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Modo: Corpus Pro

AMPARO CONTRA LEYES. LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO ESTÁ CONSTREÑIDA A LA INTERPRETACIÓN QUE LA RESPONSABLE, EL JUEZ O EL TRIBUNAL REALIZARON DEL PRECEPTO CUESTIONADO, SINO QUE DEBE ESTABLECER LA PROPIA PARA HACER EL PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDAD.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 116/2012. · Registro digital (IUS): 23576
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Pág. 283.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 116/2012. 7 DE MARZO DE 2012. CINCO VOTOS. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: HUGO ALBERTO MACÍAS BERAUD.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción II, de la Ley de Amparo; 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en relación con los puntos segundo, tercero y cuarto transitorios del Acuerdo General Número 5/2001, del Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, toda vez que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia pronunciada en amparo directo, en materia administrativa, por un Tribunal Colegiado de Circuito, en la que se decidió sobre la constitucionalidad del artículo 38 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en un asunto cuya resolución no requiere la intervención del Tribunal Pleno.

Cabe puntualizar que en el caso no se justifica la competencia del Tribunal Pleno para conocer del presente asunto, en términos del punto tercero, fracción III, del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en virtud de que la resolución del mismo no implica la fijación de un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional ni reviste un interés excepcional.

Además, se estima pertinente aclarar que aun cuando el presente amparo directo en revisión no corresponde a las materias de las que en forma ordinaria debe conocer esta Primera Sala, en términos de lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ello no es obstáculo para que resulte competente para conocer del asunto, pues el párrafo primero del artículo 86 del citado reglamento dispone que -al igual que los amparos en revisión- los amparos directos en revisión de la competencia originaria del Pleno, que sean en materia administrativa, se turnarán a los Ministros de ambas Salas, de manera que si el recurso que nos ocupa se turnó a un Ministro adscrito a esta Primera Sala y no existe solicitud de diverso Ministro para que lo resuelva el Pleno, entonces, en términos de lo dispuesto en el punto cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, esta Sala debe avocarse al mismo.

SEGUNDO. Oportunidad del recurso. Por tratarse de un presupuesto procesal cuyo análisis debe hacerse de oficio, es necesario corroborar si el recurso de revisión, así como la revisión adhesiva fueron interpuestos de manera oportuna.

El recurso de revisión planteado por la parte quejosa fue interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, pues de las constancias de autos se advierte que la sentencia recurrida fue notificada a la quejosa personalmente el doce de diciembre de dos mil once, según se advierte de la constancia actuarial que obra a foja 130 del cuaderno de amparo. En ese sentido, dicha notificación surtió efectos el día hábil siguiente, esto es, el trece del mismo mes y año, de conformidad con la fracción II del artículo 34 de la Ley de Amparo.

Así, el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo empezó a correr del catorce de diciembre de dos mil once, al once de enero de dos mil doce, pues fueron inhábiles los días dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil once, por ser inhábiles, al ser periodo vacacional del órgano de mérito, primero de enero de dos mil doce, por ser domingo e inhábil, así como siete y ocho de enero del dos mil doce, por ser sábado y domingo, respectivamente.

En tales condiciones, dado que de autos se advierte que el recurso de revisión de la parte quejosa fue presentado el diez de enero de dos mil doce ante la Oficialía de Partes del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resulta evidente que se interpuso de forma oportuna.

Ahora bien, por lo que se refiere a la revisión adhesiva, el proveído dictado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del cual se admitió a trámite la revisión principal, se notificó al tercero perjudicado, secretario de Hacienda y Crédito Público, el martes veinticuatro de enero de dos mil doce, surtiendo sus efectos al día hábil siguiente, esto es, el veinticinco del mismo mes y año, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, fracción II, de la Ley de Amparo. Por ello, el término para la interposición de la revisión adhesiva transcurrió a partir del veintiséis de enero hasta el uno de febrero de dos mil doce, en términos de lo establecido por el artículo 24 de dicha ley, pues fueron inhábiles los días veintiocho y veintinueve de enero de dos mil doce, por ser sábado y domingo, respectivamente.

En tales condiciones, dado que de autos se desprende que el recurso de revisión fue presentado ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el uno de febrero de dos mil doce, resulta evidente que se interpuso oportunamente.

TERCERO. Problemática jurídica a resolver. Lo que procede es analizar los agravios planteados en el recurso de revisión interpuesto, para determinar si los mismos son suficientes para modificar la negativa de amparo declarada por el Tribunal Colegiado.

CUARTO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. A continuación, se sintetizan los argumentos atingentes a las cuestiones medulares planteadas en la controversia traída a revisión:

1. Respecto de los problemas de constitucionalidad de normas por los que subsiste controversia la quejosa argumentó, en síntesis, lo siguiente:

1.1. En el primer concepto de violación, adujo que la Sala responsable realizó una interpretación del artículo 38 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que no es conforme con el Texto Constitucional, pues el citado numeral, al disponer que serán deducibles las erogaciones realizadas en periodos preoperativos, no establece la condicionante de que la sociedad o empresa que las lleve a cabo se encuentre constituida previamente.

Sostuvo que la interpretación es errónea, pues el numeral únicamente fija el límite temporal referido a que las erogaciones hayan sido efectuadas "antes de que preste servicios en forma constante", pero es omiso respecto de que las mismas se hayan efectuado con motivo de su constitución, como parte de la investigación para ello y para la prestación de los servicios correspondientes.

En este sentido, refiere la quejosa que incurrió en erogaciones para efectuar estudios e investigaciones a los que se encontraba obligado por la Secretaría de Salud, como condición para que pudiera constituirse la empresa y, consecuentemente, para poder prestar los servicios que constituirían su objeto social; de ahí que las mismas fueron gastos estrictamente indispensables.

Por ello, señala la quejosa que para que la interpretación de la Sala se considerara apegada a derecho, sería necesario que el precepto dispusiera en forma expresa que las erogaciones en periodo preoperativo son aquellas efectuadas desde la constitución de la sociedad y hasta que empiece a prestar servicios en forma constante.

Aunado a lo anterior, sostuvo que los comprobantes de las erogaciones fueron emitidos a favor de un tercero y no de la sociedad actora, por razones de imposibilidad jurídica, ya que corresponden a conceptos por investigación y desarrollo impuestos por la autoridad competente como condición para su constitución, por lo que no puede exigírsele el requisito dispuesto por el artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación con los diversos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de que los documentos sean emitidos a nombre de la sociedad.

1.2. En su segundo concepto de violación, adujo que la Sala responsable realizó una interpretación del artículo 38 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que no es conforme con el Texto Constitucional, al sustentar que el citado numeral no autoriza las deducciones previas a la constitución de la sociedad, aun cuando de su texto no se advierte tal situación.

Señala que dicha interpretación deja de lado que, por una parte, sí se permite la deducción de las erogaciones incurridas en periodos preoperativos, cuando las mismas corresponden a la investigación y desarrollo necesarios para la prestación del servicio y, por la otra, dichas erogaciones son gastos que necesariamente debieron ser efectuados para la constitución de la sociedad y su posterior actividad.

Por lo anterior, considera la quejosa, si el artículo 38 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no dispone a partir de qué momento debe considerarse el inicio del periodo preoperativo, debió ser interpretado en el sentido que resulta conforme con las garantías constitucionales en materia tributaria, pues darle un sentido distinto implica la imposición de un tributo que no es acorde con el Texto Constitucional.

Así, precisó que la interpretación de la Sala responsable del precepto reclamado, provoca que el mismo sea inconstitucional, al vulnerar las garantías de legalidad, equidad y proporcionalidad tributarias.

En primer lugar, sostuvo la violación a la garantía de legalidad, en la medida en que el precepto no define con puntualidad todos los elementos necesarios para la determinación del derecho que consagra, dando lugar a interpretaciones arbitrarias; lo anterior, pues no determina con claridad a partir de cuándo se considera que inicia el periodo preoperativo, permitiendo que sea la autoridad la que lo establezca.

Por lo que hace a la garantía de equidad, adujo que el precepto permite tratamientos desiguales a quienes se encuentran en la misma situación fundamental, pues distingue entre gastos preoperativos incurridos a partir de la constitución de la sociedad, que según la interpretación combatida sí serían deducibles, y aquellos gastos incurridos con anterioridad a la constitución, mismos que no serían deducibles, sin considerar que se trata de gastos indispensables dirigidos a investigar y desarrollar las condiciones de prestación de los servicios.

Ahora bien, respecto de la garantía de proporcionalidad, sostuvo que el precepto la vulnera, pues al determinar que no son deducibles las erogaciones efectuadas por la empresa, ello se traduce en la determinación de un impuesto sobre la renta superior al que le correspondería, así como el no acreditamiento del impuesto al valor agregado correspondiente, por lo que no se refleja su verdadera capacidad contributiva.

Finalmente, solicitó que se salvaguarde la garantía de justicia completa.

2. En relación con dichos planteamientos, el Tribunal Colegiado que dictó la sentencia recurrida plasmó las consideraciones que a continuación se sintetizan:

2.1. En primer término, el Colegiado sostuvo que el artículo 38 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no es contrario a la garantía de legalidad, pues al establecer que se considera como inversión en periodo preoperativo las erogaciones que allí se señalan, se delimita que son aquellas que se realizan por una empresa (persona moral constituida con el objeto de investigación y desarrollo relacionados con el diseño, elaboración, mejoramiento, empaque o distribución de un producto o con la prestación de un servicio), siempre que las erogaciones se efectúen antes de que el contribuyente enajene sus productos, lo que determina que el periodo preoperativo de una persona moral se refiere, para efectos de deducir sus inversiones realizadas con la finalidad que allí se señala, precisamente antes de vender sus productos y servicios.

Por tanto, adujo que el periodo preoperativo de una persona moral, para efectos de la deducción de sus inversiones, abarca la etapa de investigación precisada antes de vender o enajenar productos o servicios de forma constante, siendo el lapso en el que los contribuyentes reúnen y preparan los diversos elementos, tangibles e intangibles, que conforman su empresa para estar en condiciones de producir bienes o prestar sus servicios constante o permanentemente, en el que, por regla general, tiene capacidad administrativa y contable insuficiente para responder a las obligaciones tributarias previstas en ley, motivo por el cual las erogaciones señaladas que se realizan en ese periodo son consideradas deducciones con el fin de fomentar la creación de nuevas unidades económicas.

2.2. Por otro lado, sostuvo que el precepto no vulnera la garantía de equidad, pues da trato igual a todas las empresas que previamente a la enajenación de sus productos o servicios realicen inversiones con la finalidad que allí se señala, gastos que podrán deducir al tener ya el carácter de contribuyentes, deducción que no podrían realizar, puesto que no son contribuyentes, quienes no tienen siquiera el carácter de persona moral.

En efecto, señaló que se necesita estar en presencia de una persona moral existente, causante del impuesto sobre la renta, por lo que la deducción no está permitida para los entes de facto no causantes de dicho tributo, lo cual no implica una diferencia injustificada de trato entre individuos o grupos que se encuentren en una situación comparable, sino una consecuencia lógica del hecho de que no son causantes del impuesto de mérito.

2.3. Asimismo, sostuvo que no se vulnera la garantía de proporcionalidad tributaria, pues el precepto sí atiende a la capacidad económica del contribuyente, al establecer que para la determinación de la base fiscal se tomen en cuenta las erogaciones realizadas por el contribuyente a fin de mejorar los productos o servicios cuya posterior enajenación puede influir en su productividad, por lo cual se toma en cuenta su potencialidad para distribuir al gasto público derivado de la inversión que realiza.

2.4. Por otro lado, estimó que la interpretación de la Sala responsable fue la correcta, pues el precepto no contempla la hipótesi a que alude la quejosa, toda vez que de su texto no puede interpretarse que dentro de las inversiones destinadas a la investigación o desarrollo del diseño, elaboración, mejoramiento, empaque o distribución de un producto, así como la prestación de un servicio deban contemplarse los gastos destinados a la constitución de una sociedad, pues ello difiere de la finalidad de las inversiones que regula tal precepto.

2.5. Finalmente, sostuvo que resulta ineficaz lo argumentado por la quejosa, en la medida en que no demostró que las erogaciones que motivaron su solicitud de confirmación de criterio fueran atribuibles a la persona moral, con motivo de sus actividades, ni tampoco demostró que se trataran de gastos preoperativos en los términos que indica el artículo 38 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

3. La quejosa, al recurrir la sentencia de amparo, hizo valer los siguientes agravios:

3.1. En el primer agravio, sostuvo que la interpretación que hicieron tanto la responsable como el Colegiado del conocimiento del artículo 38 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el sentido que el precepto legal no autoriza las deducciones previas a la constitución de la sociedad, pasa por alto que sí se permite la deducción de las erogaciones en periodos preoperativos, cuando las mismas corresponden a la investigación y desarrollo necesarios para la prestación de un servicio.

Así pues, dicha interpretación desconoce que las erogaciones que se efectuaron constituyeron gastos que necesariamente debieron ser efectuados por requerirlo así la autoridad competente como condición para la constitución misma de la sociedad y su posterior actividad.

Por tanto, argumenta la recurrente que, al no disponer el precepto en estudio a partir de qué momento debe considerarse el inicio de un periodo preoperativo, debió ser interpretado conforme a las garantías constitucionales en materia tributaria, por lo que, al no haber ocurrido así, tiene como consecuencia que el mismo resulte violatorio de las garantías de legalidad, equidad y proporcionalidad de las contribuciones.

3.2. En su segundo agravio, adujo que el Colegiado no procedió conforme a derecho, pues debiendo pronunciarse sobre las cuestiones debatidas, lo hizo sin considerar los antecedentes de hecho del conflicto que motivó la sentencia de la responsable.

Así, estimó que esta Suprema Corte debe revisar el fallo controvertido para hacer el pronunciamiento respectivo sobre todas y cada una de las cuestiones que fueron propuestas en la demanda de amparo.

En esa guisa, adujo que se debió estudiar el tema de la violación al principio de legalidad, máxime que se planteó específicamente el caso de erogaciones que fueron consecuencia de actos de autoridad que las exigieron como condición para la constitución misma de la persona moral ahora quejosa.

Posteriormente, reiteró sus argumentos respecto a la vulneración a las garantías de proporcionalidad y de equidad tributarias señalando que el Colegiado no aplicó en su favor las tesis que citó en su demanda de amparo.

4. Resulta innecesario hacer glosa de lo planteado en el recurso de revisión adhesiva, interpuesto por el secretario de Hacienda y Crédito Público, ello en razón del sentido de esta ejecutoria.

QUINTO. Procedencia del recurso de revisión. Establecido lo anterior, se debe analizar si el presente asunto reúne los requisitos de importancia y trascendencia a que hace alusión el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el punto primero del Acuerdo General Plenario Número 5/1999, que aparece publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, para verificar si es o no procedente el recurso de revisión que nos ocupa.

Lo anterior, en razón de lo siguiente:

El artículo 107, fracción IX, de la Constitución General de la República, en la actualidad, establece:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras."

La exposición de motivos de la reforma constitucional al artículo 107, fracción IX, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de mil novecientos noventa y nueve, señala que las facultades discrecionales que se otorgan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver sobre su competencia o sobre la procedencia de las instancias planteadas ante ella dentro del juicio de amparo, entre otras respecto del recurso de revisión interpuesto contra sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, tiene por objeto que este Alto Tribunal deje de conocer de aquellos asuntos en los que no deba entrar al fondo para fijar un criterio de importancia y trascendencia, con lo cual la reforma pretende fortalecer el carácter de máximo órgano jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en congruencia del carácter uniinstancial del amparo directo, a fin de que por excepción se abra y resuelva la segunda instancia, sólo en aquellos casos que resulte imprescindible la intervención de este Alto Tribunal.

Con base en lo anterior, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el Acuerdo Número 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, cuyo punto primero establece que para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo se requiere que se reúnan los siguientes supuestos:

a) Que en la sentencia recurrida se haya hecho pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional, o que habiéndose planteado alguna de esas cuestiones en la demanda de amparo, se haya omitido su estudio; y,

b) Que el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, a juicio de la Sala respectiva.

En relación con el segundo de los requisitos antes mencionados, el propio punto primero del acuerdo en cita señala que, por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el problema de constitucionalidad hecho valer en la demanda de garantías, así como cuando no se hayan expresado agravios o, en su caso, éstos resulten ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes y no haya que suplir la deficiencia de la queja, o en casos análogos.

Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esta Primera Sala comparte, cuyo texto es el siguiente:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción V, 86 y 93 de la Ley de Amparo, 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo 5/1999, del 21 de junio de 1999, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, permiten inferir que un recurso de esa naturaleza sólo será procedente si reúne los siguientes requisitos: I. Que se presente oportunamente; II. Que en la demanda se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal y en la sentencia se hubiera omitido su estudio o en ella se contenga alguno de esos pronunciamientos; y III. Que el problema de constitucionalidad referido entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva de la Suprema Corte; en el entendido de que un asunto será importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente) se advierta que los argumentos o derivaciones son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en materia de constitucionalidad; por el contrario, deberá considerarse que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado, cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir y en los demás casos análogos a juicio de la referida Sala, lo que, conforme a la lógica del sistema, tendrá que justificarse debidamente."(8)

En virtud de lo anterior, debe señalarse que en el caso a estudio esta Sala considera que el primero de los requisitos sí se encuentra satisfecho. Lo anterior, porque en la demanda de garantías que dio origen al juicio de amparo directo del que deriva el presente medio de impugnación, se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 38 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a partir de la interpretación de la autoridad responsable, y en la sentencia que aquí se recurre, se negó el amparo respecto del precepto reclamado, materia que subsiste ante esta instancia, dado que en los agravios expuestos el recurrente se duele de la sentencia de amparo.

El segundo de los requisitos también se satisface pues, como se mencionó, en el juicio de garantías se controvirtió la constitucionalidad del artículo 38 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sin que al respecto exista jurisprudencia que resuelva los temas planteados, y si bien no se soslaya que la recurrente controvierte la interpretación de dicha norma por el tribunal a quo, lo cierto es que, en el caso, la fijación del alcance de la misma, se encuentra vinculada con su constitucionalidad, pues en caso de que esta Suprema Corte de Justicia «de la Nación» sostuviera una interpretación contraria a la contenida en la sentencia recurrida, ello indudablemente trascendería al pronunciamiento de constitucionalidad que realizó el Tribunal Colegiado del conocimiento.

Sobre este aspecto, resulta importante tener en cuenta que si bien la interpretación que la autoridad responsable realice sobre la norma tildada de inconstitucional es una cuestión de legalidad, la misma puede llegar a considerarse una cuestión propiamente constitucional, a efecto de la procedencia del amparo directo en revisión, lo que ha sido asentado por esta Primera Sala en la tesis aislada XLIX/2010, cuyo rubro es el siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. DENTRO DE LAS CUESTIONES PROPIAMENTE CONSTITUCIONALES MATERIA DE ESA INSTANCIA, DEBE COMPRENDERSE LA INTERPRETACIÓN QUE DE LAS DISPOSICIONES IMPUGNADAS REALIZAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES."(9)

En efecto, la interpretación de la ley es materia propiamente constitucional en el amparo directo en revisión, cuando debe llevarse a cabo como prerrequisito para analizar el planteamiento de constitucionalidad de leyes que hubiere efectuado el quejoso; en un contexto diverso -es decir, si no se hubiere efectuado un planteamiento de constitucionalidad-, lo aducido en relación con la interpretación de la ley es un tema de mera legalidad, en el que se expresan las razones por las cuales el recurrente consideró incorrecta o indebida la forma en la que el Tribunal Colegiado analizó el texto legal, en un aspecto en el que su competencia es terminal.

SEXTO. Estudio de fondo. En el primer agravio de su recurso de revisión la quejosa sostiene que el Tribunal Colegiado efectuó una interpretación del artículo 38 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que provoca que el mismo vulnere las garantías constitucionales de legalidad, equidad y proporcionalidad de las contribuciones, dispuestas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

Ahora bien, aun cuando el agravio referido sugiere el estudio de un tema de legalidad del asunto, lo cual ordinariamente traería consigo una calificación de inoperancia, por ser los Tribunales Colegiados de Circuito los órganos de resolución terminal en cuestiones de legalidad, lo cierto es que lo que se invoca, es la interpretación y fijación del alcance de la norma cuya inconstitucionalidad se insiste en plantear en esta instancia, lo cual resulta prioritario, a fin de estar en aptitud de realizar, en su caso, un análisis de la constitucionalidad de la misma.

Cabe señalar, que este Alto Tribunal ha considerado que dentro de las cuestiones propiamente constitucionales que son materia del recurso de revisión en amparo directo, se encuentra la de fijar el justo alcance de la norma impugnada, de ahí que, al conocer de dicho recurso, se debe partir de una interpretación propia, independientemente de que sea diversa a la realizada por el Tribunal Colegiado de Circuito, pues estimar lo contrario vincularía y sujetaría el análisis que corresponde realizar al órgano terminal en materia de constitucionalidad de leyes a lo considerado por un órgano jurisdiccional jerárquicamente inferior, lo que podría provocar determinaciones de inconstitucionalidad de normas apegadas a la Ley Fundamental; la integración de jurisprudencia en que se reiteren interpretaciones incorrectas; o que el Máximo Tribunal emitiera resoluciones contradictorias, dependiendo de lo concluido por cada Tribunal Colegiado de Circuito.

Resultan aplicables, para sostener dichas premisas, las tesis emitidas por esta Primera Sala, de rubros: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. DENTRO DE LAS CUESTIONES PROPIAMENTE CONSTITUCIONALES MATERIA DE ESA INSTANCIA, DEBE COMPRENDERSE A LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONTROVERTIDA."(10) y "AMPARO CONTRA LEYES. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO ESTÁ CONSTREÑIDA A LA INTERPRETACIÓN QUE LA RESPONSABLE, EL JUEZ O EL TRIBUNAL REALIZARON DEL PRECEPTO CUESTIONADO, SINO QUE DEBE ESTABLECER LA PROPIA PARA HACER EL PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDAD."(11)

En la especie, como punto de partida para el análisis de la cuestión de constitucionalidad planteada, existe la necesidad de examinar el precepto aludido y fijar sus alcances, puesto que en caso de que la interpretación sostenida por este Alto Tribunal fuera diversa a la establecida por el tribunal a quo, ello conllevaría un nuevo estudio de los argumentos planteados en los conceptos de violación respecto de la constitucionalidad del artículo 38 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; en cambio, si dicha interpretación es coincidente, se procedería a la calificación de los agravios del recurso de revisión en los que se sostiene la inconstitucionalidad del precepto.

Ahora bien, para estar en condiciones de interpretar la norma impugnada, es necesario atender a la naturaleza de la misma y el contexto normativo en la cual se encuentra inmersa, en ese sentido, es preciso señalar que dicho artículo forma parte de la sección II, "De las inversiones", del capítulo II, "De las deducciones", título II, "De las personas morales «disposiciones generales»", de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Lo anterior se traduce en que es una disposición aplicable para los contribuyentes del impuesto sobre la renta que tributan bajo el título II de la ley de la materia, esto es "Personas morales", y en particular, referente a deducc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23576-47618bb4/amparo-contra-leyes-la-primera-sala-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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