencias por cubrir con motivo de la autocorrección, por lo que se expresó la última voluntad de la autoridad fiscal, esto es, el que la corrección fiscal se encuentre prevista como un derecho no desvincula la naturaleza de definitivas en las actas en las que se dio fin a la visita de manera anticipada.
26.24 Aunado a lo anterior, precisó que como lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2ª/X/2003 detallada con antelación, la definitividad de una resolución debe advertirse de la naturaleza jurídica del acto y no sólo por la mera expresión “resolución definitiva”, de manera que debe atenderse a si el acto controvertido constituye el producto final de la administración pública, como en el caso concreto ocurrió en que la Sala responsable estimó que al haberse concluido las visitas de manera anticipada en las actas finales, estas debían considerarse resoluciones definitivas, porque dieron por concluido el procedimiento de fiscalización.
26.25 Asimismo, consideró inoperantes los argumentos en los que la parte quejosa expuso que las actas finales no se encuentran en ninguno de los supuestos que prevé el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque no fueron planteados al contestar la demanda en el juicio de lesividad de manera que no pueden formar parte de la litis en el juicio de amparo directo, al no dilucidarse dicho tópico en la sentencia reclamada.
26.26 Al respecto, citó la tesis de jurisprudencia 1a./J.150/2005, de la Primera Sala de la Su
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32927-405eefb8/acta-final-de-visita-domiciliaria-la-levantada-porque · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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