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RENTA. EL ARTÍCULO TERCERO, FRACCIONES II, III Y IV, DE LAS DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015) NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. RENTA. EL ARTÍCULO TERCERO, FRACCIONES II, III Y IV, DE LAS DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015) NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 514/2017. · Registro digital (IUS): 28151
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-10-26
Promovente: PEÑAFIEL BEBIDAS, S.A. DE C.V. Y OTRA.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Pág. 849.

RENTA. EL ARTÍCULO TERCERO, FRACCIONES II, III Y IV, DE LAS DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015) NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

RENTA. EL ARTÍCULO TERCERO, FRACCIONES II, III Y IV, DE LAS DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015) NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA.

AMPARO EN REVISIÓN 514/2017. PEÑAFIEL BEBIDAS, S.A DE C.V Y OTRA. 29 DE NOVIEMBRE DE 2017. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: JOEL ISAAC RANGEL AGÜEROS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto.(1)

SEGUNDO.—Oportunidad y legitimación. Resulta innecesario verificar la oportunidad y la legitimación del recurso de revisión principal, toda vez que el Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento del asunto ya se ocupó de esos aspectos, concluyendo que es oportuno y proviene de parte legitimada para ello.

Por otra parte, si el Tribunal Colegiado se ocupó de la legitimación del recurso de revisión adhesiva, lo cierto es que omitió pronunciarse sobre la oportunidad del citado medio de impugnación, por lo que esta Segunda Sala procede a su análisis:

El auto de quince de diciembre de dos mil dieciséis, mediante el cual el Tribunal Colegiado del conocimiento admitió a trámite el recurso de revisión principal, se notificó por oficio al presidente de la República, por conducto de la Procuraduría Fiscal de la Federación, el seis de enero de dos mil diecisiete (véase foja 47 del toca de revisión del Tribunal Colegiado). Por tanto, en términos del artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo, dicha notificación surtió efectos el mismo día en que se practicó.

De este modo, el plazo de cinco días para la interposición del recurso de revisión adhesiva, contemplado en el artículo 82 de la Ley de Amparo, transcurrió del nueve al trece, ambos de enero de dos mil diecisiete; descontando, para tal efecto, los días siete y ocho del propio mes y año, por corresponder a los días sábado y domingo, respectivamente, los cuales se consideran inhábiles en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En ese sentido, si el recurso de revisión adhesiva se presentó el trece de enero de dos mil diecisiete (véase foja 109 del toca de revisión), se concluye que, es oportuno.

TERCERO.—Antecedentes del caso. Para una mejor comprensión del asunto, a continuación se relatan los antecedentes relevantes del caso:

1. Peñafiel Bebidas, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Manantiales Peñafiel, Sociedad Anónima de Capital Variable, son empresas constituidas conforme a las leyes mexicanas, las cuales cumplen sus obligaciones fiscales conforme al régimen general de las personas morales de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

2. Para la realización de las actividades propias de su objeto, en el periodo del mes de septiembre a diciembre, ambos de dos mil quince, las contribuyentes efectuaron inversiones de bienes nuevos de activo fijo.

3. El uno de enero de dos mil dieciséis, entró en vigor el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de noviembre de dos mil quince.

4. El treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, las contribuyentes presentaron sus respectivas declaraciones anuales del impuesto sobre la renta, correspondientes al ejercicio fiscal de dos mil quince; sin embargo, señalan que se vieron imposibilitadas a acceder al estímulo fiscal previsto en el artículo tercero transitorio, fracciones II, III y IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, consistente en la deducción inmediata de inversiones nuevas de activo fijo, al no ubicarse dentro de los supuestos previstos en dicha disposición.

Específicamente, en el artículo tercero transitorio, fracciones II, III y IV, de las disposiciones de vigencia temporal de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se concedió un estímulo fiscal, consistente en la deducción inmediata de inversiones de bienes nuevos de activo fijo, para los contribuyentes que se ubicaran en los supuestos descritos en la norma.

En ese sentido, las quejosas manifestaron que no se ubicaron en alguna de las hipótesis del estímulo fiscal de mérito, razón por la cual en las declaraciones anuales tuvieron que llevar a cabo las deducciones de las inversiones de bienes nuevos de activo fijo aplicando los porcentajes de deducción previstos en el artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

5. Inconformes con lo anterior, por escrito presentado el veinte de abril de dos mil dieciséis, las contribuyentes solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del artículo tercero transitorio, fracciones II, III y IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para lo cual formularon los siguientes conceptos de violación:

• Primero. El precepto reclamado viola el principio de equidad tributaria, reconocido en el artículo 31, fracción IV, constitucional, al establecer para ciertos contribuyentes un estímulo fiscal, consistente en la deducción inmediata de las inversiones de bienes nuevos de activo fijo, en lugar de aplicar la tasa de depreciación prevista en los artículos 34 y 35 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Lo anterior, pues dicho estímulo, está limitado a los contribuyentes que tributen en términos de los títulos II o IV, capítulo II, sección I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que hayan obtenido ingresos propios de su actividad empresarial de hasta ********** en el ejercicio inmediato anterior, así como para aquellos que destinen dichas inversiones en la construcción y ampliación de infraestructura de transporte o para las actividades previstas en el artículo 2, fracciones II, III, IV y V, de la Ley de Hidrocarburos, y en equipo para la generación, transporte, distribución y suministro de energía.

Por tanto, se actualiza un trato diferenciado injustificado, debido a que no existe razón para establecer arbitrariamente un estímulo fiscal, para determinado grupo de contribuyentes, ya que el volumen de los ingresos acumulables no constituye un sustento legal o fáctico para tratar de manera distinta a sujetos que se encuentran en igualdad de circunstancias.

Por otro lado, la diferencia de trato tampoco puede justificarse a partir del fin extrafiscal, que busca la norma reclamada, consistente en incrementar el producto interno bruto e impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que si el objetivo es mejorar la economía del país, el estímulo fiscal se hubiera otorgado a todas las empresas, de lo contrario, se fomenta que los grandes contribuyentes no lleven a cabo inversiones, lo que generaría el declive de la economía del país.

Finalmente, el propio legislador ha reconocido que los estímulos fiscales como el impugnado no han sido capaces de fomentar la inversión en las pequeñas y medianas empresas, situación que evidencia que la finalidad no es constitucionalmente válida.

En otro aspecto, existe un trato diferenciado injustificado al otorgar el estímulo fiscal a contribuyentes que destinen las inversiones nuevas a la construcción y ampliación de infraestructura de transporte o para las actividades previstas en el artículo 2, fracciones II, III, IV y V, de la Ley de Hidrocarburos y en equipo para la generación, transporte, distribución y suministro de energía electrónica, toda vez que el destino de las inversiones no puede servir como parámetro para que la ley niegue o dé acceso a un beneficio fiscal.

• Segundo. El precepto impugnado viola los principios de igualdad y de seguridad jurídica, en relación con los principios de razonabilidad y proporcionalidad de la medida, toda vez que se da un trato diferenciado a las quejosas frente a otros contribuyentes que se encuentran en situaciones comparables, ya que no se permite que los contribuyentes con ingresos superiores a los ********** puedan acceder al estímulo fiscal de deducción inmediata de inversiones.

Al respecto, si la intención de la medida legislativa era fomentar la competitividad de la economía nacional, lo correspondiente era conceder el estímulo fiscal a todos los sectores de la economía. Además, el legislador estaba obligado a motivar, correctamente, la razón del establecimiento de un trato diferenciado, cuestión que no llevó a cabo.

Por otro lado, resulta injustificable desde un punto de vista de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, que la disposición reclamada excluya del citado beneficio a los contribuyentes, que hayan obtenido ingresos superiores a **********, pues se deja de contemplar que todos los contribuyentes que realicen inversiones nuevas se encuentran en el mismo plano, lo que provoca una limitante para el desarrollo de determinados contribuyentes.

• Tercero. El precepto reclamado viola el principio de rectoría económica del Estado, previsto en el artículo 25 de la Constitución Federal, así como el derecho humano al desarrollo integral, reconocido en los artículos 33, 34 y 45 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en relación con el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que establece un estímulo fiscal, de forma limitada, para ciertos contribuyentes, sin embargo, la reforma en comento desincentiva el crecimiento económico y genera que no exista una distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, ya que el Estado está obligado a proveer condiciones, para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico social, lo que no se cumple con la disposición reclamada, en virtud de que se impide el acceso, a dicho beneficio, a todos los sujetos que realizan inversiones nuevas, pero que no se ubican en los supuestos descritos en la norma.

Adicionalmente, si la intención del estímulo es incentivar la competitividad de la economía nacional, el estímulo en cuestión debió otorgarse a todos los sectores de la economía, ya que lo contrario conduce a un desequilibrio en el desenvolvimiento del sector privado, el cual evidentemente tendrá afectaciones y repercusiones en el crecimiento económico.

• Cuarto. El precepto reclamado viola el principio de libre concurrencia, establecido en el artículo 28 de la Constitución Federal, toda vez que coloca en una situación de desventaja a contribuyentes que, como las quejosas, realizaron inversiones nuevas en activo fijo, pues el estímulo fiscal establece ventajas indebidas, para favorecer a ciertas personas o a ciertos sectores de la economía, lo que puedan llevarlas a una situación privilegiada.

6. Por cuestión de turno, conoció de la demanda de amparo el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México (expediente 706/2016), el cual, seguidos los trámites de ley, celebró la audiencia constitucional el cinco de agosto de dos mil dieciséis y dictó sentencia, terminada de engrosar el veintiocho de octubre siguiente, en la cual negó el amparo solicitado, atento a lo siguiente:

• En el considerando segundo fijó como actos reclamados la discusión, aprobación, promulgación y expedición del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de noviembre de dos mil quince; específicamente, el artículo tercero transitorio de las disposiciones de vigencia temporal de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

• En el considerando tercero, señaló que era cierto el acto reclamado, toda vez que así lo afirmaron las autoridades responsables en sus informes justificados y, porque la certeza de los actos legislativos se acredita con su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

• En el considerando cuarto, señaló que las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni se advertía de oficio alguna de ellas.

• En el considerando quinto, analizó los conceptos de violación, para lo cual indicó que el estudio respectivo se realizaría de manera conjunta, en virtud de que los derechos o principios de justicia tributaria tienen un contenido económico que se refiere a la capacidad económica de los gobernados, al fin redistribuidor de la riqueza y a la aptitud de soportar una carga monetaria.

De este modo, transcribió el contenido del precepto impugnado y señaló que, de él se desprende el establecimiento de un estímulo fiscal dirigido a los contribuyentes del impuesto sobre la renta que tributan en términos de los títulos II o IV, capítulo II, sección I, de la ley del impuesto relativo, siempre que hayan obtenido ingresos propios de su actividad empresarial en el ejercicio inmediato anterior hasta de **********, así como a quienes efectúen inversiones en la construcción y la ampliación de infraestructura de transporte y a quienes realicen inversiones relacionadas con la Ley de Hidrocarburos, así como en equipo para la generación, transporte, distribución y suministro de energía.

Señaló que el estímulo consiste, en poder efectuar la deducción inmediata de la inversión de bienes nuevos de activo fijo, en lugar de aplicar lo previsto en los artículos 34 y 35 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Posteriormente, estableció como premisa que la norma impugnada incide directamente en la materia tributaria, ya que en ella se prevé o regula una obligación sustantiva de pago de una contribución, en concreto, del impuesto sobre la renta bajo la figura de una deducción inmediata de inversiones, la cual tiene su origen y consecuencia en el ámbito tributario, toda vez que las deducciones forman parte de la mecánica del impuesto.

Al respecto, señaló que los estímulos fiscales son prestaciones económicas otorgadas a una persona que puede hacer valer a su favor respecto de un tributo a su cargo, con el fin de obtener un fin parafiscal o extrafiscal. Asimismo, indicó que los estímulos fiscales no siempre quedan integrados en la estructura de la contribución, ya que el Estado puede utilizarlos, únicamente, como instrumentos eficientes para alcanzar sus fines públicos, por tanto, a través de estos estímulos el legislador no trata de medir o graduar la capacidad contributiva de los sujetos, pues se trata de beneficios, sin relevancia impositiva, los cuales atienden a factores que no guardan relación con el hecho imponible o los demás elementos cuantitativos del tributo.

En cambio, indicó que los estímulos fiscales típicos actúan junto a los elementos esenciales del tributo o se integran a su mecánica; de ahí que son relevantes para graduar el monto económico que se detrae al contribuyente y, por tanto, deben respetar los principios de justicia tributaria, atento al criterio de la Segunda Sala, de rubro: "ESTÍMULOS FISCALES. DEBEN RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA FISCAL QUE LES SEAN APLICABLES, CUANDO INCIDAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA CONTRIBUCIÓN."

Sentado lo anterior, señaló que el artículo impugnado lleva inmerso un estímulo fiscal que sí tiene relevancia impositiva en el impuesto sobre la renta, debido a que se adhiere a su mecánica en forma de deducción inmediata de inversiones. Por tanto, refirió que el estudio respectivo no podía emprenderse bajo la óptica del derecho de igualdad y no discriminación, previsto en el artículo 1o. constitucional, por lo que declaró inoperantes los conceptos de violación expuestos sobre el particular.

Al efecto, citó la jurisprudencia 2a./J. 161/2007, de rubro: "RENTA. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS EN LOS QUE SE PRETENDE EVIDENCIAR QUE LAS TABLAS DE LOS ARTÍCULOS 114, 115 Y 178 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN RELACIÓN CON LAS DEL SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES DE VIGENCIA ANUAL DEL DECRETO DE REFORMAS A DICHA LEY, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE DICIEMBRE DE 2005, TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2006)."

En seguida, precisó que los contribuyentes no tienen un derecho fundamental a recibir beneficios fiscales, por el contrario, atendiendo al principio de generalidad tributaria, las exenciones y estímulos deben reducirse a un mínimo. Por tanto, conforme a dicho principio, todos los gobernados deben contribuir al gasto público, de manera que las prerrogativas tributarias deben ser reducidas a un mínimo y deben ser justificadas.

En tal virtud, señaló que no hay duda de que la parte quejosa no resiente la privación de un derecho, ni está pagando una obligación fiscal excesiva o desajustada, ya que lo ordinario no es la exención o el otorgamiento de beneficios fiscales, sino la causación y cálculo del gravamen en los términos legales. De este modo, el estímulo impugnado no se trata de un vehículo para que su propia obligación tributaria, se ajuste al monto que constitucionalmente debería corresponderle, sino que simplemente se trata de una medida que aminora la deuda fiscal, en atención a una finalidad que se estima deseable.

Establecidas las premisas anteriores, consideró que la norma impugnada no viola el derecho de equidad tributaria, toda vez que su finalidad es objetiva y constitucionalmente válida; además, se trata de una medida racional y cumple con la relación de proporcionalidad entre los medios implementados y los fines pretendidos.

En relación con el primer aspecto, destacó que su finalidad es incentivar la economía y la competitividad, cuyos objetivos son válidos conforme a los artículos 25 y 26 de la Constitución Federal, de cuya interpretación armónica deriva que el Estado está obligado a desarrollar diversas formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación.

Asimismo, señaló que la medida impugnada es adecuada para alcanzar la meta deseada, pues con ella se permite no sólo la reactivación de la economía, sino también, que se mantenga una competitividad en el contexto internacional y se promueva el crecimiento de ciertos rubros, como son las actividades empresariales con determinados ingresos, incluyendo los que inicien actividades, así como los vinculados con la construcción y ampliación de infraestructura de transporte, tales como carreteras, caminos y puentes, y los que se relacionan con la Ley de Hidrocarburos, así como con equipo para la generación, transporte, distribución y suministro de energía.

Por último, señaló que existe proporcionalidad en sentido estricto, toda vez que la medida da solución a un problema de interés nacional, como lo es, el actual entorno económico adverso e, incluso, internacional.

En ese sentido, afirmó que los parámetros que se fijaron en la norma reclamada no son arbitrarios, porque la disposición resulta general y, por tanto, necesariamente debe establecer parámetros generales que, mientras sean lógicos y se apeguen a la realidad, no pueden considerarse caprichosos. Además, la diferencia del tipo de ente y la actividad que se realiza debe, necesariamente, asumirse como un criterio objetivo que divide a las personas que pueden o no hacer efectivo el beneficio, de ahí que se trata de parámetros razonables y que se ajustan a la realidad.

Por las razones expuestas, declaró infundados los conceptos de violación encaminados a demostrar la violación al principio de equidad tributaria.

Por último, declaró inoperantes los conceptos de violación vinculados con el principio de rectoría económica del Estado, pues consideró que la inconstitucionalidad de una ley tributaria no depende en sí del fenómeno relativo a la incidencia económica, ya que no se trata de un concepto jurídico sino económico, por lo que no puede ser analizado en el contexto del derecho y menos bajo el propio escrutinio de un amparo contra leyes.

En mérito de lo razonado, negó el amparo solicitado.

CUARTO.—Agravios en contra de la decisión del Juez de Distrito. En los agravios del recurso de revisión, las recurrentes alegan, en síntesis, lo siguiente:

a) Es ilegal la calificativa de inoperancia de los conceptos de violación encaminados a demostrar la violación al principio de igualdad y no discriminación, toda vez que los actos reclamados no pueden analizarse únicamente respecto de ciertos derechos fundamentales y exentar su análisis respecto de otros, pues ello, sería tanto como permitir la violación de algunos derechos y de otros no. Además, ello carece de sustento y limita el control de constitucionalidad a un mínimo de derechos fundamentales, en lugar de analizar los actos de manera exhaustiva.

Por otro lado, el Juez de Distrito debió efectuar un análisis estricto de constitucionalidad, ya que sólo así hubiera constatado la violación al principio de igualdad, ya que él mismo reconoció que en la norma impugnada existe una situación de desigualdad y una diferencia de trato respecto de los mismos sujetos.

Derivado de lo anterior, al declarar inoperantes los conceptos de violación sobre el principio de igualdad y no discriminación, el Juez de Distrito vulneró el principio de exhaustividad de las sentencias, toda vez que dejó de analizar los argumentos tendentes a acreditar esos extremos.

b) Es ilegal la sentencia recurrida, ya que para sustentar la constitucionalidad de la norma a la luz del principio de equidad tributaria, el Juez de Distrito realizó un análisis deficiente de la exposición de motivos del precepto combatido, toda vez que, inadvirtió que, en dicho texto no se plasma un fin constitucionalmente válido y objetivo para establecer una diferencia de trato, pues si bien se dijo que la finalidad es impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como los sectores estratégicos, a fin de estimular el crecimiento de la economía nacional, ello no es suficiente para justificar constitucionalmente la medida impugnada, toda vez que el legislador debió expresar los principios constitucionales que soportan esa situación y verificar que los mismos no sean contrarios a derechos fundamentales.

Lo aseverado, sin dejar atrás que las micro, pequeñas y medianas empresas conforman el 99.8% de las empresas del país, las cuales generan tan sólo seis de cada diez empleos y únicamente el 19% de la producción nacional, lo que significa que las empresas a las que no se les otorga el beneficio fiscal, a pesar de ser la minoría de las unidades productivas, conforman el 81% de la producción nacional y generan cuatro de cada diez empleos, situación que refleja su importancia para la economía nacional.

Aunado a ello, el estímulo fiscal en cuestión genera una cadena de valor y efectos multiplicadores de la economía nacional, es decir, todas las empresas aunque no sean micro, medianas o pequeñas aportan valor a la economía nacional.

Lo aseverado, máxime que en años anteriores, el legislador reconoció que el estímulo de mérito no ha sido capaz de fomentar la inversión de la pequeña y mediana empresa, situación que evidencia que la finalidad que persigue no obedece a un fin legítimo y constitucionalmente válido.

En otro aspecto, es ilegal considerar que la medida impugnada es adecuada y racional en tanto permite la reactivación de la economía y mantiene una competitividad en el contexto internacional, pues si lo que se busca verdaderamente es esa finalidad, no existe razón para que el beneficio se haya limitado, exclusivamente, a contribuyentes cuyos ingresos no superan los **********.

Asimismo, la medida impugnada no supera el criterio de proporcionalidad, ya que existe un evidente trato diferenciado entre sujetos en igualdad de circunstancias, por lo que se genera una afectación patrimonial a los contribuyentes a los que no se les otorga el beneficio.

c) Es ilegal la calificativa de inoperancia de los conceptos de violación dirigidos a demostrar la violación al principio de rectoría económica del Estado, establecido en el artículo 25 constitucional, debido a que la quejosa no pretendió demostrar la inconstitucionalidad de la norma a partir de su incidencia económica, pues la misma disposición no trata de regular o precisar un impuesto en concreto o alguno de sus elementos esenciales, sino que pretende dar un beneficio a ciertos contribuyentes que se encuentran en situaciones específicas, lo que genera consecuencias económicas y sociales contrarias a las buscadas a nivel constitucional.

Ello, sin que pase desapercibido que con el trato diferenciado se logra una finalidad contraria a la contemplada por el legislador, ya que desincentiva la generación de grandes inversiones al país, lo que conlleva que se desacelere el crecimiento económico nacional.

En otro aspecto, son inaplicables las tesis citadas por el Juez de Distrito, cuyos rubros son: "INCIDENCIA ECONÓMICA DE LOS IMPUESTOS. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY TRIBUTARIA NO PUEDE DEPENDER DE ELLA." e "INCIDENCIA DE LOS IMPUESTOS. SU CONCEPTO Y VALORACIÓN JURÍDICA Y ECONÓMICA."

Lo anterior, pues dichas tesis parten del análisis de impuestos indirectos, de modo que su incidencia económica dependerá de la situación particular de cada consumidor; sin embargo, dado que el impuesto sobre la renta es un impuesto directo, no contempla en su mecánica una traslación de la carga contributiva al consumidor final, por lo que será el propio causante quien recienta la afectación en su patrimonio.

d)Es ilegal la sentencia recurrida, toda vez que el Juez de Distrito omitió por completo analizar el cuarto concepto de violación, en el que se planteó violación al artículo 28 constitucional, por lo que procede en este recurso analizar los argumentos relativos a dicho tópico.

QUINTO.—Agravios en la revisión adhesiva. El presidente de la República, por conducto de la Procuraduría Fiscal de la Federación, hizo valer, en esencia, los siguientes agravios adhesivos:

• Resultan inoperantes los agravios en los que se aduce que el Juez de Distrito violó los derechos fundamentales de la quejosa, toda vez que se pasa por alto que conforme a la jurisprudencia 2a./J. 12/96, emitida por la Segunda Sala, el recurso de revisión no es un instrumento autónomo de control de constitucionalidad, sino sólo es un procedimiento de segunda instancia cuya finalidad es controlar la legalidad de las resoluciones de los Jueces de Distrito.

• Son inoperantes los agravios en los que se alega la omisión de estudio de los conceptos de violación de la quejosa, toda vez que el Juez de Distrito no incurrió en omisión alguna.

• Resultan inoperantes los agravios en los que se aduce que el Juez de Distrito no realizó un control estricto de constitucionalidad, toda vez que las recurrentes soslayan que conforme a la tesis 1a. LIII/2012, emitida por la Primera Sala, el test de proporcionalidad de las leyes fiscales es de carácter flexible o laxo.

• Procede confirmar la sentencia recurrida, toda vez que el artículo impugnado no viola el principio de rectoría económica del Estado, pues el artículo 25 de la Constitución Federal no establece derecho alguno, en favor de los gobernados, que pueda ser exigible a través del juicio de amparo.

• Debe confirmarse la sentencia recurrida, toda vez que el estímulo fiscal contenido en la norma impugnada resulta ser el medio más idóneo para incentivar la inversión en las micro y pequeñas empresas, toda vez que la estructura productiva del país está conformada predominantemente por unidades económicas de menor escala, por lo que se logra propiciar una mayor inversión, buscando impulsar la competitividad a través de la deducción inmediata de inversiones.

• La sentencia recurrida debe confirmarse, toda vez que, la norma impugnada no viola el principio de libre concurrencia, ya que no establece condiciones que propicien la creación o consolidación de monopolios, sino todo lo contrario, pues la finalidad es implementar un beneficio fiscal para propiciar la inversión de bienes.

• La norma impugnada no viola el principio de competitividad, toda vez que dicho fenómeno no puede verificarse por medio de algún medio de control constitucional, sino que deben emplearse sistemas de evaluación y rendición de cuentas. Además, el estímulo fiscal no podría considerarse el único medio para asegurar la competitividad, por lo que no puede exigirse al legislador su ampliación o modificación.

SEXTO.—Análisis de los agravios en la revisión principal. Por cuestión de método, los agravios de las empresas recurrentes se analizarán en orden diverso al planteado.

Calificativa de inoperancia de los conceptos de violación relativos al principio de igualdad y no discriminación.

En el agravio identificado en el inciso a), las recurrentes aducen que es ilegal la calificativa de inoperancia de los conceptos de violación encaminados a demostrar la violación al principio de igualdad y no discriminación, reconocido en el artículo 1o. constitucional, pues señalan que un análisis exhaustivo implica el estudio de la norma reclamada a la luz de todos los derechos y principios que se invocaron en la demanda de amparo, de lo contrario, se limitaría el catálogo de derechos que protegen la esfera jurídica de los gobernados.

Afirman que, no es obstáculo que el Juez de Distrito haya analizado la norma reclamada a la luz del principio de equidad tributaria, toda vez que ello no le releva de la obligación de realizar un escrutinio estricto de constitucionalidad bajo el principio de igualdad y no discriminación.

El agravio reseñado es infundado.

En líneas anteriores, se precisó

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28151-21b88847/renta-el-articulo-tercero-fracciones-ii-iii-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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