RENTA. EL ARTÍCULO 151, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UN LÍMITE PARA LAS DEDUCCIONES PERSONALES, NO VIOLA EL DERECHO AL MÍNIMO VITAL. RENTA. EL CONCEPTO DE NECESARIA VINCULACIÓN DE LAS EROGACIONES CON LA GENERACIÓN DEL INGRESO Y LA CLASIFICACIÓN DE LAS DEDUCCIONES EN ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, SON APLICABLES PARA PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO RELATIVO. RENTA. LAS DEDUCCIONES PERSONALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, TIENEN EL CARÁCTER DE NO ESTRUCTURALES. RENTA. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS EN EL SENTIDO DE QUE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UN LÍMITE PARA LAS DEDUCCIONES PERSONALES, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. RENTA. EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UNA TASA DIVERSA A LA TARIFA CON LA QUE SE GRAVAN LOS INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. RENTA. LA TARIFA DEL ARTÍCULO 96 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, RESPETA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. RENTA. LOS ARTÍCULOS 96, 111, 151, ÚLTIMO PÁRRAFO, Y 152 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UN TRATO FISCAL DISTINTO ENTRE EL RÉGIMEN DE INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO Y EL DIVERSO DE INCORPORACIÓN FISCAL, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. RENTA. LOS ARTÍCULOS 96 Y 152 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER TARIFAS QUE CONTIENEN UNA TASA MÁXIMA PARA EL CÁLCULO DEL TRIBUTO APLICABLE A LAS PERSONAS FÍSICAS, DISTINTAS A LA TASA FIJA QUE CORRESPONDE A LAS PERSONAS MORALES, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
RENTA. EL ARTÍCULO 151, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UN LÍMITE PARA LAS DEDUCCIONES PERSONALES, NO VIOLA EL DERECHO AL MÍNIMO VITAL.
RENTA. EL CONCEPTO DE NECESARIA VINCULACIÓN DE LAS EROGACIONES CON LA GENERACIÓN DEL INGRESO Y LA CLASIFICACIÓN DE LAS DEDUCCIONES EN ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, SON APLICABLES PARA PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO RELATIVO.
RENTA. LAS DEDUCCIONES PERSONALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, TIENEN EL CARÁCTER DE NO ESTRUCTURALES.
RENTA. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS EN EL SENTIDO DE QUE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UN LÍMITE PARA LAS DEDUCCIONES PERSONALES, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.
RENTA. EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UNA TASA DIVERSA A LA TARIFA CON LA QUE SE GRAVAN LOS INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
RENTA. LA TARIFA DEL ARTÍCULO 96 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, RESPETA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.
RENTA. LOS ARTÍCULOS 96, 111, 151, ÚLTIMO PÁRRAFO, Y 152 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UN TRATO FISCAL DISTINTO ENTRE EL RÉGIMEN DE INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO Y EL DIVERSO DE INCORPORACIÓN FISCAL, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
RENTA. LOS ARTÍCULOS 96 Y 152 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER TARIFAS QUE CONTIENEN UNA TASA MÁXIMA PARA EL CÁLCULO DEL TRIBUTO APLICABLE A LAS PERSONAS FÍSICAS, DISTINTAS A LA TASA FIJA QUE CORRESPONDE A LAS PERSONAS MORALES, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
AMPARO EN REVISIÓN 855/2014. JOSÉ FRANCISCO GARCÍA CÁCERES Y OTROS. 5 DE OCTUBRE DE 2016. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: JOEL ISAAC RANGEL AGÜEROS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto.(1)
SEGUNDO.-Oportunidad y legitimación. El recurso de revisión es oportuno(2) y proviene de parte legitimada para ello.(3)
TERCERO.-Antecedentes. Para un mejor conocimiento del asunto que nos ocupa, conviene relatar los antecedentes del caso:
1. Por escrito presentado el doce de febrero de dos mil catorce, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en Baja California, con residencia en Tijuana, **********, ********** y **********, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013, en vigor a partir del 1 de enero de 2014; particularmente, reclamaron los artículos 96, 111, 129, 151, último párrafo y 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Al respecto, la parte quejosa señaló lo siguiente:
"La presente demanda se presenta en tiempo y forma, toda vez que los actos reclamados, cuya inconstitucionalidad se combate, causan perjuicio a la parte quejosa con motivo de su sola entrada en vigor, por lo que, en términos de lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo, se promueve el presente escrito de garantías, dentro de los 30 días hábiles siguiente a aquel en que entró en vigor la norma reclamada."
2. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a la Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, la cual admitió a trámite el asunto en auto de trece de febrero de dos mil catorce, lo registró bajo el expediente **********, requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran sus informes con justificación respectivos y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.
3. Posteriormente, en atención a la Circular CAR 3/CCNO/2014, emitida por el secretario ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el asunto fue remitido, por cuestión de turno, al Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, quien lo radicó en auto de veintiocho de mayo de dos mil catorce y lo registró bajo el expediente auxiliar **********.
4. Seguidos los trámites de ley, el veintisiete de agosto de dos mil catorce, el Juez de Distrito Auxiliar dictó sentencia, en la que sobreseyó en el juicio de amparo.
Consideraciones de la sentencia recurrida:
Precisión de los actos reclamados.
• En este apartado, precisaron como actos reclamados los siguientes:
-"Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de diciembre de dos mil trece, el cual entró en vigor, el uno de enero de dos mil catorce; particularmente los artículos 96, 111, 129, 151, último párrafo, y 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
- La orden de publicación y la publicación misma del referido Decreto en el Diario Oficial de la Federación; y,
- La aplicación por parte del secretario de Hacienda y Crédito Público de las normas impugnadas.
Existencia de los actos reclamados.
• Se consideró inexistente el acto atribuido al secretario de Hacienda y Crédito Público, consistente en la aplicación del decreto reclamado, en virtud de que dicha autoridad negó la existencia del acto y la quejosa fue omisa en aportar elementos de prueba que desvirtuaran dicha negativa.
• En cambio, dado que las responsables así lo admitieron, se estimaron existentes los actos reclamados a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, presidente de la República y director general adjunto del Diario Oficial de la Federación, consistentes, respectivamente, en la expedición y publicación de la ley reclamada.
• Por último, aunque el secretario de Gobernación negó la existencia del acto, consistente en la orden de publicación de la ley impugnada en el Diario Oficial de la Federación, el Juez de Distrito consideró existente el referido acto, en tanto que dicha autoridad está facultada para ordenar la publicación de la norma.
Análisis de las causas de improcedencia.
• Respecto de la publicación de la ley impugnada en el Diario Oficial de la Federación, se consideró actualizada la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 108, fracción III, del mismo ordenamiento legal, en virtud de que la publicación no se combatió por vicios propios.
• En relación con la impugnación de los artículos 111 y 129 de la Ley del Impuesto sobre la Renta -los cuales se refieren al régimen de incorporación fiscal y al régimen de ingresos por enajenación de acciones en bolsa de valores-, se estimó que se actualizaba la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, bajo el razonamiento de que la parte quejosa no formuló conceptos de violación en contra de dichos preceptos legales.
• En lo atinente a la impugnación del artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta -el cual se refiere al cálculo de los pagos provisionales, a cargo de las personas físicas-, se consideró actualizada la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIV, primera párrafo, de la Ley de Amparo, al estimar que la norma había sido consentida tácitamente por la parte quejosa.
• Al respecto, primeramente se dijo que la Ley de Amparo, prevé dos plazos para impugnar una norma general autoaplicativa (treinta días con motivo de su entrada en vigor y quince días con motivo de su primer acto de aplicación), en el entendido de que dichos plazos no coexisten simultáneamente, por lo que si en el caso concreto la parte quejosa impugnó el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta con motivo de su entrada en vigor -treinta días-, pero durante el transcurso del referido plazo la norma impugnada le fue aplicada en su perjuicio, entonces el plazo para promover el juicio de amparo es de quince días, contados a partir del día siguiente al en que la norma fue aplicada, siendo inoperante el plazo de treinta días al existir un acto concreto de aplicación.
• En ese sentido, se dijo que si bien los quejosos comparecieron a juicio, reclamando la inconstitucionalidad del artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, como norma autoaplicativa, lo cierto es que, de las pruebas que allegaron durante la sustanciación del juicio, se advierten tres recibos de pago de salarios expedidos por la empleadora **********, correspondientes a la primera semana de enero de la citada anualidad, en los que aparecen las firmas autógrafas de los quejosos y se desprende que dicha empresa efectuó las retenciones del impuesto de mérito.
• Por tanto, se afirmó que dado que los recibos de pago de salarios, constituyen el primer acto de aplicación de la norma impugnada, la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para promover la demanda de amparo, plazo que transcurrió del seis al veinticuatro, ambos de enero de dos mil catorce, por lo que si la demanda se presentó hasta el dos de enero de dos mil catorce, era inconcuso que resultaba extemporánea.
• En otro de ideas, se declaró fundada la causa de improcedencia que invocó el presidente de la República, en el sentido de que la quejosa carecía de interés jurídico para impugnar los artículos 151, último párrafo y 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta -los cuales regulan, respectivamente, el límite a las deducciones personales y el cálculo del impuesto anual- al no haberse presentado aún la declaración anual del tributo.
• Sobre el particular, se razonó que los referidos preceptos legales, únicamente podrían irrogar perjuicio a la parte quejosa hasta la presentación de la declaración del ejercicio, siendo hasta dicho momento en el que se toman en cuenta las deducciones personales y se calcula el impuesto sobre la renta anual, por lo que al tratarse de preceptos legales heteroaplicativos, con su sola entrada en vigor no se genera una afectación a la esfera jurídica de la quejosa.
• Finalmente, señaló que no era aplicable al caso concreto la jurisprudencia 1a./J. 65/2007, emitida por la Primera Sala, cuyo rubro es: "RENTA. EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XXVI, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO ES DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005.", en razón de que en ese criterio se analizó la mecánica de una deducción que operaba desde su entrada en vigor e implicaba cambios en el sistema contable de los contribuyentes, lo que no aconteció en el caso concreto.
5. Inconforme con la anterior determinación, mediante escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, los quejosos interpusieron recurso de revisión.
CUARTO.-Agravios. En el escrito de expresión de agravios, la parte recurrente formuló los siguientes argumentos:
Primer agravio.
• La sentencia recurrida es ilegal, debido a que el Juez de Distrito no valoró exhaustiva y minuciosamente los conceptos de violación y las pruebas, de los cuales se desprende la procedencia del juicio de amparo. Además, esgrimió razonamientos que son obsoletos, al no estar acordes con la redacción de la nueva Ley de Amparo y con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el tema del interés legítimo.
• La verdadera litis del juicio de amparo, radicó en que la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil trece, establece que las personas físicas con un ingreso superior a $62,502.01 (sesenta y dos mil quinientos dos pesos con un centavo) deben tributar conforme a una tasa del 32% hasta el 35%, siendo que esa tasa es superior a la establecida en el año anterior.
• Asimismo, deben analizarse las razones de sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de que el Juez de Distrito comete un error al señalar que los quejosos no exhibieron alguna prueba para desvirtuar la inexistencia de los actos atribuidos al Servicio de Administración Tributaria, siendo que de los recibos de pago de salarios exhibidos por los quejosos, se desprende la retención del tributo, por lo que con ello se demuestra la aplicación de las normas por parte de la autoridad hacendaria.
• En relación con la improcedencia del artículo 129 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Juez de Distrito incurre en un error al señalar que no se formularon conceptos de violación en su contra, pues en el primero de ellos se expuso que dicho precepto vulnera el principio de equidad tributaria, al establecer beneficios en favor de las personas físicas que enajenan acciones en bolsas de valores, lo cual no es aplicable al resto de los contribuyentes. Además, en la demanda de amparo, existen más de treinta fojas de razonamientos jurídicos, con los que se demuestra la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados.
• En relación con el motivo de sobreseimiento, derivado de la extemporaneidad de la demanda, respecto del artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, debe decirse que en el capítulo en la demanda de amparo, se analizó la oportunidad y se demostró que las normas impugnadas son autoaplicativas, por lo que el plazo para promover el juicio es de treinta días y no de quince.
• Asimismo, no es óbice a la anterior conclusión que los quejosos exhibieran recibos de salarios, correspondientes a la primera semana de enero de dos mil catorce, pues con ello no demuestra ningún acto de aplicación del artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta como lo aseveró el Juez de Distrito, sino que dichas documentales, únicamente se exhibieron para acreditar que los quejosos son sujetos del tributo.
• A mayor abundamiento, señaló que de la lectura de los preceptos impugnados, se demuestra que con su sola entrada en vigor, causan una afectación a la esfera jurídica de los quejosos, toda vez que conforme al concepto de individualización incondicionada, desde la entrada en vigor, se vincula a los contribuyentes a su cumplimiento.
• El Juez de Distrito no tomó en consideración los criterios «2a./J. 24/2008 y I.1o.A.120 A» de rubros: "DECLARACIÓN PRESENTADA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y ACUSE DE RECIBO CON SELLO DIGITAL. LA CONSTANCIA IMPRESA O SU COPIA SIMPLE SON APTAS PARA ACREDITAR LA APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS LEGALES EN QUE AQUÉLLA SE SUSTENTÓ." y "CONTRIBUCIONES. LA COPIA SIMPLE DEL COMPROBANTE DE PAGO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS OBTENIDA MEDIANTE IMPRESORA, FAX O CUALQUIER OTRO MEDIO ANÁLOGO ES APTA PARA ACREDITAR EL ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN EL AÑO DOS MIL TRES."
Segundo agravio.
• Es importante señalar que la demanda de amparo se presentó dentro de los treinta días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el once de enero de dos mil trece. Asimismo, los preceptos reclamados son categóricos al disponer que la quejosa está obligada a hacer pagos provisionales, a cargo del impuesto sobre la renta y, derivado de ello, desde la entrada en vigor, a la quejosa le aplica una tarifa mayor, la cual no es progresiva.
• Es menester señalar que las autoridades responsables actuaron dolosamente, al hacer creer al Juez de Distrito que las normas impugnadas sólo pueden causar afectación a los quejosos hasta la presentación de la declaración del ejercicio, lo que se aparta de los criterios más recientes del Poder Judicial de la Federación en materia de la naturaleza autoaplicativa de las leyes fiscales.
• Al respecto, es aplicable el criterio «1a. CCLXXXI/2014 (10a.)» de la Primera Sala, de título y subtítulo: "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO."
QUINTO.-Pronunciamientos del Juez de Distrito que deben quedar intocados. Debe quedar firme la determinación contenida en el considerando quinto de la sentencia recurrida, mediante la cual el Juez de Distrito, sobreseyó en el juicio de amparo, en relación con el acto, consistente en la publicación del decreto combatido en el Diario Oficial de la Federación.
Lo anterior se estima así, porque la parte a quien perjudica la anterior determinación fue omisa en combatirlo a través de sus agravios, por lo que debe tenerse por firme para seguir rigiendo en lo conducente al fallo.
Por último, del análisis integral de las constancias de autos, este Segunda Sala no advierte de manera oficiosa la actualización de alguna otra causa de improcedencia, diferente a las analizadas por el Juez de Distrito.
SEXTO.-Agravios contra el sobreseimiento respecto de actos del secretario de Hacienda y Crédito Público.
La parte recurrente afirma que es ilegal la determinación en la que el Juez de Distrito resolvió sobreseer en el juicio de amparo, respecto de los actos de aplicación de las normas reclamadas, atribuidos al secretario de Hacienda y Crédito Público, en virtud de que no tomó en consideración que si la empresa empleadora efectuó diversas retenciones al salario de los quejosos y emitió diversos recibos al efecto, con ello queda demostrada la participación de la mencionada autoridad en la aplicación de los preceptos impugnados, por lo que lo procedente es considerarla como autoridad responsable en el presente juicio de amparo.
Además, afirma que es ilegal la apreciación del Juez de Distrito, en el sentido de que los quejosos no ofrecieron medio de prueba alguno con el que se desvirtuara la negativa de los actos reclamados por parte de la autoridad hacendaria, pasando por alto que en el sumario del juicio de amparo, obran diversos recibos de salario con los que se acredita la retención del impuesto sobre la renta.
El citado argumento es infundado.
En primer lugar cabe destacar que los recibos de pago exhibidos por los quejosos no pueden considerarse como el primer acto de aplicación de las normas impugnadas, ya que de ellos no se desprende la retención del impuesto sobre la renta, ni mucho menos el sustento legal de tal actuación, por lo que no resulta viable que a partir de dichas documentales la parte recurrente pretenda considerar que el secretario de Hacienda y Crédito Público participó en la aplicación de las normas.
Aunado a lo anterior, es criterio de esta Segunda Sala que el hecho de que en el juicio de amparo se demuestre que el empleador de la quejosa retuvo el impuesto sobre la renta a cargo de ésta (lo que en la especie no sucedió), no conduce a tener por ciertos los actos de aplicación y ejecución atribuidos a las autoridades hacendarias, ya que si bien dichas autoridades tienen facultades recaudatorias, lo cierto es que para ser consideradas como autoridades responsables en el juicio de amparo es necesario que desempeñen su actuación de manera coactiva en cumplimiento a las normas tributarias, por lo que las retenciones que efectúan las personas obligadas a ello no necesariamente conlleva la participación de las autoridades hacendarias en la aplicación de las normas impugnadas.
Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 36/2008, emitida por esta Segunda Sala, cuyo rubro es: "RENTA. LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO NO CONDUCE A TENER POR CIERTOS LOS ACTOS DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA LEY ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES HACENDARIAS, PERO SÍ ES APTA PARA PROMOVER AMPARO CONTRA DICHA LEY."(4)
En ese sentido, esta Segunda Sala considera acertada la determinación del Juez de Distrito en la que consideró que el juicio de amparo era improcedente por lo que hace al secretario de Hacienda y Crédito Público.
SÉPTIMO.-Agravios encaminados a superar el sobreseimiento en el juicio, respecto de las normas reclamadas.
En otra parte del primer agravio, la parte recurrente afirma que es ilegal la consideración del Juez de Distrito en el sentido de que los quejosos consintieron tácitamente el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el once de diciembre de dos mil trece, dado que no promovieron el juicio de amparo en su contra, dentro del plazo de quince días siguientes a aquel en el que se verificó su primer acto de aplicación.
Sobre el particular, la recurrente afirma que el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta fue impugnado como norma de naturaleza autoaplicativa, señalando que si bien en los recibos de salarios que obran en el expediente, se desprende que la empleadora efectuó diversas deducciones, lo cierto es que con ello no se acredita ningún acto de aplicación de la norma reclamada, cuenta habida que los recibos de mérito fueron exhibidos para el único fin de acreditar que los quejosos son sujetos del impuesto sobre la renta, mas no para demostrar la actualización de algún acto de aplicación del precepto combatido.
A mayor abundamiento, aducen que el plazo para promover la demanda de amparo contra el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al ser una norma de naturaleza autoaplicativa, es de treinta días, a partir de su entrada en vigor, por lo que es desacertado afirmar que la retención por parte de la empleadora es un acto de aplicación y que, por ende, el plazo para presentar la demanda de amparo era de quince días.
El anterior argumento resulta sustancialmente fundado, como se demostrará a continuación:
Los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente disponen lo siguiente:
"Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:
"I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; ..."
"Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor."
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.
"No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso.
"Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquel al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad."
En la cuestión de interés, del primero de los preceptos transcritos (artículo 17 de la Ley de Amparo), se desprende que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, con excepción, entre otros supuestos, del caso en el que se reclama una norma general autoaplicativa, supuesto en el cual el referido plazo será de treinta días.
Asimismo, del segundo de los preceptos reproducidos (artículo 18 de la Ley de Amparo), se advierte que los plazos para la promoción del juicio de amparo se computarán a partir del día siguiente al en que:
a) Surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame;
b) Aquel en que haya tenido conocimiento del mismo;
c) Se ostente sabedor del acto o de su ejecución.
Lo anterior, con la aclaración de que cuando se impugne una norma con motivo de su entrada en vigor, el plazo de treinta días deberá computarse a partir del día de su entrada en vigor.
Asimismo, de la transcripción del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se desprende que no se entenderá consentida tácitamente una norma general, cuando a pesar de ser impugnable con motivo de su entrada en vigor, ésta no se haya reclamado, sino sólo en el caso en que tampoco se haya promovido juicio de amparo contra su primer acto de aplicación al quejoso.
Es decir, tratándose de normas generales de naturaleza autoaplicativa la Ley de Amparo contempla dos plazos para promover el juicio constitucional, a saber:
1) Treinta días a partir de su entrada en vigor (artículos 17, fracción I, y 18 de la Ley de Amparo); y,
2) Quince días con motivo de su primer acto de aplicación en perjuicio del quejoso (artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo).
En el entendido de que resulta optativo para el quejoso, acogerse al plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de la norma autoaplicativa, o bien, esperar a que se verifique su primer acto de aplicación, sin que en este último caso se entienda consentida tácitamente.
Lo anterior, sin perjuicio de considerar -como lo hizo el Juez de Distrito- que los referidos plazos no pueden coexistir simultáneamente, toda vez que si se verifica el primer acto de aplicación de la norma impugnada, la parte quejosa deberá promover el juicio de amparo en contra de dicho acto, conforme al plazo de quince días.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 95/2005, emitida por esta Segunda Sala, cuyo rubro es: "LEYES AUTOAPLICATIVAS COMBATIDAS CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. CUANDO LA DEMANDA ES EXTEMPORÁNEA RESPECTO DE ÉSTE, TAMBIÉN LO ES EN RELACIÓN CON LA LEY, AUN CUANDO NO HAYA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE 30 DÍAS PARA SU IMPUGNACIÓN."(5)
Ahora, en relación con el tema del primer acto de aplicación de las leyes tributarias, es preciso hacer referencia a lo resuelto por esta Segunda Sala en la contradicción de tesis 179/2003-SS,(6) cuyo punto de contradicción, consistió en determinar si la retención del impuesto sobre la renta, efectuada por los empleadores o patrones, podía o no considerarse como un acto de aplicación en perjuicio de los trabajadores que causaron el impuesto.
Al respecto, esta Segunda Sala razonó que las personas que reciben un servicio personal subordinado, se encuentran obligadas, por disposición de ley, a efectuar la retención, el cálculo y el entero del impuesto causado por sus trabajadores. En el entendido de que al tener el carácter de retenedores, también se consideran responsables solidarios del pago de dichas contribuciones, según lo dispuesto en el artículo 26, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación.
Por tanto, se concluyó que la retención efectuada por parte de los patrones, en auxilio a la autoridad hacendaria, debía considerarse como el primer acto de aplicación de la norma tributaria que prevé dicha contribución, ya que a través de dicha retención, se concretiza la hipótesis normativa en la esfera jurídica del contribuyente.
Asimismo, esta Segunda Sala señaló que en todo caso debe quedar plenamente demostrado, a partir de qué momento el trabajador tuvo conocimiento del citado acto de aplicación, ya que en muchas ocasiones el documento en el que el patrón hace constar las remuneraciones y las respectivas retenciones (recibos de pago, de nómina, de honorarios y constancias de ingresos entre otras), no contienen un detalle pormenorizado de los conceptos por los cuales se efectuó la retención del impuesto sobre la renta, ni menos aún el sustento legal de la misma, siendo que dichos elementos deben quedar demostrados plenamente y no inferirse a través de presunciones.
En ese sentido, se concluyó que si bien la retención que efectúan los patrones a sus trabajadores debe considerarse como un acto de aplicación de la norma tributaria, también es menester que el documento en el que conste dicha retención, establezca el concepto retenido y el fundamento legal de tal actuación, ya que sólo así podría afirmarse que el contribuyente tuvo pleno conocimiento de la aplicación de la norma.
Del anterior asunto, derivó la jurisprudencia 2a./J. 52/2004, emitida por esta Segunda Sala, cuyo rubro es: "IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SU RETENCIÓN POR EL PATRÓN AL EFECTUAR EL PAGO DE ALGÚN CONCEPTO QUE LA LEY RELATIVA PREVÉ COMO INGRESO POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO, CONSTITUYE ACTO DE APLICACIÓN PARA EFECTOS DEL AMPARO, Y ES SUSCEPTIBLE DE GENERAR LA IMPROCEDENCIA POR CONSENTIMIENTO TÁCITO, SIEMPRE Y CU
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26998-a4189331/renta-el-articulo-151-ultimo-parrafo-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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