JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. DEBE ABANDONARSE CUANDO REALIZA UNA NUEVA REFLEXIÓN SOBRE SU CONTENIDO.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5641/2016. JOSÉ LUIS RECHY MARTÍNEZ. 15 DE MARZO DE 2017. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. DISIDENTE Y PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: ROBERTO FRAGA JIMÉNEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este recurso de revisión.(2)
SEGUNDO.—Oportunidad. Los recursos de revisión principal(3) y adhesivo(4) se interpusieron oportunamente.
TERCERO.—Legitimación. Los referidos medios de impugnación fueron interpuestos por personas legitimadas para tal efecto.(5)
CUARTO.—Antecedentes. Para un mejor entendimiento del asunto conviene hacer una breve reseña de los antecedentes relevantes que informan la sentencia recurrida.
1. Por escrito recibido el veintitrés de enero de dos mil trece en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, José Luis Rechy Martínez, por derecho propio, demandó la nulidad de la resolución del dieciséis de octubre de dos mil doce, emitida en el recurso de revocación RL 309/2012 por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla Norte del Servicio de Administración Tributaria, mediante la cual confirmó la diversa resolución en la que se le determinó un crédito fiscal en cantidad de $********** (**********), por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto empresarial a tasa única e impuesto especial sobre producción y servicios, actualizaciones, recargos, multas y reparto adicional de utilidades respecto del ejercicio fiscal de dos mil nueve.
2. Del juicio correspondió conocer a la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo el expediente número 2466/13-17-02-10, la cual dictó sentencia el uno de julio de dos mil catorce, en la que declaró la nulidad de la resolución impugnada por considerar que el rechazo efectuado por la autoridad demandada de las deducciones de los gastos del actor con motivo de la falta de los requisitos relativos a que se cubrieran en cheque nominativo y se efectuaran las retenciones correspondientes, infringía los principios de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal; por lo que declaró la inaplicación del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
3. En contra de la anterior resolución, la Administración Local Jurídica de Puebla Norte del Servicio de Administración Tributaria interpuso recurso de revisión fiscal, el que correspondió conocer al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ordenándose radicar bajo el expediente número R.F. 405/2014 y admitir a trámite. En sesión del ocho de diciembre dos mil catorce el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región resolvió ese medio de impugnación en el sentido de declararlo fundado, al considerar que la Sala fiscal infringió el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al no analizar adecuadamente los argumentos contenidos en la contestación de la demanda.
4. En cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Colegiado en la citada revisión fiscal, la Sala Fiscal emitió una nueva sentencia el veintitrés de enero de dos mil quince, en la que dejó intocados los considerandos tercero y cuarto de la sentencia inicialmente recurrida, relativos a la legalidad de la competencia de la autoridad fiscal, así como de las formalidades inherentes a la visita domiciliaria. Por otra parte, concluyó que los artículos 31, fracciones III y V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 35-A de su reglamento, se oponían a los diversos 14 y 31, fracción IV, constitucionales, procediendo a su inaplicación, razonando que el rechazo de las deducciones pretendidas por el accionante no tenía sustento jurídico por apoyarse en los preceptos declarados inaplicables.
5. Inconforme con la anterior determinación, la autoridad demandada interpuso ulterior recurso de revisión fiscal, el cual fue turnado al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ordenándose su radicación y trámite en el toca número R.F. 107/2015; posteriormente, en sesión del doce de junio del mismo año el órgano colegiado declaró fundado el recurso, en razón de que la Sala Fiscal, al invocar la aplicación del principio pro persona omitió confrontar los preceptos inaplicados con algún derecho fundamental.
6. Derivado de lo anterior, la Sala Fiscal pronunció sentencia del cuatro de septiembre de dos mil quince, en la que reiteró las consideraciones intocadas y, en cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal Colegiado, en relación con los restantes conceptos de anulación –séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo–, resolvió declarar la validez de la resolución impugnada.
7. No conforme con esa determinación, mediante escrito recibido el diecinueve de octubre de dos mil quince en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el demandante promovió juicio de amparo directo en donde formuló veintiún conceptos de violación, dentro de los que destacan los identificados como décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno, vigésimo, vigésimo primero, vigésimo segundo y vigésimo cuarto; a través de los cuales hizo valer la inconstitucionalidad de los artículos 31, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 76, párrafo primero, 77, fracción III, y 82, fracciones II, inciso e), y IV, del Código Fiscal de la Federación, así como 35-A del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigentes en dos mil nueve.
8. Por razón de turno, la demanda de amparo se remitió al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual, agotados los trámites de ley, dictó sentencia el doce de agosto de dos mil dieciséis, en la que resolvió negar la protección de la Justicia Federal.
Significativo resulta destacar que el Tribunal Colegiado desestimó diversos argumentos de legalidad, y en cuanto a los aspectos de constitucionalidad de las normas reclamadas, consideró, en esencia, lo siguiente:
En cuanto al estudio de los conceptos de violación marcados como décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo y vigésimo cuarto, en los que se planteó la inconstitucionalidad de los artículos 31, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 35-A de su reglamento, el Tribunal Colegiado desestimó los argumentos relativos atendiendo a lo siguiente:
• Calificó de inoperante el argumento en el que el quejoso adujo que el artículo 31, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vulnera el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal; en virtud de que del noveno concepto de violación no se advertía en qué consistía el tratamiento desigual alegado en relación con actividades semejantes.
• Estimó ineficaces los argumentos en los que la inconstitucionalidad del artículo 31, fracción III, de la ley de renta referida, se hizo depender de las condiciones particulares del agraviado, es decir, en función de que en el Municipio de Cuyoaco, Puebla, en donde se ubica su domicilio fiscal, no existen servicios bancarios.
• Respecto a la violación a la dignidad humana que el peticionario del amparo reclamó de dicho numeral al exentar en algunos casos el cumplimiento de los requisitos relativos a las deducciones; el órgano colegiado consideró ineficaz dicho argumento ya que no queda al arbitrio de la autoridad fiscal determinar la actualización de esas excepciones, sino que debe atenderse al lugar en que se efectuaron esas erogaciones, en otras palabras, si se realizaron en poblaciones o zonas rurales sin servicios bancarios; tomando como parámetro legal los requisitos previstos en el artículo 35-A del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
• Por otra parte, destacó que contrario a lo aseverado por el quejoso, el artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no tiene una finalidad recaudatoria y, por lo tanto, no infringe el artículo 22 constitucional; por el contrario, refirió que dicho numeral establece el mecanismo mediante el cual se pueden deducir los gastos realizados, de la renta o utilidad obtenida durante el ejercicio fiscal.
• Indicó que los requisitos para la deducción previstos en la ley referida obedecen a una exigencia derivada del principio de proporcionalidad tributaria en aras de salvaguardar la capacidad contributiva a fin de contribuir al gasto público; por lo que esos requisitos o modalidades constituyen una condición mínima para acreditar la legalidad de la deducción realizada y el resultado fiscal obtenido.
• En adición a lo anterior, consideró que la fracción III del artículo 31 de la ley impositiva mencionada no infringe el artículo 22 constitucional en razón de que no propicia el rechazo de las deducciones reales, sino que sólo establece los requisitos legales mínimos para acreditar la deducción efectuada.
• Por otra parte, declaró infundado el argumento en el que el quejoso sostuvo que lo previsto en el artículo antes mencionado contiene una sanción desproporcional al provocar el rechazo de las deducciones; lo anterior, ya que dicho numeral no es desproporcional pues solamente demuestra si los gastos o erogaciones no se efectuaron legalmente y, por ende, no pueden representar la utilidad del contribuyente.
• Asimismo, sostuvo que el artículo tildado de inconstitucional no implica violación al principio pro homine, puesto que no fue solicitado en el juicio de nulidad y no se advirtió por parte de la Sala Fiscal violación alguna a los derechos humanos del amparista. Además, razonó que la aplicación de dicho principio hermenéutico no puede ser constitutivo de derechos alegados por los gobernados derivados de interpretaciones favorables sin sustento en reglas de derecho aplicables.
• En otro orden, declaró infundado el planteamiento relativo a la inconstitucionalidad del artículo 35-A del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta por infringir el principio de subordinación jerárquica en relación con el contenido del artículo 31 de la ley de renta referida; dado que no modifica o excede lo dispuesto en el numeral que reglamenta, sino que sólo detalla y complementa el modo en que la autoridad administrativa autoriza el pago de erogaciones mediante formas diversas a operaciones bancarias en poblaciones o zonas rurales sin servicios de esa índole; máxime que con lo anterior se busca acotar el margen de apreciación de la autoridad fiscal.
Ahora bien, en relación a los conceptos de violación identificados como décimo octavo, décimo noveno, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo segundo, en los que se reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 76, párrafo primero, 77, fracción III, y 82, fracciones II, inciso e), y IV, del Código Fiscal de la Federación, el Tribunal Colegiado sostuvo lo siguiente:
• Los numerales tildados de inconstitucionales no violan el principio de dignidad humana, toda vez que no tienen una finalidad recaudatoria, sino que sólo sancionan la omisión de cumplir con la obligación de contribuir al gasto del Estado.
• También es infundado el aserto de que dichos numerales dispongan sanciones iguales para infracciones distintas, ya que los artículos 76, párrafo primero, y 82, fracciones II, inciso e), y IV, del código tributario, establecen un parámetro sancionador de las conductas ahí referidas, correspondiendo a la autoridad la valoración justificada de su imposición.
• Resulta infundado que las disposiciones impugnadas contravengan el derecho fundamental de audiencia previa, toda vez que es criterio del Alto Tribunal del País que tratándose de impuestos y sus accesorios –en este caso multas– el citado derecho de audiencia opere de manera posterior al momento de la afectación derivada de la resolución relativa, bastando otorgar al gobernado el acceso a un medio de defensa de sede administrativo o jurisdiccional para impugnar con posterioridad a la fijación del impuesto.
• En relación con lo anterior, refirió que la violación aducida por el quejoso no vulnera el artículo 8, punto 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puesto que tal numeral, similar al artículo 14 constitucional, no establece que el derecho fundamental de audiencia deba de otorgarse en forma previa, en ningún caso, incluyendo la materia fiscal.
• Los artículos tildados de inconstitucionales no estatuyen multas excesivas ya que éstos establecen parámetros que evitan la imposición de sanciones pecuniarias irrazonables y desproporcionadas al establecer un parámetro mínimo y máximo a fin de que las autoridades valoren el grado de infracción, la situación económica del infractor y la reincidencia.
• El hecho de que las normas impugnadas no prevean la forma de individualización de la sanción no irroga perjuicios al quejoso, cuenta habida de que es obligación de las autoridades ejercer, de manera razonada y motivada, un juicio valorativo previo a la imposición de la sanción.
• A mayor abundamiento, expuso que las multas previstas en los artículos sujetos a escrutinio constitucional, responden a la protección del bien jurídico consistente en la necesidad de recaudar íntegra y oportunamente los impuestos necesarios para sufragar el gasto público, además de que son proporcionales a la culpabilidad y situación económica del infractor.
• Finalmente, sostuvo que la imposición de la multa mínima con base en los artículos reclamados, no causa perjuicios al quejoso; por lo que no era necesario que la autoridad expresara los elementos necesarios para su imposición, ya que al fincarse el monto mínimo, el patrimonio del gobernado no se vería afectado.
9. Esa sentencia constituye la resolución recurrida en el presente medio de impugnación.
QUINTO.—Agravios. El examen integral del escrito de expresión de agravios de la quejosa, pone de manifiesto que formula, básicamente, los argumentos siguientes:
a) La sentencia recurrida infringe el artículo 74 de la Ley de Amparo, habida cuenta que el Tribunal Colegiado estudió deficientemente el argumento de inconstitucionalidad del artículo 31, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta por vulnerar el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, desatendiendo a la causa de pedir y el análisis sistémico de la demanda de amparo.
b) A diferencia de lo resuelto por el Tribunal Colegiado, en el concepto de violación décimo tercero de la demanda de amparo, se alegó violación al principio de equidad tributaria señalando que el contenido del artículo 31, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta no tiene una justificación razonable y objetiva que permita imponer requisitos en materia de deducciones.
c) El Tribunal de amparo no dio el alcance debido al principio de equidad, el cual guarda relación con el principio de igualdad contenido en el artículo 1o. constitucional, ya que el legislador ordinario no justificó objetiva y razonablemente el requisito de procedibilidad de las deducciones, consistente en que el pago de erogaciones cuyo monto exceda de $2,000.00 (dos mil pesos, cero centavos de moneda nacional) se realice mediante cheque nominativo, tarjeta de crédito, débito o de servicios o monederos electrónicos, a excepción de cuando sean autorizados en numerario por el Servicio de Administración Tributaria, sin que se tomen en cuenta las condiciones de los contribuyentes de poder acceder a los servicios financieros; lo cual resulta inequitativo, debido a que genera un trato desigual en hipótesis de contribución similares, ya que para quienes tienen la posibilidad de acceso a esos servicios sería una carga y para quienes no una facilidad, trastocando los términos de la tributación y privacidad misma.
d) La sentencia es ilegal, ya que el Tribunal Colegiado debió analizar la inconstitucionalidad planteada en contravención al principio de equidad, dada la subjetividad con que las autoridades deciden eximir de dicha obligación en función de la ruralidad de las poblaciones en donde se encuentren los contribuyentes.
e) La sentencia es violatoria del artículo 74 de la Ley de Amparo, al no realizar un estudio completo del artículo 31, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, respecto al principio de proporcionalidad de las penas consagrado en el artículo 22 constitucional, en virtud de que en la demanda de amparo se planteó que tal precepto resulta desproporcional, porque para la procedencia de las deducciones existen otros mecanismos fiscales como la contabilidad analítica y la generación de comprobantes fiscales; sin embargo, el diseño de pagos contenido en la norma no toma en cuenta las condiciones económico-geográficas en que se encuentran los contribuyentes para hacer uso de servicios financieros para ese propósito.
f) En oposición con lo determinado por el Tribunal Colegiado, resulta insuficiente para que se respete el principio de proporcionalidad de las penas contenido en el artículo 22 constitucional, el hecho de que los artículos 76, párrafo primero, 77, fracción III, y 82, fracciones II, inciso e), y IV, del Código Fiscal de la Federación prevean un monto mínimo y uno máximo para la imposición de multas; toda vez que ese encasillamiento provoca que la proporcionalidad no se satisfaga, constituyéndose en un obstáculo para la actualización de los elementos que deben de tener en cuenta los juzgadores al momento de individualizar las sanciones.
g) El principio de proporcionalidad se hace nugatorio al haberse vaciado su esencia originaria desde la ley; incorporado y desnaturalizado –ese principio– en los márgenes mínimo y máximo de la sanción, no obstante que su actualización debiera ser fuera de cualquier límite mínimo, obedeciendo a la discrecionalidad del juzgador para allegarse de medios probatorios para materializar la imposición en su justa dimensión.
h) No obstante que el Tribunal Colegiado resolvió las cuestiones de constitucionalidad conforme a la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte, de aplicación obligatoria; lo cierto es que el derecho es dinámico, en tanto las condiciones sociológicas y el sistema jurídico cambian. Entonces, por virtud de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de dos mil once, dichas tesis no son aplicables sin que dejen de ser obligatorias, puesto que no impiden que los tribunales estudien a fondo las inconstitucionalidades planteadas por los gobernados.
i) Los planteamientos de inconstitucionalidad formulados por el quejoso tienen la importancia y trascendencia necesaria para que se modifiquen los criterios de jurisprudencia aplicados y, en consecuencia, se otorgue el amparo y protección de la justicia respecto de los artículos 76, párrafo primero, 77, fracción III, y 82, fracciones II, inciso e), y IV, del Código Fiscal de la Federación.
SEXTO.—Requisitos generales de procedencia del recurso. A efecto de determinar la procedencia del presente medio de impugnación, es menester hacer las reflexiones siguientes:
El juicio de amparo directo consta de una sola instancia, pues la resolución que le recae, por regla general, es definitiva y no admite recurso alguno. De manera excepcional, en su contra podrá interponerse un medio de defensa –revisión–, que sólo justifica su procedencia si se actualizan dos requisitos fundamentales previstos en el artículo 107, fracción IX,(6) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 81, fracción II(7) de la Ley de Amparo, a saber: 1.Enlarevisión debe subsistir algún problema de constitucionalidad. Es decir, la sentencia de amparo combatida debe resolver sobre la constitucionalidad o convencionalidad de normas generales; establecer la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, u omitir un pronunciamiento sobre tales cuestiones cuando se hubieran planteado en la demanda.
2. El asunto debe fijar un criterio de importancia y trascendencia a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a los lineamientos sentados por ésta en el Acuerdo General 9/2015.
Al unísono a la emisión del acuerdo plenario referido en el párrafo precedente, que regula la procedencia del recurso de revisión contra sentencias de amparo directo y precisa cuándo se está ante un asunto de importancia y trascendencia; esta Segunda Sala se ha pronunciado sobre este tema, al emitir la jurisprudencia número 2a./J. 128/2015 (10a.), cuyos título, subtítulo y texto dicen:
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Por regla general, las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo son definitivas y sólo de manera extraordinaria, pueden impugnarse mediante el recurso de revisión previsto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, conforme a los cuales, una vez actualizados los presupuestos procesales (competencia, legitimación, oportunidad del recurso –en su caso–, entre otros), procede el mencionado medio de defensa siempre que: 1) en la sentencia de amparo directo combatida se decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones referidas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo; y 2) el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Ahora bien, con el fin de armonizar la normativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los preceptos citados, el Pleno emitió el Acuerdo General 9/2015 (*), que regula la procedencia del recurso de revisión interpuesto contra sentencias de amparo directo, el cual, en vez de privilegiar el análisis de los agravios en la revisión, permite al Alto Tribunal hacer una valoración discrecional de los méritos de cada recurso, para determinar si a su juicio el asunto reúne los requisitos de importancia y trascendencia, para lo cual, su punto segundo señala que la resolución de un amparo directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y trascendencia cuando: (i) pueda dar lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional; o (ii) lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto contra ese criterio o se hubiere omitido aplicarlo."(8)
SÉPTIMO.—Existencia de un problema de constitucionalidad. Los antecedentes relatados evidencian que la impetrante de garantías planteó en la demanda de amparo de origen, la inconstitucionalidad de los artículos 31, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 76, párrafo primero, 77, fracción III y 82, fracciones II, inciso e), y IV, del Código Fiscal de la Federación vigentes en dos mil nueve, así como 35-A del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por estimarlos violatorios de los principios de equidad tributaria, interpretación pro homine, garantía de audiencia previa, proporcionalidad de la pena, prohibición a la imposición de sanción excesiva y subordinación jerárquica, consagrados en los artículos 1o., 14, 16, 17, 22, 31, fracción IV, 130 y 133 del Texto Supremo; así como el diverso numeral 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En la sentencia recurrida, el Tribunal Colegiado del conocimiento declaró inoperantes los argumentos en los que se alegó la inequidad tributaria del artículo 31, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en razón de que el quejoso no demostró de qué manera se vulnera en su perjuicio dicho principio al no especificar el trato desigual que resintió, ni mucho menos las actividades semejantes que refirió en su demanda de amparo.
De igual modo, sostuvo que dicha norma no infringe el principio de proporcionalidad, ya que su objeto es verificar la efectiva realización de las operaciones que se pretenden deducir, por lo que impera el cumplimiento de los requisitos legales contenidos en la norma, de ahí que el rechazo de las deducciones sólo demuestra que esos gastos o erogaciones no se efectuaron legalmente y por tanto no pueden representar la utilidad real del contribuyente.
Asimismo, el órgano jurisdiccional concluyó que los artículos 76, párrafo primero, 77, fracción III, y 82, fracciones II, inciso e), y IV, del Código Fiscal de la Federación no son violatorios de los artículos 14 y 22 del Texto Fundamental, pues las multas fiscales no están sujetas al principio de garantía previa, a más que ese numeral establece un parámetro de sanción (entre un mínimo y máximo) en función del cual es innecesario fijar otros elementos que la autoridad deba tomar en cuenta a efecto de individualizar la sanción a imponer.
En cuanto al artículo 35-A del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, estimó que no transgrede el principio de subordinación jerárquica en función de que no modifica o altera el contenido de la Ley del Impuesto sobre la Renta el cual reglamenta, sino que sólo detalla las hipótesis y supuestos en que la autoridad administrativa otorgue la autorización de realizar deducciones de las erogaciones en los poblados o zonas rurales sin servicios bancarios.
Por su parte, el quejoso formuló agravios dirigidos a combatir las razones por las que el Tribunal Colegiado sostuvo la constitucionalidad de los artículos 31, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 76, párrafo primero, 77, fracción III, y 82, fracciones II, inciso e), y IV, del Código Fiscal de la Federación.
Desde esa óptica, se estima que en la especie se cumple el primero de los requisitos anunciados para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, es decir, subsiste un problema de constitucionalidad, dado que en la sentencia impugnada el Tribunal Colegiado desestimó los argumentos de inconstitucionalidad formulados por el quejoso y sostuvo que los artículos 31, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 76, párrafo primero, 77, fracción III y 82, fracciones II, inciso e), y IV, del Código Fiscal de la Federación, vigentes en dos mil nueve, son acordes al Texto Fundamental; decisión que es combatida a través de los agravios esgrimidos por el quejoso.
OCTAVO.—Importancia y trascendencia. Esta Segunda Sala considera que el presente asunto no conlleva la emisión de un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional y, por consiguiente, carece de importancia y trascendencia, como se expone enseguida.
Los artículos 31, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y 76, párrafo primero, 77, fracción III y 82, fracciones II, inciso e), y IV, del Código Fiscal de la Federación, vigentes en dos mil nueve, tildados de inconstitucionales por el quejoso, establecen lo siguiente:
Ley del Impuesto sobre la Renta
"Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos:
"...
"III. Estar amparadas con documentación que reúna los requisitos de las disposiciones fiscales y que los pagos cuyo monto exceda de $2,000.00 se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria, excepto cuando dichos pagos se hagan por la prestación de un servicio personal subordinado.
"Tratándose del consumo de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, el pago deberá efectuarse mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, a través de los monederos electrónicos a que se refiere el párrafo anterior, aun cuando dichos consumos no excedan el monto de $2,000.00.
"Los pagos que en los términos de esta fracción deban efectuarse mediante cheque nominativo del contribuyente, también podrán realizarse mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa.
"Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones con cheques nominativos, tarjetas de crédito, de débito, de servicios, monederos electrónicos o mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa a que se refiere esta fracción, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales, sin servicios bancarios.
"Cuando los pagos se efectúen mediante cheque nominativo, éste deberá ser de la cuenta del contribuyente y contener su clave del Registro Federal de Contribuyentes así como, en el anverso del mismo la expresión ‘para abono en cuenta del beneficiario’.
"Los contribuyentes podrán optar por considerar como comprobante fiscal para los efectos de las deducciones autorizadas en este título, los originales de los estados de cuenta de cheques emitidos por las instituciones de crédito, siempre que se cumplan los requisitos que establece el artículo 29-C del Código Fiscal de la Federación".
Código Fiscal de la Federación
"Artículo 76. Cuando la comisión de una o varias infracciones origine la omisión total o parcial en el pago de contribuciones incluyendo las retenidas o recaudadas, excepto tratándose de contribuciones al comercio exterior, y sea descubierta por las autoridades fiscales mediante el ejercicio de sus facultades, se aplicará una multa del 55% al 75% de las contribuciones omitid
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29116-03a4ff60/jurisprudencia-de-la-suprema-corte-de-justicia-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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