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Modo: Corpus Pro

ESTÍMULO FISCAL. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, FRACCIONES II, III Y IV, DE LAS DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DEL DECRETO DE REFORMAS A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE COMPETITIVIDAD O LIBRE CONCURRENCIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1251/2017. · Registro digital (IUS): 28230
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-12-07
Promovente: —
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Pág. 93.

AMPARO EN REVISIÓN 1251/2017. 25 DE ABRIL DE 2018. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE. AUSENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: GABRIELA ELEONORA CORTÉS ARAUJO.

IV. Competencia

13. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo vigente; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37, parte final, y 86, primer párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vigente; y conforme a lo previsto en el punto tercero, por no darse los supuestos a que se alude en el punto segundo, fracción III, y cuarto, fracción I, todos del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, en virtud de que el recurso de revisión se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito, en un juicio de amparo en materia administrativa, en el que se cuestionó la constitucionalidad del artículo tercero transitorio, fracciones II, III y IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de noviembre de dos mil quince y en vigor desde el uno de enero de dos mil dieciséis.

14. Cabe señalar que en el caso no se justifica la competencia del Tribunal Pleno para conocer del presente asunto, en términos del punto segundo, fracción III, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que la resolución del mismo no implica la fijación de un criterio de importancia o trascendencia para el orden jurídico nacional, ni reviste un interés excepcional.

15. Además, se estima pertinente aclarar que, aun cuando el presente amparo en revisión no corresponde a las materias de las que, en forma ordinaria, debe conocer esta Primera Sala, en términos de lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ello no es obstáculo para que resulte competente para conocer del asunto, pues el párrafo primero del artículo 86 del citado reglamento dispone que –al igual que los amparos directos en revisión– los amparos en revisión de la competencia originaria del Pleno que sean de la materia administrativa, se turnarán a los Ministros de ambas Salas, de manera que si el recurso que nos ocupa se turnó a un Ministro adscrito a esta Primera Sala y no existe solicitud de diverso Ministro para que lo resuelva el Pleno, entonces, en términos de lo dispuesto en el punto tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, esta Sala debe avocarse al conocimiento del mismo.

V. Oportunidad y legitimación

16. Esta Primera Sala estima innecesario pronunciarse sobre estos aspectos, pues ello fue materia de pronunciamiento por parte del Tribunal Colegiado de Circuito en el acuerdo relativo, a través del cual previno sobre el recurso.

VI. Elementos necesarios para resolver

17. A fin de resolver el presente recurso de revisión, conviene resumir los conceptos de violación que hizo valer la quejosa en el amparo, las consideraciones de la sentencia recurrida, los argumentos del recurso de revisión, así como lo resuelto por el Tribunal Colegiado.

VI.1. Demanda de amparo

18. La quejosa propuso cuatro conceptos de violación, en los cuales manifestó, esencialmente, las cuestiones que a continuación se sintetizan:

19. A través del primer concepto de violación, la quejosa manifiesta que el artículo tercero transitorio, fracciones II, III y IV, del decreto transgreden el principio de equidad tributaria que tutela el numeral 31, fracción IV, de la Constitución, al considerar que no existe una razón válida para otorgar un trato desigual entre contribuyentes que se encuentran en la misma situación, excluyendo a algunos, como la quejosa, del beneficio económico otorgado.

20. Por su parte, señala en el segundo concepto de violación que el artículo transitorio del decreto no respetó los principios de igualdad y de seguridad jurídica, ya que no se sustentó bajo un parámetro de razonabilidad para justificar y motivar la desigualdad que provoca la no deducción inmediata de inversiones a ciertos contribuyentes, pues la distinción implementada en dicha disposición corresponde a ingresos brutos y no a la utilidad. Por ende, el artículo no atiende la capacidad económica y el impacto patrimonial de los contribuyentes, ya que para que la diferenciación resulte acorde con el derecho de igualdad, las consecuencias deben ser proporcionales para conseguir un trato equitativo.

21. Asimismo, la quejosa señaló que ello constituye una discriminación constitucionalmente vedada, al distinguir entre los contribuyentes respecto de los cuales, resulta aplicable el estímulo fiscal, puesto que no tiene bases objetivas y razonables para ello.

22. En el tercer concepto de violación aduce que el decreto vulnera el principio de rectoría económica del Estado, al establecer un beneficio limitado a cierto tipo de contribuyentes, impidiendo al resto, en igualdad de condiciones, deducir de forma inmediata las inversiones de bienes nuevos de activo fijo, y obligándolos a aplicar las tasas de depreciación que tutelan los artículos 34 y 35 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; situación que –a su juicio– desincentiva la generación de inversiones en el país.

23. Finalmente, a través del cuarto concepto de violación, la quejosa sostuvo que el artículo impugnado viola el principio de libre concurrencia, al colocar en una situación de franca desventaja a aquellos contribuyentes que han realizado inversiones en bienes nuevos de activo fijo durante el periodo precisado, y a quienes se impide la deducción inmediata y reconocer la totalidad de la erogación correspondiente, en el mismo ejercicio. Con ello –señala– se otorga una ventaja indebida a ciertas personas o ciertos sectores de la economía que pueden llevarlas a una situación privilegiada.

VI.2. Sentencia de amparo

24. El Juez de Distrito no se pronunció sobre causal de improcedencia alguna, por no haber sido invocada por las responsables, ni advertir de oficio la actualización de alguna de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo.

25. Por otra parte, analizó los conceptos de violación primero a tercero, y los declaró infundados, con base en los razonamientos siguientes:

a) A partir de lo que dispone el artículo 1o. constitucional y la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que quedó fijada en el criterio 1a./J. 55/2006: "IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.", el artículo tercero transitorio del decreto no clasifica a los contribuyentes a partir de criterios relacionados con el origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la religión, el estado civil ni cualquier otra que permita identificar una categoría de personas que compartan o hayan compartido una condición de exclusión o tenga el objeto de anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, sin que pueda decirse que la norma se articula en torno a un elemento que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar derechos y libertades de las personas.

b) Los contribuyentes no tienen un derecho fundamental a recibir beneficios fiscales y, por la configuración de las medidas y su impacto en objetivos estatales de la máxima relevancia, las normas deben someterse a un análisis escrupuloso de constitucionalidad a partir del principio de generalidad tributaria, a partir del cual, la desigualdad de trato que una exención o beneficio suponen debe señalar una justificación razonable y ser proporcional al fin perseguido; por ende, las personas que no cuentan con un beneficio otorgado por el legislador no están pagando una obligación fiscal excesiva o desajustada, en relación con la capacidad contributiva que legitima la imposición del gravamen, lo cual será justificado por el legislador en cuanto a su razonabilidad y proporcionalidad del fin perseguido.

c) La distinción que impuso el legislador para el acceso al estímulo fiscal es analizable a la luz del principio de igualdad, siempre que no afecte el mérito político de su adopción, de la elección de sus destinatarios, la finalidad y cumplimiento de lo que se persigue; lo que en el caso se satisface de la exposición de motivos de la Cámara de Diputados, de ocho de septiembre de dos mil quince, el dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, así como del dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

Lo anterior, porque a través de los documentos de referencia el fin perseguido por el otorgamiento del estímulo fiscal consiste en incentivar, directamente, a las empresas de menor escala, a fin de crear las condiciones que contribuyan a su establecimiento, crecimiento y consolidación, ya que no pueden acceder fácilmente a un financiamiento a diferencia de las grandes empresas que sí lo pueden obtener.

d) También en la exposición de motivos se dispuso que Nacional Financiera diseña un programa para las pequeñas y medianas empresas con ingresos superiores a cincuenta y hasta doscientos cincuenta millones de pesos, que realicen inversiones productivas y no reciban el beneficio de la deducción inmediata, acrediten estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y satisfagan los demás requisitos crediticios. Además, la regla 3, fracción XXIX, de las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2016, de treinta de diciembre de dos mil quince, se obtiene que los contribuyentes realizan inversiones para crear y ampliar la infraestructura de transporte, así como quienes inviertan en equipo utilizado en el sector energético, y a quienes no se somete el requisito de no rebasar los cien millones de pesos por ingresos propios de la actividad empresarial en el ejercicio inmediato interior, la distinción realizada por el legislador es objetiva, al otorgar el estímulo fiscal a dichas empresas.

e) Las empresas que no tienen derecho al estímulo fiscal no están pagando una obligación fiscal excesiva en relación con su capacidad contributiva, porque cuentan con posibilidad de deducir sus activos fijos en términos de los artículos 34 y 35 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

f) Se beneficia sólo a cierto tipo de contribuyentes, al tratarse de áreas estratégicas del Estado, sobre la base objetiva y razonable consistente en incentivar a otros sectores que implican actividades de interés general y promover más el crecimiento y desarrollo económico del país, a fin de permitir alcanzar una mejor distribución del ingreso y la riqueza, lo que no trastoca la garantía de igualdad, toda vez que la diferenciación se encuentra justificada.

g) De la interpretación sistemática a los artículos 25, 26 y 28 de la Constitución «Federal», sobre la facultad del Congreso de la Unión para organizar y conducir el desarrollo nacional y la regulación económica, se desprende que los estímulos fiscales deben atender, precisamente, a estos aspectos y ponderará sus políticas en atención a las áreas de interés público, y al beneficio colectivo que requieren de manera concreta su intervención exclusiva en esos beneficios tributarios. Por tanto, el beneficio fiscal impugnado no se revela como una expresión de un uso distorsionado de la discrecionalidad que los referidos numerales constitucionales otorgan al Congreso de la Unión, a quien corresponde la regulación económica del Estado.

h) En relación con el principio de equidad, debe señalarse, en primer lugar, que los estímulos fiscales, además de ser un beneficio, se emplean como instrumentos de política financiera, económica y social, en aras de que el Estado impulse, oriente, encauce, aliente o desaliente algunas actividades o usos sociales, con la condición de que la finalidad perseguida sea objetiva y no arbitraria ni caprichosa.

i) El artículo tercero transitorio impugnado opera a través de la deducción inmediata de activo fijo, en lugar de la prevista en los artículos 34 y 35 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es inconcuso que dicho estímulo incide en su cálculo y determinación, y debe analizarse a la luz del principio de equidad tributaria, el cual no se ve afectado, al existir un fin perseguido por el legislador, objetivo y razonable tendente a apoyar a los establecimientos micro, pequeños y medianos para propiciar una mayor inversión por parte de dichas empresas para estimular su competitividad y facilitar su inserción como proveedores de las cadenas productivas.

VI.3. Recurso de revisión principal

26. La recurrente propone dos agravios para combatir la resolución del Juez de Distrito.

27. En el primer agravio, manifiesta que la sentencia es ilegal, al llevar a cabo un análisis inconsistente de los conceptos de violación primero y segundo, porque sostiene que no se violenta el principio de equidad tributaria a partir de que los contribuyentes no tienen un derecho fundamental a recibir beneficios fiscales, ya que, en términos del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos los contribuyentes que cuenten con un nivel económico mínimo, están obligados a contribuir al sostenimiento del gasto público, siendo que ello no es congruente con lo planteado en la demanda de amparo.

28. Tampoco es correcta la conclusión del Juez de Distrito, en el sentido de que la norma contiene un trato diferenciado justificado a partir del proceso legislativo y del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, ni que el hecho de limitarse a áreas estratégicas (construcción, infraestructura de transporte e hidrocarburos) sea suficiente para avalar la constitucionalidad del artículo tercero transitorio, fracciones II, III y IV, del decreto. Por tanto, el precepto es inconstitucional, porque viola los principios de equidad tributaria, igualdad y seguridad jurídica, sin que sea factible analizarlo desde la perspectiva del principio de generalidad tributaria que no fue planteado por la quejosa.

29. La recurrente manifiesta que debe llevarse a cabo el análisis de razonabilidad de la medida impuesta por la norma impugnada, su finalidad y la proporcionalidad entre los medios implementados, lo cierto es que, aun cuando se trata de un escrutinio laxo, el legislador debe justificar que el fin sea objetivo y constitucionalmente válido, lo que en el caso no se colma, porque en la exposición de motivos no existe una justificación para otorgar el estímulo fiscal únicamente a un sector limitado de los contribuyentes.

30. Además –señala–, la deducción inmediata a que tienen derecho los contribuyentes, como la ahora recurrente, no resultó eficaz para fomentar la inversión en la pequeña y mediana empresa, por lo que no resulta acorde al fin extrafiscal que dispone la norma transitoria. Tan es así, que la deducción inmediata de inversión de bienes nuevos de activo fijo con sus respectivas limitantes prevista en el artículo 220 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil trece fue derogado.

31. Agrega que el fin perseguido con el beneficio fiscal, es incentivar directamente a las empresas de menor escala, lo cual no puede inferirse de la exposición de motivos, sino del producto del proceso legislativo que es, precisamente, la norma. No obstante, aun de acudir a elementos ajenos a la norma para su interpretación como es el proceso legislativo, de este último no se desprende que el fin buscado por el legislador hubiera sido que las empresas de menor escala pudiera acceder de forma más fácil a un financiamiento.

32. Manifiesta que el Juez determinó indebidamente que el nivel de ingresos es el aspecto relevante para fines de definir el derecho que los contribuyentes pueden tener para fines de tomar la deducción sobre las inversiones que efectúen, no obstante que se trata de cuestiones ajenas e independientes entre sí; pues si un contribuyente tiene mayores ingresos que otro, ello no implica que se encuentren en un plano de desigualdad para fines de efectuar la deducción sobre inversiones efectuadas.

33. Señala que resulta ilegal la sentencia recurrida, porque el Juez concluye que el legislador no se encuentra obligado a precisar las razones que consideró para excluir a los contribuyentes que ingresaron más de cien millones de pesos, ya que no están pagando una obligación excesiva en relación con su capacidad contributiva, sin que tal aseveración justifique la desigualdad entre los sujetos.

34. También es ilegal que el Juez justificara su decisión a partir de lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en tanto es también un elemento ajeno a la norma.

35. Por otra parte, en el segundo agravio, la recurrente insiste en la ilegalidad de la sentencia recurrida y refiere que el Juez omitió el estudio de todos los conceptos de violación respecto al valor normativo de la exposición de motivos, el principio de equidad a la luz del criterio 2a./J. 31/2007: "EQUIDAD TRIBUTARIA. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA DICHO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.", el principio de rectoría económica y al desarrollo integral, y el estudio del cuarto concepto de violación en el que se alega el principio de libre concurrencia.

VI.4. Recurso de revisión adhesiva

36. El presidente de la República expresó ocho agravios en los que aduce, medularmente, lo siguiente:

a) La inoperancia de los agravios vertidos por la recurrente al impugnar la omisión de estudio de los conceptos de violación

b) Que debe confirmarse la sentencia recurrida, en relación con la constitucionalidad del artículo tercero transitorio, fracciones II, III y IV, del decreto, al no transgredir el principio de igualdad, en tanto el legislador supera el escrutinio laxo de igualdad para justificar el trato diferenciado en el estímulo fiscal impugnado, toda vez que persigue una finalidad objetiva y constitucionalmente legítima, colma el requisito de instrumentalidad medio-fin, y supera el escrutinio de constitucionalidad en sentido estricto.

c) En la sentencia recurrida se analiza debidamente la constitucionalidad del artículo impugnado a la luz del principio de rectoría económica del Estado, el cual, de forma alguna, implica el otorgamiento de derechos.

d) Debe confirmarse la sentencia, en el sentido de que el artículo tercero, fracciones II, III y IV, del decreto, constituyen el medio idóneo para incentivar la inversión en las micro y pequeña empresas, pues ello se desprende de la exposición de motivos, en la que se dispone que el beneficio fuera destinado a las empresas que tienen mayores problemas para obtener préstamos o financiamientos y, en consecuencia, se abrieran las posibilidades de consolidación y estabilidad económica. Además, si bien se eliminó la deducción inmediata porque no se justificaba que las grandes empresas redujeran injustificadamente su carga tributaria, la implementación de la medida a través del decreto obedece a incentivar a micro y pequeña empresas, por lo que las razones del legislador no son contradictorias, sino que atienden a realidades económicas y sociales diferentes.

e) Tal como lo determinó el Juez de Distrito, el otorgamiento del estímulo es acorde al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, con lo cual se sostiene que el beneficio fiscal descanse sobre una base constitucional legítima.

f) El artículo tercero transitorio, fracciones II, III y IV, del decreto, es acorde al principio de equidad tributaria, pues existe un parámetro objetivo de causación entre quienes tienen ingresos inferiores a 100 millones de pesos, y quienes los exceden.

g) El artículo impugnado no es contrario al principio de competitividad, tal como lo concluyó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 40/2013, en el sentido de que la finalidad de dicho principio es orientar la política pública en su conjunto, y no debe entenderse como un derecho humano de los contribuyentes; pues la competitividad no puede verificarse por un medio de control constitucional, sino a través de sistemas de evaluación y rendición de cuentas para su estudio y análisis. Así, si bien la competencia es una obligación prevista en el artículo 25 constitucional, ello no significa que un estímulo fiscal sea la única forma de alcanzarla, por lo que no puede exigirse al legislador su establecimiento.

VI.5. Acuerdo del Tribunal Colegiado

37. El diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito reservó competencia originaria a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para el análisis de los agravios propuestos, tanto por la quejosa recurrente como por la recurrente adhesiva, sobre el estudio de constitucionalidad de las disposiciones de vigencia temporal previstas en el artículo tercero transitorio, fracciones II, III y IV, del decreto de dieciocho de noviembre de dos mil quince.

VII. Análisis de los agravios

38. Los agravios propuestos por la quejosa y recurrente son infundados, por las razones que se exponen en este apartado:

39. Primero, no asiste razón a la recurrente respecto a que el Juez de Distrito llevó a cabo un análisis incorrecto de sus conceptos de violación primero y segundo; porque, contrario a lo que asevera, la respuesta dada en la sentencia de amparo es legal, y congruente lo solicitado en la demanda de amparo.

40. En efecto, en los conceptos de violación mencionados, la entonces quejosa sostuvo que el artículo tercero transitorio, fracciones II, III y IV, del decreto, no respetaban los principios de igualdad, equidad tributaria y seguridad jurídica, al otorgar un beneficio común a cierto tipo de contribuyentes, y excluyendo a otros, como la ahora recurrente, para lo cual, el Juez de Distrito aplicó el criterio 1a./J. 55/2006, de esta Primera Sala, para justificar el motivo por el cual la norma impugnada no podía analizarse a partir de un escrutinio estricto de igualdad, las razones por las que un beneficio fiscal no puede instituirse como un derecho en favor de todos los contribuyentes y la razonabilidad del legislador para llevar a cabo una diferenciación para el acceso al estímulo fiscal controvertido.

41. Conclusiones anteriores que, en esencia, esta Primera Sala confirma a partir de los precedentes que este Alto Tribunal ha sostenido sobre el contraste entre estímulos fiscales y principios constitucionales, pues es importante señalar, principalmente, que el Tribunal Pleno ha determinado que el principio de equidad tributaria envuelve una igualdad de trato entre los gobernados cuando se ubican en una idéntica situación frente a la norma jurídica que los regula, por lo que si una conducta concreta produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable, dicho actuar resultará inconstitucional por inequitativo.

42. Adicionalmente, sustentó que dicho principio también exige que se otorgue un trato diferenciado a los sujetos que se encuentren en situaciones tributarias desiguales, lo que implica que no toda desigualdad de trato ante la ley resulta inconstitucional, sino, únicamente, como acaba de mencionarse, cuando produce distinción entre situaciones tributarias iguales si no existe para ello una justificación objetiva y razonable.(14)

43. En sentido similar, esta Primera Sala ha sostenido que, dado el análisis que debe hacerse del principio fundamental de igualdad, o bien, de equidad en materia tributaria, en ciertos casos no es posible realizar distinciones; mientras que en otros supuestos estará permitido o incluso, exigido constitucionalmente, y que cuando la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos o personas, se requiere analizar: i) si la distinción descansa en una base objetiva y razonable, o es una discriminación constitucionalmente vedada; ii) la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por el legislador; iii) si se cumple con el requisito de la proporcionalidad; y, iv) establecer en cada caso el referente sobre la cual se predica la igualdad.(15)

44. Este último aspecto es imprescindible, pues la igualdad es un principio y un derecho de carácter fundamentalmente adjetivo que se atribuye siempre a algo; así, ese referente es relevante al momento de realizar el control de constitucionalidad de leyes, porque la Norma Fundamental permite que en algunos ámbitos el legislador tenga más amplitud para desarrollar su labor normativa; mientras que en otros, insta al Juez constitucional a ser especialmente exigente cuando deba determinar si el legislador ha respetado las exigencias derivadas del principio mencionado.

45. Ahora bien, en relación con lo anterior, esta Primera Sala también ha sostenido que es necesario distinguir la intensidad con la que deben evaluarse las diferenciaciones por parte del legislador, lo cual obedece al diseño y contenido del Texto Constitucional.

46. Así, tratándose de las normas de índole económico o tributario, por regla general, la intensidad del análisis debe ser poco estricto, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador en esos campos, en los cuales la Constitución General prevé una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado; sin que ello signifique algún tipo de renuncia por este Alto Tribunal del ejercicio de su competencia de control constitucional, sino que en ciertas materias el legislador goza de mayor discrecionalidad constitucional, por lo que en esos temas la intensidad de su control se ve limitada.

47. Cuestiones diversas suceden en aquellos casos en los que el legislador tiene una limitada discrecionalidad, pues en esos supuestos el escrutinio judicial debe entonces ser más estricto, tal como es el caso de alguno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo 1o. constitucional (el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas), el juzgador para examinar su constitucionalidad a la luz del principio de igualdad debe hacer un análisis estricto, es decir, debe existir una motivación reforzada por parte del creador de la norma.(16)

48. Así, esta Primera Sala estima que el análisis del principio de equidad –para el caso que nos ocupa– requiere de un mínimo y no de un máximo de justificación, por lo que basta que la intervención legislativa persiga una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, exigiéndose un mínimo de idoneidad entre el medio y su finalidad, además de que debe existir un mínimo de proporcionalidad entre el medio elegido y el fin buscado que justifique la intervención legislativa diferenciada entre los sujetos comparables.

49. En el caso, el tópico de inequidad recae en el artículo tercero transitorio, fracciones II, III y IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigentes a partir del uno de enero de dos mil dieciséis, que señala:

"Artículo tercero. Para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta se aplicarán las siguientes disposiciones:

"...

"II. Se otorga el siguiente estímulo fiscal a los contribuyentes que a continuación se señalan:

"...

"i) Quienes tributen en los términos de los títulos II o IV, capítulo II, sección I de esta ley, que hayan obtenido ingresos propios de su actividad empresarial en el ejercicio inmediato anterior de hasta 100 millones de pesos.

"Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior que inicien actividades, podrán aplicar la deducción prevista en los apartados A o B de esta fracción, según se trate, cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite previsto en el párrafo anterior. Si al final del ejercicio exceden del límite previsto en el párrafo anterior, deberán cubrir el impuesto correspondiente por la diferencia entre el monto deducido conforme a esta fracción y el monto que se debió deducir en cada ejercicio en los términos de los artículos 34 y 35 de esta ley.

"ii) Quienes efectúen inversiones en la construcción y ampliación de infraestructura de transporte, tales como, carretera, caminos y puentes.

"iii) Quienes realicen inversiones en las actividades previstas en el artículo 2, fracciones II, III, IV y V de la Ley de Hidrocarburos, y en equipo para la generación, transporte, distribución y suministro de energía.

"El estímulo consiste en efectuar la deducción inmediata de la inversión de bienes nuevos de activo fijo, en lugar de las previstas en los artículos 34 y 35 de esta ley, deduciendo en el ejercicio en el que se adquieran los bienes, la cantidad que resulte de aplicar al monto original de la inversión, únicamente los por cientos que se establecen en esta fracción. La parte de dicho monto que exceda de la cantidad que resulte de aplicar al mismo el por ciento que se autoriza en esta fracción, será deducible únicamente en los términos de la fracción III.

"Los por cientos que se podrán aplicar para deducir las inversiones a que se refiere esta fracción, para los contribuyentes a que se refiere el inciso i) de está fracción, son los que a continuación se señalan:

"...

"Los por cientos que se podrán aplicar para deducir las inversiones a que se refiere esta fracción, para los contribuyentes a que se refieren los incisos ii) y iii) de esta fracción, son los que a continuación se señalan:

"...

"En el caso de que el contribuyente se dedique a dos o má

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28230-196ae00f/estimulo-fiscal-el-articulo-tercero-transitorio-fracciones-ii · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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