MOVILIDAD SUSTENTABLE Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LOS ARTÍCULOS 57, 65, 75, FRACCIÓN II, 77, FRACCIÓN III, INCISO A), 78, FRACCIONES I, II, III Y IV, 79, 80, 178, FRACCIONES II Y XI, 190, FRACCIÓN III, 193, 196 Y 198 DE LA LEY RELATIVA, SON DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa de los artículos 57, 65, 75, fracción II, 77, fracción III, inciso a), 78, 79, 80, 88, 157, fracciones III y IV, 161, 178, fracciones II y XI, 190, fracción III y siguientes párrafos, 193, 195, 196 y 198 de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial local, el 27 de marzo de 2020. Mientras que uno estimó que causan perjuicio desde su entrada en vigor, al tratarse de un sistema normativo que impone obligaciones y sanciones a las personas que ejerzan el transporte público o privado, al establecer que deben registrarse en el padrón del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California y obtener un permiso para circular en la vía pública de jurisdicción estatal y municipal; los otros sostuvieron que se requiere un acto concreto de aplicación para que produzcan una afectación en la esfera de derechos de sus destinatarios.

Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que los artículos 57, 65, 75, fracción II, 77, fracción III, inciso a), 78, fracciones I, II, III y IV, 79, 80, 178, fracciones II y XI, 190, fracción III, 193, 196 y 198 de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California, son de naturaleza autoaplicativa.

Justificación: Los indicados artículos 57, 65, 78, fracción III, 178, fracción II y 198 conforman un sistema normativo complejo desde su entrada en vigor, pues imponen la obligación de inscribirse en el Padrón de Movilidad y Transporte a todas las personas que cuenten con un vehículo para ocupar o movilizarse en la vía pública; a los permisionarios del servicio público de transporte; a las empresas cuya actividad sea el arrendamiento de vehículos y a los transportistas de carga privada que circulen en vías públicas urbanas cuya carga útil exceda de tres mil quinientos kilogramos. Conforme a los transitorios décimo y décimo primero del ordenamiento aludido, de no efectuar dicha inscripción en ese momento se harán acreedores a distintas sanciones, como lo es la nulificación o cancelación de sus autorizaciones, permisos o concesiones, de ahí que su naturaleza es autoaplicativa.Por otra parte, los artículos 75, fracción II, 77, fracción III, inciso a), 78, fracciones I, II y IV, 79, 80, 178, fracción XI, 190, fracción III, 193 y 196 referidos, no conforman un sistema normativo complejo al no regular una misma figura jurídica; sin embargo, desde su entrada en vigor imponen distintas obligaciones o prohibiciones que afectan a las personas destinatarias, tales como la obligación para los transportistas de carga de cumplir con la ley y su reglamento en cuanto a las especificaciones de la carga que transiten, o la prohibición para las personas que presten el servicio de transporte de carga particular en vehículos o remolques en los que transporten sus propios bienes, mercancías u objetos en general, de utilizarlos para otorgar servicios a terceros.

PLENO REGIONAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA DE LA REGIÓN CENTRO-NORTE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.