RENTA GRAVABLE. SU CONCEPCIÓN A LA LUZ DEL ARTÍCULO 9, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. RENTA. AL ARTÍCULO 9, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE PREVÉ EL PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA RENTA GRAVABLE NO LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA FISCAL.
AMPARO EN REVISIÓN 1466/2015. T HOLDING SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y OTRAS. 28 DE JUNIO DE 2017. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JUSTINO BARBOSA PORTILLO.
III. Competencia
18. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es constitucional y legalmente competente para conocer de los presentes recursos de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), 83 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a lo previsto en los puntos primero, segundo, fracción III, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que tales recursos de revisión se interpusieron en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito auxiliar en un juicio de amparo indirecto, en el que se cuestionó la constitucionalidad del artículo 9, cuarto y quinto párrafos, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil catorce.
19. Además, se estima pertinente aclarar que, aun y cuando el presente amparo en revisión no corresponde a las materias de las que, en forma ordinaria, debe conocer esta Primera Sala, en términos de lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ello no es obstáculo para que resulte competente para conocer del asunto, pues el párrafo primero del artículo 86 del citado reglamento, dispone que –al igual que los amparos directos en revisión– los amparos en revisión de la competencia originaria del Pleno, que sean en materia administrativa, se turnarán a los Ministros de ambas Salas, de manera que si el recurso que nos ocupa se turnó a un Ministro adscrito a esta Primera Sala y no existe solicitud de diverso Ministro para que lo resuelva el Pleno, entonces en términos de lo dispuesto en el punto tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, esta Sala debe abocarse al mismo.
IV. Oportunidad
20. Es innecesario analizar la oportunidad con la que fue interpuesto el recurso de revisión por la recurrente, así como la del recurso de revisión adhesiva interpuesto por el delegado del presidente de la República, habida cuenta de que el Tribunal Colegiado que conoció de dichos asuntos examinó dicha cuestión, concluyendo que fueron presentados en los términos legalmente establecidos.(12)
V. Legitimación
21. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no hace pronunciamiento al respecto, toda vez que el Tribunal Colegiado del conocimiento se ocupó de este tema concluyendo que el C. **********, representante legal de las quejosas, está legitimado para hacer valer el recurso de revisión.(13)
22. Asimismo, el delegado del presidente de la República está legitimado para hacer valer el recurso de revisión adhesiva.(14)
VI. Elementos necesarios para resolver
23. A fin de resolver los presentes recursos de revisión, conviene resumir los conceptos de violación que hicieron valer las quejosas en el amparo, las consideraciones de la sentencia recurrida, los argumentos de tales recursos de revisión, así como lo resuelto por el Tribunal Colegiado:
24. Demanda de amparo. Las quejosas en el amparo indirecto **********, relativo a la inconstitucionalidad de los artículos 9, penúltimo y último párrafos, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 128 de la Ley Federal del Trabajo, 118 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 121 de la Comisión Federal de Electricidad vigente en dos mil catorce, formularon los siguientes conceptos de violación:
PRIMERO.—Que el artículo 9, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación con el artículo 128 de la Ley Federal del Trabajo, viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica, contenidas en los artículos 16, 31, fracción IV y 123, apartado A, fracción IX, de la Constitución Federal, al obligar a los patrones a calcular la participación de los trabajadores en las utilidades sobre una base distinta de aquella con la cual se determina el resultado fiscal.
A. Que la renta gravable a la que se refiere el inciso e), fracción IX, apartado A, del artículo 123 constitucional, es el resultado fiscal determinado por el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que sirve de base para determinar el impuesto a cargo.
Que es inconstitucional el penúltimo párrafo del artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al obligar a los patrones a calcular el importe relativo al pago de la participación de utilidades a sus trabajadores sobre una base distinta de aquella que sirve para determinar el impuesto, esto es, prevé una base diversa y adicional a la señalada en la Constitución Federal.
Que el penúltimo párrafo del artículo impugnado, obliga a los patrones a determinar la base del reparto de utilidades de los trabajadores, en función de una base gravable en la que no se disminuirá la participación de los trabajadores en las utilidades pagadas en el ejercicio ni las pérdidas fiscales pendientes de aplicar.
Que el penúltimo párrafo del precepto combatido, viola lo dispuesto por el inciso e), fracción IX, apartado A, del artículo 123, de la Constitución Federal, ya que la cantidad que los patrones tienen que considerar para determinar la participación de sus trabajadores en las utilidades es inferior a la base que determinan para calcular el impuesto sobre la renta a cargo.
Que el penúltimo párrafo de la disposición reclamada, viola el inciso e), fracción IX, apartado A, del artículo 123 de la Constitución Federal, al obligar a los patrones a calcular el reparto de utilidades sobre bases distintas, siendo que debe realizarse sobre la renta gravable determinada para efectos del impuesto sobre la renta.
Que el penúltimo párrafo de la norma controvertida, viola el principio de supremacía constitucional, previsto en el artículo 133 de la Constitución Federal, al ser contraria al inciso e), fracción IX, apartado A, del artículo 123 constitucional.
Que es inconstitucional el penúltimo párrafo del precepto impugnado, al obligar a las empresas a repartir utilidades a sus trabajadores, ya que tales utilidades no representan ganancias para determinar el impuesto sobre la renta en el ejercicio.
B. Que el Pleno de la Suprema Corte al resolver los amparos en revisión 575/98, 1984/98, 1042/98, 1052/98, 154/98 y 3593/97, decretó la inconstitucionalidad de los artículos 14 y 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil uno, la cual es aplicable a lo dispuesto por el artículo 9, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Que los artículos 14 y 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigentes en dos mil uno, fueron declarados inconstitucionales, en virtud de que la base gravable no correspondía a la renta gravable que prevé el artículo 123, apartado A, fracción IX, inciso e), constitucional.
Que el Alto Tribunal resolvió que es una carga injusta que desatiende a la capacidad económica, obligar a los patrones a participar a los trabajadores una riqueza no generada, sino artificial y distinta a la utilidad fiscal.
Que es criterio jurisprudencial que los artículos 16 y 17, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil dos, violan el artículo 123, apartado A, fracción IX, inciso e), de la Constitución Federal, al obligar a los patrones a determinar y pagar utilidades sobre una renta gravable que no representa las ganancias netas que percibió en el ejercicio fiscal.
Que la inconstitucionalidad de los artículos 14 y 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil dos, actualiza la del penúltimo párrafo de la norma combatida, al existir una base para determinar la participación de los trabajadores en las utilidades, que contraviene lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción IX, inciso e), de la Constitución Federal.
Que es inconstitucional el penúltimo párrafo del artículo combatido, al prever un procedimiento y conceptos diversos a los contemplados en su primer y segundo párrafos, fracciones I y II, para obtener la renta gravable para efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.
Que el penúltimo párrafo de la norma reclamada, viola el artículo 123, apartado A, fracción IX, inciso e), de la Constitución Federal, al determinar un resultado diferente del que se obtiene de aplicar el procedimiento previsto para el cálculo de la utilidad fiscal.
C. Que el penúltimo párrafo del precepto controvertido, viola lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, toda vez que el Congreso de la Unión no tiene facultades para establecer una base distinta para el reparto de utilidades a los trabajadores de la que se aplica para efectos del impuesto sobre la renta.
C.1 Que el penúltimo párrafo de la disposición impugnada, viola el derecho a la debida fundamentación y motivación, prevista en artículo 16 constitucional, pues el Congreso de la Unión no tiene facultades para decretar que la participación de los trabajadores en las utilidades se determinará sobre una base distinta que la renta gravable del impuesto.
C.2 Que se viola el artículo 123, apartado A, fracción IX, inciso e), de la Constitución Federal, al obligar al patrón a determinar y pagar la participación de los trabajadores en las utilidades sobre una renta gravable que no representa las ganancias que verdaderamente percibió en el ejercicio fiscal.
Que el penúltimo párrafo del artículo controvertido prevé dos bases, una para el impuesto sobre la renta (la utilidad fiscal que regula el párrafo primero y segundo, fracciones I y II, del artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta) y otra para determinar la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, que no es la auténtica, al pertenecer a la base para determinar el impuesto (penúltimo párrafo del artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta).
Que la base que prevé el dispositivo reclamado es distinta a su capacidad económica, al obligar al patrón a participar a sus trabajadores una utilidad diferente a aquella conforme a la cual se grava el impuesto sobre la renta.
Que el penúltimo párrafo del artículo combatido, viola lo dispuesto por el artículo 123, apartado A, fracción IX, inciso e), de la Constitución Federal, al desatender la capacidad económica del sujeto, toda vez que obliga a los patrones a participar a sus trabajadores una riqueza artificial y distinta a su utilidad fiscal.
SEGUNDO.—Que el penúltimo y último párrafos del artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, violan la garantía de seguridad jurídica, prevista en el artículo 16 constitucional, al reiterar el vicio de inconstitucionalidad que contenían los artículos 14 y 16 de la citada ley vigente en dos mil uno, así como de los artículos 16 y 17 de la referida ley vigente en dos mil dos.
A. Que para respetar la garantía de seguridad jurídica, las normas deben definir con precisión cada uno de los elementos que conforman los derechos y las obligaciones de los gobernados y limitar a las autoridades a que actúen dentro del margen de la ley, evitando actuaciones arbitrarias.
B. Que los artículos 16 y 17, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil trece, violan lo dispuesto por el inciso e), fracción IX, apartado A, artículo 123 constitucional, al obligar a los patrones a efectuar el reparto de utilidades a los trabajadores sobre una base distinta de aquélla con la cual se determina el impuesto sobre la renta (resultado fiscal).
Que el penúltimo párrafo del artículo combatido, viola la garantía de seguridad jurídica, al reiterar el vicio de inconstitucionalidad que contenían los artículos 16 y 17, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil trece, lo que provoca incertidumbre sobre la intención y finalidad de la reforma aprobada.
Que es inconstitucional el penúltimo párrafo de la norma reclamada, al existir jurisprudencia temática 1a./J. 64/2004 y 1a. LVIII/2003, aplicable al caso en concreto, de rubros: "PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN IX, INCISO E), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL ESTABLECER UNA BASE PARA DETERMINAR SU MONTO DIVERSA A LA PREVISTA EN ÉSTE." y "PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. LOS ARTÍCULOS 16 Y 17, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIOLAN EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN IX, INCISO E), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2002)."
Que es inconstitucional el penúltimo párrafo del dispositivo impugnado, pues en las citadas tesis, ya se abordó con suficiencia el estudio relativo a la base que se debe considerar para efectos de la determinación de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.
Que el penúltimo párrafo del precepto controvertido, adolece del mismo vicio que los artículos 16 y 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que reitera la violación a la garantía de seguridad jurídica, contenida en el artículo 16 constitucional.
TERCERO.—Que el penúltimo párrafo del artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación con el artículo 128 de la Ley Federal del Trabajo, viola el derecho a la propiedad privada, previsto en los artículos 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 21 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, al obligar a los patrones a repartir utilidades a sus trabajadores sobre una base distinta de aquella con la cual se determina el impuesto sobre la renta.
A. Que para que la ley respete el derecho de propiedad, consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se debe justificar la necesidad o beneficio al interés social.
B. Que es inconvencional el penúltimo párrafo de la norma controvertida, en relación con el artículo 128 de la Ley Federal del Trabajo, por violación al derecho de propiedad, previsto en los artículos 27 de la Constitución Federal y 21 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en relación con lo previsto por los artículos 1o. y 133 de la Carta Magna, al prever una mecánica para determinar la base gravable para efecto de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas distinta a la prevista en sus párrafos primero y segundo, fracciones I y II.
Que el penúltimo párrafo del precepto reclamado en relación con el artículo 128 de la Ley Federal del Trabajo, viola el derecho de propiedad privada, previsto en los artículos 27 constitucional y 21 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, al prever dos bases gravables.
Que el penúltimo párrafo del artículo impugnado, viola el derecho a la propiedad privada, al obligar a los patrones a determinar la participación de los trabajadores en las utilidades, conforme a una utilidad distinta a su capacidad contributiva que se refleja en su resultado fiscal para efectos del impuesto sobre la renta, sin existir razón de interés social válida que lo justifique.
Que las empresas están obligadas constitucionalmente a pagar a sus trabajadores la participación en las utilidades que generaron, pero tales utilidades forman parte de su propiedad y no existe razón justa o de interés social que valide la erogación de cantidades mayores por dicho concepto que respecto al pago de impuesto sobre la renta.
C. Que el penúltimo párrafo del precepto combatido, viola el derecho de propiedad privada, al no considerar el resultado fiscal como la renta gravable a que alude el artículo 123 constitucional, pues los patrones reparten en favor de los trabajadores utilidades no reales.
Que el patrón está obligado a pagar el reparto de utilidades que señala el artículo 123 constitucional, partiendo de una utilidad ficticia.
Que desde el punto de vista laboral y fiscal, el pago de salarios y la repartición de utilidades, ambos a los trabajadores, se encuentran íntimamente vinculados, por lo que es incorrecto que se reconozca el impacto negativo del primero y no del segundo en la utilidad del ejercicio de que se trate.
Que para el cálculo de la participación de los trabajadores en las utilidades deben considerarse las pérdidas fiscales pendientes de amortizar, ya que éstas constituyen deducciones autorizadas, que merman e impactan de manera negativa la utilidad de las empresas.
Que el penúltimo párrafo del artículo combatido, en relación con el artículo 128 de la Ley Federal del Trabajo, no reconoce los conceptos negativos que se deben de aplicar a la utilidad generada en dicho ejercicio y así obtener la real, de la que es susceptible la repartición de utilidades.
Que el penúltimo párrafo de la norma reclamada tiene como fin que los patrones repartan utilidades superiores a las que realmente se encuentran obligados.
D. Que se deberá ejercer un control difuso de constitucionalidad del artículo 128 de la Ley Federal del Trabajo, observando el principio pro personae, a efecto de quitar de su esfera jurídica tal dispositivo.
Que solicita que el argumento anterior se tenga por reproducido en los conceptos de violación primero, segundo y cuarto, que se hicieron valer en la demanda de amparo.
Que el artículo 128 de la Ley Federal del Trabajo, viola el artículo 123 constitucional y los derechos de propiedad privada y desarrollo integral, por lo que en atención al principio pro personae, se debe inaplicar el dispositivo reclamado, al no permitirle compensar años de pérdida con los de ganancia.
E. Que el penúltimo párrafo del artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación con el artículo 128 de la Ley Federal del Trabajo, viola el principio de proporcionalidad, al no incluir los conceptos que impactan de manera negativa en la utilidad de las empresas.
E.1 Que la norma impugnada viola el principio de idoneidad, al verse afectado el patrimonio de los patrones, pues reparten utilidades no reales, ya que no son calculadas sobre la verdadera renta gravable.
E.2 Que la disposición reclamada viola el principio de necesidad, al no ser respetada la utilidad real generada por la empresa con los conceptos positivos y negativos con los cuales se determinara, y así, podría efectuar el reparto correspondiente.
E.3 Que el precepto combatido viola el principio de proporcionalidad en sentido estricto, al desconocer los conceptos negativos y no compensar al patrón en el detrimento de su patrimonio como consecuencia del reparto de utilidades ficticias que efectúa.
Que la interpretación constitucionalmente válida del penúltimo párrafo del artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación con el 128 de la Ley Federal del Trabajo, es aquella que permite reconocer el impacto negativo de la participación de utilidades pagadas en el ejercicio y las pérdidas fiscales pendientes de amortizar para la determinación de la base.
CUARTO.—Que el penúltimo párrafo del artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, viola el derecho al desarrollo integral, previsto en los artículos 33, 34 y 45 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en relación con el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al obligar a las empresas a determinar una renta gravable para el cálculo de la participación de las utilidades, sobre una base que no refleja su verdadera capacidad contributiva, en virtud de que no se consideran las pérdidas de ejercicios anteriores ni la participación pagada en el ejercicio.
A. Que el derecho al desarrollo integral, comprende: a) la distribución equitativa de la riqueza, entendida como la obligación del Estado de repartir el producto social o renta nacional de manera justa, conforme a lo que a cada quien le corresponde; y, b) los sistemas impositivos adecuados y equitativos, conjunto de reglas o normas en materia tributaria que prevén un gravamen igual a personas que también se encuentran en la misma situación respecto de aquellas que se encuentran en situación diferente y se obtiene siempre que el Estado logra objetivos básicos, como garantizar la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, fijando tales sistemas que aseguran a las personas un ambiente de igualdad de oportunidades y seguridad económica.
Que para que una norma respete el derecho al desarrollo integral, previsto en los artículos 33, 34 y 45 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, deberá otorgar un trato igual aquellos contribuyentes que se encuentran en igualdad de circunstancias frente a la ley, para que las obligaciones económicas que el Estado imponga se determinen de manera adecuada equitativa y se asegure la justa distribución de la riqueza y se otorgue seguridad económica.
B. Que el penúltimo párrafo del precepto impugnado, viola el derecho al desarrollo integral, previsto en los artículos 33, 34 y 45 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en relación con el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al otorgar un trato distinto a contribuyentes que se encuentran en igualdad de circunstancias, pues sólo algunos patrones se encuentran obligados a repartir utilidades a sus trabajadores.
QUINTO.—Que el penúltimo párrafo del artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, viola el principio de protección y confianza legítima, previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, al obligar a los patrones a calcular la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa conforme a una "base gravable" que no corresponde a la renta gravable a que se refiere el artículo 123, apartado A, fracción IX, inciso e), constitucional.
A. Que el principio de protección y confianza legítima emana de los artículos 14 y 16 de la Constitución, los cuales prevén la garantía de seguridad jurídica.
B. Que el penúltimo párrafo del dispositivo controvertido, viola la garantía de seguridad jurídica –que comprende el principio de protección y confianza legítima–, prevista en los artículos 14 y 16 constitucionales, al obligar a los patrones a calcular la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, conforme a una base distinta de la prevista en el inciso e), fracción IX, artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal, lo cual no reconoce su verdadera capacidad económica.
Que el penúltimo párrafo de la norma reclamada, obliga a los patrones a repartir a los trabajadores una riqueza no generada, lo cual desatiende su verdadera capacidad económica.
SEXTO.—Que el penúltimo párrafo del artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, viola la libre configuración legislativa, ya que previo a que entrara en vigor dicha disposición, no se ponderaron ni analizaron sus alcances.
A. Que solicita tener por reproducidos los conceptos de violación primero al cuarto del escrito inicial de demanda.
B. Que si bien el legislador goza de libre configuración legislativa –limitada por la Constitución Federal y los tratados internacionales–, el Poder Judicial de la Federación, dentro de sus facultades que le son inherentes, deberá analizar la constitucionalidad de las normas creadas por dicho legislador y los actos que dieron origen a las mismas y calificar si el fin pretendido para el cual fue creado el tributo se cumple o no y si se encuentra justificada alguna violación de garantías.
C. Que lo dispuesto por el penúltimo párrafo del precepto combatido no se justifica en la libre configuración legislativa, en virtud de que el Congreso de la Unión no está facultado para implementar que la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas se deba determinar sobre una base distinta a la renta gravable determinada para efectos del impuesto.
Que la libre configuración legislativa no justifica que el artículo combatido, prevea una base para determinar la renta gravable para efectos del impuesto y otra distinta para determinar la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.
Que el precepto combatido, viola los derechos de fundamentación y motivación, previstos en el artículo 16 de la Constitución, al obligar a los patrones a repartir utilidades a los trabajadores que no se generaron, lo que es una carga injusta que desatiende la capacidad económica de los sujetos.
Que los derechos fundamentales de los gobernados se deben anteponer a la libre configuración legislativa.
SÉPTIMO.—Que los artículos 118 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 121 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, violan los derechos de igualdad y no discriminación, previstos en los artículos 1o. de la Constitución Federal y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al exentar del reparto de utilidades a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal de Electricidad y a sus empresas subsidiarias, y obligar al pago de las mismas a las empresas privadas.
Que a partir de la reforma constitucional en materia energética publicada el veinte de diciembre de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, dejaron de ser organismos descentralizados pertenecientes a la administración pública paraestatal para convertirse en empresas productivas del Estado, obligadas a determinar su renta gravable, pagar impuesto sobre la renta y participar utilidades a sus trabajadores.
Que el precepto reclamado viola el derecho de igualdad, al exentar de repartir utilidades a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal de Electricidad y a sus empresas subsidiarias, y obligar a ello a las empresas privadas.
A. Derecho de igualdad y no discriminación –en este apartado no se hace valer concepto de violación, sólo se describen tales derechos–.
B. Que el marco jurídico de la reforma energética se constituye por la Constitución, las leyes secundarias, la exposición de motivos y la naturaleza jurídica de las empresas productivas del Estado –en este apartado no se hace valer concepto de violación, sólo se describe el marco jurídico–.
C. Que las disposiciones reclamadas violan los derechos de igualdad y no discriminación, a partir del cambio que sufrió en su régimen fiscal Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, por virtud de la reforma energética.
A. Que los artículos 1o. de la Constitución Federal y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevén los derechos de igualdad y no discriminación, que consisten en que todas las personas gozarán de los derechos humanos previstos en la Carta Magna y en los tratados internacionales suscritos por México, cuyo ejercicio no podrá restringirse o suspenderse y que todas las personas son iguales ante la ley.
B. Que a partir de la reforma constitucional, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y sus subsidiarias, se convirtieron en empresas productivas del Estado, cuya naturaleza jurídica las ubica en un plano de igualdad frente a cualquier sociedad constituida conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Que en tal virtud, el tratamiento que deberán recibir las empresas productivas del Estado en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, deberá ser igual que el que reciben las empresas privadas.
B.1 Que el veinte de diciembre de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman, adicionan diversas disposiciones constitucionales en materia de energía, en particular los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna –en este apartado se describe la reforma a tales preceptos constitucionales–.
B.2 y B.2.1 Que el once de agosto de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, las Leyes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, en las cuales se prevé que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad tienen la naturaleza jurídica de empresas productivas del Estado –en estos apartados no se hace valer la inconstitucionalidad de algún precepto sólo se precisan algunos puntos de la reforma energética–.
B.3 Que el veintinueve de abril de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal presentó ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Que los argumentos señalados en la exposición de motivos, no tienen sustento jurídico ni justifican el tratamiento diferenciado que prevén los artículos 118 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 121 de la Comisión Federal de Electricidad, como son: i) Que estimó necesario la creación de nuevas leyes que atendieran los problemas estructurales de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, bajo la premisa central de diseñar empresas productivas del Estado; y, ii) Que se consideró exentar a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal de Electricidad y a sus empresas subsidiarias del reparto de utilidades a sus trabajadores.
B.3.1 Que las empresas productivas del Estado no gozan de la naturaleza de una entidad perteneciente a la administración pública federal, pues no tienen las características de un ente centralizado y están excluidas de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
Que las empresas productivas del Estado no son órganos constitucionales autónomos.
Que Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas subsidiarias no pertenecen a la administración pública federal centralizada o paraestatal, no son organismos constitucionales autónomos, pues su naturaleza se asimila a la de una empresa privada, cuyo accionista es el gobierno federal.
Que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28722-ba6c0fc6/renta-gravable-su-concepcion-a-la-luz-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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