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RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PARA PERSONAS MORALES EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LOS ARTÍCULOS 206, PRIMER PÁRRAFO Y 208 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL NO PERMITIR LA DEDUCCIÓN DE LOS ANTICIPOS A REMANENTE QUE LAS SOCIEDADES CIVILES OTORGUEN A SUS SOCIOS, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2022). RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PARA PERSONAS MORALES EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LOS ARTÍCULOS 206, PRIMER PÁRRAFO Y 208 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL NO PERMITIR LA DEDUCCIÓN DE LOS ANTICIPOS A REMANENTE QUE LAS SOCIEDADES CIVILES OTORGUEN A SUS SOCIOS, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2022).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 462/2023. · Registro digital (IUS): 32206
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-03-01
Promovente: MARTÍNEZ HERNÁNDEZ ABOGADOS, S.C.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Marzo de 2024, Tomo IV, Pág.3699.

AMPARO EN REVISIÓN 462/2023. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ ABOGADOS, S.C. 4 DE OCTUBRE DE 2023. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: LUIS ENRIQUE GARCÍA DE LA MORA.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cuatro de octubre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 462/2023, interpuesto por Martínez Hernández Abogados, sociedad civil, contra la sentencia dictada el dieciocho de julio de dos mil veintidós por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto 237/2022.

El problema jurídico que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver consiste en determinar si los artículos 206, primer párrafo y 208 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del uno de enero de dos mil veintidós vulneran o no, los principios de equidad y proporcionalidad tributaria.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el catorce de febrero de dos mil veintidós,(1) Martínez Hernández Abogados, sociedad civil por conducto de su representante legal promovió juicio de amparo indirecto contra las autoridades y respecto de los actos siguientes:

• Del Congreso de la Unión, integrado por las Cámaras de Diputados y Senadores, se reclama la discusión, aprobación y expedición del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos", publicado el doce de noviembre de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación; concretamente, los artículos 206 y 208 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con motivo de su entrada en vigor.

• Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se reclama la promulgación del Decreto mencionado.

• Del Secretario de Gobernación, se reclama el refrendo del citado Decreto.

• Del Director del Diario Oficial de la Federación, se reclama la publicación del Decreto.

2. La quejosa señaló como derecho fundamental violado el reconocido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los principales antecedentes del caso e hizo valer los conceptos de violación que estimó pertinentes.

3. Trámite y resolución del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el que la registró con el expediente 237/2022; la desechó parcialmente en relación con los actos atribuidos al Secretario de Gobernación y al Director del Diario Oficial de la Federación (refrendo y publicación del Decreto impugnado); y, la admitió a trámite respecto a los restantes actos reclamados.(2)

4. Seguida la secuela procesal, el dieciocho de julio de dos mil veintidós, la Juez de Distrito dictó sentencia en la que resolvió sobreseer en el juicio, con base en las siguientes consideraciones:

• Respecto del artículo 206, fracciones I a V, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción VIII, todos de la Ley de Amparo, puesto que la quejosa no expresó conceptos de violación en contra de las citadas fracciones.

• Por lo que hace a los numerales 206 y 208 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo (falta de interés jurídico), dado que las documentales exhibidas por la quejosa resultan insuficientes para acreditar la actualización de las hipótesis previstas en las normas reclamadas, ni para demostrar que su sola vigencia haya ocasionado una afectación en su esfera jurídica.

• De ahí que, a su consideración, lo procedente era decretar el sobreseimiento en el juicio.

5. Recurso de revisión. Inconforme con la sentencia, mediante escrito presentado el nueve de agosto de dos mil veintidós,(3) la quejosa interpuso recurso de revisión.

6. Trámite del recurso de revisión. Por cuestión de turno, correspondió conocer del asunto al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, donde se registró con el número 588/2022 y se admitió a trámite.(4)

7. También se tuvo por interpuesta la revisión adhesiva del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.(5)

8. Resolución del Tribunal Colegiado. En sesión de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, el tribunal colegiado del conocimiento dictó resolución en la que determinó: (I) revocar el sobreseimiento decretado por la juzgadora, (II) carecer de competencia legal para conocer del problema de constitucionalidad subsistente y (III) remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales conducentes.

9. Las consideraciones que sustentaron la citada determinación son las siguientes:

• Contrariamente a lo sostenido por la juzgadora, no resultaba necesario que la quejosa hubiese formulado argumentos para controvertir cada una de las normas reclamadas, ya que el único concepto de violación propuesto en la demanda de amparo está enderezado a combatir dos disposiciones que forman un sistema normativo, es decir, los artículos 206 y 208 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

• Las normas reclamadas establecen que las personas morales residentes en México, que estén constituidas por personas físicas, cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no excedan de treinta y cinco millones de pesos, o bien, las personas morales constituidas por personas físicas que inicien operaciones y que estimen que sus ingresos totales no excederán dicha cantidad, estarán sujetas al régimen simplificado de confianza.

• También describen a los contribuyentes que no tributarán bajo el citado régimen. Y, establecen las deducciones que podrán realizar los contribuyentes sujetos a dicho régimen.

• Por lo que, atendiendo al contenido de las normas reclamadas, se advierte que existe una relación indisociable entre ellas, en tanto que versan sobre los sujetos activos del régimen simplificado de confianza aplicable a personas morales, así como del esquema de deducciones que tienen permitido.

• Siendo que, en el único concepto de violación, la quejosa controvierte la obligación de tributar bajo dicho régimen con la proscripción de deducir anticipos a remanentes que efectúe a sus socios.

• De ahí que, no resultaba necesario que la quejosa hubiese formulado argumentos para controvertir cada una de las normas reclamadas, por conformar una verdadera unidad normativa.

• Y que, opuestamente a lo resuelto por la juzgadora, la quejosa sí demostró fehacientemente que se ubica en las hipótesis previstas en las normas reclamadas. Esto es, con las pruebas ofrecidas en el juicio,(6) demostró que es una persona moral cuyas socias son personas físicas y que no admite directa o indirectamente la integración de extranjeros; que está inscrita en el régimen simplificado de confianza y que en el ejercicio inmediato anterior a dos mil veintidós no tuvo ingresos superiores a treinta y cinco millones de pesos.

• Por lo tanto, las normas reclamadas sí causan una afectación en la esfera jurídica de la quejosa con su entrada en vigor, dado que la premisa que dio lugar a la promoción del juicio consiste en que, desde su perspectiva, se ha vedado la posibilidad de realizar ciertas deducciones en el régimen simplificado de confianza en forma injustificada; circunstancia que, en sí misma, podría repercutir en la carga impositiva o en su patrimonio.

• Consecuentemente, ante lo fundado de los agravios, lo procedente es revocar el sobreseimiento decretado por la juzgadora. Máxime que los disensos que propone la autoridad adherente resultan inoperantes, toda vez que no tienden a reforzar, desde otra perspectiva, las causas de improcedencia advertidas por la juzgadora, sino que únicamente se limitan a insistir en ellas y a expresar que fue correcto el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida.

• Por último, en vista de que subsiste el problema de constitucionalidad en torno a los artículos 206 y 208 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo procedente es remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales conducentes.

10. Trámite ante la Suprema Corte. En proveído de siete de junio de dos mil veintitrés, la Ministra Presidente asumió competencia originaria para conocer de los recursos de revisión principal y su adhesión; los registró con el número 462/2023 y los admitió a trámite. Asimismo, turnó el asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa y ordenó su radicación en la Segunda Sala.

11. Avocamiento. Por acuerdo de catorce de agosto de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de esta Segunda Sala instruyó el avocamiento del asunto y, una vez debidamente integrado el expediente, se remitieron los autos a la Ministra Ponente para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

12. Publicación. El proyecto de resolución fue publicado oportunamente en términos del artículo 73, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.

II. COMPETENCIA

13. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a),(7) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Ley de Amparo;(8) y 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(9) en relación con los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023;(10) por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, competencia de esta Sala, cuya resolución no amerita la intervención del Tribunal Pleno.

14. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidente en funciones Luis María Aguilar Morales. Ausente el Ministro Alberto Pérez Dayán.

III. OPORTUNIDAD

15. Resulta innecesario verificar la oportunidad del recurso de revisión principal y de la revisión adhesiva, toda vez que dicho presupuesto procesal ya ha sido analizado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.(11)

IV. LEGITIMACIÓN

16. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que Claudia Martínez Hernández cuenta con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión principal, por tener el carácter de representante legal de la quejosa en el juicio de origen.(12)

17. Asimismo, el Director General de Asuntos Contenciosos y Procedimientos, en suplencia por ausencia del Subprocurador Fiscal de Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuenta con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión adhesiva, por tener el carácter de representante de la autoridad recurrente en el juicio de origen.(13)

18. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidente en funciones Luis María Aguilar Morales. Ausente el Ministro Alberto Pérez Dayán.

V. PROCEDENCIA

19. El recurso de revisión principal es procedente por actualizarse el supuesto previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo,(14) ya que la quejosa combate una sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto que ha resultado adversa a sus intereses.

20. Asimismo, el recurso de revisión adhesiva también es procedente por actualizarse el supuesto previsto en el artículo 82 de la Ley de Amparo,(15) toda vez que la autoridad recurrente hace valer agravios tendentes a reforzar la parte considerativa de la resolución que ha resultado favorable a sus intereses.

21. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidente en funciones Luis María Aguilar Morales. Ausente el Ministro Alberto Pérez Dayán.

VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

22. No existen causas de improcedencia pendientes de estudio, ni se advierte de oficio alguna diversa a las ya analizadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

23. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidente en funciones Luis María Aguilar Morales. Ausente el Ministro Alberto Pérez Dayán.

VII. MATERIA DE LA LITIS

24. El análisis de constitucionalidad versará sobre los artículos 206, primer párrafo y 208, ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que a continuación se transcriben:

"Artículo 206. Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta conforme al régimen establecido en el presente Capítulo, las personas morales residentes en México únicamente constituidas por personas físicas, cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no excedan de la cantidad de 35 millones de pesos o las personas morales residentes en México únicamente constituidas por personas físicas que inicien operaciones y que estimen que sus ingresos totales no excederán de la cantidad referida."

"Artículo 208. Los contribuyentes a que se refiere este Capítulo podrán efectuar las deducciones siguientes:

"I. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan, siempre que se hubiese acumulado el ingreso correspondiente.

"II. Las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas.

"III. Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones.

"IV. Las inversiones.

"V. Los intereses pagados derivados de la actividad, sin ajuste alguno, así como los que se generen por capitales tomados en préstamo siempre y cuando dichos capitales hayan sido invertidos en los fines de las actividades de la persona moral y se obtenga el comprobante fiscal correspondiente.

"VI. Las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social.

"VII. Las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social, y de primas de antigüedad constituidas en los términos de esta Ley. El monto de la deducción a que se refiere esta fracción estará a lo dispuesto en el artículo 25, fracción X de esta Ley.

"Los contribuyentes a que se refiere este Capítulo considerarán los gastos e inversiones no deducibles, en los términos del artículo 28 de esta Ley."

VIII. ESTUDIO DE FONDO

25. Como se ha expuesto, en la sentencia recurrida se sobreseyó en el juicio sin analizar el concepto de violación propuesto por la quejosa; sobreseimiento que fue revocado por el tribunal colegiado del conocimiento, por lo que en términos del numeral 93 de la ley de la materia,(16) corresponde a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizar los planteamientos vertidos en la demanda de amparo.

26. La quejosa aduce, en esencia, que los artículos 206 y 208 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del uno de enero de dos mil veintidós, violan el derecho fundamental de equidad tributaria, toda vez que vedan la posibilidad de deducir los anticipos a remanente que las sociedades civiles otorguen a sus socios, cuando los distribuyen en términos de la fracción II, del artículo 94 de la citada legislación, sin una justificación objetiva y razonable.

27. Desde su perspectiva, las normas reclamadas establecen un trato diferenciado e injustificado entre los contribuyentes (sociedades civiles) que tributan conforme al régimen general de personas morales (Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta) y aquéllos que lo hacen conforme al régimen simplificado de confianza para personas morales (Título VII, Capítulo XII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta), dado que los primeros están autorizados para deducir los anticipos de remanentes que entreguen a sus miembros (socios); mientras que los segundos no tienen permitido realizar dicha deducción.

28. Por lo que, en su opinión, los preceptos reclamados tratan de manera desigual a contribuyentes que se ubican en una situación similar, únicamente por los ingresos que generan las personas morales; aspecto que no constituye un parámetro objetivo y razonable para realizar dicha distinción.

29. El concepto de violación en síntesis es infundado por las siguientes consideraciones:

30. Como tema inicial, se precisa que en la exposición de motivos(17) que dio origen a las normas generales controvertidas, entre otras cuestiones, establece lo siguiente:

"... 34. Régimen Simplificado de Confianza de personas morales. Tras la crisis sanitaria por la que atraviesa el país, con el fin de promover la reactivación económica mediante un esquema de simplificación que fomente la inversión, se propone la creación de un régimen de tributación que beneficiará a las personas morales residentes en México, cuyos ingresos totales no excedan de treinta y cinco millones de pesos en el ejercicio, lo que equivale a alrededor del 96 por ciento del total de los contribuyentes personas morales.

"De acuerdo con la nota técnica del estudio sobre la demografía de los negocios 2020 (segundo conjunto de datos), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través del comunicado de prensa 183/21 del 22 de marzo de 2021, los censos económicos muestran que el 99.8 % de los establecimientos del país son micro, pequeños o medianos y, por sus características, estas unidades económicas tienden a presentar mayores cambios con respecto a las grandes empresas, en cuanto a ingresos, personal ocupado, ubicación, cierres y aperturas, entre otros aspectos.

"De acuerdo con el padrón de contribuyentes registrado en el Servicio de Administración Tributaria, en México existen cerca de 2.1 millones de establecimientos micro y pequeños que constituyen un segmento estratégico que hoy en día cumple con sus obligaciones bajo un mecanismo en el que acumulan sus ingresos conforme los devengan y en lugar de deducir sus erogaciones utilizan un coeficiente de utilidad para el cálculo del pago provisional. Estas empresas están sujetas a las mismas obligaciones que debe cumplir cualquier otra de mayor escala, lo que puede llegar a implicar costos administrativos significativos.

"Por lo anterior, se considera necesario contar con un régimen para personas morales cuyos ingresos no sean superiores a treinta y cinco millones de pesos anuales, el cual permita que la acumulación de los ingresos y deducción de las erogaciones ocurra hasta que éstos efectivamente se perciban y se paguen (flujo de efectivo), apegándose a la realidad económica del contribuyente y sin que ello implique la reducción de la carga impositiva.

"En virtud de lo anterior, los contribuyentes en este nuevo régimen dejarán de realizar las declaraciones provisionales mediante el uso del coeficiente de utilidad obtenido de su declaración anual del ejercicio fiscal anterior, que puede significar una carga importante tratándose de las micro y pequeñas empresas que presentan estacionalidades en su actividad económica y, por su componente inflacionario, puede representar una importante presión mensual en el cumplimiento del pago de sus obligaciones.

"Adicionalmente, con el objetivo de que este grupo de micro y pequeñas empresas estén en posibilidades de incrementar sus niveles de inversión, impulsar su competitividad, así como de facilitar su inserción como proveedores de las cadenas productivas, propiciando así un círculo virtuoso de activación económica, se propone un esquema de deducción de inversiones a menor plazo que podrán aplicar las personas morales que cumplan con sus obligaciones bajo este nuevo régimen, precisando que la deducción de inversiones se determinará mediante la aplicación del porcentaje que corresponda, dependiendo el tipo de bien y sobre el monto original de la inversión. "Asimismo, es conveniente establecer los requisitos generales para que procedan las deducciones considerando el flujo de efectivo; tal es el caso de la eliminación de conceptos que no convergen con este esquema, como la deducción de créditos incobrables, así como el costo de ventas.

"Vale la pena destacar que este mecanismo establece la obligación de realizar pagos provisionales, para lo cual, las personas morales determinarán su utilidad fiscal disminuyendo de sus ingresos las deducciones autorizadas, la participación de los trabajadores en las utilidades y, en su caso, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar; al resultado obtenido se le aplicará la tasa contenida en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, otorgando la posibilidad de acreditar, entre otros, las retenciones, así como los pagos provisionales efectuados con anterioridad al mes que se está calculando.

"Este Régimen Simplificado de Confianza para personas morales, maximiza la simplificación en la presentación de declaraciones, pues se estarán aprovechando las herramientas tecnológicas con las que cuenta actualmente el Servicio de Administración Tributaria, a fin de llevar a cabo la pre carga de la información contenida en los CFDI, así como en sus declaraciones provisionales y anuales, a efecto de realizar los cálculos necesarios para la determinación de sus impuestos, además de permitir el pago en medios electrónicos.

"Los contribuyentes que dejen de cumplir con los requisitos para continuar aplicando el esquema de tributación propuesto, deberán cumplir, a partir del ejercicio siguiente, con sus obligaciones en términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, debiendo presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones a más tardar el día 31 de enero del ejercicio siguiente a aquel en que esto ocurra.

"De igual forma, se plantea incluir disposiciones transitorias para –tratándose de personas morales que tributen en términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y que, a partir de la entrada en vigor de este régimen, tributen en términos de este esquema– el tratamiento fiscal que tendrán los ingresos y las deducciones durante el periodo de transición. ..."

31. Lo anterior dio origen al Decreto que, entre otras disposiciones, contiene los artículos 206, primer párrafo y 208, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuya inconstitucionalidad se plantea en este juicio de amparo, debido que, a juicio de la promovente, vulneran los principios de equidad y proporcionalidad tributaria.

32. El primer párrafo del numeral 206(18) establece que deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta conforme al régimen establecido en el presente Capítulo, las personas morales residentes en México únicamente constituidas por personas físicas, cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no excedan de la cantidad de treinta y cinco millones de pesos o las personas morales residentes en México únicamente constituidas por personas físicas que inicien operaciones y que estimen que sus ingresos totales no excederán de la cantidad referida.

33. Por su parte, el numeral 208(19) prevé que los contribuyentes incorporados al Régimen Simplificado de Confianza de Personas Morales podrán efectuar las deducciones siguientes: devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan, siempre que se hubiese acumulado el ingreso correspondiente; adquisiciones de mercancías, así como de materias primas; gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones; inversiones; intereses pagados derivados de la actividad, sin ajuste alguno, así como los que se generen por capitales tomados en préstamo siempre y cuando dichos capitales hayan sido invertidos en los fines de las actividades de la persona moral y se obtenga el comprobante fiscal correspondiente; cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social; y, aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social, y de primas de antigüedad constituidas en los términos de esa ley.

34. Establece que los contribuyentes a que se refiere dicho capítulo considerarán los gastos e inversiones no deducibles, en los términos del artículo 28 de la legislación.

35. Para dar claridad a esta sentencia, también conviene destacar que el concepto que se suprime para los sujetos del régimen especial, está regulado en el artículo 25, fracción IX de la Ley del Impuesto sobre la Renta,(20) que prevé que los contribuyentes podrán efectuar a manera de deducción, los anticipos y los rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que entreguen las sociedades y asociaciones civiles a sus miembros, cuando los distribuyan en los términos de la fracción II, del numeral 94(21) de dicha ley.

36. Visto lo anterior, es necesario tener en consideración que respecto del principio de equidad tributaria (que la quejosa estima vulnerado), esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que radica en que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una situación idéntica y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no solo está facultado sino que tiene la obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas, arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o a un universo de causantes, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales.

37. Lo anterior se encuentra reflejado en las jurisprudencias del Pleno de este Alto Tribunal, que al efecto se citan:

"EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los Poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) no se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino solo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y d) para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional."(22)

"IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no solo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales."(23)

38. La primera tesis de jurisprudencia establece la existencia de ciertos elementos objetivos que permiten delimitar el principio de equidad tributaria, a saber:

a) No toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificació

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32206-cca03e94/regimen-simplificado-de-confianza-para-personas-morales-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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