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Modo: Corpus Pro

MULTAS POR INFRACCIONES FISCALES. EL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN I, INCISO D), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7515/2024. · Registro digital (IUS): 34284
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-10-02
Promovente: —
Localización: Duodécima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Octubre de 2026.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7515/2024. 2 DE MARZO DE 2026. PONENTE: MINISTRO IRVING ESPINOSA BETANZO. SECRETARIO: LUIS FELIPE RUIZ MARTÍNEZ LASSO.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: Este asunto es en torno a la constitucionalidad del artículo 82, fracción I, inciso d), del Código Fiscal de la Federación que prevé la multa aplicable por infracción en la presentación de declaraciones por medios electrónicos.

Tiene su origen con motivo de que a una persona física se le impusieron tres multas por haber presentado tres declaraciones de impuestos federales, fuera del plazo previsto para tal efecto.

La persona física promovió un juicio de nulidad en el que se reconoció la validez de las multas por lo que acudió al amparo directo en el que planteó la inconstitucionalidad del artículo 82, fracción I, inciso d), del Código Fiscal de la Federación por considerar que trastoca los principios de igualdad y proporcionalidad.

El Tribunal Colegiado del conocimiento negó el amparo por lo que la parte quejosa promovió el presente recurso de revisión.

Problema jurídico: Determinar, de ser procedente el recurso de revisión y verificar, si el artículo 82, fracción I, inciso d), del Código Fiscal de la Federación respeta los principios de igualdad y proporcionalidad, al prever que por no presentar las declaraciones en los medios electrónicos estando obligado a ello, presentarlas fuera del plazo o no cumplir con los requerimientos de las autoridades fiscales para presentarlas o cumplirlas fuera de los plazos señalados en los mismos, se imponga como sanción una multa mínima.

Fondo: El artículo 82, fracción I, inciso d), del Código Fiscal de la Federación respeta los principios de igualdad y proporcionalidad al establecer una sanción que prevé un mínimo y un máximo para que la autoridad fiscal gradúe el monto a imponer según cada caso de infracción relacionada con las obligaciones de presentar declaraciones por medios.

La multa prevista en la norma en análisis respeta el artículo 22 constitucional que prohíbe las multas excesivas porque el artículo 82, fracción I, inciso d) del Código Fiscal de la Federación prevé un mínimo y un máximo para que la autoridad gradúe en cada caso el monto a imponerlo que se refleja en la intensidad de la sanción aplicable en cada caso.

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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al 2 de marzo de 2026, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 7515/2024, interpuesto por ********** en contra de la sentencia dictada el 25 de abril de 2024 por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 505/2022-II.

El problema jurídico a resolver consiste en determinar, en primer lugar, si procede el recurso de revisión y en su caso, si el artículo 82, fracción I, inciso d), del Código Fiscal de la Federación, respeta los principios de igualdad y proporcionalidad, en el rango que prevé para la aplicación de una multa por no presentar las declaraciones a través de los medios electrónicos, presentarlas fuera del plazo, incumplir con los requerimientos de las autoridades fiscales o cumplirlos fuera del plazo señalado.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Hechos. La autoridad fiscal ante la supuesta omisión en que incurrió el contribuyente **********, le requirió presentar las declaraciones respectivas al mes de febrero de 2018, en relación con: a) pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta de personas morales del régimen general; b) entero de retenciones mensuales de Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios y c) pago definitivo mensual de Impuesto al Valor Agregado.

2. Imposición de multas. Ante la supuesta subsistencia en la omisión del contribuyente en relación con exhibir las declaraciones, mediante oficio con número de control ********** de fecha 18 de marzo de 2022, la Administración Desconcentrada de Recaudación de Nuevo León “2” impuso al contribuyente **********, 3 multas, cada una por la cantidad de ********** con fundamento en los artículos 81, fracción I, y artículo 82, fracción I, inciso d), del Código Fiscal de la Federación vigente en ese momento.(1)

3. Juicio contencioso administrativo. Inconforme con esa resolución, el contribuyente promovió un juicio de nulidad. El juicio se tramitó en la Tercera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.(2) El 22 de septiembre de 2022 la Sala Regional del conocimiento reconoció la validez de las multas.

4. Juicio de amparo directo 505/2022-II.(3) En desacuerdo con esa sentencia, **********, promovió juicio de amparo directo en el que, en lo que interesa, planteó la inconstitucionalidad del artículo 82 fracción I, inciso d), del Código Fiscal de la Federación.

5. Determinación del Tribunal Colegiado. El 25 de abril de 2024 el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito negó el amparo.

6. Recurso de revisión en amparo directo. Inconforme con esa sentencia, el quejoso interpuso recurso de revisión, en el que planteó dos agravios con los argumentos siguientes:

Primero. Se plantea una omisión de estudio del argumento del quejoso en el sentido de que, al establecerse un monto mínimo de sanción, dicho monto puede ser pagado por todos los contribuyentes infractores aunque no se encuentren en la misma posición económica.

Segundo. En él se plantea que el legislador estableció una hipótesis normativa, en la cual todos los posibles infractores cuentan con la “posición económica” adecuada para solventar el monto mínimo de sanción.

Y dada esa circunstancia constituye, según su argumento una realidad fáctica que la aplicación de dicha sanción resulta lesiva y perjudicial para las personas de una posición económica baja o que carecen de los ingresos suficientes para cumplir con el pago de dicha sanción aun en su monto mínimo.

7. Trámite ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante el auto de 3 de enero 2025, la entonces Ministra Presidenta de este alto Tribunal admitió a trámite el amparo directo en revisión con el número de expediente 7515/2024, y lo turnó al Ministro en retiro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

8. Recurso de revisión adhesivo. Mediante acuerdo del 14 de febrero de 2025, la entonces Ministra Presidenta de la extinta Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo por presentado el recurso de revisión adhesiva por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

9. Returno. Mediante acuerdo de 2 de septiembre de 2025, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el turno del presente asunto al Ministro Irving Espinosa Betanzo para que actuara como ponente del mismo.

II. COMPETENCIA

10. Este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 81, 82, 83 y 96 de la Ley de Amparo, y 16 fracción IV,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2024, en relación con la fracción VIII,(5) inciso B), del Punto Segundo del Acuerdo General 2/2025 (12a.), de 3 de septiembre de 2025; lo anterior, dado que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia de amparo directo dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

III. LEGITIMACIÓN

11. En cuanto a la revisión principal. El recurso de revisión fue interpuesto por ********** autorizado del quejoso **********, por tanto, se trata de una parte legitimada de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo.

12. En cuanto a la revisión adhesiva. El recurso de revisión adhesivo fue interpuesto por la persona titular de la Dirección General de Amparos contra Leyes en suplencia por ausencia de la persona titular de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autoridad quien tiene el carácter de tercero interesado en el amparo directo en revisión 7515/2024, en términos del artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, aunque no haya sido así reconocido por el Tribunal Colegiado de origen.

13. En efecto, si bien el Tribunal Colegiado al admitir la demanda de amparo directo, no le reconoció el carácter de tercera interesada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cierto es que esta autoridad compareció al juicio contencioso administrativo de origen, como parte demandada.(6) En ese sentido, cuenta con el carácter de tercera interesada en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo.

IV. OPORTUNIDAD

14. El recurso de revisión principal se interpuso de manera oportuna. La sentencia de amparo se notificó al recurrente el 3 de mayo de 2024 por medio de lista, por lo que el plazo de 10 días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del 7 al 20 de mayo de 2024, sin contar los días 11, 12, 18 y 19 por ser sábado y domingo, de acuerdo a lo previsto por los artículos 19 y 22 de la Ley de Amparo. Por tanto, si el recurso de revisión se interpuso el 17 de mayo de 2024, su presentación resulta oportuna.

15. El recurso de revisión adhesivo se interpuso de manera oportuna. Por lo que respecta al recurso de revisión adhesivo, se advierte que no obra constancia de la que se advierta la fecha en la que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haya sido notificada por oficio del auto admisorio del recurso de revisión, por lo que, se estima que el recurso fue presentado en tiempo.(7) Resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia de rubro “AMPARO NO EXTEMPORÁNEO. Si no hay datos que establezcan un punto de partida para contar el término dentro del cual debió reclamarse el acto, no puede afirmarse que la demanda de amparo sea extemporánea.”(8)

V. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN

16. El presente recurso de revisión en amparo directo es procedente porque en la demanda de amparo directo se planteó que el artículo 82, fracción I, inciso d), del Código Fiscal de la Federación, trastoca los principios de igualdad y proporcionalidad, en el rango que prevé para la aplicación de una multa por no presentar las declaraciones a través de los medios electrónicos, presentarlas fuera del plazo, incumplir con los requerimientos de las autoridades fiscales o cumplirlos fuera del plazo señalado.

17. Tal planteamiento lo declaró infundado el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y en el amparo directo en revisión se controvierte tal decisión.

18. De conformidad con la Constitución Política del país y la Ley de Amparo, el recurso de revisión en amparo directo se distingue por ser un medio de impugnación extraordinario, el cual sólo procede cuando se cumplen los requisitos señalados por la Constitución y la propia Ley de Amparo, motivo por el cual éstos deben analizarse antes del estudio de fondo en toda revisión en amparo directo.

19. De los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política del país y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, se desprende que la procedencia del recurso de revisión está supeditada a que se cumplan dos requisitos:

I. En las sentencias impugnadas se decida sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando se hubieren planteado.

II. El problema de constitucionalidad referido en el punto anterior revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

20. Con anterioridad a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2021, el segundo aspecto destacado se denominó importancia y trascendencia, ahora interés excepcional. Para la procedencia del recurso es indispensable la actualización conjunta de dos requisitos: el primero, un pronunciamiento genuino sobre constitucionalidad, y el segundo, su excepcionalidad.

21. A partir de esas premisas, para que el recurso de revisión en amparo directo sea procedente es necesario que se cumplan los requisitos siguientes:

A. Que el tribunal colegiado resuelva sobre la constitucionalidad de una norma general, se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política del país, o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, o bien, se haya omitido el estudio respectivo cuando en los conceptos de violación de la demanda de amparo se haya planteado alguna de esas cuestiones; y

B. Que el problema de constitucionalidad señalado en el punto anterior, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

22. Se entiende que se actualiza un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, sólo cuando:

a. La cuestión de constitucionalidad planteada, de lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia, para el orden jurídico nacional; o,

b. Lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por este alto tribunal, relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.

23. Por otra parte, el 19 de septiembre de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General 3/2025 (12a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 3 de septiembre de 2025, que regula la procedencia y trámite de los recursos de revisión en amparo directo, en cuyo punto cuarto, señala que se considerará que un asunto reviste interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, entre otros, en los siguientes supuestos:

I. El asunto plantee una problemática novedosa o que requiera un análisis más profundo por la SCJN, especialmente en torno a la interpretación de normas constitucionales o derechos humanos;

II. El problema jurídico involucre una violación grave a los derechos humanos;

Si la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito hace una interpretación restrictiva de algún precepto de la CPEUM, o de derechos humanos, o

IV. La sentencia recurrida contradiga o desconozca un criterio sostenido por la SCJN en materia constitucional o de derechos humanos.

24. Una vez establecido lo anterior, este alto Tribunal determina que este amparo directo en revisión es procedente de acuerdo con las consideraciones siguientes.

25. El primer requisito de procedencia se cumple porque en la demanda de amparo la quejosa ahora recurrente planteó que el artículo 82, fracción I, inciso d), del Código Fiscal de la Federación, trastoca los principios de igualdad y proporcionalidad, en el rango que prevé para la aplicación de una multa por no presentar las declaraciones a través de los medios electrónicos, presentarlas fuera del plazo, incumplir con los requerimientos de las autoridades fiscales o cumplirlos fuera del plazo señalado. Tal planteamiento lo declaró infundado el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y en el recurso de revisión se controvierte tal decisión.

26. También se colma el segundo requisito consistente en el atributo de interés excepcional del asunto, porque ante los agravios hechos valer en la revisión se habilita la emisión de la fijación de un criterio novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional.

27. Si bien el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en relación con la temática propuesta por el quejoso,(9) lo cierto es que ello ha sido a través de tesis aisladas, y un precedente que no alcanzó la votación necesaria para que sea vinculante en términos de los artículos 215, 216 y 223 de la Ley de Amparo antes de la reforma del 13 de marzo de 2025. Por lo tanto, la resolución del presente asunto, permite sumar a los criterios constitucionales que se han emitido, a fin de emitir uno que sea vinculante para contestar la pregunta constitucional que se plantea.

VI. ESTUDIO DE FONDO

28. En su primer agravio, la parte recurrente sostiene que el Tribunal Colegiado transgredió el principio de congruencia, al omitir el análisis de los planteamientos de constitucionalidad que hizo valer en la demanda de amparo. En particular, aduce que el órgano colegiado dejó de examinar el argumento relativo a que el precepto impugnado vulnera el principio de igualdad, en tanto otorga el mismo trato a la universalidad de los contribuyentes que incurren en la infracción, sean personas físicas o morales, con altos o bajos ingresos, al prever la posibilidad de imponer a todos ellos la sanción mínima, lo que, a su juicio, genera un efecto discriminatorio en perjuicio de quienes se encuentran en una posición económica menor o distinta.

29. Asimismo, señala que en la demanda de amparo hizo valer una vulneración al artículo 22 Constitucional al contener una multa excesiva, derivado de que las sanciones se aplican por igual a todos los contribuyentes que no se encuentran en una misma posición económica.

30. En el agravio segundo, la parte recurrente insiste en la inconstitucionalidad del artículo 82, fracción I, inciso d), del Código Fiscal de la Federación, por vulnerar los principios de igualdad y proporcionalidad de las sanciones, en relación con el trato igual a todos los contribuyentes que se ubiquen en el supuesto de la infracción y su consecuente sanción. En esencia, el recurrente plantea que el artículo 82, fracción I, inciso d), del Código Fiscal de la Federación afecta el principio de igualdad porque sanciona de igual manera a grandes contribuyentes que aquellos de escasos recursos, lo que trasciende en una desproporción de la sanción.

31. Es fundado el primer agravio.

32. Para evidenciar la calificativa anunciada, resulta pertinente señalar que, en la demanda de amparo directo, concretamente en el quinto concepto de violación, la parte quejosa, hoy recurrente, sostuvo que la sanción prevista en el artículo 82, fracción I, inciso d), del Código Fiscal de la Federación es inconstitucional, al estimar que vulnera el principio de igualdad, en la medida en que se dirige a la universalidad de los contribuyentes, pese a que no todos se encuentran en la misma situación económica. A juicio de la parte quejosa, dicha circunstancia torna inconstitucional la sanción mínima prevista en el referido precepto, al considerarla excesiva, en contravención de lo dispuesto en el artículo 22 constitucional.

33. Expuso la parte quejosa que el monto mínimo de la sanción económica prevista en el artículo controvertido, vulneraba el principio de igualdad, pues la infracción puede ser cometida por la universalidad de contribuyentes, quienes no se encuentran en la misma posición económica al no tener los mismos ingresos. Además, la sanción mínima, no era asequible para personas de bajos y medianos ingresos, pues dependiendo de las obligaciones fiscales a que se encuentran sujetos, la imposición de la multa puede dar lugar a una cantidad que no es razonable ni proporcional.

34. Finalmente, la parte quejosa agregó que la sanción impugnada no guarda una relación razonable con el fin perseguido por el legislador ni resulta proporcional al ilícito cometido, en tanto no atiende a la capacidad económica de cada persona contribuyente.

35. En la sentencia recurrida, el Tribunal Colegiado calificó como infundados los argumentos planteados. Para tal efecto, apoyó su decisión en diversos precedentes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación(10) y concluyó, en esencia, que el hecho de que los distintos incisos del artículo 82, fracción I, del Código Fiscal de la Federación establezcan sanciones de diversa cuantía -algunas más elevadas que otras- no implica, por sí mismo, una falta de proporcionalidad o una vulneración al principio de igualdad. Ello, en razón de que cada inciso contempla hipótesis y supuestos normativos distintos, lo que justifica que las sanciones económicas previstas se encuentren establecidas en rangos diferenciados.

36. La consideración anterior pone de manifiesto, tal como ahora lo sostiene la parte recurrente, que el Tribunal Colegiado incurrió en una vulneración al principio de congruencia, al omitir el estudio de los planteamientos de constitucionalidad formulados en la demanda de amparo. En efecto, la quejosa adujo, en esencia, que la sanción mínima prevista en el precepto controvertido transgrede el principio de igualdad, en la medida en que dispensa el mismo trato a la universalidad de los contribuyentes que incurren en la infracción, sin atender a que no todos cuentan con la misma capacidad económica, lo cual, como consecuencia, puede dar lugar a la imposición de una multa excesiva, proscrita por el artículo 22 constitucional.

37. Tales argumentos, como se ha señalado, no fueron analizados por el Tribunal Colegiado, pues éste emprendió un estudio sobre argumentos que no se hicieron valer en la demanda de amparo, de ahí lo fundado del agravio hecho valer por la parte recurrente. En consecuencia, corresponde en esta instancia examinar la constitucionalidad del artículo 82, fracción I, inciso d), del Código Fiscal de la Federación, a la luz del concepto de violación cuyo estudio fue indebidamente omitido en la sentencia recurrida.

b) Parámetro de regularidad

b.1 Multas excesivas prohibidas en el artículo 22 Constitucional.

38. El artículo 22 de la Constitución Política del país prohíbe las multas excesivas. Tienen tal carácter las sanciones que no atienden a las posibilidades económicas del infractor con relación a la gravedad de la conducta sancionable, es decir, cuando no exista una relación razonable entre la conducta reprochable y la sanción procedente, en razón de la gravedad y efectos que cada conducta produce, de tal suerte que cuando la irregularidad es de gran trascendencia, la sanción sea considerablemente excesiva y, por tanto, que sea significativa; al contrario, si la conducta infractora es menor, entonces la sanción igualmente tendrá que ser inferior.

39. En tal concepto de multa excesiva, también se han clasificado las que contienen cantidades fijas. Por el contrario, no constituyen multas excesivas aquellas que tienen un sistema flexible que contemplen un mínimo y un máximo para que las autoridades puedan individualizar su monto.

40. Respecto a la prohibición de imponer como sanción una multa excesiva, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado una amplia línea jurisprudencial, dentro de las cuales destaca la jurisprudencia P./J. 9/95, de rubro: “MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE”.

41. Conforme a dicho criterio, una multa es excesiva cuando resulta desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito, o cuando se propasa por ir más adelante de lo lícito y lo razonable; además, dicha sanción puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos.

42. Por tanto, para que una multa no sea contraria al texto constitucional, la ley debe permitir que la autoridad sancionadora determine, en cada caso, su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para así determinar, individualizadamente, la multa que corresponda.

43. Si una norma prevé una multa que oscila entre un mínimo y un máximo, ello impone a la autoridad administrativa la obligación implícita de individualizarla, proporcionalmente, como consecuencia directa del deber de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe revestir en términos del artículo 16 de la Constitución Federal.(11)

b.2 Igualdad Jurídica.

44. El artículo 1º de la Constitución Política del país reconoce el derecho a la igualdad. Cuando se analiza una problemática en este tema, debe partirse de un parámetro o término de comparación para apreciar, en primer lugar, un trato diferenciado, para después examinar si las distinciones de trato son admisibles o legítimas.

45. El Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido que la igualdad reconocida en el artículo 1º de la Constitución Política del país es un derecho humano expresado a través de un principio adjetivo, el cual consiste en que toda persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos en igualdad de condiciones que otra u otras personas, siempre y cuando se encuentren en una situación similar que sea jurídicamente relevante.(12)

46. Asimismo, se ha considerado que el derecho humano de igualdad obliga a todas las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias, pues su observancia debe ser un criterio básico para la producción normativa, para su interpretación y para su aplicación.

47. También se ha precisado que, si bien la igualdad pretende colocar a las personas en condiciones para acceder y ejercer los demás derechos constitucionalmente reconocidos en las mismas circunstancias, lo cual implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en condiciones absolutas, sino que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio o privarse de un beneficio, de forma injustificada. Por lo tanto, tal principio exige tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de manera que habrá ocasiones en que hacer distinciones estará vedado, y habrá otras en las que no sólo estará permitido, sino que resultará constitucionalmente exigido.(13)

48. Por otra parte, la extinta Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el derecho humano a la igualdad jurídica ha sido tradicionalmente interpretado y configurado en el ordenamiento jurídico mexicano a partir de dos principios: el de igualdad ante la ley y el de igualdad en la ley (los cuales se han identificado como, igualdad en sentido formal o de derecho).(14)

49. Por un lado, el primer principio obliga a que las normas jurídicas sean aplicadas de modo uniforme a todas las personas que se encuentren en una misma situación y, a su vez, a que los órganos materialmente jurisdiccionales no puedan modificar arbitrariamente sus decisiones en casos que compartan la misma litis, salvo cuando consideren que deben apartarse de sus precedentes, momento en el que deberán ofrecer una fundamentación y motivación razonable y suficiente.

50. Por su parte, el segundo principio opera frente a la autoridad materialmente legislativa y tiene como objetivo el control del contenido de la norma jurídica a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio.

51. En ese sentido, el principio de igualdad, como límite a la actividad del legislador, no postula la paridad entre todos los individuos, ni implica necesariamente una igualdad material o económica real, sino que exige razonabilidad en la diferencia de trato, como criterio básico para la producción normativa.(15)

52. De este principio derivan dos normas que vinculan específicamente al legislador ordinario: por un lado, un mandamiento de trato igual en supuestos de hecho equivalentes, salvo que exista un fundamento objetivo y razonable que permita darles uno desigual, y por otro, un mandato de tratamiento desigual, que obliga al legislador a prever diferencias entre supuestos de hecho distintos cuando la propia Constitución las imponga.

53. Una vez sentadas las bases a las que debe someterse el artículo 82, fracción I, inciso d), del Código Fiscal de la Federación conforme a los planteamientos del recurrente, lo que corresponde es la resolución del caso concreto.

c) Análisis del caso concreto

54. El artículo 81, fracción I, del Código Fiscal de la Federación,(16) señala un catálogo de supuestos de infracción relacionados con la presentación de declaraciones o atender los requerimientos de las autoridades fiscales. A su vez, el artículo 82, fracción I, establece las multas aplicables ante la comisión de las infracciones indicadas en el artículo anterior. Tal artículo 82, con los montos actualizados aplicables al caso - año 2018-, dispone lo siguiente:

Artículo 82.- A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones, solicitudes, documentación, avisos o información; con la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet o de constancias y con el ingreso de información a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria a que se refiere el artículo 81 de este Código, se impondrán las siguientes multas:

I. Para la señalada en la fracción I:

a) De $1,400.00 a $17,370.00, tratándose de declaraciones, por cada una de las obligaciones no declaradas. Si dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se presentó la declaración por la cual se impuso la multa, el contribuyente presenta declaración complementaria de aquélla, declarando contribuciones adicionales, por dicha declaración también se aplicará la multa a que se refiere este inciso.

b) De $1,400.00 a $34,730.00 por cada obligación a que esté afecto, al presentar una declaración, solicitud, aviso o constancia, fuera del plazo señalado en el requerimiento o por su incumplimiento.

c) De $13,330.00 a $26,640.00, por no presentar el aviso a que se refiere el primer párrafo del artículo 23 de este Código.

d) De $14,230.00 a $28,490.00, por no presentar las declaraciones en los medios electrónicos estando obligado a ello, presentarlas fuera del plazo o no cumplir con los requerimientos de las autoridades fiscales para presentarlas o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos.

e) De $1,430.00 a $4,560.00 en los demás documentos.

55. El artículo 82, fracción I, del Có

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34284-b0c9e0f6/multas-por-infracciones-fiscales-el-articulo-82-fraccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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