MOVILIDAD SUSTENTABLE Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LOS ARTÍCULOS 57, 65, 75, FRACCIÓN II, 77, FRACCIÓN III, INCISO A), 78, FRACCIONES I, II, III Y IV, 79, 80, 178, FRACCIONES II Y XI, 190, FRACCIÓN III, 193, 196 Y 198 DE LA LEY RELATIVA, SON DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA. MOVILIDAD SUSTENTABLE Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LOS ARTÍCULOS 88, 157, FRACCIONES III Y IV, 161 Y 195 DE LA LEY RELATIVA, SON DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 89/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, TERCERO, QUINTO Y SEXTO, TODOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 11 DE ENERO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA, QUIEN EMITIÓ VOTO CONCURRENTE. PONENTE: MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. SECRETARIA: ERIKA IVONNE CARBALLAL LÓPEZ.
Ciudad de México. Sentencia del Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión pública celebrada el once de enero de dos mil veinticuatro y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.
VISTOS;
y
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Denuncia de la contradicción. Por oficio 487/2022 de tres de octubre de dos mil veintidós, dirigido al Presidente del entonces Pleno de Circuito del Decimoquinto Circuito, el magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por ese órgano colegiado (RA 108/2022) y los tribunales colegiados Tercero (RA 467/2021), Quinto (RA 476/2021) y Sexto (RA 593/2021), todos del Decimoquinto Circuito.
2. SEGUNDO.—Radicación, admisión y solicitud de informes. El cuatro de octubre de dos mil veintidós, el magistrado presidente del extinto Pleno del Decimoquinto Circuito, admitió a trámite la posible contradicción de criterios denunciada y ordenó su registro bajo el expediente número 14/2022; solicitó a las presidencias de los tribunales colegiados mencionados para que informaran si los criterios sostenidos en esos asuntos continuaban vigentes o señalaran las razones que sustenten que sus posturas fueron superadas o abandonadas; para que enviaran copias certificadas y la versión electrónica de las ejecutorias emitidas en los expedientes que participan en la contradicción, y finalmente solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que informara sobre la existencia o no de una diversa contradicción de criterios radicada respecto del tema planteado.
3. TERCERO.—Informes de vigencia y remisión de criterios. Mediante oficios 35/2022-SA, 231/2022, 6054/2022 y 6315/2022, de seis, once, veinte de octubre y diecisiete de noviembre todos de dos mil veintidós, las presidencias de los tribunales contendientes enviaron las constancias y versiones electrónicas requeridas e informaron que los criterios materia de la contradicción se encontraban vigentes.
4. Asimismo, por oficio DGCCST/X/429/11/2022, de catorce de noviembre de dos mil veintidós, el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo del conocimiento que no se encontró registro de alguna contradicción de criterios en la que el tema a dilucidar guardara relación con el diverso: "Determinar la naturaleza heteroaplicativa o autoaplicativa de los artículos 57, 65, 75, fracción II, 77 fracción III, inciso a), 78, 79, 80, 88, 157 fracciones III y IV, 161, 178 fracción II y XI, 190 fracción III y siguientes párrafos, 193, 195, 196 y 198 de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California, publicada en el periódico oficial del Estado el veintisiete de marzo de dos mil veinte."
5. CUARTO.—Creación de los Plenos Regionales. Como parte de la reforma judicial publicada el once de marzo de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras cuestiones, se determinó la creación de los Plenos Regionales, en sustitución de los Plenos de Circuito.
6. QUINTO.—Suspensión del término. En atención a la creación de los Plenos Regionales, las sesiones para resolver las contradicciones de criterios ante los extintos Plenos de Circuito, culminaron con la última sesión que hayan celebrado en el año dos mil veintidós, por lo que se suspendió el trámite y resolución de las contradicciones de criterios que se susciten en los Plenos de Circuito, durante el periodo del uno al quince de enero de dos mil veintitrés, hasta en tanto iniciaran funciones los Plenos Regionales y se remitieran los asuntos pendientes de resolver al Pleno Regional correspondiente, de conformidad con lo previsto en el artículo Tercero Transitorio del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio.
7. SEXTO.—Acta de inicio de funciones e integración de este Pleno Regional. El dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se levantó el acta de inicio de funciones de este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, el cual quedó integrado por las Magistradas Adriana Leticia Campuzano Gallegos (presidenta) y Rosa Elena González Tirado, así como el Magistrado Gaspar Paulín Carmona (ponente), en términos de lo dispuesto en el artículo 4º, del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio.
8. SÉPTIMO.—Recepción de acta entrega de la presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito. Con motivo de la conclusión de labores del entonces Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, se remitieron a este Pleno Regional las contradicciones de tesis (ahora contradicciones de criterios) pendientes de resolución, entre las que se encuentra el asunto de que se trata, identificado con el número 14/2022.
9. OCTAVO.—Radicación, requerimiento y turno provisional. Por acuerdo de presidencia de dos de febrero de la presente anualidad, se radicó el presente expediente en el índice de este órgano colegiado, registrándose como contradicción de criterios 89/2023; asimismo, tomando en consideración el tiempo transcurrido entre la integración del expediente de origen en el Pleno del Decimoquinto Circuito y el acuerdo de radicación ante el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, se requirió a los tribunales colegiados contendientes que informaran si los criterios en contradicción seguían vigentes o no, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
10. A su vez, se requirió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis la actualización del informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionada con el tema a dilucidar; de igual manera, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito y se turnó provisionalmente el asunto al Magistrado Gaspar Paulín Carmona para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite y debida integración del expediente.
11. NOVENO.—Actualización de Informes. Los magistrados presidentes de los Tribunales Colegiados Quinto, Sexto, Tercero y Segundo, todos del Decimoquinto Circuito, rindieron los informes solicitados en el sentido de que los criterios materia de la contradicción se encontraban vigentes; asimismo, el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo del conocimiento que no se encontró alguna contradicción de criterios en la que el tema a dilucidar guardara relación con el tema de mérito.
12. DÉCIMO.—Confirmación de turno. Mediante acuerdo de presidencia de quince de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios en que se actúa, en consecuencia, se reiteró la orden de turno del expediente virtual al magistrado Gaspar Paulín Carmona, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo con fundamento en el artículo 44, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.
13. DECIMOPRIMERO.—Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,
14. DECIMOSEGUNDO.—Lista y aplazamiento. La presente contradicción se incluyó en la lista de asuntos de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, para discutirse en sesión de siete de septiembre siguiente.
15. En sesión de siete de septiembre del año en curso, se acordó por el Pleno de este órgano colegiado el aplazamiento de la presente contradicción para discutirse en una sesión posterior.
16. decimotercero.—Lista y aplazamiento por segunda vez. Por segunda ocasión, este asunto se incluyó en la lista de asuntos de nueve de octubre de dos mil veintitrés, para discutirse en sesión de diecinueve siguiente.
17. En sesión de nueve de noviembre del año en curso,(1) se acordó por este órgano colegiado su aplazamiento para discutirse en una sesión posterior; y,
CONSIDERANDO:
18. PRIMERO.—Competencia. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 6 fracción I, 7 y 14 fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; y 1, fracción I, punto 2, 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales, de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente.
19. El presente asunto se ubica en los supuestos de las normas invocadas, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados del Decimoquinto Circuito, de manera que las determinaciones en pugna surten efecto en la demarcación territorial y respecto de la especialidad sobre las que este Pleno ejerce jurisdicción para homogeneizar criterios.
20. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que fue formulada por los magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, de conformidad con lo previsto en los artículos artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (2) y 227, fracción III,(3) de la Ley de Amparo.
21. TERCERO.—Valoración de las constancias. Se debe tener presente que las constancias que obran en los expedientes electrónicos constituyen hechos públicos y notorios en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2o., al poder consultarse en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
22. Ilustra lo anterior por analogía la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2017123, cuyo rubro es: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)."
23. CUARTO.—Transcripción de las ejecutorias contendientes. En el presente asunto, no se transcriben las consideraciones de las resoluciones contendientes, por no exigirlo la normativa que rige las ejecutorias que se emitan al resolverse las contradicciones de criterios y las facultades de este Pleno Regional; es decir, no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación, en virtud de que el cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia se satisface al atender en su totalidad los puntos litigiosos a consideración del órgano jurisdiccional, en razón de la naturaleza del caso que resuelve, atendiendo el conflicto que se plantea ante su jurisdicción.
24. Apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica de razón, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 164618, cuyos rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."(4)
25. QUINTO.—Criterios contendientes. Previo a determinar si los criterios denunciados se encuentran vigentes o, si en su caso, existe o no la contradicción de criterios denunciada y, si se emite o no pronunciamiento respecto del fondo para unificar los criterios, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados de Circuito para emitirlas, las cuales se enunciarán conforme al sentido adoptado por los órganos contendientes, sintetizándose en primer lugar aquel que determinó que las normas reclamadas son de naturaleza autoaplicativa; y, posteriormente, aquellos en los que en la revisión se determinó que son heteroaplicativas.
• Ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativo 108/2022 en sesión de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós.
26. Juicio de amparo indirecto. ********** promovió demanda de amparo contra actos del Congreso del Estado de Baja California y otras autoridades, de quienes reclamó:
"Primero. La creación, promulgación, publicación y puesta en vigencia de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el 27 de marzo de 2020, específicamente los artículos 57, 65, 75, fracción II, 77 fracción III inciso a), 78, 79, 80, 88, 157 fracciones III y IV, 161, 178 fracción II y XI, 190 fracción III y siguientes párrafos, 193, 195, 196, 198.
"Segundo. La creación, publicación y puesta en vigencia de la reforma a la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2020, por medio de la que adicionaron los artículos 11 Bis, 11 Ter y 11 Quater, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el 15 de mayo de 2020.
"Tercero. La creación, publicación y puesta en vigencia de la reforma al Código Penal de Baja California, por medio de la que se reformó el artículo 250 Ter y se adicionaron los artículos 250 Ter 1 y 250 Ter 2, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el 20 de junio de 2020."
27. El dieciocho de septiembre de dos mil veinte el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, registró la demanda bajo el número 562/2020-7A y formuló prevención; posteriormente, el veintinueve siguiente la admitió a trámite.
28. Seguido el juicio por su secuela procesal, el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno se celebró la audiencia constitucional, y se dictó sentencia el diez de noviembre de ese año, en la que se decidió sobreseer en el juicio por considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al ser de carácter heteroaplicativo las normas reclamadas.
29. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con esa determinación ********** por conducto de su autorizado interpuso recurso de revisión, el cual se turnó al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, cuya presidencia en acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintidós registró con el número 108/2022 y admitió a trámite.
30. Recurso de revisión adhesivo. Por su parte, la autoridad responsable Ayuntamiento Constitucional de Mexicali interpuso recurso de revisión adhesivo, el cual se admitió a trámite el tres de marzo siguiente.
31. Sentencia. Las consideraciones que sustentan el fallo del tribunal colegiado son esencialmente las siguientes:
31.1. En principio, el tribunal colegiado estudió la causa de improcedencia que notó respecto de los actos reclamados consistentes en la promulgación y publicación de todas las normas reclamadas, ya que el juzgado de Distrito sobreseyó en el juicio al considerar que se actualizó la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo, de manera genérica, es decir, sin pronunciarse respecto de esos actos.
31.2. De ahí que, consideró, se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el 108, fracción III, última parte, de la Ley de Amparo, porque no se combatieron por vicios propios, y determinó sobreseer en el juicio por ellos y por las autoridades responsables a las que se les atribuyeron.
31.3. Posteriormente, señaló, que los agravios hechos valer por el quejoso eran fundados y suficientes para modificar la sentencia recurrida, únicamente por lo que hace a las normas reclamadas de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California, por lo que procedería a reasumir jurisdicción en términos de las fracciones I y V del artículo 93 de la Ley de Amparo, para analizar los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo.
31.4. Pero antes, indicó que por cuestión de método y en atención a los temas planteados en los agravios, dividió el estudio en cinco apartados, esto es, A) consideraciones atinentes al interés jurídico y legitimo; B) consideraciones relativas a las normas autoaplicativas y heteroaplicativas; C) infundados los agravios relativos a las disposiciones de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2020, publicada en el periódico oficial del Estado el quince de mayo de dos mil veinte; D) infundados los agravios respecto de las normas reclamadas del Código Penal de Baja California, publicado en el periódico oficial del Estado el veinte de junio de dos mil veinte; y, E) fundados y suficientes para modificar la sentencia recurrida por cuanto hace a los artículos reclamados de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California, publicada en el periódico oficial del Estado el veintisiete de marzo de dos mil veinte.
31.5. Apartado A. Señaló que en los agravios profusamente se abordó el tema del interés legítimo, así como jurídico y con fundamento en ello se pretende que el juicio de amparo indirecto sea procedente en cuanto a las normas reclamadas, por lo que consideró necesario realizar la distinción entre el interés jurídico y el interés legítimo.
31.6. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el Amparo en revisión 25/2021, que dio lugar a la jurisprudencia de la Undécima Época 1a./J. 31/2021 (11a.);(5) adicionado a lo que determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 487/2013, 56/2016, 523/2018, 506/2018 y 761/2018, cuyas ejecutorias dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.),(6) se desprende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido al interés jurídico como aquél que surge con motivo de un agravio personal y directo, el cual se relaciona con la afectación a un derecho subjetivo; por su parte, en cuanto al interés legítimo si bien ha sido definido en diversos precedentes,(7) la Primera Sala ha determinado que esa conceptualización es "una definición mínima y flexible cuyo contenido se alimenta de elementos aproximativos, y los casos concretos requieren una aproximación evaluativa y no mecánica", en suma, su definición se encuentra como un concepto jurídico indeterminado, que debe ser permeado y moldeado caso a caso; sin que implique que no existan elementos para determinar cuando estamos en presencia de un interés legítimo, ya que se advierte que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia determinó cuáles son las notas características de este tipo de interés. 31.7. Conforme a lo anterior, dijo, es que se debe ponderar en cada caso concreto cuando se acuda al juicio de amparo como poseedor de un interés legítimo, en la inteligencia de que ambas figuras (interés jurídico y legítimo) son excluyentes entre sí, en consecuencia, se acudirá al medio de control constitucional siendo titular de una de ellas.
31.8. Concluyó, que en ambos casos –interés jurídico y legítimo–, es requisito sine qua non que se demuestre un agravio, ya sea de manera directa (jurídico) o indirecta (legítimo), en virtud de la especial situación que el quejoso guarde frente a la norma, es decir, las normas deben de suyo perjudicar al quejoso, ya sea con su sola entrada en vigor, como se argumenta en los agravios, o con motivo de un acto concreto de aplicación –que es lo que se determinó en la sentencia recurrida–.
31.9. Apartado B. Aquí destacó que en los agravios el inconforme sostuvo acudir al juicio de amparo ostentado los dos tipos de interés, tanto jurídico, como legítimo; empero, la génesis de su reclamo estriba en el hecho de que contrario a lo que estimó el a quo, las normas impugnadas le causan agravio por su sola entrada en vigor –autoaplicativas– sin que en consecuencia, se requiera de un acto concreto de aplicación –heteroaplicativas–.
31.10. Consideró oportuno señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las leyes pueden ser de dos tipos, a saber: de naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa.
31.11. Son leyes autoaplicativas cuando la individualización es incondicionada, las obligaciones contenidas en la norma general contienen las siguientes características: 1) Son consustanciales a la disposición legal desde que entran en vigor; 2) Vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de la vigencia, ya que desde ese momento crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho; 3) Nacen con ella misma; y 4) Actualiza sus efectos o consecuencias sin estar sujeta a alguna condición.
31.12. Por su parte, que son leyes heteroaplicativas, cuando la individualización es condicionada, los deberes de hacer o no hacer, impuestos por el legislador contienen las siguientes características: 1) Requieren la realización de algún acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede ser de la autoridad o del particular, para situarlo en la hipótesis legal (condición); 2) No surgen de manera automática con la sola entrada en vigor, sino que requieren un acto diverso que actualice el perjuicio, que puede ser de la autoridad, de un tercero o del propio quejoso; y 3) Se hallan sometidos a la realización o aplicación jurídica o material de la norma en un caso concreto.
31.13. Apoyó esas consideraciones en la jurisprudencia P./J. 55/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual aparece publicada en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Julio de 1997, Registro digital: 198200, Novena Época, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA."
31.14. Así, consideró, que las normas autoaplicativas son aquellas que vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en tanto, crean trasforman o extinguen situaciones jurídicas concretas de derecho, sin necesidad de actualizar condición alguna; por su parte, las de naturaleza heteroaplicativa requieren de un acto diverso que condiciona su aplicación para generar el perjuicio, ya que la aplicación jurídica o material de la norma en un caso concreto está sujeta a la realización de ese evento.
31.15. Apartado C. Bajo esos argumentos, procedió a demostrar lo infundado de los agravios en cuanto a los artículos 11 Bis, 11 Ter y 11 Quater, la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2020; publicada en el periódico oficial del Estado el quince de mayo de dos mil veinte; el tribunal colegiado determinó que las normas impugnadas participan de la naturaleza de heteroaplicativas; en consecuencia, su sola entrada en vigor no irroga perjuicio al quejoso.
31.16. Que del contenido de los artículos 11 Bis, 11 Ter y 11 Quater, la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2020, publicada en el periódico oficial de esa entidad el quince de mayo de dos mil veinte, se desprende que los derechos por los servicios de planeación, operación del transporte, permisos, concesiones y control vehicular que brinda el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, se cobrarán conforme a las cuotas, entre otras, por expedición, revalidación, transferencia de permisos y concesiones para prestar servicio público de transporte y otros (artículo 11 Bis), asimismo, se define qué debe entenderse por "Mancha urbana" (artículo 11 Ter); y, finalmente se precisa que los derechos por otros servicios que preste el citado instituto se cobrarán de conformidad con los presupuestos que al efecto realice, los que en todo caso serán proporcionales al costo del servicio; lo que permite evidenciar la naturaleza heteroaplicativa de las normas en estudio, ya que por su sola entrada en vigor no causa ningún perjuicio que se establezca el pago de un derecho por las diversas actividades que presta dicho instituto, ya que para ello es necesario que el quejoso demostrara encontrarse en la hipótesis de la norma o que ha enterado o le ha sido requerido el pago del derecho de marras.
31.17. Además, mencionó, que no está acreditado en autos que el inconforme haya pagado derechos o le hayan sido requeridos por servicios y/o actuaciones realizadas por el instituto aludido por servicios de transporte, permisos, concesiones y control vehicular para acceder al desarrollo de su actividad como permisionario de auto transporte federal, dedicado al traslado de mercancías propias y de terceros, por lo que era dable concluir que su sola vigencia no causa perjuicio alguno al recurrente, lo que torna necesaria la existencia de un acto posterior de aplicación que produzca el agravio personal y directo que haga factible la procedencia del juicio de amparo en su contra; por tanto, si el quejoso combate los preceptos reclamados como "autoaplicativos" sin que haya acreditado un acto de aplicación al momento de la presentación de la demanda o un perjuicio que se le haya generado con motivo de su publicación, el juicio de amparo es improcedente debido a que únicamente obliga a tributar a quienes soliciten al referido instituto los servicios de operación de transporte, permisos, concesiones y control vehicular; esto es, mediante actos concretos de aplicación, lo cual no acontece en la especie.
31.18. Apartado D. Al respecto, igualmente declaró infundados los agravios de la parte recurrente porque los artículos reclamados del Código Penal de Baja California, publicada en el periódico oficial del Estado el veinte de junio de dos mil veinte, son de naturaleza heteroaplicativas; en consecuencia, era necesario acreditar un acto concreto de aplicación de las mismas para que este generara perjuicio al inconforme, ya que su sola entrada en vigor no lo hace.
31.19. Lo anterior, porque de ellos se obtiene que tipifican el delito de transportación ilegal de pasajeros o de carga, a quien sin contar con la concesión, permiso o autorización expedidos por dicho instituto para tales efectos, preste el servicio público o privado de transporte de pasajeros o de carga en el Estado de Baja California (artículo 250 Ter); que la sanción penal para aquella persona o personas que dirija, organice, incite, induzca, compela o patrocine a otro u otros, a prestar el servicio público de transporte de pasajeros o de carga, sin contar con la concesión, permiso o autorización correspondiente (artículo 250 Ter 1); y por último, establecen una consecuencia diversa para aquella persona o personas que hayan sido declaradas por sentencia firme como responsables de la comisión de los delitos de marras, a saber, que no podrá ser titular de concesión, permiso o autorización para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros o de carga (artículo 250 Ter 2).
31.20. De ello, señaló, que al establecerse la descripción de una conducta delictiva y sus consecuencias jurídicas, son de naturaleza heteroaplicativa, porque la actualización del agravio o perjuicio que pudiera generar, sólo puede derivar de un acto concreto de autoridad, ya que en los modelos democráticos de derecho penal impera el principio de legalidad, conforme al cual, la imposición de las penas sólo es posible una vez que se ha cumplido con las formalidades que integran el debido proceso y cuando el hecho se encuentra previsto como delito en una ley expedida con anterioridad a éste, de acuerdo con el artículo 14, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal.
31.21. Entonces, sostuvo, para que se actualice un agravio personal y directo al quejoso (interés jurídico), es necesario no sólo que éste se coloque en el supuesto de hecho previsto por la norma, sino que la autoridad judicial competente realice un pronunciamiento preliminar o definitivo, en cuanto a esa adecuación, es decir,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32409-e2adc34f/movilidad-sustentable-y-transporte-del-estado-de-baja · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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