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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE QUEJA. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE PUEBLA ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONERLO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO DE LA APLICACIÓN Y LAS CONSECUENCIAS DE UNA NORMA GENERAL [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 23/2023 (11a.)].

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 49/2023. · Registro digital (IUS): 31931
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-11-17
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Noviembre de 2023, Tomo IV, Pág.3900.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 49/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 16 DE AGOSTO DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ANA LUISA MENDOZA VÁZQUEZ Y SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS (PRESIDENTE). PONENTE: MAGISTRADA ANA LUISA MENDOZA VÁZQUEZ. SECRETARIA: MARÍA MERCEDES LEOS CAMPOS.

Cuernavaca, Morelos. El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, en sesión de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN:

Correspondiente a la contradicción de criterios 49/2023, suscitada entre los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla.

El problema jurídico a resolver en este caso es el siguiente:

Determinar si el Poder Ejecutivo del Estado, tiene legitimación para interponer el recurso de queja, contra la resolución que concede la suspensión provisional respecto de la aplicación y consecuencias de una norma general, en cuya expedición participó aquella autoridad, o si solamente se encuentra legitimada para ello, la autoridad que emitió el acto motivo de la suspensión.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO.

1. Denuncia de la contradicción. Mediante escrito recibido vía electrónica el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficialía de Partes de este Pleno Regional, el licenciado **********, quien se ostenta como abogado autorizado en términos amplios de la parte quejosa en el juicio de amparo 444/2023, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla denunció la posible contradicción de criterios entre el emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 82/2023 y el sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito en el recurso de queja 108/2023.

2. Trámite de la denuncia. En acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintitrés, el Magistrado presidente de este Pleno Regional tuvo por recibido el escrito referido, admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, ordenó su registro con el número de expediente 49/2023, y su turno a la ponencia que correspondiera.

3. En el mismo auto se solicitó a los tribunales contendientes, informaran si los criterios sustentados respectivamente continuaban vigentes y pusieran a disposición de este órgano los expedientes electrónicos de los asuntos involucrados.

4. Asimismo, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis informara si en la Suprema Corte de Justicia de la Nación existe alguna contradicción de criterios radicada sobre el tema.

5. En esa misma data, el presente asunto se turnó electrónicamente a la ponencia de la Magistrada Ana Luisa Mendoza Vázquez; lo que se advierte del apartado denominado "Ver captura", de rubro "Expediente" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

6. Vigencia de los criterios. Por acuerdo de siete de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio 14/2023, suscrito por el actuario judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en el que se advierte la transcripción del acuerdo de cinco de junio de dos mil veintitrés, en el que el presidente de dicho tribunal, informa que el criterio sustentado en el recurso de queja 108/2023, se encuentra vigente.

7. Asimismo, mediante proveído de trece de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio 4651/2023, suscrito por la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al que se inserta el auto de cinco de junio del año en curso, en el que el presidente de ese tribunal informa que se encuentra vigente el criterio sostenido en el recurso de queja 82/2023.

8. Por acuerdo de catorce de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio DGCCST/X/495/06/2023, de trece de junio de dos mil veintitrés, de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio del cual se informó que no existe alguna contradicción de criterios radicada en el Alto Tribunal, en la que el tema a dilucidar guarde relación con el del presente asunto.

9. Confirmación de turno. Mediante auto de veinte de junio de dos mil veintitrés, se confirmó el turno electrónico a la Magistrada Ana Luisa Mendoza Vázquez.

II. COMPETENCIA.

10. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y el artículo 2 del diverso Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés, Cholula, Puebla; respecto de los cuales ejerce jurisdicción este Pleno Regional.

III. LEGITIMACIÓN.

11. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa del juicio de amparo del que derivan los criterios contendientes.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS.

12. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.

13. Recurso de queja 82/2023 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla.

Antecedentes

14. Una persona física por propio derecho y en su carácter de titular de la Notaría Pública Número Once del Distrito Judicial de Puebla promovió juicio de amparo indirecto, en contra de las autoridades y actos siguientes:

I. Del gobernador y del Congreso del Estado de Puebla reclamó la expedición e inconstitucionalidad de los artículos 243, fracción VII, 246, inciso a) y 250, fracción l, segundo párrafo, inciso a), de la Ley del Notariado para el Estado de Puebla;

II. Del presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión reclamó la expedición e inconstitucionalidad del artículo 194, párrafo tercero, de la Ley General de Sociedades Mercantiles;

III. De la directora de notarías de la Consejería Jurídica del Estado de Puebla reclamó la resolución de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés en el expediente ********** relativa al procedimiento de queja interpuesto por **********, en contra del quejoso**********, notario público titular de la Notaría Pública número Once del Distrito Judicial de Puebla;

lV. De la directora general del Notariado del Estado de Puebla, del director del Archivo de Notarías del Estado de Puebla, de la directora de notarías del Estado de Puebla, así como del inspector de notarías del Estado de Puebla, adscrito a la Jefatura de Supervisión Notarial de la Dirección de Notarías perteneciente a la Dirección General del Notariado dependiente de la Consejería Jurídica del Estado de Puebla, en consecuencia, reclamó:

V. a) La diligencia administrativa de tres de marzo de dos mil veintitrés desahogada en la notaría pública de la que es titular el quejoso, a través de la cual se realizó inventario provisional, recepción y traslado de parte del protocolo abierto de folios en blanco el día de la diligencia que van del folio quince mil sesenta y tres al quince mil trescientos y del libro de cotejos uno y dos los folios que actualmente se encuentran en blanco son del libro uno del folio que va del ciento treinta y cinco al ciento cincuenta y uno al trescientos, de la Notaría Pública número Once del Distrito Judicial de Puebla y de la que es titular el quejoso, los cuales quedaron a resguardo del Archivo de Notarías del Estado, así como el sello de autorizar del quejoso que se entregó al director del Archivo de Notarías para su guarda y custodia, aun cuando en la resolución reclamada se ordenó al quejoso concluir los firmados y realizar los trámites administrativos a los que haya lugar, lo cual le es imposible de cumplir si no cuenta con el sello de notario; y,

b) La retención de folios que fueron autorizados al quejoso el uno de febrero de dos mil veintitrés por la directora general del Notariado de la Consejería Jurídica del Estado de Puebla y actuando también en suplencia por ausencia del titular de la Subconsejería Jurídica, Consultiva y Normativa; por el cual se le autorizaron mil quinientos folios, que van del quince mil uno al dieciséis mil quinientos, que integran los volúmenes trescientos uno al trescientos diez, de los cuales fueron entregados trescientos folios numerados del quince mil uno al quince mil trescientos. Con lo cual se impide que el quejoso pueda concluir los instrumentos notariales ya firmados y realizar los trámites administrativos correspondientes a ellos como determinó en el resolutivo tercero de la resolución reclamada.

15. La demanda se turnó al Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, donde se registró con el número 444/2023; la cual, el siete de marzo de la anualidad que transcurre, se admitió a trámite y, entre otras cosas, se ordenó la tramitación por separado del incidente de suspensión, por así solicitarlo la parte quejosa.

16. En la misma fecha, el titular del referido órgano jurisdiccional consideró otorgar la suspensión provisional al quejoso, bajo el argumento de que se le había sancionado con una suspensión temporal en el ejercicio de su encargo como fedatario público, por infracciones a la Ley del Notariado del Estado de Puebla; señaló el citado juzgador, que aun y cuando esa sanción se estuviera ejecutando, no se contravenían disposiciones de orden público ni se afectaba el interés social; precisó que en su caso, una vez ejecutada la sanción, aquél se reincorporaría a sus funciones en las mismas condiciones en que venía prestando el servicio; de lo contrario, esto es, de no otorgarse la medida cautelar y permitir que la suspensión temporal se continuara ejecutando, se causarían daños y perjuicios de difícil reparación, ya que la imagen del notario se vería desacreditada, aspecto que consideró irreparable, ni aun obteniendo una sentencia favorable, o bien, podría quedar sin materia el juicio de amparo, en el caso de que transcurriera el plazo de la sanción temporal.

17. En esa virtud, se concedió la suspensión provisional para el efecto de restablecer las cosas al estado en que se encontraban previamente al dictado de la resolución reclamada, lo que se traducía en que el director del Archivo de Notarías del Estado de Puebla devolviera al notario los objetos recolectados en diligencia de tres de marzo de dos mil veintitrés, para que pudiera desarrollar su función en los términos que venía desempeñándola.

18. Contra tal determinación, el gobernador del Estado de Puebla, por conducto del director de Procedimientos Constitucionales adscrito a la Dirección General de Análisis y Litigio Estratégico de la Consejería Jurídica del Estado de Puebla, interpuso recurso de queja, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, bajo el número 82/2023, cuyo Pleno en sesión de trece de marzo de dos mil veintitrés, determinó declarar fundado el citado medio de impugnación.

19. De la citada ejecutoria se advierte en el considerando segundo, que el órgano colegido consideró que el recurso de queja fue interpuesto por parte legítima, al haber sido suscrito por la autoridad responsable en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo. Que el director de Procedimientos Constitucionales, adscrito a la Dirección General de Análisis y Litigio Estratégico de la Consejería Jurídica del Estado de Puebla, estaba facultado para actuar en representación del gobernador del Estado, con fundamento en el artículo 25, fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Estado de Puebla; además que la suspensión provisional concedida, trascendía a la aplicación del numeral cuya promulgación se reclamó al gobernador del Estado.

20. En el considerando octavo de la resolución en comento, se declaró fundado el recurso de queja, al advertirse que si bien la parte quejosa señaló como acto reclamado destacado la resolución dictada el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, por la directora de Notarías del Estado de Puebla, dictada en el expediente 25/2022 y la diligencia de tres de marzo de ese mismo año, llevada a cabo por la directora general de Notarías, presidenta del Colegio de Notarios y el inspector de Notarías, todos del Estado de Puebla; sin embargo, lo cierto era que el acto de aplicación del artículo 243, fracción VII, de la Ley del Notariado para el Estado de Puebla, lo constituía la resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, dictada en el expediente citado, por el consejero jurídico del Estado de Puebla, ya que esa resolución era en la que se impuso la sanción reclamada; acorde con lo establecido en el último párrafo de la fracción VII del artículo 243 de la Ley de Notariado para el Estado de Puebla, lo que se corroboraba con el punto resolutivo segundo de la resolución de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés.

21. Como consecuencia de lo anterior, el órgano colegiado determinó que en el caso no se surtía el supuesto previsto en el artículo 148, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, porque no fue señalada como acto reclamado, la resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, la cual constituía el acto de aplicación del artículo 243, fracción VIII, de la Ley del Notariado para el Estado de Puebla, por lo que no era factible proceder conforme a lo previsto en el numeral citado en primer término y, por ende, no fue correcta la determinación de la Juez de Distrito de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla.

Antecedentes

Recurso de queja 108/2023.

22. El asunto tuvo como origen, la ampliación de demanda presentada dentro del juicio de amparo 444/2023, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes:

VI. I. Del gobernador y del Congreso del Estado de Puebla, reclama la expedición e inconstitucionalidad del artículo 243 de la Ley del Notariado para el Estado de Puebla;

II. Del consejero jurídico del Estado de Puebla reclamó el acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, por medio del cual se impuso como sanción la suspensión temporal del ejercicio de las funciones al quejoso como notario público titular de la Notaría Pública Número Once del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, por tres meses, derivado de la propuesta de sanción de la Dirección de Notarías de la Consejería Jurídica del Estado de Puebla en la queja administrativa 25/2022.

III. De la directora general del Notariado, del director del Archivo de Notarías, de la directora de Notarías, de la presidenta del Colegio de Notarios, así como del inspector de Notarías, adscrito a la Jefatura de Supervisión Notarial de la Dirección de Notarías, perteneciente a la Dirección General del Notariado, dependiente de la Consejería Jurídica, todos del Estado de Puebla, reclamó:

a) La diligencia administrativa de tres de marzo de dos mil veintitrés, desahogada en la notaría pública de la que es titular el quejoso, a través de la cual se realizó inventario provisional, recepción y traslado de parte del protocolo abierto de folios en blanco el día de la diligencia, que van del folio quince mil sesenta y tres al quince mil trescientos y del libro de cotejos uno y dos los folios que actualmente se encuentran en blanco son del libro uno del folio que va del ciento treinta y cinco al ciento cincuenta y uno al trescientos, de la Notaría Pública número Once del Distrito Judicial de Puebla y de la que es titular el quejoso, los cuales quedaron a resguardo del Archivo de Notarías del Estado, así como el sello de autorizar del quejoso que se entregó al director del archivo de Notarías para su guarda y custodia aun cuando en la resolución reclamada se ordenó al quejoso concluir los firmados y realizar los trámites administrativos a los que haya lugar, lo cual le es imposible de cumplir si no cuenta con el sello de notario; y,

b) La retención de folios que fueron autorizados al quejoso el uno de febrero de dos mil veintitrés por la directora general del Notariado de la Consejería Jurídica del Estado de Puebla y actuando también en suplencia por ausencia del titular de la Subconsejería Jurídica, Consultiva y Normativa; por el cual se le autorizaron mil quinientos folios que van del quince mil uno al dieciséis mil quinientos, que integran los volúmenes trescientos uno al trescientos diez, de los cuales fueron entregados trescientos folios numerados del quince mil uno al quince mil trescientos. Con lo cual se impide que el quejoso pueda concluir los instrumentos notariales ya firmados y realizar los trámites administrativos correspondientes a ellos, como determinó en el resolutivo tercero de la resolución reclamada.

23. Por acuerdo de catorce de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 444/2023 (aperturado con antelación), la Juez de Distrito determinó conceder la suspensión provisional solicitada por el quejoso en el escrito de ampliación de la demanda.

24. La medida cautelar referida, en esencia, fue concedida por la Juez de Distrito, en los mismos términos que la proveyó respecto al escrito inicial de la demanda de amparo, esto es, consideró que se había sancionado al quejoso, con una suspensión temporal en el ejercicio de su encargo como fedatario público, por infracciones a la Ley del Notariado del Estado de Puebla; que aun y cuando esa sanción se estuviera ejecutando, no se contravenían disposiciones de orden público ni se afectaba el interés social; que en su caso, una vez ejecutada la sanción, aquél se reincorporaría a sus funciones en las mismas condiciones en que venía prestando el servicio; de lo contrario, esto es, de no otorgarse la medida cautelar y permitir que la suspensión temporal se continuara ejecutando, se causarían daños y perjuicios de difícil reparación, ya que la imagen del notario se vería desacreditada, aspecto que consideró irreparable, ni aun obteniendo una sentencia favorable, o bien, podría quedar sin materia el juicio de amparo, en el caso de que transcurriera el plazo de la sanción temporal.

25. En esa virtud, se concedió la suspensión provisional para el efecto de restablecer las cosas al estado en que se encontraban previamente al dictado del acuerdo reclamado de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 25/2022 por el consejero jurídico del Estado de Puebla, lo que se traducía en que el director del Archivo de Notarías del Estado de Puebla, devolviera al quejoso los objetos recolectados en diligencia de tres de marzo de dos mil veintitrés, para que pudiera desarrollar su función en los términos que venía desempeñándola. 26. Se precisó que el siete de marzo de dos mil veintitrés, se había concedido la medida cautelar al quejoso para que se le devolvieran los objetos citados, lo que aconteció el diez de ese mes y año, pero que en el caso de que las autoridades responsables, por segundo ocasión, hubieran retirado los objetos en cuestión, debían devolverlos al notario quejoso para que pudiera desarrollar su función.

27. Inconforme con la aludida determinación, el director de procedimientos constitucionales adscrito a la Dirección General de Análisis y Litigio Estratégico de la Consejería Jurídica del Estado de Puebla, en representación del gobernador y del consejero jurídico, ambos del Estado de Puebla, interpuso recurso de queja, del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, bajo el número 108/2023; el cual se resolvió en sesión de veintidós de marzo de dos mil veintitrés.

28. En la ejecutoria respectiva, específicamente en el considerando quinto, se determinó desechar el recurso de queja, respecto del gobernador del Estado de Puebla, al carecer de legitimación en la causa. Lo anterior, porque al citado gobernador sólo se le reclamó la emisión del artículo 243 de la Ley del Notariado para el Estado de Puebla, mientras que en el auto recurrido, no obstante que la parte quejosa había solicitado la suspensión respecto a dicha norma reclamada, la juzgadora de amparo sólo se pronunció respecto de los efectos y consecuencias del diverso acto reclamado, consistente en el acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, emitido en el expediente de queja 25/2022, por el consejero jurídico del Estado de Puebla, a través del cual se le impuso una sanción temporal al quejoso, en su carácter de titular de la Notaría Pública Número Once del Distrito Judicial de Puebla, por tres meses.

29. En virtud de lo anterior, el Tribunal Colegiado consideró que la juzgadora de amparo no otorgó la suspensión respecto de la norma legal reclamada al gobernador del Estado de Puebla, y determinó que carecía de legitimación en la causa para impugnar el auto en el que se concedió la suspensión por un acto diverso al que se le reclamó.

30. Por otro lado, en el considerando sexto de la ejecutoria en comento, se abordó el fondo del asunto; se desestimaron los agravios formulados y se declaró infundado el recurso de queja interpuesto por el consejero jurídico del Estado de Puebla.

V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN.

31. Corresponde entonces establecer si en el caso que se analiza se configura la contradicción de criterios entre el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 82/2023, y el sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 108/2023; en tanto que bajo ese supuesto, será posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar el criterio que en su caso deba prevalecer como jurisprudencia.

32. En principio, conviene precisar que la divergencia de criterios existe cuando los órganos jurisdiccionales contendientes adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que los rodeen no sean exactamente iguales.

33. Tal consideración se encuentra plasmada en la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, página 7, Novena Época, registro digital: 164120, de contenido siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

34. Ahora bien, para la existencia de un auténtico diferendo de criterios deben surtirse los siguientes requisitos:

a) Que los órganos jurisdiccionales hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Que entre los ejercicios interpretativos correspondientes debe existir algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

35. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, página 122, Novena Época, registro digital: 165077, que a continuación se transcribe:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales colegiados de circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuest

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31931-8a76cccc/recurso-de-queja-el-poder-ejecutivo-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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