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IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LOS ARTÍCULOS 113-E AL 113-J DE LA LEY RELATIVA, EN RELACIÓN CON LAS REGLAS 3.13.1 A LA 3.13.29 (CON EXCEPCIÓN DE LAS DIVERSAS 3.13.14 Y 3.13.16 A 3.13.18), DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL, VIGENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, QUE REGULAN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 496/2022. · Registro digital (IUS): 31766
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-09-22
Promovente: VERÓNICA BALTAZAR CHÁVEZ.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo III, Pág.2445.

AMPARO EN REVISIÓN 496/2022. VERÓNICA BALTAZAR CHÁVEZ. 8 DE MARZO DE 2023. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DÍAZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día ocho de marzo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 496/2022, interpuesto por Verónica Baltazar Chávez, en contra de la resolución que se dictó el doce de abril de dos mil veintidós (terminada de engrosar el trece de mayo de dos mil veintidós), por el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en el expediente 188/2022.

El problema jurídico a resolver consiste en determinar si los artículos 113-E, 113-F, 113-G, 113-H, 113-I, 113-J de la Ley del Impuesto sobre la Renta en conjunto con las reglas 3.13.1, 3.13.2, 3.13.3, 3.13.4, 3.13.5, 3.13.6, 3.13.7, 3.13.8, 3.13.9, 3.13.10, 3.13.11, 3.13.12, 3.13.13, 3.13.15, 3.13.19, 3.13.20, 3.13.21, 3.13.22, 3.13.23, 3.13.24, 3.13.25, 3.13.26, 3.13.27, 3.13.28 y 3.13.29 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintidós, las cuales establecen las reglas formales para tributar en el Régimen Simplificado de Confianza para personas físicas contenido en la Ley del Impuesto sobre la Renta, son constitucionales o inconstitucionales.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda de amparo. El once de febrero de dos mil veintidós, Verónica Baltazar Chávez, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades responsables y actos reclamados siguientes:

"III. Autoridades responsables.

"...

"1. El Presidente de la República Mexicana.

"2. El Congreso de la Unión.

"3. El Secretario de Hacienda y Crédito Público.

"4. El Jefe del Servicio de Administración Tributaria.

"IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA.

"1. Del Presidente de la República Mexicana, se reclama la expedición, promulgación y publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2021, concretamente la reforma que deroga el Régimen de Incorporación Fiscal y adiciona el Régimen Simplificado de Confianza el cual, permite a ciertas personas físicas tributar a una tasa de hasta 2.5 % de Impuesto sobre (sic) establecido en los artículos 113-E, 113-F, 113-G, 113-H, 113-I, 113-J de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

"2. Del Congreso de la Unión, se reclama la expedición, promulgación y publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2021, concretamente la reforma que deroga el Régimen de Incorporación Fiscal y adiciona el Régimen Simplificado de Confianza el cual, permite a ciertas personas físicas tributar a una tasa de hasta 2.5 % de Impuesto Sobre la Renta establecido en los artículos 113-E, 113-F, 113-G, 113-H, 113-I, 113-J de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

"3. Del Secretario de Hacienda y Crédito Público, se reclama la expedición y publicación de las reglas 3.13.1, 3.13.2, 3.13.3, 3.13.4, 3.13.5, 3.13.6, 3.13.7, 3.13.8, 3.13.9, 3.13.10, 3.13.11, 3.13.12, 3.13.13, 3.13.15, 3.13.19, 3.13.20, 3.13.21, 3.13.22, 3.13.23, 3.13.24, 3.13.25, 3.13.26, 3.13.27, 3.13.28 y 3.13.29 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, las cuales, establecen las reglas formales para tributar en el Régimen Simplificado de Confianza para personas físicas contenido en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

"4. Del Jefe del Servicio de la Administración Tributaria, se reclama la expedición y publicación de las reglas 3.13.1, 3.13.2, 3.13.3, 3.13.4, 3.13.5, 3.13.6, 3.13.7, 3.13.8, 3.13.9, 3.13.10, 3.13.11, 3.13.12, 3.13.13, 3.13.15, 3.13.19, 3.13.20, 3.13.21, 3.13.22, 3.13.23, 3.13.24, 3.13.25, 3.13.26, 3.13.27, 3.13.28 y 3.13.29 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, las cuales establecen las reglas formales para tributar en el Régimen Simplificado de Confianza para personas físicas, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta."

2. Turno y registro de la demanda. Por cuestión de turno conoció el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el cual, por acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, radicó el expediente número 188/2022, y previno a la quejosa.

3. Admisión. Posteriormente, en proveído de diez de marzo de dos mil veintidós, previo desahogo de prevención, se admitió la demanda, y se solicitó a las autoridades responsables rendir su informe justificado.

4. Sentencia de amparo. Seguida la secuela procesal, el doce de abril de dos mil veintidós (terminada de engrosar el trece de mayo de dos mil veintidós), el Juez de Distrito dictó sentencia con el siguiente punto resolutivo:

"ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio, promovido por Verónica Baltazar Chávez en contra de los actos reclamadas (sic) a la (sic) autoridades precisadas en el tercer y cuarto considerando de esta sentencia, por los motivos y fundamentos (sic) en el tercero y quinto de la misma."

5. Lo anterior se sustentó en las siguientes consideraciones:

• El juzgador federal consideró que no se estuvo ante la presencia de una disposición que, por su sola entrada en vigor, modifique o altere la esfera jurídica de la quejosa, debido a que no le impone obligación alguna.

• Se arguyó que, aunque la quejosa se encuentre bajo los supuestos a que se refieren las normas reclamadas, se requiere que actualice su régimen de actividades económicas y obligaciones ante la autoridad correspondiente, ello con la finalidad de que sea ella quien determine si está dentro del supuesto contemplado en dichas disposiciones y, en su caso, de resultar procedente, efectúe las adecuaciones al sistema creado para tal efecto y, sólo en el caso de que la autoridad le negara el acceso a tributar en el Régimen Simplificado de Confianza para personas físicas, sería en ese momento cuando habría una afectación a la esfera de derechos del gobernado, por lo que se consideró que, contrario a lo que expuso la quejosa dicho sistema normativo es de carácter heteroaplicativo, debido a que se requiere para actualizar la afectación en la esfera jurídica del particular de un acto que condicione su individualización.

• Se hizo énfasis en que, no se causó agravio en la esfera jurídica de la quejosa, ya que no se actualiza la característica de ser una norma autoaplicativa, por lo que debió reclamarse con motivo de un acto de aplicación que causara perjuicio a la quejosa.

• Se determinó que, contrario a lo expuesto por la contribuyente, no acreditó encontrarse en el supuesto referido en las citadas disposiciones; en razón de los documentos que adjuntó, únicamente se encontró su constancia de situación fiscal, de la que advirtió, que se encuentra bajo el régimen de sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios de uno de febrero de dos mil veintidós, copia de INE, un certificado de estudios que la acredita como secretaria ejecutiva Bilingüe, determinando que no se evidenciaba la actualización de alguna de las condicionantes previstas en las normas reclamadas que afectaran a la quejosa, pues no exhibió documento del cual se advirtiera dicha circunstancia, para así estar en aptitud de que se pudiera corroborar si se encontraba en alguno de los supuestos de excepción que marcan las disposiciones para tributar bajo el Régimen Simplificado de Confianza, se arguyó que, inclusive, el artículo 113-E, fracción IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, si bien excluye a personas físicas que se ubiquen en diversos supuestos del artículo 94 de dicha legislación, no lo hace en relación a todas las hipótesis que ahí se enuncian, y de las señaladas en dicho numeral, no se acreditó de forma fehaciente que la promovente se ubicara en alguno de los supuestos.

• Asimismo, se estimó que, respecto de los recibos de nómina que adjuntó, con ellos únicamente se acreditó el pago del impuesto sobre la renta, sin que se apreciara la notificación del aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones, documentales a las cuales se les concedió pleno valor probatorio; sin embargo, se determinó que resultaban insuficientes para acreditar la afectación aducida, pues el hecho de ser contribuyente no implicaba por sí solo encontrarse en el supuesto de la norma como se afirmó, en razón de que, la afectación en la esfera jurídica acontecerá, siempre y cuando se presente el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones y, en su caso, la autoridad fiscal le niegue tributar bajo ese régimen, por lo que dicho requisito se prevé como necesario para ingresar a tal sistema de tributación.

• Finalmente, se evidenció que las normas son de carácter heteroaplicativo, en consecuencia, toda vez que la parte quejosa no las controvirtió con motivo de un acto de aplicación, se concluyó que en el asunto se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, por ende, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la misma legislación, se debía sobreseer en el juicio respecto de los actos reclamados.

6. Recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, Verónica Baltazar Chávez, interpuso recurso de revisión en el cual expresó agravios tendientes a combatir el sobreseimiento respecto a la falta de interés jurídico y legítimo.

7. Admisión y radicación del recurso. Por razón de turno, del asunto conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, donde por auto de treinta de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite y se registró con el número 321/2022; asimismo, se comunicó el plazo para interponer recurso de revisión adhesiva.

8. Recursos de revisión adhesiva. Seguido el trámite de ley, en acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintidós, se admitieron los recursos de revisión adhesiva, interpuestos por la directora general de Amparos contra Leyes de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y el administrador de amparo e instancias judiciales "5", de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación de la jefa del Servicio de Administración Tributaria.

9. Sentencia. Finalmente, el Tribunal Colegiado del conocimiento en sesión ordinaria virtual de ocho de septiembre de dos mil veintidós, dictó sentencia con los siguientes puntos resolutivos:

"PRIMERO.—Es infundado el recurso de revisión adhesiva.

"SEGUNDO.—Se revoca la sentencia recurrida.

"TERCERO.—Este Tribunal Colegiado reserva la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto al tema de constitucionalidad de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establecido en los artículos 113-E, 113-F, 113-G, 113-H, 113-I, y 113-J de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con las reglas 3.13.1, 3.13.2, 3.13.3, 3.13.4, 3.13.5, 3.13.6, 3.13.7, 3.13.8, 3.13.9, 3.13.10, 3.13.11, 3.13.12, 3.13.13, 3.13.14, 3.13.15, 3.13.19, 3.13.20, 2.13.21 (sic), 3.13.22, 3.13.23, 3.13.24, 3.13.25, 3.13.26, 3.13.27, 3.13.28, 3.13.29 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año dos mil veintidós.

"CUARTO.—Previa formación del cuaderno de antecedentes correspondiente, con testimonio de esta resolución, se ordena enviar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los autos del amparo en revisión 321/2022 del índice de este órgano jurisdiccional y los del juicio de amparo 188/2022-I-A del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, para lo que a su competencia originaria corresponda."

10. Trámite ante la Suprema Corte. Por acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintidós el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación asumió su competencia originaria para conocer del presente asunto, registró el amparo en revisión 496/2022, admitió a trámite y turnó el expediente para su estudio a la señora Ministra Yasmín Esquivel Mossa.

11. Avocamiento. En proveído de catorce de noviembre de dos mil veintidós, la Ministra presidenta de la Segunda Sala tuvo por recibidos los autos, se avocó al conocimiento del asunto, ordenó hacer el registro de ingreso correspondiente y devolver los autos a su ponencia para la elaboración del proyecto.

12. Publicación. El proyecto de sentencia fue publicado oportunamente en términos del artículo 73, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.

II. COMPETENCIA

13. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver este recurso de revisión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), y 83 de la Ley de Amparo; y 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente; en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013; por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, competencia de esta Sala, cuya resolución no amerita la intervención del Tribunal Pleno.

14. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf y presidente Alberto Pérez Dayán. Ausente el Ministro Javier Laynez Potisek.

III. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN

15. Resulta innecesario verificar tanto la oportunidad de los recursos de revisión, principal como adhesivos, así como la legitimación de los respectivos recurrentes, toda vez que estos presupuestos procesales ya han sido analizados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.(1)

IV. ESTUDIO

16. En primer lugar, debe precisarse que debido a que el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo sin analizar los conceptos de violación planteados por la quejosa y, dicho sobreseimiento fue revocado por el Tribunal Colegiado de Circuito, corresponde a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizar los motivos de disenso vinculados con la inconstitucionalidad de los preceptos reclamados, los cuales son esencialmente los siguientes:

• PRIMERO. La quejosa consideró que se violó el principio de equidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer un régimen de tributación en el sistema normativo contenido en los artículos citados con anterioridad de la Ley del Impuesto sobre la Renta en relación con las reglas en comento de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintidós, y esgrimió que era inequitativo y desigual entre contribuyentes que se encuentran en las mismas circunstancias.

Se arguyó que, el régimen en comento trata desigual a los iguales (honorarios y salarios); considerándolo inequitativo, por lo que el beneficio de ese régimen debe extenderse a los asalariados, a fin de restaurar la equidad tributaria.

Asimismo, se esgrimió que, cuando las actividades no tengan un ánimo de lucro, ejemplificando que, en el caso de servicios personales subordinados y actividades profesionales, debe concluirse que ambas son idénticas y, por ende, deben recibir un tratamiento fiscal idéntico, lo cual no sucede con el Régimen Simplificado de Confianza y, en consecuencia, viola el principio de equidad tributaria.

• SEGUNDO. La quejosa adujo que se transgredió el principio de proporcionalidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política, toda vez que la regulación establece tasas diferenciadas de contribuyentes en mismas circunstancias en contra de la capacidad contributiva del contribuyente excluido.

Que los actos reclamados no concuerdan con la capacidad contributiva de la quejosa, al establecer tasas diferenciadas para sujetos con la misma capacidad de ingresos; arguyéndose que se estableció un régimen que puede ser regresivo para los contribuyentes, pues, se consideró que se estaba en presencia de un régimen que grava a tasas mayores a los contribuyentes –empleados– que obtienen menos ingresos y permite una tributación menor para aquellos gobernados que califiquen al régimen de confianza, a pesar de que puedan obtener mayores ingresos.

• TERCERO. Estimó que se violó el principio de igualdad y no discriminación, contenido en el artículo 1o. de la Constitución, al establecer un régimen de tributación discriminatorio en el sistema normativo multicitado y consideró que, la regulación en comento, castiga y discrimina a contribuyentes que se encuentran formal y sustantivamente pagando contribuciones.

Del mismo modo refirió que, no fue correcto establecer un sistema normativo desde su óptica inconstitucional, ya que cuenta con grado de distinción entre contribuyentes que se encuentren en las mismas circunstancias, se enfatizó que lo anterior resultaba una violación a los principios de igualdad y no discriminación, bajo la justificación de ser un fin extrafiscal o, en su caso, que el legislador tiene libertad de configuración legislativa.

• CUARTO. Se constriñó que se violaron los derechos fundamentales de seguridad y legalidad jurídica, en relación con el principio de certeza jurídica, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, lo anterior debido a que se arguyó que, la regulación estableció de forma arbitraria, sin motivación o fundamentación alguna un tratamiento diferenciado entre contribuyentes que se encuentran en mismas circunstancias para acceder al Régimen Simplificado de Confianza para personas físicas y estableció regulaciones con poca claridad, considerándolas confusas en perjuicio para los gobernados.

Se enunció que, toda norma general debe contar con los elementos mínimos e indispensables para poder conocer aquellas disposiciones que les son aplicables a los individuos, así como el alcance de las disposiciones legales emitidas por el legislador para que de esta manera los individuos cuenten con los elementos necesarios para defender sus derechos.

• QUINTO. La quejosa argumentó que se violaban en su contra los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, así como al principio de razonabilidad y proporcionalidad jurídica, reconocidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que la medida establecida en los actos reclamados, no le resultaba adecuada, idónea, apta y susceptible de alcanzar el fin perseguido por el creador de la norma jurídica.

Se mencionó que, el principio de proporcionalidad, permite realizar un test de proporcionalidad aplicable a toda actividad del Estado, cuya finalidad es asegurar que el poder público actúe sin excederse en el ejercicio de sus funciones. Que los actos reclamados, se trataban de medidas abiertamente desproporcionales, ya que:

I. Establecieron un tratamiento diferenciado de contribuyentes que se encuentran en las mismas circunstancias, en transgresión al principio de equidad tributaria. II. Es violatoria al principio de legalidad jurídica con relación al subprincipio de certeza jurídica.

Se hizo énfasis en que no puede ser constitucional, desde un enfoque de razonabilidad legislativa y proporcionalidad jurídica, un sistema normativo como el que se reclama, a través del cual, se pretende combatir el fenómeno social de la informalidad en México y, por ello, se regulen sistemas normativos fuera de los parámetros de la Constitución.

• SEXTO. La hoy recurrente estimó que lo determinado en la sentencia que se combate transgredió el principio pro persona contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al considerar que la finalidad que busca el sistema normativo no puede considerarse que se ajuste al texto de nuestra Carta Magna, ya que en su opinión establece violaciones directas a ésta, en particular la transgresión al principio de equidad tributaria.

17. De lo antes citado, se desprende que los conceptos de violación hechos valer por la quejosa se analizarán de manera temática y en conjunto, debiendo precisarse que si bien en ellos se aduce que el sistema normativo reclamado es violatorio de los principios de legalidad y proporcionalidad tributarias; lo cierto es que dicha violación la hace depender del tratamiento diferenciado entre contribuyentes que, a su juicio, se encuentran en las mismas circunstancias para acceder al Régimen Simplificado de Confianza para personas físicas y a las distintas tasas; razón por la cual el estudio de dichos motivos de disenso versará sobre la violación al principio de equidad tributaria.

IV.1. Violación al principio de equidad tributaria

18. Al respecto, la quejosa aduce, en lo esencial, que el Régimen Simplificado de Confianza trata desigual a los iguales; considerándolo inequitativo, por lo que el beneficio de ese régimen debe extenderse a los asalariados, a fin de restaurar la equidad tributaria. Sostiene que cuando las actividades no tengan un ánimo de lucro, deben recibir un tratamiento fiscal idéntico, lo cual no sucede con el Régimen Simplificado de Confianza y, en consecuencia, viola el principio de equidad tributaria.

19. Arguye que se violan los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación, al establecer un régimen de tributación discriminatorio, toda vez que la regulación en comento, castiga y discrimina a contribuyentes que se encuentran formal y sustantivamente pagando contribuciones; añade que se estableció de forma arbitraria, sin motivación o fundamentación alguna un tratamiento diferenciado entre contribuyentes que se encuentran en mismas circunstancias para acceder al Régimen Simplificado de Confianza para personas físicas, estableciendo una regulación poco clara en este aspecto.

20. Los argumentos citados, resultan infundados.

21. En principio debe precisarse el contenido de los preceptos reclamados, que efectivamente le causan perjuicio:

Ley del Impuesto sobre la Renta

"Artículo 113-E. Los contribuyentes personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta Sección, siempre que la totalidad de sus ingresos propios de la actividad o las actividades señaladas que realicen, obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de la cantidad de tres millones quinientos mil pesos.

"Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior que inicien actividades, podrán optar por pagar el impuesto conforme a lo establecido en esta Sección, cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite establecido en el párrafo anterior. Cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un periodo menor de doce meses, para determinar el monto a que se refiere el párrafo anterior dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365.

"Para los efectos de los párrafos anteriores, en caso de que los ingresos a que se refiere este artículo excedan de tres millones quinientos mil pesos en cualquier momento del año de tributación, o se incumpla con alguna de las obligaciones a que se refiere el artículo 113-G de esta Ley, o se actualice el supuesto previsto en el artículo 113-I de la misma Ley relativo a las declaraciones, no les serán aplicables a los contribuyentes las disposiciones de esta Sección, debiendo pagar el impuesto respectivo de conformidad con las disposiciones del Título IV, Capítulo II, Sección I o Capítulo III de esta Ley, según corresponda, a partir del mes siguiente a la fecha en que tales ingresos excedan la referida cantidad. En su caso, las autoridades fiscales podrán asignar al contribuyente el régimen que le corresponda, sin que medie solicitud del contribuyente.

"Los contribuyentes a que se refiere este artículo calcularán y pagarán el impuesto en forma mensual a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, y deberán presentar la declaración anual a que se refiere el artículo 113-F de esta Ley.

"Los contribuyentes determinarán los pagos mensuales considerando el total de los ingresos que perciban por las actividades a que se refiere el primer párrafo de este artículo y estén amparados por los comprobantes fiscales digitales por Internet efectivamente cobrados, sin incluir el impuesto al valor agregado, y sin aplicar deducción alguna, considerando la siguiente tabla:

Ver tabla 1

"Los contribuyentes a que se refiere este artículo también podrán aplicar lo dispuesto en esta Sección cuando además obtengan ingresos de los señalados en los Capítulos I y VI del Título IV de esta Ley, siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior por las actividades mencionadas, en su conjunto, no excedan de la cantidad a que se refiere el primer párrafo de este artículo.

"Cuando los contribuyentes dejen de tributar conforme a esta Sección, por el incumplimiento de sus obligaciones fiscales, en ningún caso podrán volver a tributar en los términos de la misma. Tratándose de aquellos contribuyentes que hayan excedido el monto de tres millones quinientos mil pesos a que se refiere el primer párrafo de este artículo, podrán volver a tributar conforme a esta Sección, siempre que los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior a aquél de que se trate, no excedan de tres millones quinientos mil pesos y hayan estado al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

"No podrán aplicar lo previsto en esta Sección las personas físicas a que se refiere el primer párrafo de este artículo en los supuestos siguientes:

"I. Sean socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta Ley.

"II. Sean residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país.

"III. Cuenten con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes.

"IV. Perciban los ingresos a que se refieren las fracciones III, IV, V y VI del artículo 94 de esta Ley.

"Las personas físicas que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio no excedan de novecientos mil pesos efectivamente cobrados, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades. En caso de que los referidos ingresos excedan dicho monto, a partir de la declaración mensual correspondiente se deberá pagar el impuesto conforme al Título IV, Capítulo II, Sección IV, de esta Ley, en los términos que se determine mediante reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.

"Para efectos del párrafo anterior, se considera que los contribuyentes se dedican exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras cuando el total de sus ingresos representan el 100 % por estas actividades."

"Artículo 113-F. Los contribuyentes a que se refiere esta Sección están obligados a presentar su declaración anual en el mes de abril del año siguiente al que corresponda la declaración, considerando el total de los ingresos que perciban por las actividades a que se refiere el primer párrafo del artículo 113-E de esta Ley en el ejercicio y estén amparados por los comprobantes fiscales digitales por Internet efectivamente cobrados, sin incluir el impuesto al valor agregado, y sin aplicar deducción alguna, conforme a la siguiente tabla:

Ver tabla 2

"Los contribuyentes podrán disminuir a la cantidad que resulte, el impuesto sobre la renta pagado en las declaraciones mensuales a que se refiere el artículo 113-E de esta Ley y, en su caso, el que les retuvieron conforme al artículo 113-J de este ordenamiento.

"Se considera que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 109, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, cuando los contribuyentes cancelen los comprobantes fiscales digitales por Internet, aun y cuando los receptores hayan dado efectos fiscales a los mismos."

"Artículo 113-G. Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta Sección tendrán las obligaciones siguientes:

"I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y mantenerlo actualizado.

"II. Contar con firma electrónica avanzada y buzón tributario activo.

"III. Contar con comprobantes fiscales digitales por Internet por la totalidad de sus ingresos efectivamente cobrados.

"IV. Obtener y conservar comprobantes fiscales digitales por Internet que amparen sus gastos e inversiones.

"V. Expedir y entregar a sus clientes comprobantes fiscales digitales por Internet por las operaciones que realicen con los mismos.

"En el supuesto de que los adquirentes de los bienes, de los servicios o del uso o goce temporal de bienes, no soliciten el comprobante fiscal digital por Internet, los contribuyentes deberán expedir un comprobante global por las operaciones realizadas con el público en general conforme a las reglas de carácter general que para tal efecto emita el Servicio de Admin

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31766-a7e720ba/impuesto-sobre-la-renta-los-articulos-113-e-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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