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Modo: Corpus Pro

MULTA POR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN VIRTUD DE REQUERIMIENTO PREVIO DE LA AUTORIDAD FISCAL. SU FUNDAMENTACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 367/2010. · Registro digital (IUS): 22840
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, ACTUAL TRI
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Abril de 2011, , Pág. 807.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 367/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, ACTUAL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.

SECRETARIO: ARNOLDO CASTELLANOS MORFÍN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, debido a que se trata de una denuncia de posible contradicción de tesis entre la sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver las revisiones fiscales 7/2010 y 63/2010, y la sostenida por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materia Civil del propio circuito, al resolver la revisión fiscal 180/2007, siendo la materia administrativa, especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Magistrado Víctorino Rojas Rivera, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, que emitió resolución en las revisiones fiscales 7/2010 y 63/2010, por su posible contradicción con el criterio sostenido por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materia Civil del propio circuito, al fallar la revisión fiscal 180/2007, asuntos en los que se realizó un análisis del artículo 82, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Federación.

TERCERO. En primer lugar, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues ello constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe prevalecer.

En ese orden, para que exista contradicción de tesis, se requiere que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia hayan:

1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,

2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.

Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo para su existencia, que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que los rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.

En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal, en la jurisprudencia que a continuación se cita:

"Núm. Registro: 164120

"Jurisprudencia

"Materia(s): Común

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXXII, agosto de 2010

"Tesis: P. /J. 72/2010

"Página: 7

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

CUARTO. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.

I. Las consideraciones del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 7/2010, el veintinueve de septiembre de dos mil diez, en lo que aquí interesa, son del tenor siguiente:

"... del juicio contencioso administrativo, en que consta la multa impuesta por la Administración Local de Servicios al Contribuyente de Uruapan a ‘**********’, se advierte que dicha multa se determinó: ‘Por haber presentado la obligación de declaración informativa mensual de operaciones con terceros, correspondiente al mes de abril de 2008, a requerimiento acumulado de la autoridad No. 402738D0000022 que se notificó el 2008/11/25’; enseguida se estableció que las obligaciones omitidas o motivos de la sanción consistían en ‘declaración informativa mensual de operaciones con terceros, correspondiente al mes de abril 2008’; sin embargo, procede establecer que aun cuando es cierto, ambas conductas, a saber, presentar la declaración informativa a requerimiento y omitir la declaración informativa mensual, se encuentran previstas como infracción en el artículo 81, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, también lo es que el artículo 82 del mismo ordenamiento legal, no prevé sanción alguna para la presentación a requerimiento de autoridad de las obligaciones que le corresponden al contribuyente. Así lo es, porque el artículo 82, fracción I, inciso d), del Código Fiscal de la Federación, que la autoridad administrativa invoca como fundamento de la multa impuesta, es del tenor siguiente: ‘Artículo 82. A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones, solicitudes, documentación, avisos o información, así como de expedir constancias a que se refiere el artículo 81 de este código, se impondrán las siguientes multas: I. Para la señalada en la fracción I: ... d) De $10,030.00 a $20,070.00, por no presentar las declaraciones en los medios electrónicos estando obligado a ello, presentarlas fuera del plazo o no cumplir con los requerimientos de las autoridades fiscales para presentarlas o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos.’. Como se ve, dicha hipótesis normativa establece una sanción para: a) la omisión de presentar las declaraciones en los medios electrónicos, cuando el contribuyente esté obligado a ello; b) presentar las declaraciones fuera del plazo legal; c) no cumplir con los requerimientos de las autoridades fiscales para presentar las declaraciones; y, d) cumplir los requerimientos de las autoridades fiscales fuera de los plazos señalados en los mismos. Empero, no se advierte que proceda imponer sanción alguna por haber presentado la obligación de declaración informativa a requerimiento de la autoridad. De donde se sigue que, en primer lugar, no se advierte la razón por la que la autoridad responsable funda la multa impuesta en la fracción I, inciso d), del artículo 82 del Código Fiscal de la Federación, si estableció que la multa se determinaba por ‘haber presentado la obligación de declaración informativa mensual de operaciones con terceros, correspondiente al mes de abril de 2008, a requerimiento acumulado de la autoridad No. 402738D0000022 que se notificó el 2008/11/25’, pues no existe correspondencia entre ese precepto y la conducta que se indica. En segundo lugar, es de indicarse que la fracción XXVI del citado artículo 82 del Código Fiscal de la Federación dispone que se impondrá multa de $8,410.00 a $16,820.00, por la infracción establecida en la fracción XXVI del artículo 81 del mismo ordenamiento legal, mismo que es del tenor siguiente: ‘Artículo 81. Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones, así como de presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, información o expedir constancias: ... XXVI. No proporcionar la información a que se refiere la fracción VIII del artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado a través de los medios, formatos electrónicos y plazos establecidos en dicha ley, o presentarla incompleta o con errores.’. De la motivación que invoca la Administración Local de Servicios al Contribuyente de Uruapan para imponer la multa combatida en el juicio contencioso, no se advierte que el contribuyente no proporcionaría la información a que se refiere la fracción VIII del artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a través de los medios, formatos electrónicos y plazos establecidos en dicha ley; tampoco que la haya presentado de manera incompleta o con errores. De donde se advierte que -como acertadamente lo consideró la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa- la multa impuesta carece de fundamentación y motivación porque no se explicó, en el documento que contiene el acto administrativo impugnado, por qué se actualiza dicha hipótesis normativa, sino únicamente se estableció que: ‘El servicio de administración tributaria determinó multa por haber presentado la obligación de declaración informativa mensual de operaciones con terceros, correspondiente al mes de abril de 2008, a requerimiento acumulado de la autoridad No. 402738D0000022 que se notificó el 2008/11/25.’. En ese orden de ideas, es evidente que la multa impuesta carece de fundamentación y motivación, resultando legal lo considerado por la Sala a quo en el sentido de que procedía declarar la nulidad de la multa impugnada, dado que la autoridad demandada dejó de aplicar la disposición legal debida, en los términos del (sic) artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, precisamente, porque del formato múltiple de pago número E01507745 que constituye el acto administrativo impugnado, se desprende que la multa impuesta obedeció al hecho de haberse cometido la infracción consistente en haber presentado la declaración informativa de operaciones con terceros de abril de dos mil ocho, a requerimiento acumulado de la autoridad número 402738D0000022 -notificado el veinticinco de noviembre de ese año- y que, para fundar la infracción cometida e imponer la sanción contenida en la resolución impugnada, la autoridad demandada invocó los artículos 81, fracciones I y XXVI, y 82, fracciones I, inciso d), y XXVI, del Código Fiscal de la Federación, cuando estos (sic) contemplan y sancionan infracciones diferentes, por lo que era evidente que la autoridad administrativa violó los principios de fundamentación y motivación, al no indicar en la resolución impugnada que la multa se impuso por la omisión de presentar la declaración informativa mensual de operaciones con terceros dentro del plazo de ley sino por haberse hecho a requerimiento de la autoridad. Al margen de lo anterior, procede establecer que la tipicidad aplicable a las infracciones administrativas, que se encuentra regulada por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe imponer -por simple analogía y aun por mayoría de razón- pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata, lo que traído a las sanciones e infracciones administrativas implica que la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón; lo que realizó la autoridad administrativa demandada en el juicio contencioso, dado que la conducta consistente en presentar declaraciones a requerimiento de autoridad, no tiene una sanción prevista en el artículo 82, fracciones I, inciso d) y XXVI del Código Fiscal de la Federación. Es de invocarse, por su ilustración en el caso, la jurisprudencia 100/2006, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, agosto de 2006, página 1667, registro 174326, del rubro y texto siguiente: ‘TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS. El principio de tipicidad, que junto con el de reserva de ley integran el núcleo duro del principio de legalidad en materia de sanciones, se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. En otras palabras, dicho principio se cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de una lex certa que permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones. En este orden de ideas, debe afirmarse que la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma. Ahora bien, toda vez que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad de ésta, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador debe acudirse al aducido principio de tipicidad, normalmente referido a la materia penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón.’."

Similares consideraciones fueron sustentadas por el citado Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 63/2010.

II. El criterio sostenido por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, se contiene en su resolución de dieciocho de abril de dos mil ocho, pronunciada en el recurso de revisión fiscal número 180/2007, en la que, en lo conducente, señala:

"La cuestión medular a dilucidar, consiste en determinar si el artículo 82, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Federación establece sanción para el caso en que el contribuyente presente sus declaraciones a requerimiento de autoridad aun cuando hubiera hecho la declaración en el plazo que le fue concedido; o si la declaración de impuestos realizada por el contribuyente dentro del plazo que le dio la autoridad hacendaria a requerimiento expreso, es una conducta no sancionada por no existir dispositivo expreso. Para dilucidar la cuestión debatida, es necesario acudir a los sistemas de interpretación de las normas, para definir cuál es el que debe ser aplicado en materia fiscal y, en su caso, el alcance de dicho sistema de interpretación. Sobre el particular, Refugio de Jesús Fernández Martínez, en su obra Derecho Fiscal (editorial Mcgraw-Hill Interamericana Editores (sic) S.A. de C.V., 1998 (sic), México, páginas 124 a 130 (sic) establece: ‘Métodos de interpretación de las normas jurídicas. La técnica jurídica ha elaborado, en el transcurso del tiempo, los siguientes métodos de interpretación de las normas jurídicas, que pueden ser utilizados por el derechos (sic) fiscal, a saber: El método exegético; El método lógico conceptual; El método histórico o evolutivo; El método sistemático; El método económico. El método exegético. Se basa esencialmente en tomar en cuenta únicamente el sentido literal o gramatical de las palabras empleadas en la expresión de la norma. Es el método utilizado por los seguidores de la escuela de la teoría absoluta. ... Clases de interpretación de las normas jurídicas. La interpretación de las normas jurídicas se clasifica desde dos puntos de vista, atendiendo a las personas que la realizan y atendiendo al alcance de sus expresiones. a) Atendiendo a la persona que realiza la interpretación de la ley: interpretación auténtica; interpretación administrativa; interpretación judicial; interpretación doctrinal. b) Atendiendo al alcance de sus expresiones o resultados. Dicha interpretación de las normas jurídicas, puede ser: interpretación estricta, declarativa o literal; interpretación restrictiva; interpretación extensiva; interpretación analógica. La interpretación estricta. Llamada también declarativa o literal, es aquella que simplemente se concreta a enunciar el contenido de las palabras utilizadas, sin hacer restricciones, ni extensiones de los términos empleados; no se le dan más alcances que los que literalmente se desprendan del contenido de las normas jurídicas. ... La forma de interpretación estricta se basa, esencialmente, en tomar el sentido literal o gramatical de las palabras empleadas por el legislador en la expresión de una norma jurídica. Esto no implica que la norma se interprete y se le busque un sentido o significado en forma aislada, sino que debe realizarse en forma armónica, relacionándola con las demás que integran el sistema fiscal o el ordenamiento donde se encuentra inmersa, a fin de no dar a un precepto un alcance equivocado o indebido en perjuicio del propio contribuyente. Por lo que se refiere a las palabras empleadas en el texto legal, cuando éstas tengan más de un significado, debe estarse a su sentido técnico y no al de su uso corriente o popular, a no ser que la ley establezca cuál es la que debe tomarse en cuenta; o bien, ésta señale lo que para efectos fiscales debe entenderse por determinado acto o actividad, no obstante que para otras disciplinas no lo sea y gramaticalmente tenga otro significado.’. De la transcripción precedente, se advierte que tratándose de los métodos y clases de interpretaciones de las normas jurídicas, existen diversos sistemas, entre los que destaca el exegético que da a la ley un alcance estricto, literal o declarativo. El método de interpretación antes citado, tiene las siguientes características: a) Las disposiciones fiscales deben interpretarse atendiendo al sentido literal o gramatical de las palabras empleadas por el legislador, en la expresión de la norma jurídica. b) Lo anterior, implica una interpretación armónica con las demás normas que integran el sistema fiscal o el ordenamiento donde se encuentra inmersa, con el objeto de dar a la ley una unidad conceptual entre su finalidad y su aplicación. c) Cuando una disposición fiscal contenga un término con más de un significado, se debe estar a su sentido jurídico si la ley lo define; si no lo precisa la ley, se debe estar, entonces, a su significado técnico. d) Cuando no exista norma fiscal expresa, se admite la integración aplicando supletoriamente las disposiciones del derecho común, con la única condición de que no sean contrarias a la naturaleza propia del derecho fiscal, y no se refieran a los conceptos que establecen cargas o excepciones a los particulares, infracciones y sanciones. El sistema de interpretación de mérito, en la legislación positiva vigente, encuentra sustento en el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación prevé (sic): ‘Artículo 5o. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal.’. De la interpretación del precepto transcrito, se desprende que: a) Las disposiciones fiscales que establecen cargas a los particulares y las que señalen excepciones a las mismas deben interpretarse en forma estricta o literal. b) Se considera que establecen cargas las que se refieren al objeto, sujetos, base, tasa o tarifa, infracciones y sanciones. c) Las demás disposiciones fiscales que no se refieran al objeto, sujeto, base, tasa o tarifa, infracciones y sanciones, se interpretaran (sic) aplicando cualquier método de interpretación jurídica. Ahora bien, los artículos 81, fracción I y 82, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Federación disponen: ‘Artículo 81. Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones, así como de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedir constancias: I. No presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos o las constancias que exijan las disposiciones fiscales, o no hacerlo a través de los medios electrónicos que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o presentarlos a requerimiento de las autoridades fiscales. No cumplir los requerimientos de las autoridades fiscales para presentar alguno de los documentos o medios electrónicos a que se refiere esta fracción, o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos.’. Artículo 82. A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones, solicitudes o avisos, así como de expedir constancias a que se refiere el artículo 81, se impondrán las siguientes multas: I. Para la señalada en la fracción I: a) De $860.00 a $10,720.00, tratándose de declaraciones, por cada una de las obligaciones no declaradas. Si dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se presentó la declaración por la cual se impuso la multa, el contribuyente presenta declaración complementaria de aquélla, declarando contribuciones adicionales, por dicha declaración también se aplicará la multa a que se refiere este inciso.’. En ese contexto, es evidente que los preceptos legales citados, establecen infracciones y sanciones a cargo de los contribuyentes para el caso en que incurran en los supuestos contenidos en dichos numerales; de suerte tal, que para el caso de su interpretación, debe estarse al sistema exegético o estricto, en términos de lo señalado en párrafos que anteceden. Ahora bien, del artículo 81, fracción I, antes citado, se desprende que constituye infracción fiscal: a) No presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos o las constancias que exijan las disposiciones fiscales; b) No hacerlo a través de los medios electrónicos que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. c) Presentarlas a requerimiento de las autoridades fiscales. d) No cumplir los requerimientos de las autoridades fiscales para presentar alguno de los documentos o medios electrónicos a que se refiere esta fracción. c) (sic) Cumplir los requerimientos fuera de los plazos señalados en los mismos. En consecuencia, es evidente que la norma antes citada, en forma literal establece como infracción, que el contribuyente presente sus declaraciones omitidas a requerimiento de autoridad fiscal. Por su parte, el artículo 82, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Federación prevé: ‘Artículo 82. A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones, solicitudes o avisos, así como de expedir constancias a que se refiere el artículo 81, se impondrán las siguientes multas: I. Para la señalada en la fracción I: a) De $860.00 a $10,720.00, tratándose de declaraciones, por cada una de las obligaciones no declaradas. Si dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se presentó la declaración por la cual se impuso la multa, el contribuyente presenta declaración complementaria de aquélla, declarando contribuciones adicionales, por dicha declaración también se aplicará la multa a que se refiere este inciso.’. De lo anterior se sigue, que la norma precisa que serán sancionados los contribuyentes por cada una de las obligaciones no declaradas; así pues, para definir la cuestión debatida, es necesario establecer el alcance de la expresión normativa ‘obligaciones no declaradas’; dado que dicha expresión puede ser entendida en dos formas, a saber: a) El concepto entendido desde el punto de vista de cualquier obligación no declarada en forma voluntaria sino a requerimiento de autoridad; y, b) Cuando el contribuyente no cumple con la obligación fiscal en el plazo que le fue concedido después de haber sido requerido por la autoridad hacendaria. Para definir el alcance de la norma, es menester precisar que en la parte conducente de la exposición de motivos del Código Fiscal de la Federación, de fecha quince de diciembre de 1981 (sic) mil novecientos ochenta y uno, la Cámara de Diputados expuso lo siguiente: ‘Entre las principales características del sistema que resultará del ordenamiento que se propone, pueden señalarse las siguientes: Las relaciones entre el fisco y los contribuyentes estarán determinadas por el principio del cumplimiento voluntario de las normas fiscales lo que no significa que quede al arbitrio del particular el pago de las contribuciones a su cargo, ya que siempre será obligatorio el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Con dicho principio sólo se enfatiza que no se estima necesario que en todos los casos la autoridad constriña o exija coercitivamente la observancia de las leyes, sino que se tiene la confianza de que la generalidad de los contribuyentes, por convencimiento y por su propio interés, pagarán en forma espontánea sus contribuciones. Esta confianza en la madurez y sentido de solidaridad social de la población, es el resultado de un largo proceso educativo y tiene muy variadas consecuencias en la legislación que se propone: por regla general, son los particulares y no la autoridad, quienes determinan por qué (sic) y cuánto deben pagar; la autoridad tiene funciones receptoras y de vigilancia del oportuno cumplimiento, así (sic) como de la veracidad de los datos que le son declarados. ... Las normas punitivas se reducen, limitándolas a las estrictamente indispensables para corregir diversas formas de evasión fiscal; pero manteniendo vías a través de las cuales los contribuyentes incumplidos puedan corregir su situación, aun después de que la autoridad hubiere iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación. ... En el caso de los recargos aplicables por la falta de pago oportuno de las contribuciones, así como de los intereses que el fisco federal está obligado a pagar por las cantidades no devueltas a los contribuyentes en los plazos fijados legalmente, se procura adecuarlos lo más posible a la realidad económica cambiante y, por lo mismo, se propone calcularlos de conformidad

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22840-7dfc9feb/multa-por-cumplimiento-de-obligaciones-fiscales-en-virtud · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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