RENTA. LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 130/2007 (*) NO ESTABLECE LA OBLIGACIÓN, PARA EL LEGISLADOR TRIBUTARIO, DE MANTENER INDEFINIDAMENTE EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO PREVISTO POR LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO ABROGADA. RENTA. LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, NO HOMOLOGAN EL TRATO FISCAL DEL RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS, AL DEL GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES, POR LO QUE NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. RENTA. LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA POR LA SOLA EXTINCIÓN DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO PREVISTO EN LA LEY ABROGADA. ALIMENTACIÓN. CONSTITUYE UN DERECHO HUMANO RECONOCIDO, POR REGLA GENERAL, EN FAVOR DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y NO DE LAS MORALES. CONFIANZA LEGÍTIMA. CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, EN SU FACETA DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD. CONFIANZA LEGÍTIMA. SU APLICACIÓN EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO RESPECTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS. CONFIANZA LEGÍTIMA. SU APLICACIÓN EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO RESPECTO DE ACTOS LEGISLATIVOS. CONFIANZA LEGÍTIMA. CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, EN SU FACETA DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD.
RENTA. LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 130/2007 (*) NO ESTABLECE LA OBLIGACIÓN, PARA EL LEGISLADOR TRIBUTARIO, DE MANTENER INDEFINIDAMENTE EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO PREVISTO POR LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO ABROGADA.
RENTA. LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, NO HOMOLOGAN EL TRATO FISCAL DEL RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS, AL DEL GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES, POR LO QUE NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
RENTA. LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA POR LA SOLA EXTINCIÓN DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO PREVISTO EN LA LEY ABROGADA.
ALIMENTACIÓN. CONSTITUYE UN DERECHO HUMANO RECONOCIDO, POR REGLA GENERAL, EN FAVOR DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y NO DE LAS MORALES.
CONFIANZA LEGÍTIMA. CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, EN SU FACETA DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD.
CONFIANZA LEGÍTIMA. SU APLICACIÓN EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO RESPECTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS.
CONFIANZA LEGÍTIMA. SU APLICACIÓN EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO RESPECTO DE ACTOS LEGISLATIVOS.
AMPARO EN REVISIÓN 894/2015. AGUILARES, S. DE P.R. DE R.L. Y OTRA. 5 DE OCTUBRE DE 2016. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN; VOTÓ CON SALVEDAD MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: JOEL ISAAC RANGEL AGÜEROS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto.(1)
SEGUNDO.-Oportunidad y legitimación. Sobre el particular esta Segunda Sala no se pronuncia, en virtud que el Tribunal Colegiado del conocimiento se avocó a analizar los temas relativos a la oportunidad y legitimación de los recursos de revisión -tanto principales como adhesivos- interpuestos por las quejosas y las autoridades responsables.
TERCERO.-Antecedentes. Para un mejor conocimiento del asunto que nos ocupa, conviene relatar los antecedentes del caso:
Por escrito presentado el seis de marzo de dos mil catorce, ********** y **********, ambas **********, por conducto de su apoderado, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos; se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil trece, específicamente, los artículos 74 y 75 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigentes a partir del uno de enero de dos mil catorce.
Las quejosas formularon conceptos de violación, los cuales se sintetizan de la siguiente manera:
Primer concepto de violación:
• El artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del uno de enero de 2014, es violatorio de los principios de igualdad y equidad tributaria, previstos en los numerales 1o. y 31, fracción IV, de la Ley Fundamental.
• Lo anterior, debido a que otorga un trato igual a contribuyentes que son desiguales jurídica, fiscal y económicamente; es decir, que los sujetos pasivos del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras son distintos a los del régimen general.
• Las quejosas estiman que existe un trato idéntico, a partir de la homologación de la tasa impositiva, prevista para el régimen dirigido al sector primario, en comparación con las del régimen general, pues en ambos casos se establece una tasa del 30%.
• Con el régimen simplificado eliminado, se reconocía la desigualdad entre los mencionados contribuyentes, ya que se preveía una reducción del impuesto del 30% al 21%.
• En el actual régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras únicamente se protege esa desigualdad mediante la implementación de facilidades administrativas y de pago, sin que en el fondo se prevea la aplicación de una tasa reducida.
• Que, en atención a las actividades que desarrolla el sector primario y dada su alta prioridad para el país, deben ser tratados fiscalmente de manera diferenciada al resto del universo de contribuyentes.
Es necesario dar un trato preferencial al sector primario, dado que ello no debe ser visto como una concesión graciosa del legislador, sino como una distinción de carácter estratégico.
• El legislador no cuenta con una facultad omnímoda para homologar la tasa del impuesto relativo, pues desconoce que el sector primario no es comparable con el régimen general, por lo que no debe otorgarse la misma tasa impositiva, al tratarse de contribuyentes con diferencias que no permiten tratarlos de la misma manera.
Segunda parte del primer concepto de violación
• Las quejosas señalan que en caso que no deba darse trato desigual a contribuyentes disímiles, es decir, que sea admita como válida la homologación de la tasa; el artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no permite medir de la misma forma su capacidad contributiva.
• Lo anterior, en virtud que se establecen dos tasas distintas para la determinación de la contribución de que se trata, cuestión que no ocurre en el régimen general, en donde se aplica una tasa para todos los contribuyentes.
• El artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta prevé un mecanismo por el cual, dependiendo de los ingresos del contribuyente, se determinará si se aplica la tasa del 21%, y para el excedente, la de 30%; con lo cual, la capacidad contributiva se mide desigualmente entre sujetos pasivos pertenecientes al mismo régimen.
• La porción normativa impugnada establece que por un rango de ingresos se aplicará la tasa del 21%; mientras que por el excedente será la del 30%; en específico, aducen el caso relativo a los contribuyentes que obtengan por ingresos una cantidad superior a 423 veces el salario mínimo general del área correspondiente, elevado al año.
• Ello contraviene la igualdad y equidad tributaria, puesto que para personas morales, el respeto a la proporcionalidad se da en la medida en que exista una sola tasa aplicable para todos los contribuyentes, en lugar de una tarifa progresiva.
Es a través de la base gravable, tratándose de personas morales, en que se reconoce la verdadera capacidad contributiva.
• En atención a lo anterior, las quejosas señalan que la violación radica en que para el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras se establecen dos tasas impositivas, lo que no ocurre con el régimen general.
Tercera parte del primer concepto de violación
• En este motivo de disenso, las quejosas reiteran la violación a los principios de igualdad y equidad tributaria, puesto que aducen que mientras en el régimen general se aplica una sola tasa a la base gravable, en el caso del régimen del sector primario, se debe atender al rango de ingresos obtenidos, para poder determinar la aplicación de una tasa efectiva del 21%, o bien, la diversa general de 30%.
• En el caso del régimen del sector primario, son los ingresos lo que determina la aplicación de las tasas mencionadas, lo que no se establece para los contribuyentes del régimen general, la cual se aplica sobre su base gravable.
• Debe atenderse que si en el régimen general se aplica una sola tasa con independencia del nivel de ingresos, resulta inequitativo y desigual que, tratándose del régimen del sector primario, sea en virtud de los ingresos que se determine la aplicación de una tasa del 21% o del 30%.
• En esa virtud, es inconstitucional que el artículo reclamado establezca dos tasas aplicables, atendiendo a los ingresos que se perciba, pues no permite apreciar la verdadera capacidad contributiva, como en su caso sí sucede con el régimen general en que se aplica una tasa.
Cuarta parte del primer concepto de violación
• Las quejosas aducen que el artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, atenta contra los principios de igualdad y equidad tributaria, ya que otorga un trato desigual a los contribuyentes que pertenecen al mismo régimen del sector primario.
• Contribuyentes que realizan el mismo hecho imponible, consistente en la obtención de ingresos por actividades del sector primario, son tratados de forma desigual, al tener que aplicar tasas impositivas distintas dependiendo de sus ingresos.
• Sobre el caso, las quejosas precisan la forma en que, atendiendo al contenido del artículo reclamado, se determina el Impuesto sobre la Renta tratándose del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras.
• Del contenido del numeral impugnado, se advierte la aplicación de dos tasas completamente distintas, pues, por un rango de ingresos, se aplica una tasa del 21% y, por otro, margen de ingresos, una del 30%.
• En efecto, consideran que cuando los ingresos no rebasen las 423 veces el salario mínimo general del área correspondiente, elevado al año, la tasa efectiva será del 21%, siendo que cuando los ingresos rebasen el límite descrito, se aplicará la tasa del 30%, lo que constituye un trato desigual entre sujetos de un mismo régimen fiscal, que se ubican en la misma hipótesis de causación.
• Mencionan que tratándose de sujetos pasivos que obtengan ingresos superiores al límite aludido, sólo una parte de éstos se sujetará a la tasa del 21%; mientras que el resto de la cantidad será sometida al cálculo de una tasa del 30%, configurándose un trato inequitativo.
• La distinción que se efectúa radica en los ingresos de los contribuyentes y no al tipo de actividades que realizan.
Segundo concepto de violación:
• El artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta transgrede el principio de proporcionalidad tributaria.
• Así es, ello radica en que el mencionado numeral prevé la aplicación de dos tasas efectivas del impuesto de que se trata, sin que exista parámetro de progresividad alguno.
• Los contribuyentes que tengan ingresos superiores a 423 veces el salario mínimo general del área correspondiente, elevado al año, aplicarán una tasa efectiva del 21% respecto de los ingresos inferiores a dicho límite; mientras que por el excedente aplicarán la tasa del 30%, situación que es desproporcional, puesto que no existe progresividad entre esas tasas.
• La proporcionalidad tributaria se respeta en la medida en que la ley establezca un mecanismo que contenga una tasa o tarifa progresiva respecto del objeto del impuesto, en la que la diferencia entre un rango y otro, sea compensada con una cuota fija establecida sobre el excedente del límite inferior.
• En el supuesto de que se estimara que es constitucional la diferencia realizada entre contribuyentes del sector primario y los del régimen general tratándose de la tasa aplicable, lo cierto es que en el caso del sector agropecuario, las tasas que se contemplan no revisten signos de progresividad, pues con el hecho de que los ingresos superen 423 veces el salario mínimo general del área correspondiente, elevado al año, la tasa aplicable se dispara de un 21% a un 30%.
• Esa disparidad no se compensa con cuota fija alguna.
Segunda parte del segundo concepto de violación
• El artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta viola el principio de proporcionalidad tributaria, debido a que, a diferencia del régimen general en donde no se aplican dos tasas por cuestión de existir diferencia de ingresos, en el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, sí se prevén dos tasas impositivas.
• Tratándose del régimen del sector agropecuario, son los ingresos que obtiene el contribuyente, lo que determina la aplicación de la tasa o de las tasas correspondientes; lo que no sucede en el régimen general, en donde el nivel de ingresos no determina la aplicación de diferentes tasas, pues únicamente se prevé una sola.
• En ese sentido, no es válido atender a los ingresos percibidos para establecer tasas diferenciadas, puesto que lo que denota la verdadera capacidad contributiva es la base gravable (ingresos menos deducciones).
Tercera parte del segundo concepto de violación
• Los numerales 74 y 75 de la Ley del Impuesto sobre la Renta son violatorios del principio de proporcionalidad tributaria, en virtud que las medidas que establecen, consistentes en la homologación de la tasa impositiva, no guardan relación con la finalidad perseguida por el legislador.
• En efecto, la homologación de la tasa aludida, lejos de reducir los tratamientos fiscales, en realidad se producen distorsiones e inequidad en el sistema tributario; de ahí que exista una relación desproporcional entre los medios adoptados y los fines pretendidos, ya que, como se ha sostenido, el establecimiento del gravamen en cita no atiende a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos.
• Para tal fin, los artículos impugnados deben ser analizados a la luz del test de proporcionalidad, tal como se precisa en la tesis 1a. LIII/2012 (10a.) emitida por la Primera Sala de este Alto Tribunal, de rubro: "TEST DE PROPORCIONALIDAD DE LAS LEYES FISCALES. EN ATENCIÓN A LA INTENSIDAD DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD CONSTITUCIONAL DE LAS MISMAS, SU APLICACIÓN POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE REQUIERE DE UN MÍNIMO Y NO DE UN MÁXIMO DE JUSTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN."
• Así, las medidas tributarias impuestas tuvieron su razón de ser, conforme a lo expuesto por el legislador, en reducir los beneficios fiscales y eliminar tratamientos preferenciales que generaran distorsiones e inequidad, con la finalidad de establecer un sistema tributario más igualitario entre la universalidad de contribuyentes.
• Se buscó lograr lo anterior mediante la homologación de la tasa del impuesto sobre la renta y de crear un nuevo régimen fiscal para contribuyentes del sector primario.
• No obstante las motivaciones anteriores, el legislador soslayó las características y la alta prioridad que las actividades agropecuarias representan para el país; de ahí que no sea posible tratarse igualitariamente a ese sector respecto del régimen general.
• Asimismo, la imposición de dos tasas distintas no permite reconocer la verdadera capacidad contributiva.
• Sobre esas ideas, debe concederse el amparo solicitado para el efecto de que las quejosas tributen conforme a la tasa efectiva del 21%, la cual, sí permite reconocer la capacidad contributiva.
Tercer concepto de violación:
• Los artículos reclamados transgreden en perjuicio de las quejosas el derecho a la libre concurrencia o competencia establecido en el artículo 28 de la Ley Fundamental.
• El mencionado derecho consiste en una obligación del Estado de expedir ordenamientos jurídicos que aseguren la libre competencia y eviten fenómenos que constituyan ventajas exclusivas a favor de una o varias personas, en perjuicio del interés social.
• Así, en el supuesto que un ordenamiento legal otorgue privilegios o prerrogativas a determinados sujetos, éste será violatorio de la garantía de competencia libre y libre concurrencia que establece el numeral 28 de la Constitución Federal. Citan la jurisprudencia «2a./J. 181/2004» de rubro: "CONTROLES VOLUMÉTRICOS. EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LOS ESTABLECE, NO VIOLA EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUES NO PROPICIA PRÁCTICAS MONOPÓLICAS NI LIMITA LA LIBRE CONCURRENCIA ENTRE LOS AGENTES ECONÓMICOS (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004)."
• Analizando, a contrario sensu, la jurisprudencia arriba citada, se desprende que una norma jurídica es violatoria del artículo 28 de la Constitución General, si limita la libre concurrencia de mercado estableciendo alguna ventaja comercial a favor de personas determinadas.
• En esa virtud, en el caso concreto, los artículos impugnados establecen una ventaja exclusiva a favor de los contribuyentes del sector primario que tengan ingresos menores a 423 veces el salario mínimo general del área correspondiente, elevado al año, quienes podrán aplicar una tasa del 31%; mientras que los que superen el límite de referencia deberán determinar el impuesto conforme a una tasa del 30%.
• De esa manera, la tasa diferenciada genera una ventaja comercial exclusiva a favor de los contribuyentes que no superen el mencionado límite de ingresos, en virtud que podrán comercializar sus productos a un precio más bajo que el que establezcan los sujetos pasivos con ingresos superiores al multicitado límite.
• Los contribuyentes con mayores ingresos aplicarán la tasa del 30% y los de menores ingresos la del 21%, generando distorsiones en un mismo sector de la economía.
Segunda parte del tercer concepto de violación
• Los contribuyentes con mayores ingresos del límite indicado, se verán obligados a incrementar el precio de sus productos a efecto de poder reinvertir sus utilidades, cuestión que no acontece con los sujetos pasivos que obtengan menores ingresos respecto de la limitante aducida.
• Lo anterior implicará que a los contribuyentes que superen el tope de ingresos verán disminuida su competitividad, ya que al establecerse una tasa mayor en esos supuestos, incrementarán el preciso de sus productos o reducir la calidad de los mismos.
Tercera parte del tercer concepto de violación
• A más de lo anterior, los artículos impugnados transgreden el contenido del numeral 39, inciso b), subinciso i), de la Carta de la Organización de Estados Americanos.
• Ello, dado que el mencionado numeral estable la obligación de los países miembros de lograr mejores condiciones para el comercio de los productos básicos mediante procedimientos ordenados de comercialización que eviten la perturbación de los mercados y otras medidas destinadas a promover la expansión de mercados.
• Así, el hecho de que se imponga una tasa mayor a contribuyentes con ingresos superiores a 423 veces el salario mínimo general del área geográfica, elevado al año, perturba el mercado del sector primario.
Conforme a las anteriores motivaciones, las quejosas solicitan se les aplique la tasa efectiva del 21%.
Cuarto concepto de violación:
• Las disposiciones reclamadas contravienen el derecho a una alimentación adecuada, previsto en el artículo 4o. de la Norma Fundamental, en relación con el numeral 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el diverso 12 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador".
• El derecho a la alimentación adecuada, según el texto constitucional, prevé que es obligación del Estado garantizar a toda persona el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
• De la interpretación sistemática de la Ley Fundamental y los diversos tratados internacionales, respecto del derecho en mención, se advierte que los Estados deberán adoptar medidas que tengan por resultado acceso al referido derecho, adoptando medidas para velar que las empresas o particulares no priven a las personas de su acceso a una alimentación adecuada.
• Incluso, los Estados deben promover políticas encaminadas a contribuir a la realización progresiva del derecho a la alimentación de la población, participando de modo activo en las actividades orientadas al fortalecimiento del acceso de la población a recursos y medios necesarios para garantizar su subsistencia, incluida la seguridad alimentaria, y la utilización de los mismos.
• Ahora bien, el derecho a la alimentación adecuada, no se limita a que los ciudadanos de un país no mueran de hambre, sino que se extiende a los aspectos relacionados a que el Estado debe crear mecanismos que garanticen no solamente que los gobernados tengan precios accesibles de los alimentos, sino que también se debe velar por los intereses de los productores.
• En ese sentido, si un Estado establece una legislación que conlleve el aumento de los precios de alimentos de consumo básico, como los que produce el sector primario, se obstaculizaría el derecho a la alimentación adecuada.
• Sobre el particular, el artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta viola el referido derecho a la alimentación, debido a que se aumenta desproporcionalmente la carga impositiva.
• El legislador no tomó en cuenta los efectos nocivos que causaría al sector primario y, por consecuencia, al derecho a la alimentación, el hecho de homologar la tasa impositiva conforme lo realiza el régimen general.
• El incremento de la tasa provocará el aumento de los precios, se desalentarán inversiones y se dependerá en mayor medida de las importaciones de alimentos, lo que pugna contra la seguridad y soberanía alimentaria.
• Insisten, en que el derecho a la alimentación adecuada debe protegerse mediante el establecimiento de políticas que propicien la accesibilidad a los alimentos de consumo básico, en la inteligencia que el sector primario se encuentra en vulnerabilidad respecto de factores de riesgo como plagas, clima, entre otros.
• El aumento de la tasa tributaria establecida para el sector agropecuario mencionado, provocará, evidentemente, el aumento de los precios de los alimentos de consumo básico.
Quinto concepto de violación:
• Los artículos reclamados violan el derecho fundamental al desarrollo integral establecido en los artículos 33, 34 y 45 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en relación con el numeral 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
• De los referidos instrumentos jurídicos internacionales, se advierte que existe la obligación para el Estado de garantizar a las personas un desarrollo integral de un orden económico y social justo que permita su plena realización.
• Así, debe garantizarse la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, estableciendo sistemas impositivos adecuados y equitativos que aseguren a las personas un ambiente de igualdad de oportunidades y seguridad económica.
• En el caso concreto, si se toma en cuenta que el sector primario tiene características especiales que lo hacen diferente respecto de los demás sectores de la economía, el Estado debe proveerle una tutela eficaz para que contribuyan en forma desigual respecto de otros sujetos pasivos que se dediquen a actividades productivas diferentes, y de manera igual frente a los que desarrollen tareas del sector primario.
• De tal modo, una norma tributaria respetará el derecho al desarrollo integral siempre que trate igual a los iguales y de manera desigual a los desiguales, tratándose de la contribución a los gastos públicos.
• Ahora bien, sobre el tema de la regularidad constitucional de los numerales impugnados, éstos no reconocen las diferencias existentes entre el sector primario y el resto de los contribuyentes, ya que se homologa la tasa del impuesto sobre la renta a la del régimen general.
• Debe tenerse presente que es el tipo de actividades lo que marca la diferencia entre esos dos regímenes, y no los ingresos que perciben.
• Así, el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras colocan en un plano de igualdad a los contribuyentes del sector primario frente a los del régimen general, ello por la homologación de la tasa.
• De ese modo, se establece un sistema tributario neutral que no reconoce las diferencias mencionadas.
Segunda parte del quinto concepto de violación
• Asimismo, los numerales combatidos otorgan un trato desigual a contribuyentes pertenecientes al mismo régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras.
• Las quejosas argumentan el trato inequitativo en el régimen mencionado, debido a que en él, se prevé el establecimiento de dos tasas distintas para la determinación de la contribución de que se trata, situación que no se prevé en el régimen general.
• Alegan lo anterior, pues, en el caso, el numeral 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta precisa que quienes obtengan mayores ingresos respecto del límite de 423 veces el salario mínimo general del área correspondiente, elevado al año, aplicaran una tasa del 30%; pero los que no superen ese monto, se sujetarán a una tasa efectiva del 21%.
Sexto concepto de violación:
• Los artículos 74 y 75 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, son violatorios del principio de protección de la confianza legítima, que se desprende del diverso de la garantía de seguridad jurídica previsto en los numerales 14 y 16 de la Constitución Federal.
• El principio de protección de la confianza legítima vela por la estabilidad y conservación del derecho de los gobernados, con el fin de darles certeza jurídica respecto de las eventuales arbitrariedades en que puedan incurrir las autoridades y que éstas afecten a los ciudadanos respecto de actos futuros; empero, si bien la autoridad tienen la capacidad de modificar sus actos o regulaciones jurídicas, cuando así se estime conveniente, eso será válido siempre y cuando se prevean disposiciones transitorias que resguarden la previsibilidad del ordenamiento jurídico.
• Ahora, en materia fiscal, el mencionado principio no debe entenderse como la protección y búsqueda de la perpetuidad de determinado ordenamiento jurídico existente o el mantener un régimen fiscal vigente de manera indeterminada, lo que busca es proteger al gobernado frente a cambios normativos arbitrarios, súbitos, sorpresivos e imprevisibles que alteren la esfera jurídica de los gobernados.
• Las quejosas edifican este concepto de violación, a partir de la omisión en que incurrió el legislador, al no establecer un régimen de transitoriedad que permitiera a los contribuyentes sujetos al anterior régimen simplificado, migrar al actual de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras.
• En efecto, la parte quejosa arguye que el legislador, de manera intempestiva, abrupta y sorpresiva, eliminó el régimen simplificado e instauró el diverso previsto en los numerales 74 y 75 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del uno de enero de dos mil catorce.
• Precisan que ese cambio repentino modificó las decisiones de negocios, estratégicas, comerciales, planeaciones financieras y futuros negocios que había desarrollado conforme a la anterior legislación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil trece, ya que no se fijó un régimen de transición que permitieran aminorar el impacto descrito.
• Esas cuestiones, en opinión de las quejosas, pugna contra el principio de protección y confianza legítima, el cual obliga a no cambiar las condiciones de dichos actos, con la finalidad de proteger a los gobernados de decisiones arbitrarias e inesperadas que pudieran violentar su seguridad jurídica y causa incertidumbre.
• Reiteran, las innovaciones y modificaciones normativas no deben ser impuestas de manera inesperada e imprevisible, sino que deben mantenerse para dar oportunidad a los contribuyentes de saber a qué atenerse; motivo por el cual, es indispensable la previsión de un régimen transitorio que permite gradualmente migrar a la nueva situación jurídica impuesta.
El Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, en síntesis, adujo lo siguiente:
Fijación de la litis:
• La discusión, aprobación, expedición, promulgación y orden de expedición de los artículos 74 y 75 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil trece.
• La omisión en que incurrió el Congreso de la Unión, al no establecer un régimen de transición entre el régimen simplificado y el diverso (actual) de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras.
Naturaleza de las normas impugnadas:
• Los artículos 74 y 75 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, desde su entrada en vigor, establecen diversas obligaciones a cargo de las personas físicas y morales que se dediquen a las actividades del sector primario.
• Desde que surgen a la vida jurídica, constriñen a sus destinatarios a someterse a las condiciones jurídicas que establece ese régimen fiscal, a cumplir con las obligaciones que se imponen.
• De ahí que se innecesario un acto de aplicación, dado que desde el momento en que entraron en vigor, se afectó la esfera jurídica de los gobernados sujetos a ese régimen.
Análisis de las causas de improcedencia:
• El presidente de la República adujo que el juicio era improcedente, en términos de los numerales 61, fracciones XII y XXII, así como del diverso 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo; en virtud que la parte quejosa no demostró documentalmente que estaba sujeta al régimen que establecen los artículos impugnados; ni mucho menos que el 90% de sus ingresos provienen de las actividades del sector agropecuario.
• El Juez de Distrito determinó que los medios probatorios presentados por las quejosas eran eficaces para demostrar su interés jurídico, ya que se dedican a las actividades vinculadas al sector primario y, por ende, sus ingresos provienen de éstas.
• Además, durante la vigencia de la anterior Ley del Impuesto sobre la Renta, demostraron que tributaron al amparo del régimen simplificado, el cual desapareció con motivo de la entrada en vigor de los artículos 74 y 75 de la actual ley de la materia, en donde se establece el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas yo (sic) pesqueras, el cual sustituyó al primero de los citados.
• Así, las quejosas sí demostraron su interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto; de ahí lo infundado de la causa de improcedencia mencionada.
• Por otra parte, también se adujo que no existía interés jurídico por parte de las quejosas, debido a que los artículos impugnados prevén tres supuestos jurídicos excluyentes entre sí, por lo que no es posible que se ubicaran coetáneamente en los mismos, máxim
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26999-2a485296/renta-la-jurisprudencia-1a-j-130-2007-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- RENTA GRAVABLE. SU CONCEPCIÓN A LA LUZ DEL ARTÍCULO 9, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. RENTA. AL ARTÍCULO 9, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RE (AMPARO EN REVISIÓN)
- RENTA. EL ARTÍCULO 151, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UN LÍMITE PARA LAS DEDUCCIONES PERSONALES, NO VIOLA (AMPARO EN REVISIÓN)
- RENTA. EL ARTÍCULO TERCERO, FRACCIONES II, III Y IV, DE LAS DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERAC (AMPARO EN REVISIÓN)
- AMPARO EN REVISIÓN 195/2012. 8 DE ABRIL DE 2013. *****(1)*****. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIOS: FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ, EVERARDO MAYA ARIAS, JORGE LUIS REVILLA DE L (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- TEST DE PROPORCIONALIDAD DE LAS LEYES FISCALES. EN ATENCIÓN A LA INTENSIDAD DEL CONTROL CONSTITUCIONAL DE LAS MISMAS, SU APLICACIÓN POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE REQUIERE DE UN MÍN (1a. LIII/2012 (10a.))
- PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. PARA QUE UN TRIBUTO RESPETE ESTE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL SE REQUIERE QUE EXISTA CONGRUENCIA ENTRE EL GRAVAMEN Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS SUJET (P. XXXV/2010)
- TEST DE PROPORCIONALIDAD DE LAS LEYES FISCALES. LA INTENSIDAD DE SU CONTROL CONSTITUCIONAL Y SU APLICACIÓN, REQUIEREN DE UN MÍNIMO DE JUSTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMA (2a. XC/2017 (10a.))
- TEST DE PROPORCIONALIDAD DE LAS LEYES FISCALES. LA INTENSIDAD DE SU CONTROL CONSTITUCIONAL Y SU APLICACIÓN, REQUIEREN DE UN MÍNIMO DE JUSTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMA (2a./J. 11/2018 (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis