LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LA MECÁNICA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 95, AL EXCLUIR LOS INGRESOS QUE NO PROVENGAN DE UNA TERMINACIÓN LABORAL, NO VIOLENTA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 503/2022. J. PAZ ALVARADO PÉREZ. 10 DE AGOSTO DE 2022. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, Y LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. AUSENTE: MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: BRENDA MONTESINOS SOLANO.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: Un contribuyente impugnó la sentencia emitida por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde se confirmó la resolución que le negó la devolución de saldo a favor solicitada en su declaración complementaria con motivo del ingreso percibido en el año dos mil dieciocho por el pago de un laudo en su favor derivado de un juicio por nivelación salarial. El Juez de Distrito determinó negar el amparo y el Tribunal Colegiado del conocimiento remitió los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación toda vez que se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil dieciocho.
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Ciudad de México. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diez de agosto de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 503/2022, promovido en contra de la sentencia dictada en sesión de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en el juicio de amparo directo **********.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Negativa de devolución de saldo a favor. Con fecha veinte de febrero de dos mil veinte, J. Paz Alvarado Pérez, presentó la declaración complementaria del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en la cual se autodeterminó un saldo a favor por concepto de impuesto sobre la renta, personas físicas, en cantidad de $********** (**********), solicitando su devolución.
En razón de lo anterior, a través de la resolución ********** de fecha dieciséis de abril de dos mil veinte, se resolvió negar la devolución solicitada, al considerar lo siguiente:
"Se conoció que ese contribuyente en el ejercicio 2018, percibió ingresos por concepto de sueldos y salarios así como por jubilación en parcialidades, derivados de los comprobantes fiscales digitales por Internet emitidos por su retenedor Comisión Federal de Electricidad con Registro Federal de Contribuyentes CFE3708IAQ10 misma información que fue corroborada con los comprobantes digitales por Internet, aportados por usted en su solicitud de devolución, ingresos que difieren con los manifestados en su declaración anual complementaria del impuesto sobre la renta del ejercicio 2018, presentada con fecha 16 de abril de 2020, con número de operación **********.
"...
"Cabe señalar que si bien, ese contribuyente aportó a su trámite, escrito libre de aclaración de fecha 14 de febrero de 2020, convenio de jubilación, así como laudo de fecha 08 de junio de 2011 dictado, dentro del expediente número 349/99, por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, aduciendo que los pagos que le realizó la Comisión Federal de Electricidad corresponden a indemnización, sin embargo, de la propia documentación que aporta, se desprende que en el laudo de mérito, la Junta de Conciliación y Arbitraje condenó únicamente a la Comisión Federal de Electricidad a la nivelación de salarios, así como al pago de las diferencias salariales; lo cual no encuadra en los supuestos establecidos en los artículos 93, fracción XIII y 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigentes en 2018.
"Por tanto, su manifestación respecto a que los pagos en cantidad de $********** que corresponden a indemnización no tiene sustento alguno, dado que el monto percibido por la citada Comisión Federal de Electricidad corresponde a sueldos y salarios, atendiendo principalmente a que la litis consistió en determinar si el contribuyente tenía derecho al pago y cumplimiento de las prestaciones reclamadas por realizar las mismas funciones y actividades que otros trabajadores, sin haber pronunciamiento alguno respecto a la terminación de la relación laboral, ni separación definitiva del cargo, resultando en consecuencia que los pagos percibidos no se ubican en esos supuestos, son en sueldos y salarios acumulables para efectos del impuesto sobre la renta, ello como se desprende del laudo de fecha 08 de junio de 2021, dictado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, dentro del expediente **********.
"...
"De lo anterior se conoció que esta contribuyente por el ejercicio 2018, obtuvo un total de ingresos acumulables en cantidad de $**********, por lo que esta autoridad procede al cálculo del impuesto sobre la renta del ejercicio 2018, de conformidad con el artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2018.
"...
"Por lo anterior, esta administración no puede acceder a lo solicitado, toda vez que no existe saldo a favor susceptible de devolver, por lo que se ubica dentro de los supuestos previstos en el artículo 22, primer y segundo párrafos, del Código Fiscal de la Federación, vigente.
"..."
2. Juicio contencioso administrativo federal. Derivado de lo anterior, el contribuyente demandó ante la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la nulidad del siguiente acto administrativo:
"II. Resoluciones impugnadas.
"La identificada con el número **********, de fecha 16 de abril de 2020.
"III. Autoridad demandada.
"A. Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato ‘3’, con sede en Guanajuato.
"B. ... Subadministrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Guanajuato ‘1’ con sede en Guanajuato."
Por auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, el Magistrado instructor admitió a trámite la demanda y la registró bajo el número ********** y una vez seguido el cause procesal correspondiente, dictó sentencia el treinta de abril de dos mil veintiuno, en donde reconoció la validez de la resolución impugnada, bajo los siguientes términos:
"A consideración de los suscritos Magistrados, el concepto de impugnación que se analiza resulta infundado, según se explica.
"...
"Luego, de la interpretación del citado criterio sustentado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en relación con los tres primeros trasuntos numerales se advierte que, se encuentran gravados, entre otros, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, así como las diversas que se perciban como consecuencia de la terminación de dicha relación.
"Que, debido a que se prevén mecánicas de cálculo distintas según se esté en presencia de uno u otro casos, cobra especial relevancia establecer si un determinado ingreso corresponde al producto del trabajo del contribuyente o si, por el contrario, es una prestación derivada de la terminación del vínculo laboral.
"Por otra parte, considera que los salarios vencidos o caídos son aquellos que debió percibir el trabajador si se hubiese desarrollado normalmente la relación de trabajo y constituyen una consecuencia inmediata y directa de las acciones originadas en el despido por culpa del patrón, además de que encuentran justificación en el hecho de que el trabajador está separado de su empleo sin percibir ningún salario por causa no imputable a él, por lo que el patrón incurre en una ineludible responsabilidad si se demuestra lo injustificado del despido, y ante ello, para efectos de la Ley de Impuesto sobre la Renta, los salarios caídos no se asimilan a los salarios ordinarios, es decir no son una mera contraprestación por las labores realizadas, sino que constituyen una medida resarcitoria y compensatoria atinente a la terminación de la relación laboral, pues la obligación de pagar los salarios caídos surge con motivo de una declaratoria jurisdiccional firme, por lo cual, no es sino hasta que se cumple con tal resolución y el trabajador percibe el ingreso respectivo, cuando se causa el impuesto sobre la renta.
"Ahora en el caso a estudio, el pago realizado al actor por $**********, fue con motivo de la condena realizada por la Junta de Conciliación y Arbitraje a la Comisión Federal de Electricidad, es decir, no es una indemnización, son un pago de diferencia de salarios con motivo de la nivelación del salario a que fue condenada la parte patronal, es decir, corresponde al producto del trabajo del contribuyente, la cual no deriva de la terminación del vínculo laboral.
"Ahora, si nos remitimos a lo dispuesto por el artículo 163 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del mismo se advierte la forma en que se realizará el pago provisional respecto de los ingresos obtenidos cuando por razones no imputables al trabajador, éste obtenga en una sola vez percepciones gravables correspondientes a varios meses, distintas de la gratificación anual, de la participación de utilidades, de las primas vacacionales o dominicales.
"Bajo esa guisa, si bien el referido artículo prevé un procedimiento especial para el cálculo de pago provisional del impuesto sobre la renta, en el caso a estudio se realizó el pago anual del impuesto, sin que se advierta algún procedimiento especial para el cálculo del mismo; máxime que al respecto no resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues éste se refiere a los ingresos por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, por separación, lo cual no se actualiza en el presente asunto.
"En consecuencia, es correcto como lo precisó la autoridad, que los ingresos percibidos por la Comisión Federal de Electricidad como su patrón por $**********, corresponde a sueldos y salarios, por lo que no encuadra en los artículos 93, fracción XIII y 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y en consecuencia, debe realizarse el cálculo del impuesto sobre la renta del ejercicio 2018 de conformidad con el artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2018.
"..."
3. Demanda de amparo directo. Inconforme con la sentencia, J. Paz Alvarado Pérez promovió demanda de amparo, misma que fue admitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, bajo el número de expediente **********.
4. Sentencia del Tribunal Colegiado. Seguidos los trámites de ley, en sesión de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, el órgano colegiado dictó resolución en el sentido de negar el amparo a la quejosa.
5. Recurso de revisión. Inconforme con la determinación anterior, con fecha veinte de diciembre de dos mil veintiuno, el quejoso, por propio derecho, interpuso vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el recurso de revisión correspondiente.
6. Trámite ante esta Suprema Corte. Mediante proveído de nueve de febrero de dos mil veintidós, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibidas las constancias relativas al recurso de revisión y consecuentemente admitió a trámite el mismo.
7. Recurso de revisión adhesiva. Mediante escrito presentado el siete de abril de dos mil veintidós, ante este Máximo Tribunal, la autoridad tercero interesada promovió recurso de revisión adhesiva.
I. COMPETENCIA
8. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 81, fracción II y 96 de la Ley de Amparo, y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) y conforme a lo previsto por el Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; toda vez que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia pronunciada en amparo directo en la que se planteó la inconstitucionalidad del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Tribunal Colegiado declaró inoperantes los conceptos de violación relativos, de lo que se duele la recurrente; y su resolución no requiere la intervención del Tribunal Pleno.
II. OPORTUNIDAD
9. Tal como se advierte de la lectura de las constancias, la sentencia del Tribunal Colegiado le fue notificada por estrados a la parte quejosa el tres de diciembre de dos mil veintiuno, por lo que dicha notificación surtió efectos al día siguiente, es decir, el lunes seis del mismo mes y año. Por lo tanto, el plazo establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del siete al veinte de diciembre de dos mil veintiuno, descontándose de dicho plazo los días cuatro, cinco, dieciocho y diecinueve de diciembre por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
10. Cabe destacar que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, estuvo en funciones durante el periodo vacacional correspondiente del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, pues fue designado por el Consejo de la Judicatura Federal para permanecer de guardia durante dicho periodo.
11. Por lo tanto, si el escrito de recurso de revisión se presentó vía electrónica ante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, se concluye que su interposición fue oportuna.
12. Oportunidad del recurso de revisión adhesiva. Tal como se advierte de las constancias, el auto de admisión del recurso de revisión principal se notificó a la autoridad tercero interesada, por medio de lista el uno de abril de dos mil veintidós, surtiendo efectos ese día, en términos de lo establecido por el artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo.
13. Por tanto, el plazo de cinco días establecido por el artículo 82 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso transcurrió del cuatro al ocho de abril de dos mil veintidós. Ahora, toda vez que el recurso de revisión adhesiva se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el día siete de abril de dos mil veintidós, resulta oportuno.
III. LEGITIMACIÓN
14. Esta Suprema Corte considera que el recurrente cuenta con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión, pues está probado que, J. Paz Alvarado Pérez tiene reconocido el carácter de quejoso en el juicio de amparo directo **********, del cual emana el presente recurso de revisión.
15. En cuanto al recurso de revisión adhesiva la autoridad se encuentra legitimada para interponer dicho recurso, pues de autos se desprende que se le reconoció la calidad de autoridad tercero interesada en el juicio de amparo directo del cual se desprende el presente recurso.
IV. CUESTIONES PREVIAS
16. Las consideraciones necesarias para resolver esta instancia son las que a continuación se sintetizan:
17. Antecedentes:
18. Declaración anual de impuestos. J. Paz Alvarado Pérez presentó declaración complementaria relativa al ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en la cual determinó un saldo a su favor por ********** ($**********). En esa misma declaración, solicitó la devolución de dicho monto.
19. Negativa de devolución. Mediante oficio ********** de dieciséis de abril de dos mil veinte, el subadministrador desconcentrado de Auditoría Fiscal "1", en suplencia por ausencia de la administradora desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "3", negó la solicitud del interesado.
20. Juicio de nulidad. Inconforme con la resolución administrativa referida, el gobernado promovió demanda de nulidad, misma que fue radicada ante la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con el consecutivo **********.
21. Seguida la secuela procesal correspondiente, la Sala dictó sentencia en la que declaró la validez de la resolución impugnada; ya que desde su perspectiva: "... los ingresos percibidos por (sic) la Comisión Federal de Electricidad como patrón por $**********, corresponden a sueldos y salarios, por lo que no encuadra en los artículos 93, fracción XIII y 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y por ello, debe realizarse el cálculo de impuesto sobre la renta del ejercicio 2018 de conformidad con el artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2018."
22. Conceptos de violación. En contra de la resolución anterior, el quejoso interpuso demanda de amparo directo, en la que esencialmente, se dolió de lo siguiente:
23. En primer lugar, el quejoso elaboró un apartado denominado "apartado especial sobre el derecho humano de contribuir de manera proporcional y equitativa", en donde definió los conceptos de proporcionalidad y equidad en materia fiscal, y sostuvo que este Máximo Tribunal ha sentado jurisprudencia en el sentido de que dichos conceptos constituyen derechos humanos, además reseñó sus antecedentes históricos, y abordó doctrina sobre ambos conceptos.
24. En su primer concepto de violación, sostuvo que con la resolución impugnada se violaron en su perjuicio los derechos fundamentales de legalidad, equidad y proporcionalidad, al aplicar de forma incorrecta para el cálculo del impuesto anual la tarifa contenida en el artículo 152; cuando debe utilizarse el cálculo establecido en el artículo 95, ambos preceptos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
25. Refirió que la incorrecta aplicación del artículo 152 del referido ordenamiento pretendió tener sustento en el supuesto de que los ingresos percibidos por el quejoso, esto es, el pago realizado por el patrón Comisión Federal de Electricidad, en razón de la condena contenida en el laudo dictado dentro del expediente No. ********** de fecha ocho de junio de dos mil once, respecto de la nivelación de salarios, así como el pago de las diferencias de salarios retroactivos constituyen un salario ordinario y no el pago de una indemnización, aun cuando comparten esa naturaleza con las cantidades pagadas por razón de un despido, por lo que resultaba aplicable el artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
26. En ese sentido, consideró conveniente explicar en qué consiste la acción de nivelación de salarios y la consecuencia que se actualiza cuando se demuestran sus extremos en un litigio laboral.
A. Acción de nivelación de salarios. En relación con dicha acción, los artículos 123, apartado A, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 86 de la Ley Federal del Trabajo, disponen que el principio de igualdad salarial, prevé que a trabajo igual corresponde remuneración igual, debiendo desempeñarse el trabajo en puesto, jornada y condiciones de eficiencia idénticas.
El señalado principio constitucional es susceptible de motivar el ejercicio de la acción de nivelación salarial y el consecuente pago de diferencia de salario de manera retroactiva; para lo que el trabajador que ejerza tal acción debe probar los extremos del indicado artículo 86, a saber: que desempeña un trabajo idéntico al de otro y otros empleados, en un puesto, jornada, y condiciones de eficiencia iguales, y que percibe un salario inferior.
B. Naturaleza del pago de la diferencia de salarios. En relación con la parte fiscal, se debe tener en cuenta que se trata de una prestación que, si bien se origina de un salario, fue necesario que el trabajador acudiera ante un órgano jurisdiccional, lo que implica que, el pago retroactivo de diferencias por la nivelación salarial, al que se condenó al patrón, es un pago que se trata de un ingreso resarcitorio o indemnizatorio ya que se efectúa en un solo momento, por razones no atribuibles al trabajador.
Así, por causa de la condena, el patrón está conminado a pagar al operario afectado, retroactivamente, un valor salarial igual a aquel que le fue negado, a manera de compensar el detrimento causado. Precisamente por ello es que la acción de compensar, en tal caso, puede considerarse como el pago de una indemnización, pues a partir de la liquidación de la diferencia salarial se borran los efectos del menoscabo derivado de la desigualdad propiciada por el patrón. 27. De ahí, señaló que si a través de una sentencia definitiva el patrón queda compelido a entregar al trabajador una cantidad para resarcir la desigualdad salarial en que quedó ubicado; en tal caso, ciertamente se está ante una indemnización compensatoria, contrario a la consideración a la que arriba la responsable Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuando concluye que fue correcto que los ingresos percibidos por la Comisión Federal de Electricidad como su patrón, corresponden a sueldos y salarios, por lo que no encuadra en los artículos 93, fracción XIII y 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y por ello, debe realizarse el cálculo del impuesto sobre la renta del ejercicio 2018, de conformidad con el artículo 152 del mismo ordenamiento y ejercicio fiscal.
28. Sin embargo, en dichas consideraciones se pasó por alto que el pago efectuado por la Comisión Federal de Electricidad fue emitido en razón de las prestaciones a las que se le condenó en el laudo dictado el ocho de junio de dos mil once, dentro del expediente referido con anterioridad.
29. Explicó la funcionalidad del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuanto a que prevé un trato especial para ingresos que, si bien derivan de la relación laboral, son expresión de una riqueza que no debe ser gravada en forma genérica porque queda fuera de la medida temporal ordinaria que delimita la capacidad del contribuyente, pues el hecho de que por causas atribuibles al patrón, el trabajador haya recibido la totalidad de los ingresos que debió haber recibido mes a mes o año con año en una sola exhibición, no debe ser causa para que los mismos sean gravados por una tarifa mayor a la que hubiese correspondido de haberse pagado en el momento en que debieron generarse. Cobra aplicación, por analogía, la jurisprudencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito PC.I.A. J/166 A (10a.), rubro: "IMPUESTO SOBRE LA RENTA. PARA SU CÁLCULO RESPECTO DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE SALARIOS CAÍDOS, RESULTA APLICABLE LA MECÁNICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE LA MATERIA, AL TRATARSE DE UNA INDEMINIZACIÓN DERIVADA DE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL."
30. Así, la condena al pago de los salarios retroactivos constituye la orden judicial para que el patrón realice la restitución de los derechos del hoy actor mediante el pago de los daños y perjuicios que deben cubrirse como consecuencia de la responsabilidad en que se incurrió al pagarle salarios –en su caso pensión– que no han sido nivelados a los de los trabajadores con las mismas funciones y actividades.
31. Derivado de ello, sostuvo que acumuló los ingresos percibidos en términos de los artículos 94, primer párrafo y 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues no surgieron en función de la prestación del trabajo personal subordinado, sino que tienen como finalidad resarcir los perjuicios derivados de un acto ilícito en materia laboral.
32. Bajo ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 52, fracción V, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, solicitó que se reconociera el derecho subjetivo del actor para que la autoridad demandada reconociera que los ingresos derivados de la condena establecida en el multicitado laudo constituyeron ingresos por indemnización que se deben sujetar a lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
33. Lo anterior en concordancia con los artículos 123, apartado A, fracción XXII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o. y 157 de la Ley Federal del Trabajo.
34. Señaló que el cálculo efectuado, atento a la mecánica del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se reclama respecto de los ingresos percibidos por diferencias de salarios retroactivos, respeta el principio de proporcionalidad tributaria, que consiste medularmente en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, es decir, deben aportar una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos.
35. En consecuencia, insistió en que lo procedente es que se determine la ilegalidad de la resolución impugnada contenida en el oficio **********, de fecha dieciséis de abril de dos mil veinte, por determinar un impuesto sobre la renta anual, sumando como ingreso gravable, el importe pagado en razón del cumplimiento del laudo que se ha venido reseñando en cantidad de $********** (**********); cuando lo correcto es que éste se considere el pago de una indemnización, y por consecuencia se obtenga el ingreso no acumulable y la determinación de la tasa efectiva, para obtener el impuesto sobre el ingreso no acumulable, lo que en el caso realizó el programa de declaración anual del Servicio de Administración Tributaria, que generó un saldo a favor, que se reclama como devolución.
36. Indicó que el citado numeral 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que contiene una norma de excepción a las cargas tributarias de los particulares, al establecer una exención, debe aplicarse en forma estricta, sin que sea posible darle un alcance distinto al expresamente dispuesto en esa norma ya que, si bien por regla general la interpretación de las deducciones en el impuesto sobre la renta debe ser de orden restrictivo, en el sentido de que únicamente pueden realizarse las autorizadas por el legislador y conforme a los requisitos o modalidades que éste determine; sin embargo, ello no implica que no pueda efectuarse un juicio constitucional sobre la decisión del legislador, pues existen ya no por un principio de política fiscal, sino en atención a la garantía constitucional de proporcionalidad tributaria.
37. Refirió que, asumir la postura de la autoridad, implicaría darle al pago de salarios vencidos, que no fueron efectuados por el patrón durante los diecinueve años que duró el juicio, un tratamiento de salario ordinario lo que provoca que se aplique de manera inequitativa, el pago del impuesto sobre la renta, por no garantizar un trato igual entre los contribuyentes.
38. Lo anterior, porque el contribuyente que perciba el pago de los salarios que debió cobrar durante el tiempo que dure el juicio al no ser salarios ordinarios; por el hecho de que hubiera sido separado del trabajo podrá aplicar el procedimiento estatuido en el artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En tanto que al trabajador que igualmente acuda ante la Junta a reclamar el pago correcto del salario y tras el transcurso de las etapas procesales del juicio, ocasiona la acumulación de salarios (en este caso diferencias) pero que, por el hecho de no haberse separado del trabajo, se le obligue a pagar impuestos considerando el importe total como si fuera el pago de un salario ordinario percibido.
39. Por consiguiente, indicó que interpretar la norma como lo hizo la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "3", con sede en Guanajuato, tendría como consecuencia que el contribuyente que perciba ingresos provenientes de diversos años al momento que se condene a la parte patronal al pago sin atender a la naturaleza resarcitoria o indemnizatoria de los salarios vencidos, en aquellos casos en que la conducta del empleador ocasione que el trabajador, sin responsabilidad alguna de su parte, se vea privado de su salario correcto y completo con motivo de la decisión unilateral o injustificada del patrón, como sucedió en el presente caso.
40. Además, refirió que si se atiende a la interpretación más benéfica del artículo 95 de referencia, acorde con el diverso 1o. constitucional, debe aplicarse respecto de aquellos ingresos cuando por razones no imputables al trabajador, éste obtenga en una sola vez percepciones gravables correspondientes a varios meses, distintas de la gratificación anual, de la participación de utilidades, de las primas vacacionales o dominicales del contribuyente.
41. Señaló que la retención efectuada por la patronal y que fue considerada como correcta por la autoridad fiscal, implicó que el contribuyente tuviera que tributar en la misma tasa máxima del impuesto sobre la renta, pues si se realiza la siguiente operación:
"Retención del ISR $ **********
"Entre:
"Ingresos por indemnización $**********
"Igual a *********
"Por 100 para obtener el % 34.98 %
"Como se puede ver, en un ingreso que debió de haber obtenido de manera mensual durante (19 años de litigio por 12 meses de un año):
"Años transcurridos en el litigio 19
"Por meses de un año 12
"Igual a
"Número de meses en que debió percibir de manera correcta su salario 228."
42. Si se realiza el ejercicio aritmético de dividir el importe cubierto en cantidad de $********** (**********) entre el número de meses que transcurrieron para que el quejoso pudiera cobrar los retroactivos y diferencias de salarios, se puede desprender la inequidad y desproporción de realizar el cálculo de la forma en que lo hizo la autoridad fiscal así que:
"Pago realizado en virtud del laudo $**********
"Entre:
"Número de meses transcurridos 228
"Igual:
"A importe mensual
"Por: **********
"Meses de un año 12
"Igual a:
"Importe anual (para aplicar la tarifa del artículo 152) **********."
43. En consecuencia, si se compara la retención que efectuó la patronal al momento de pago y que después avaló la autoridad fiscal al negar la devolución solicitada, se puede obtener la inequidad y desproporción que se reclama, pues se retuvo una tasa del 34.98 % de la tarifa del impuesto anual (redondeada) cuando, si se hubiera pagado de forma correcta mes a mes la t
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31117-5ae958a6/ley-del-impuesto-sobre-la-renta-la-mecanica · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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