RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA. DEBE CONSIDERARSE INTERPUESTO EN TIEMPO SI LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN LO RECIBIÓ EN LAS PRIMERAS HORAS DEL DÍA SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN.
INCIDENTE DE SUSPENSIÓN (REVISIÓN) 1092/2015. 14 DE JULIO DE 2015. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: UNANIMIDAD DE VOTOS EN RELACIÓN CON EL TEMA CONTENIDO EN ESTA TESIS Y MAYORÍA EN RELACIÓN CON EL DESECHAMIENTO DEL RECURSO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN DEL PROMOVENTE. DISIDENTE Y PONENTE: ANDREA ZAMBRANA CASTAÑEDA. SECRETARIA: MIRNA PÉREZ HERNÁNDEZ.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-Oportunidad de los recursos del presidente de la República y del secretario de Hacienda y Crédito Público.
Se estima que los referidos medios de impugnación se interpusieron en forma oportuna a pesar de que se recibieron dentro de los primeros minutos del día siguiente al que feneció el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo.
En efecto, de las constancias que integran los autos del cuaderno incidental, actuaciones con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la resolución interlocutoria recurrida se notificó a las autoridades recurrentes mediante diversos oficios, el cuatro de febrero de dos mil quince y surtió efectos el mismo día, por lo que el plazo de diez días para su interposición transcurrió del seis al diecinueve del citado mes, descontándose de ese periodo los días cinco, siete, ocho, catorce y quince de febrero, por ser sábados y domingos, con excepción del primero, el cual es día inhábil en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo.
Por su parte, los oficios de agravios se recibieron en la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, el del presidente de la República, a las cero horas con veintiocho minutos del veinte de febrero de dos mil quince y el del secretario de Hacienda y Crédito Público, a las cero horas con treinta y cinco minutos de ese mismo día; de lo que se desprende que ambos recursos se recibieron en los primeros minutos del día siguiente al de su vencimiento.
Ahora, en términos del artículo 29 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, que derogó, entre otros, el diverso Acuerdo 14/2014, de ese mismo órgano colegiado, "El horario de las oficinas de correspondencia común será de las ocho horas con treinta minutos a las veinticuatro horas, en días hábiles con las excepciones previstas en este capítulo".
Uno de los casos de excepción en que las referidas oficinas pueden extender el horario para recibir promociones es el previsto en el artículo 40 del citado acuerdo, cuyo texto se transcribe enseguida:
"Artículo 40. Cuando encontrándose próximo a concluir el horario de actividades de la Oficina de Correspondencia Común se presentasen varios interesados solicitando la recepción de sus promociones, el personal de la citada oficina les entregará comprobantes o contraseñas a todos aquellos que acudan hasta el término del horario, con el objeto de atenderles y recibir los documentos que exhibiesen y de justificar su recepción fuera del horario establecido."
Como puede observarse, la norma recién inserta permite que el personal de las oficinas de correspondencia común de los órganos jurisdiccionales reciba promociones fuera del horario, si los interesados se hubiesen presentado antes de que éste concluya.
En ese contexto, si el recurso de revisión previsto en el artículo 83, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se recibe en los primeros minutos u horas del día en una oficina de correspondencia común, como aconteció en el caso, permite presumir que el recurrente se presentó antes de las veinticuatro horas del día anterior, pero que existió una carga excesiva de trabajo que impidió al personal respectivo recibir los escritos u oficios en el término (sic) horario y por ello se recibieron en las primeras horas del día siguiente.
Atento a lo anterior, si en el caso los oficios de agravios del presidente de la República y del secretario de Hacienda y Crédito Público se recibieron, como ya se precisó, a las cero horas con veintiocho minutos y a las cero horas con treinta y cinco minutos del veinte de febrero de la anualidad citada, respectivamente, día siguiente al vencimiento del plazo que tenían para interponer el recurso de revisión, debe estimarse que se presentaron en tiempo, pues se presume que no fue posible materialmente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, recibirlos antes de que concluyeran las veinticuatro horas del día en que las autoridades físicamente se hubieran constituido en el local de dicha oficina.
Lo que además resulta razonablemente lógico si se considera que en el Acuerdo General 5/2015 del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció que dichos órganos jurisdiccionales deben conocer de los juicios de amparo promovidos en todo el país, en los que se señalen como actos reclamados, los artículos 17 K, 18, 28, fracciones III y IV y 69-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el nueve de diciembre de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación; por tanto, su oficina de correspondencia común debe recibir un gran cúmulo de promociones que, en ciertas ocasiones, rebasa la capacidad de su personal para recibirlas materialmente antes de las veinticuatro horas en que debe concluir sus labores, motivo por el cual se ven obligados a recibirlas fuera del horario establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince.
Atento a lo anterior, por las razones particulares antes anotadas, debe estimarse que los recursos se presentaron en tiempo.
Es aplicable, por analogía, el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional en la tesis cuyos título, subtítulo, texto y datos de localización se insertan enseguida:
"RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. DEBE CONSIDERARSE INTERPUESTO EN TIEMPO SI LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN LO RECIBIÓ EN LAS PRIMERAS HORAS DEL DÍA SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN.-El artículo 29, párrafo primero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, establece que el horario de las oficinas de correspondencia común será de las ocho horas con treinta minutos a las veinticuatro horas, en días hábiles con algunas excepciones, como la prevista en su artículo 40, el cual dispone que si se encuentra próximo a concluir el horario de actividades y se presentan varios interesados solicitando la recepción de sus promociones, el personal debe entregarles comprobantes o contraseñas con el objeto de atenderles y recibir los documentos que exhibiesen a fin de justificar su recepción fuera del horario establecido. En este contexto, si se interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo y la mencionada oficina lo recibió en las primeras horas del día siguiente al vencimiento del plazo para su presentación, debe considerarse que dicho medio se interpuso en tiempo. Lo anterior, toda vez que cuando un escrito o promoción se recibe en una oficina de correspondencia común en las primeras horas del día, ello hace presumir que el promovente se presentó antes de las veinticuatro horas del día anterior, pero que existió una carga excesiva de trabajo que impidió al personal respectivo recibir los escritos u oficios en el horario establecido por el referido Consejo y, por ello, se recibieron en las primeras horas del día siguiente."
Época: Décima Época.
Registro: 2009333.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.
Tipo de tesis: Aislada.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Publicación: viernes 5 de junio de 2015 a las 09:30 horas.
Materia(s): (Común).
Tesis: (I Región) 1o.5 K (10a.).
TERCERO.-Distribución de copias para la resolución del asunto.
La Magistrada ponente, por conducto de la secretaria proyectista, entrega a los integrantes de este Tribunal Colegiado para la resolución del asunto copia de los oficios de expresión de agravios, así como de la resolución recurrida y se inserta copia autorizada de esta última al presente toca.
CUARTO.-Falta de legitimación del presidente de la República.
Resulta innecesario el estudio de los agravios formulados por dicha autoridad, pues en consideración de la mayoría de este Tribunal Colegiado, el presidente de la República carece de legitimación para interponer el recurso de revisión.
Con el propósito de demostrar tal aserto, es oportuno tener en cuenta que el artículo 87 de la Ley de Amparo prevé:
"Artículo 87. Las autoridades responsables sólo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas; tratándose de amparo contra normas generales podrán hacerlo los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación.
"..."
El precepto transcrito establece la regla general conforme a la cual las autoridades responsables podrán ocurrir en revisión, a saber:
a) Cuando les afecte directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado (amparo legalidad); o,
b) Cuando les asista la calidad de titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende la emisión o promulgación de una ley (amparo contra normas generales).
Ahora, la legitimación de las partes en el juicio y en los recursos interpuestos constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse de oficio, de conformidad con la tesis P. LIV/90, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990, página 20, que dice:
"REVISIÓN. LA LEGITIMACIÓN Y PERSONALIDAD DE QUIEN INTERPONE ESTE RECURSO, DEBE EXAMINARSE DE OFICIO.-El tribunal ad quem, al resolver la procedencia de un recurso de revisión debe estudiar, de oficio, si quien promueve tiene personalidad para interponerlo, puesto que es de orden público en el juicio de garantías analizar si quien lo interpuso es parte o tiene personalidad acreditada, en particular en los amparos contra leyes en donde el artículo 87 de la ley de la materia establece expresamente que sólo podrán interponer el recurso de revisión las autoridades responsables encargadas de su promulgación o quienes las representen."
La legitimación constituye un presupuesto procesal referido a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales.
Al respecto, es oportuno destacar que, en principio, en el juicio de amparo las partes que intervienen son quienes están en posibilidad de instar los actos procesales, entendiéndose por tales, el quejoso, la autoridad o autoridades responsables, el tercero o terceros interesados y el Ministerio Público Federal -artículo 5o. de la Ley de Amparo-.(1)
Sin embargo, la legitimación para recurrir todos los actos procesales en el juicio de amparo no radica, exclusivamente, en el carácter de parte, sino también en el interés jurídico o legítimo que tienen, como principio rector del juicio; de ahí que es menester que a las partes les asista interés en que el órgano jurisdiccional que conoce de ese juicio declare o constituya un derecho, imponga una condena o genere una obligación, o por el contrario, que no actúe de esa forma.
Ahora, entre los actos procesales que pueden presentarse durante la sustanciación del juicio de amparo se encuentran los recursos, consistentes en medios de impugnación interpuestos contra la resolución judicial pronunciada por el Juez o tribunal, con el objeto de que tal resolución sea revocada, modificada o anulada.
En este orden, la legitimación para interponer los recursos previstos en el juicio de amparo deriva, primeramente, de que el recurrente sea parte en el juicio de amparo en términos del artículo 5o. de la Ley de Amparo y, en segundo lugar, del interés que le asista para defender su derecho amenazado o afectado por el sentido de la resolución dictada en el juicio, pues sin tal presupuesto no existe la legitimación procesal para realizar actos jurídicos encaminados a su defensa.
Premisas que igualmente aplican a los recursos interpuestos dentro de los incidentes que derivan del propio juicio.
De lo que se sigue que la legitimación de las autoridades responsables para interponer el recurso de revisión contra la resolución que decide sobre la suspensión definitiva, se encuentra condicionada a que les irrogue un perjuicio, esto es, una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, que no debe ser meramente hipotético, sino real cuya demostración incumbe a las autoridades que la impugnen.
En la especie, el juicio de amparo se promovió contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece, en otros, el artículo 28, fracciones III y IV, así como los artículos 33 y 34 del reglamento del citado código, con motivo de su vigencia, atribuyéndose, específicamente, al presidente de la República, su participación en el proceso de creación de las normas generales combatidas, con la salvedad de que la expedición de las normas reglamentarias aludidas, las quejosas las atribuyeron erróneamente al secretario de Hacienda y Crédito Público y al jefe del Servicio de Administración Tributaria.
En la demanda de amparo, las peticionarias del amparo solicitaron la suspensión contra los efectos de aplicación de las hipótesis previstas en los preceptos invocados, esto es, para que no tuviera que llevar su información contable en medios electrónicos ni ingresarla en forma mensual a través del buzón tributario creado por el Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con las reglas de carácter general emitidas por dicho organismo; medida cautelar que fue concedida por el Juez de Distrito en la resolución interlocutoria recurrida.
Ahora, toda vez que los actos reclamados constituyen normas generales autoaplicativas debe estarse al contenido del artículo 148, párrafo primero, de la Ley de Amparo que dice:
"Artículo 148. En los juicios de amparo en que se reclame una norma general autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso.
"...."
El artículo transcrito establece que cuando se impugna una norma con motivo de su vigencia, sin precisar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma; esto es, para que la obligación impuesta en el referente normativo de dar, hacer o no hacer, no se materialice en la esfera jurídica del gobernado.
Consecuentemente, de la interpretación sistemática de los artículos 5o., 87 y 148, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se infiere que a efecto de determinar si las autoridades responsables tienen o no legitimación para interponer el recurso de revisión contra la interlocutoria que resuelva sobre la suspensión definitiva, debe atenderse a la naturaleza de los actos reclamados contra los cuales se solicitó esa medida.
Por lo que si los actos reclamados a la autoridad recurrente, presidente de la República, constituyen actos de naturaleza legislativa en estricto sentido; entonces, carece de legitimación para recurrir la interlocutoria en que se decidió sobre la concesión de la suspensión definitiva contra los efectos y consecuencias de las normas reclamadas, por su sola vigencia.
Lo anterior es así, pues si la consecuencia de la suspensión decretada por el Juez es que la parte quejosa no utilice el buzón tributario ni ingrese mensualmente su información contable a través de ese medio, sólo puede afectar directa y jurídicamente a la autoridad que suspende las facultades de su actuar con motivo del otorgamiento de la medida cautelar, a saber, las autoridades del Servicio de Administración Tributaria porque son quienes ven interrumpidos los efectos de la norma; ello, en razón de que ese organismo es el encargado de aplicar tal imperativo, en el entendido de que por su desacato, incluso, podrá imponer multas.(2)
Por ende, el hecho de que en su informe previo la autoridad recurrente aceptara su participación en el proceso legislativo del decreto que dio origen a las normas impugnadas (fojas 333 a 339 del cuaderno incidental), no le otorga legitimación para inconformarse contra la interlocutoria que suspendió sus efectos y consecuencias, ya que la medida suspensional versa exclusivamente sobre la ejecución de las normas; máxime que es importante destacar que su otorgamiento no afecta su vigencia, ni las priva de eficacia general.
Adicionalmente, con el afán de robustecer lo expuesto, conviene considerar lo dispuesto en los artículos 108, fracción III y 142 de la Ley de Amparo que dicen:
"Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:
"...
"III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;
"...."
"Artículo 142. La falta de informe previo hará presumir cierto el acto reclamado para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva.
"Tratándose de amparo contra normas generales, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la norma general o en su publicación, únicamente rendirán el informe previo cuando adviertan que su intervención en el proceso legislativo o de creación de la norma general, se impugne por vicios propios.
"La falta del informe previo de las autoridades legislativas, además de lo señalado en el párrafo anterior, no dará lugar a sanción alguna."
Preceptos cuya interpretación conjunta permite colegir, que tratándose del amparo contra normas generales, el legislador determinó innecesaria la intervención de las autoridades que participaron en el proceso legislativo o de creación, cuando esos actos no se impugnen por vicios propios, lo cual tiene como propósito evitar la ociosa y costosa intervención de tales autoridades en el juicio pues, inclusive, ni siquiera en el caso de que se otorgara el amparo en su contra podrían tener injerencia en el cumplimiento de la sentencia.
En congruencia con lo anterior, el legislador trasladó tales premisas al incidente de suspensión, al prever en la segunda disposición transcrita, que en el amparo contra normas generales, las autoridades que intervinieron en el refrendo del decreto promulgatorio de la norma general o en su publicación, únicamente rendirán el informe previo cuando esos actos se impugnen por vicios propios.
Lo que se advierte de la exposición de motivos de la iniciativa del proyecto de decreto por el que se expidió la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece que, en la parte relativa, se precisó:
"Exposición de motivos
"Cámara de origen: Senadores
"Exposición de motivos
"México, D.F. martes 15 de febrero de 2011.
"1. Iniciativa de senadores (diversos grupos parlamentarios)
"Gaceta No. 208
"...
"Finalmente, como un mecanismo complementario que permitirá la agilización del procedimiento y la forma en la que intervienen las autoridades señaladas como responsables en tratándose de amparo contra normas generales se establece que en el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios, con lo cual se pretende evitar la ociosa y costosa intervención de estas autoridades en el juicio que se ha venido desarrollando, aun cuando en la generalidad de los casos sus actos no son impugnados por vicios propios, sino por la simple circunstancia de intervenir en el proceso de formación de la ley y ser señaladas como autoridades responsables, a pesar de que, conforme a los criterios jurisprudenciales establecidos, carecen de legitimación para defender el contenido de la norma general que se impugne y aun concediéndose el amparo resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de estas autoridades.
"En congruencia con lo anterior, se propone señalar que, en tratándose de amparo contra normas generales, las autoridades que hubieren intervenido, únicamente rendirán informe previo cuando la impugnación refiera vicios propios de dichas autoridades. La omisión de la presentación de informe no dará lugar a sanción alguna, ni tampoco impedirá al órgano jurisdiccional que examine los actos referidos, si se advierte un motivo de inconstitucionalidad.
"Una hipótesis jurídica de naturaleza semejante se propone en tratándose del informe con justificación. De esta manera, y de forma complementaria al mecanismo de firma electrónica, la iniciativa propuesta en este rubro contribuye al ahorro de recursos.
"...."
Como se ve, la intención del legislador tratándose del amparo contra normas generales fue prescindir del informe previo de aquellas autoridades cuyos actos no se controviertan por vicios propios, para efectos del pronunciamiento de la suspensión definitiva, ello desde luego conlleva a concluir que, igualmente, resulta ocioso dar acceso al recurso interpuesto por autoridades, como la recurrente, cuando los efectos de la suspensión no afectan directamente a los actos por ellas emitidos por no intervenir en la materialización de sus efectos y consecuencias, ya que éstos inciden sobre las facultades y actuaciones de las autoridades a quienes se encomienda vigilar su observancia por parte de los destinatarios de las normas y, en su caso, la ejecución de las mismas.
Razones que, sumadas a lo destacado en párrafos precedentes, conducen a concluir que la autoridad recurrente carece de legitimación para interponer el medio de impugnación de que se trata.
En las relatadas condiciones, lo procedente es desechar el recurso interpuesto por el presidente la República.
Apoya las anteriores consideraciones, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 84, diciembre de 1975, Tercera Parte, página 38, cuyo contenido es:
"REVISIÓN INTERPUESTA POR AUTORIDAD QUE CARECE DE LEGITIMACIÓN. DEBE DESECHARSE.-De conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, debe desecharse el recurso de revisión interpuesto por una autoridad que, mediante los agravios que aduce, pretende defender la constitucionalidad de un acto que no le es propio, pues carece de legitimación para hacer valer dicho recurso."
QUINTO.-Análisis de la legitimación del secretario de Hacienda y Crédito Público.
Por otra parte, el Pleno de este Tribunal Colegiado considera que la autoridad responsable, secretario de Hacienda y Crédito Público igualmente carece de legitimación para interponer el presente recurso de revisión, de acuerdo con las razones de derecho que se exponen a continuación.
Para demostrar tal aserto, debe considerarse que, con independencia de lo determinado por el Juez de Distrito en la interlocutoria revisada, la autoridad responsable recurrente negó los actos que se le atribuyeron al rendir su informe previo, en el que manifestó lo siguiente:
"...
"Actos reclamados
"No son ciertos los actos que se reclaman al C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, consistentes en la emisión y promulgación del decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, cuyo artículo (sic) 28, fracción (sic) III y IV, 42, fracción IX y 53-B del Código Fiscal de la Federación, reclama la quejosa.
"No son ciertos los actos que se reclaman al C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, consistentes en la emisión y promulgación de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 y Anexos 1, 1-A, 2, 3, 6, 11, 14, 15, 18, 22, 23 y 2, cuyas reglas I.2.8.6. y I.2.8.7. y artículo décimo tercero transitorio, reclama la quejosa.
"No son ciertos los demás actos reclamados al C. Secretario de Hacienda y Crédito Público.
"..."
(Fojas 330 y 330 vuelta ídem).
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las autoridades carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión contra la interlocutoria que concede la suspensión definitiva, cuando niegan la existencia del acto reclamado que se les imputa, porque no existe afectación a su esfera de derechos.
Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 2a./J. 127/2006 de la Segunda Sala de ese Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, septiembre de 2006, página 308, de rubro y texto siguientes:
"REVISIÓN. LA AUTORIDAD QUE NIEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER AQUEL RECURSO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA.-La legitimación para que las autoridades responsables interpongan el recurso de revisión en los casos a que se refiere el artículo 83, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, sólo se genera cuando la resolución que decida sobre la suspensión definitiva del acto reclamado pueda causar una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones; pero tal perjuicio no debe ser meramente hipotético, sino un hecho real, cuya demostración incumbe a las autoridades que invoquen su presencia, como uno de los presupuestos necesarios para interponer el recurso. Ahora bien, si al rendir informe previo las autoridades recurrentes negaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, y a pesar de tal negativa, sin prueba en contrario, el Juez de Distrito o superior de la autoridad responsable, en su caso, concede la suspensión definitiva, esa resolución no puede ocasionar perjuicio a las autoridades recurrentes, porque ante la inexistencia de los actos reclamados, según su informe, la suspensión otorgada no les priva del derecho a ejecutar acto alguno, ni restringe su libertad de acción; circunstancia que implica una falta de interés jurídico para que el Tribunal Colegiado que conozca del recurso confirme, modifique o revoque la resolución impugnada; de ahí que, siendo la posible afectación al interés jurídico un presupuesto indispensable para la legitimación del recurrente en el juicio de garantías, el recurso de revisión que se interponga en esas condiciones resulta improcedente conforme al artículo 87 de la ley citada."
Sobre esa base, el secretario de Hacienda y Crédito Público carece de legitimación para interponer el presente medio de defensa contra la interlocutoria que concedió la suspensión definitiva a la parte quejosa, dado que no constituye una resolución que -ante la expresión de inexistencia de los actos que se le atribuyeron- le cause alguna afectación a sus intereses pues, como se advierte del criterio transcrito, una determinación judicial irroga perjuicio a una autoridad cuando acepta el acto reclamado, en el entendido de que tiene interés en su subsistencia.
Por tanto, lo procedente es desechar el recurso interpuesto por la citada autoridad pues, aun en el supuesto de que la resolución recurrida fuese incorrecta, cuestión de la que de ninguna manera se prejuzga, no perjudica sus intereses porque negó los actos que le fueron atribuidos según se advierte de su informe previo.
No es obstáculo a la conclusión alcanzada, que el presidente de este Tribunal Colegiado admitiera a trámite los recursos de revisión interpuestos tanto por el presidente de la República como por el secretario de Hacienda y Crédito Público, pues esa determinación no causa estado ya que únicamente se pronuncia para efectos de trámite.
Es aplicable, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 4a./J. 34/94 de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 81, septiembre de 1994, página 21, que establece:
"RECURSO ADMITIDO POR AUTO DE PRESIDENCIA. LA SALA PUEDE DESECHARLO SI ADVIERTE QUE ES IMPROCEDENTE.-Tomando en consideración que en términos de los artículos 20 y 29, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tratándose de los asuntos de la competencia de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus respectivos presidentes sólo tienen atribución para dictar los acuerdos de trámite, correspondiendo a dichos órganos colegiados decidir sobre la procedencia y el fondo de tales asuntos, resulta válido concluir, por mayoría de razón, que siendo el auto de presidencia que admite un recurso un acuerdo de trámite derivado del examen preliminar de los antecedentes, éste no causa estado y, por lo mismo, la Sala puede válidamente reexaminar la procedencia del recurso y desecharlo de encontrar que es improcedente."
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25922-70bdd629/recurso-de-revision-previsto-en-el-articulo-83 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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