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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN EN AMPARO. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDE LA SUSPENSIÓN, LAS AUTORIDADES RESPONSABLES QUE, AL RENDIR SU INFORME PREVIO, NEGARON LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA OPORTUNIDAD CON QUE SE HUBIERE PRESENTADO ÉSTE Y AUN CUANDO ESA NEGATIVA NO HAYA SIDO TOMADA EN CUENTA POR EL JUEZ DE DISTRITO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 127/2006).

Tipo de asunto: INCIDENTE DE SUSPENSIÓN (REVISIÓN) 48/2012. · Registro digital (IUS): 24701
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: ADMINISTRADOR LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL DEL NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y OTRAS.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, Pág. 1443.

INCIDENTE DE SUSPENSIÓN (REVISIÓN) 48/2012. ADMINISTRADOR LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL DEL NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y OTRAS. 15 DE MARZO DE 2012. MAYORÍA DE VOTOS POR LO QUE RESPECTA AL RESOLUTIVO PRIMERO Y UNANIMIDAD EN RELACIÓN CON EL SEGUNDO Y TERCERO. DISIDENTE Y PONENTE: EMMANUEL G. ROSALES GUERRERO. SECRETARIO: MARTÍN R. CONTRERAS BERNAL.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. Resulta innecesario determinar si el recurso del vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos y de la directora general adjunta de Atención a Autoridades "A", ambos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de su delegado en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, fue interpuesto en tiempo, en virtud de que este tribunal advierte que dicho medio de defensa resulta improcedente por falta de legitimación de las recurrentes.

En la interlocutoria aquí recurrida, el Juez de Distrito tuvo por presuntivamente cierto el acto reclamado al vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos y a la directora general adjunta de Atención a Autoridades "A", ambos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al omitir rendir su informe previo, lo que se estima ajustado a lo establecido en el artículo 132, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, cuyo texto dice:

"Artículo 132. ... La falta de informes establece la presunción de ser cierto el acto que se estima violatorio de garantías, para el solo efecto de la suspensión; hace además incurrir a la autoridad responsable en una corrección disciplinaria, que le será impuesta por el mismo Juez de Distrito en la forma que prevengan las leyes para la imposición de esta clase de correcciones."

Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, el Juez concedió la suspensión definitiva para el efecto de que, para el caso de haberse materializado el embargo o aseguramiento de las cuentas bancarias a nombre de la quejosa, tales actos se levantaran para que aquélla pudiera disponer de los fondos que se encontraran en las mismas.

Ahora bien, debe destacarse que el vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos y la directora general adjunta de Atención a Autoridades "A", ambos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sostienen en sus agravios, en esencia, que la interlocutoria recurrida es ilegal, en virtud de que el Juez de Distrito dejó de tomar en consideración que, mediante su informe previo, el cual fue depositado en el Módulo de Despacho Masivo Coyoacán de Correos de México, previamente a la celebración de la audiencia incidental, negaron la existencia del acto reclamado y, no obstante ello, concedió la suspensión definitiva en contra del acto que les fue reclamado.

A propósito de este tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 99/2006-SS, sostuvo que si las autoridades responsables, al rendir su informe previo, negaron la existencia de los actos que les fueron reclamados y a pesar de tal negativa, sin prueba en contrario, el Juez de Distrito o superior de la autoridad responsable, en su caso, concede la suspensión definitiva en su contra, esa resolución no produce ningún agravio a las autoridades recurrentes, porque, precisamente, ante la inexistencia de los actos reclamados aducida en su informe previo, la suspensión concedida, aun de manera incorrecta, no les priva del derecho a ejecutar acto alguno, ni restringe su libertad de acción; y esa circunstancia implica una falta de legitimación para que el Tribunal Colegiado que conozca de la revisión confirme, modifique o revoque la resolución impugnada; de ahí que, el recurso de revisión que se interponga en esas condiciones resulta improcedente conforme al artículo 87 de la Ley de Amparo.

De la referida ejecutoria derivó la jurisprudencia 2a./J. 127/2006, publicada en el página 308 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, septiembre de 2006, página 308, materia común, de rubro y texto siguientes:

"REVISIÓN. LA AUTORIDAD QUE NIEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER AQUEL RECURSO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. La legitimación para que las autoridades responsables interpongan el recurso de revisión en los casos a que se refiere el artículo 83, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, sólo se genera cuando la resolución que decida sobre la suspensión definitiva del acto reclamado pueda causar una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones; pero tal perjuicio no debe ser meramente hipotético, sino un hecho real, cuya demostración incumbe a las autoridades que invoquen su presencia, como uno de los presupuestos necesarios para interponer el recurso. Ahora bien, si al rendir informe previo las autoridades recurrentes negaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, y a pesar de tal negativa, sin prueba en contrario, el Juez de Distrito o superior de la autoridad responsable, en su caso, concede la suspensión definitiva, esa resolución no puede ocasionar perjuicio a las autoridades recurrentes, porque ante la inexistencia de los actos reclamados, según su informe, la suspensión otorgada no les priva del derecho a ejecutar acto alguno, ni restringe su libertad de acción; circunstancia que implica una falta de interés jurídico para que el Tribunal Colegiado que conozca del recurso confirme, modifique o revoque la resolución impugnada; de ahí que, siendo la posible afectación al interés jurídico un presupuesto indispensable para la legitimación del recurrente en el juicio de garantías, el recurso de revisión que se interponga en esas condiciones resulta improcedente conforme al artículo 87 de la ley citada."

Por consiguiente, aun cuando las responsables, aquí recurrentes, en su informe previo hubieran señalado que no era cierto el acto reclamado y esa negativa, con independencia de la oportunidad con la que se hubiera presentado dicho informe, no fue considerada por el Juez de Distrito, pues, como se indicó, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, presumió cierto el acto que les fue reclamado y concedió la suspensión definitiva para el efecto de que se levantara el embargo o aseguramiento de las cuentas bancarias a nombre de la quejosa, y se le permitiera disponer de los fondos que se encontraran en las mismas, resulta inconcuso que dicha determinación no produce ningún perjuicio a las recurrentes, porque, precisamente, ante la inexistencia del acto reclamado, según lo asentado en su informe previo, la suspensión otorgada aun de manera incorrecta, no las priva del derecho a ejecutar acto alguno, ni restringe su libertad de acción; y esa circunstancia implica una falta de interés jurídico para que este Tribunal Colegiado confirme, modifique o revoque la resolución recurrida.

Ante la circunstancia indicada, procede declarar la improcedencia del recurso de revisión interpuesto por el vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos y la directora general adjunta de Atención a Autoridades "A", ambos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de su delegado en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello que por auto de presidencia de veintisiete de enero de dos mil doce, el recurso se haya admitido a trámite, en razón de que se trata de un auto que no causa estado y que, por tanto, no vincula al Pleno de este tribunal, por lo que válidamente puede reexaminarlo y determinar, en su caso, la improcedencia del recurso.

Resulta aplicable a esta consideración la jurisprudencia 2a./J. 222/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 216, cuyos rubro y texto señalan:

"REVISIÓN EN AMPARO. LA ADMISIÓN DEL RECURSO NO CAUSA ESTADO. La admisión del recurso de revisión por parte del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del de una de sus Salas es una determinación que por su naturaleza no causa estado, al ser producto de un examen preliminar del asunto, correspondiendo en todo caso al órgano colegiado el estudio definitivo sobre su procedencia; por tanto, si con posterioridad advierte que el recurso interpuesto es improcedente, debe desecharlo."

TERCERO. El recurso de revisión interpuesto por el administrador Local de Auditoría Fiscal del Norte del Distrito Federal, unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria, por conducto del administrador Local Jurídico del Norte del Distrito Federal, fue interpuesto en tiempo.

En efecto, la interlocutoria recurrida le fue notificada a la citada responsable el jueves diecinueve de enero de dos mil doce, según puede apreciarse del sello de recibido de su oficialía de partes, que obra en la constancia visible en la página 113 del cuaderno incidental, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, fracción I, de la Ley de Amparo, dicha notificación surtió sus efectos el mismo día.

En ese orden, el término de diez días para la interposición del recurso de revisión a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del viernes veinte de enero de dos mil doce al jueves dos de febrero del mismo año.

Deben descontarse del plazo anterior el veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de enero de dos mil doce, por corresponder a sábados y domingos; esto es, inhábiles de conformidad con lo dispuesto por los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Consecuentemente, si el recurso fue presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el lunes veintitrés de enero de dos mil doce, a las 6:26 p.m., y remitido al día siguiente, veinticuatro, al Juzgado Primero de Distrito en la entidad y Municipio referidos (página 4 del presente toca), resulta inconcuso que su tramitación fue oportuna, al haberse promovido con anticipación a su vencimiento.(2)

CUARTO. El recurso fue interpuesto por parte legítima.

Esto es así, pues el recurso del administrador Local de Auditoría Fiscal del Norte del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria, fue interpuesto, en su representación, por el administrador Local Jurídico de dicha administración, en términos de los artículos 7o., fracción III y 8o., fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, y los numerales 2o., apartado C, fracción II, 9o., último párrafo, 22, fracciones XV y XVI, tercer párrafo, numeral 7, 24, fracción I, penúltimo párrafo y 37, primer párrafo, apartado A, fracción LXV, y primero y segundo transitorios del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.

QUINTO. La interlocutoria recurrida que resuelve en materia de suspensión definitiva, en la parte que interesa se apoyó en las siguientes consideraciones:

"... SEGUNDO. Fijación de la litis incidental. La litis en esta incidencia comprende: a) la precisión del acto cuya suspensión se solicita; b) la existencia del mismo; c) la procedencia de la suspensión y, d) en su caso, los efectos que a ésta se le impriman, para salvaguardar la materia del amparo. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis de la demanda y de los informes previos que obran en autos y demás constancias, se desprende que los actos respecto de los cuales se solicita la suspensión, son los siguientes: La expedición, orden de publicación, refrendo y publicación de los artículos 145 y 145-A del Código Fiscal de la Federación; así como la aplicación y ejecución de dichas disposiciones, que se traduce en el embargo o aseguramiento de las cuentas bancarias abiertas a nombre de la moral quejosa, las cuales son:

Ver cuentas

"TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable administradora de Amparos e Instancias Judiciales ‘5’ de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del administrador de Fiscalización Estratégica ‘2’, unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria, al rendir su informe previo, negó la existencia de los actos reclamados. En efecto, como se aprecia, tanto de la relación de constancias que obran en autos como de la etapa de ofrecimiento de admisión de pruebas contenidas en la audiencia que antecede, la parte incidentista no ofreció prueba alguna con la que acredite la existencia del acto reclamado, sin que para ello tenga eficacia probatoria el que la demanda de amparo se haya promovido bajo protesta de decir verdad, que son ciertos los actos reclamados que atribuye a las autoridades responsables, cuando a dicha incidentista le correspondía la carga de la prueba para desvirtuar la negativa de la responsable que hace de la existencia del acto reclamado en su informe previo. Consecuentemente, lo procedente es negar la suspensión definitiva de los actos reclamados, por falta de materia para decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito que al rubro dice:(3) ‘INFORME PREVIO. LA NEGATIVA DE LOS ACTOS NO DESVIRTUADA.’. De igual forma, lo anterior encuentra sustento por identidad jurídica, en la tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, IX.1o.83 K, de rubro siguiente:(4) ‘ACTOS RECLAMADOS. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA.’. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable subadministradora de la Administración Local Jurídica del Norte del Distrito Federal, en suplencia del administrador local jurídico del Norte del Distrito Federal, en representación del administrador Local de Auditoría Fiscal del Norte del Distrito Federal, unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria, aceptó el acto que se le reclama, como se advierte de su informe previo que hoy se glosa a los autos. Por otra parte, las autoridades, Congreso de la Unión, integrado por las Cámaras de Diputados y Senadores, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, secretario de Gobernación, director del Diario Oficial de la Federación, director general adjunto de Atención a Autoridades ‘A’ de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fueron omisas al rendir su informe previo, pese a estar debidamente notificadas, como se acredita con las constancias de notificación que obran agregadas en autos (f. 43, 44, 45, 46, 49, 50 y 51); en consecuencia, se tienen por presuntivamente ciertos los actos reclamados a dichas autoridades, en términos del último párrafo del artículo 132 de la Ley de Amparo, sólo para el efecto de la suspensión. QUINTO. De la suspensión y sus efectos. Por una parte, por cuanto hace a la emisión del acto reclamado, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada respecto a los actos reclamados que se hacen consistir en la expedición, orden de publicación, refrendo y publicación de los artículos 145 y 145-A del Código Fiscal de la Federación, en atención a que se trata de actos que con su solo dictado se consumaron, y en contra de los cuales no procede conceder dicha medida cautelar. Lo anterior en términos de la jurisprudencia 382, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice textualmente:(5) ‘LEYES, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA EXPEDICIÓN Y PROMULGACIÓN DE LAS.’ (se transcribe). En otro orden de ideas, con fundamento en los artículos 124 y 130 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que en caso de que se haya materializado el embargo o aseguramiento de las cuentas bancarias a nombre de la aquí quejosa, se levante ese embargo o aseguramiento trabado sobre dichas cuentas, para que la quejosa pueda disponer del haber que existe en las mismas. La medida cautelar que se decreta atiende a los principios de la verosimilitud o apariencia del buen derecho y el peligro en la demora procesal, que se encuentran contemplados en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual no tendría efectos restitutorios propiamente dichos, porque el tiempo que hayan permanecido embargadas las cuentas, mientras se resuelve el fondo del asunto, nadie puede restituírselos a la parte quejosa, sin perjuicio de que si se le niega el amparo, porque la apariencia del buen derecho fue equívoca, las autoridades puedan reanudar el embargo sobre dichas cuentas bancarias. Sin que ello implique que se esté prejuzgando sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, puesto que la medida cautelar se encuentra únicamente dirigida a que la aquí quejosa pueda disponer del haber en las cuentas bancarias referidas. Medida cautelar que igualmente se decreta, considerando que no se sobrepasa el interés social o atenta contra el orden público, toda vez que con la concesión de la suspensión provisional no se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes, ni se le provoca un daño que de otra manera no resentiría, pues se advierte que a la parte quejosa no se le ha determinado ningún crédito fiscal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 522, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:(6) ‘SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.’ (se transcribe). Aunado a lo anterior, los daños y perjuicios que podrían ocasionarse a la quejosa de no concederse la medida cautelar solicitada, son de difícil reparación, ya que de continuar embargadas o aseguradas las cuentas bancarias antes mencionadas, se le impediría disponer de capital, al encontrarse imposibilitada para lograr su misma subsistencia, por no contar con la solvencia económica para afrontar sus necesidades. La medida cautelar surte sus efectos, desde luego, como lo dispone el artículo 139 de la Ley de Amparo, sin que haya necesidad de que la quejosa incidentista exhiba garantía alguna, toda vez que de las constancias que integran el presente incidente de suspensión se advierte que a la parte quejosa no se le ha determinado ningún crédito fiscal. Apoya lo anterior la tesis I.5o.A.30 A, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice:(7) ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PROCEDE CONCEDERLA SIN EXIGIR LA GARANTÍA A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO CONTRA EL CONGELAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS, SIEMPRE QUE NO EXISTA CRÉDITO FISCAL DETERMINADO.’ (se transcribe). Por otra parte, cabe precisar que la medida suspensional no surtirá efectos si los actos provienen de autoridades diversas a las aquí señaladas como responsables. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva a Grupo Grifincar del Vale, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su apoderada legal Yessica Hidalgo Paz, contra los actos reclamados de las autoridades responsables precisadas en el resultando primero, por lo expuesto en los considerandos tercero y quinto, en la primera parte de esta resolución. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva a Grupo Grifincar del Vale, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su apoderada legal Yessica Hidalgo Paz, contra los actos reclamados de la autoridad responsable precisada en el resultando primero, por lo expuesto en la parte final del considerando quinto de esta resolución. TERCERO. Se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito las copias certificadas de las constancias que se indican en la audiencia incidental, para que tramite el recurso de queja que promueve la parte quejosa en contra del auto que proveyó sobre la suspensión provisional. Notifíquese."

SEXTO. El administrador Local de Auditoría Fiscal del Norte del Distrito Federal, hizo valer el siguiente agravio:

"Único. Causa agravio la sentencia que se combate, al resolver en lo conducente lo siguiente: (se transcribe la parte conducente de la sentencia). Conforme a lo anterior, la sentencia que se recurre se dictó en contravención de lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo, es decir, concedió la suspensión definitiva para el efecto de que la quejosa pueda disponer del haber que existe en las cuentas aseguradas, teniendo la responsable que levantar el aseguramiento de las mismas, bajo la premisa de que la medida cautelar no sobrepasa el interés social o atenta contra el orden público, toda vez que con la concesión de la suspensión provisional no se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes, ni se le provoca un daño que de otra manera no resentiría, pues se advierte que a la parte quejosa no se le ha determinado ningún crédito fiscal, con ello preservando la materia del amparo. Cuando indebidamente utilizó la figura de la suspensión para dar a la quejosa efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo, ya que está haciendo que las cosas se retrotraigan al estado que guardaban antes de practicarse el aseguramiento precautorio reclamado en el juicio y, además, está permitiendo que el juicio de amparo quede sin materia, puesto que la quejosa se encuentra en posibilidad de disponer de la totalidad de los saldos de las cuentas que le fueron aseguradas por la autoridad, lo cual, de verificarse, deja sin materia alguna el juicio en que se actúa. Ya que tal como lo establece el artículo 124 de la Ley de Amparo, la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, lo cual de forma contraria a la a quo de origen determinó (sic), pues no se debe perder de vista que el acto que se reclama es una orden de aseguramiento precautorio conforme a lo previsto en el artículo 40, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, como medida de apremio ante el incumplimiento de un requerimiento solicitado en el desarrollo de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, lo cual denota la ilegalidad de la sentencia combatida. Al respecto debe considerarse que el artículo 124 de la Ley de Amparo, en su parte conducente, sanciona lo siguiente: (se transcribe). Del artículo transcrito puede advertirse que el juzgador, al conceder la suspensión definitiva, debe verificar que se cumpla con los requisitos allí previstos y, en específico, con el relativo a que no se cause perjuicio al interés social ni se transgredan disposiciones de orden público, circunstancia que en la especie no ocurrió, pues las facultades de comprobación de la autoridad fiscal son de orden público, toda vez que es a la sociedad a la que le interesa la prosecución y conclusión de esos procedimientos administrativos, pues con ello el Estado puede hacer frente a las diversas necesidades de la colectividad y, en ese sentido, no pasa inadvertido que el interés público está por encima de las pretensiones del quejoso. Sirve de apoyo, por analogía, la tesis I.15o.A.80 A, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, septiembre de 2007, página 2668, la cual se lee textual: ‘SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE VISITA DOMICILIARIA, YA QUE PARALIZARLO CONTRAVIENE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO Y AFECTA EL INTERÉS SOCIAL.’ (se transcribe). Así las cosas, es evidente que en el presente caso, al conceder la medida cautelar a la quejosa en contra del aseguramiento de sus cuentas bancarias, se están contraviniendo disposiciones de orden público, pues es tanto como impedir que la autoridad pueda llevar a cabo los actos necesarios para continuar con el ejercicio de sus facultades de comprobación y, en especial, los relativos a que no se opongan, obstaculicen o impidan dichas facultades, hecho que sin duda afecta el interés social y transgrede disposiciones de orden público. En este contexto, no es posible que el a quo de origen pretenda restringir las actividades de comprobación y verificación que las autoridades fiscales tienen encomendadas, en términos de nuestra Constitución Federal, las que se permiten con el propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, por lo que en este caso, al ser el aseguramiento una medida de seguridad de orden público e interés general, es ilegal obstruirla a través de la medida cautelar que se recurre, debiendo su Señoría, negar la suspensión concedida. Apoyan lo anterior, las siguientes ejecutorias dictadas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión incidental RA-163/2011 en el juicio de amparo número 424/2010, radicado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal (se transcribe ejecutoria). Así como la ejecutoria dictada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de revisión incidental número RA-81/2011 en el juicio de amparo número 18/2011, radicado ante Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal (se transcribe ejecutoria). Tales ejecutorias se solicita sean tomadas en consideración por constituir hechos notorios que fueron observados por los Tribunales Colegiados de ese primer circuito que las emitieron, en las que se observan las cuestiones de legalidad a que se hace referencia en el presente recurso. Sirven de sustento a lo anterior, por analogía, los siguientes criterios: ‘HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y DIFERENTES DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y EN ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS.’ (se transcriben texto, datos de identificación y precedentes). ‘HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER NO SÓLO LOS ASUNTOS RESUELTOS POR ELLOS O LOS QUE EN EL PASADO HAYAN SIDO DE SU CONOCIMIENTO, SINO TAMBIÉN LOS ASUNTOS QUE SEAN VISTOS EN LA MISMA FECHA DE SESIÓN.’ (se transcriben texto, datos de identificación y precedentes). ‘HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS.’ (se transcriben texto, datos de identificación y precedentes). Aunado a lo anterior, la determinación que se recurre es ilegal, ya que no debe pasar desapercibido para sus Señorías que el Juez de Distrito se encuentra obligado a tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio, lo que en el caso concreto se traduciría en conservar el objeto del aseguramiento del que se duele la quejosa, lo cual no ocurrió en el caso que nos ocupa. En efecto, como podrá apreciar ese tribunal de alzada, el Juez en ninguna parte de la sentencia que se recurre tomó alguna medida para el efecto de conservar la materia del amparo, puesto que se abstuvo de conceder la suspensión definitiva para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran (como era lo correcto), sino por el contrario, la concedió para que la quejosa pueda disponer de las cuentas que defiende, mediante el levantamiento del aseguramiento respectivo. Lo anterior es ilegal, pues el juzgador indebidamente utilizó la figura de la suspensión para dar a la quejosa efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo, ya que está haciendo que las cosas se retrotraigan al estado que guardaban antes de practicarse el aseguramiento precautorio reclamado en el juicio y, además, está permitiendo que el juicio de amparo quede sin materia, puesto que la quejosa se encuentra en posibilidad de disponer de la totalidad de los saldos de las cuentas que le fueron aseguradas por la autoridad, lo cual, de verificarse, deja sin materia alguna el juicio en que se actúa. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis con número de registro 197839, Novena Época, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, septiembre de 1997, materia común, tesis I.6o.C.37 K, página 737: ‘SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SU FINALIDAD ES LA DE PRESERVAR LOS DERECHOS O INTERESES SUBJETIVOS DEL QUEJOSO.’ (se transcribe). Al respecto, debe considerarse que aplicada al ámbito del juicio de amparo, la suspensión es la determinación judicial por la cual se ordena detener temporalmente la realización del acto reclamado, entretanto se resuelve la cuestión constitucional planteada; por consiguiente, si tal determinación suspensional tiene como objeto paralizar o impedir la actividad que desarrolla o está por desarrollar la autoridad responsable, sin embargo en el presente caso, el aseguramiento precautorio de que se duele la quejosa ya ha sido trabado, por lo que la suspensión, en todo caso debió concederse para el único efecto de que se paralizara la actividad que está desarrollando la autoridad, esto es, mantener el aseguramiento sin que se disponga del saldo de las cuentas que se defienden, lo cual fue pasado por alto por el juzgador, tergiversando así la naturaleza de la figura de la suspensión, al utilizarla para restituir al quejoso respecto de la disposición de los saldos que se contienen en sus cuentas bancarias. Lo anterior es así, ya que la suspensión tiene como objeto mantener las cosas en el estado que guardan, esto es, s

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24701-10a6555c/revision-en-amparo-carecen-de-legitimacion-para-interponer · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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