RENTA. EL ARTÍCULO 95, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (VIGENTE EN 2003 Y 2004), AL IMPONER A LAS PERSONAS MORALES DE CARÁCTER CIVIL DEDICADAS A LA ENSEÑANZA LA OBLIGACIÓN DE CONSIDERAR REMANENTE DISTRIBUIBLE EN LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN EL PROPIO PRECEPTO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 222/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012. MAYORÍA DE SIETE VOTOS. DISIDENTES: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y JUAN N. SILVA MEZA. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIO: OCTAVIO JOEL FLORES DÍAZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente a la sesión del veinte de septiembre de dos mil doce.
VISTOS; para resolver los autos del expediente de contradicción de tesis 222/2011 y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el dieciocho de mayo de dos mil once, **********, representante legal de **********, quejosa en el juicio de amparo en revisión ********** del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denunció la existencia de una posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por esa Sala y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia al resolver el amparo directo en revisión **********, que originó la tesis aislada 1a. XXXIII/2011 de rubro: "RENTA. EL ARTÍCULO 95, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (VIGENTE EN 2004), AL IMPONER A LAS PERSONAS MORALES DE CARÁCTER CIVIL DEDICADAS A LA ENSEÑANZA LA OBLIGACIÓN DE CONSIDERAR REMANENTE DISTRIBUIBLE EN LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN EL PROPIO PRECEPTO, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA."
SEGUNDO. Mediante acuerdo de veinte de mayo de dos mil once, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, formó el expediente correspondiente y ordenó su registro bajo el número 222/2011.
TERCERO. Por acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil once, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por integrada la presente contradicción de tesis, ordenando dar vista a la procuradora general de la República por el plazo de treinta días para que de estimarlo pertinente emitiera su opinión.
Mediante proveído de treinta de agosto de dos mil once, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó enviar los autos al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para el estudio y elaboración del proyecto correspondiente.
CUARTO. El agente del Ministerio Público de la Federación, designado para intervenir en el presente asunto por el director general de Constitucionalidad de la Procuraduría General de la República emitió pedimento mediante oficio **********, recibido el cuatro de octubre de dos mil once, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197 de la Ley de Amparo; y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero, fracción VI, del Acuerdo General Número 5/2001, del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
En efecto, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197 de la Ley de Amparo, cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, cualquiera de dichas Salas o los Ministros que las integren, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la misma Suprema Corte de Justicia, la que decidirá funcionando en Pleno cuál es la tesis que debe observarse.
En este sentido, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por **********, representante legal de **********, quejosa en el juicio de amparo en revisión ********** del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que derivó uno de los criterios sometidos a contradicción.
TERCERO. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones las Salas de este Máximo Tribunal.
Criterio de la Primera Sala de este Alto Tribunal:
Al resolver el amparo directo en revisión **********, interpuesto por la autoridad tercero perjudicada, la Primera Sala confirmó la sentencia recurrida y concedió el amparo al **********, en la parte que interesa, sustentó lo siguiente:
"CUARTO. Una vez, expuesto, lo anterior la recurrente, expresa como agravios los siguientes:
"...
"c) Por otra parte, indica que contrario a lo manifestado por el Tribunal Colegiado, el argumento expuesto por la quejosa en contra del artículo 95 ya mencionado, en materia de equidad, que consiste en compararse con el grupo de sujetos no contribuyentes del impuesto sobre la renta, es un parámetro insuficiente para considerar que el artículo es inequitativo, pues la característica de no contribuyentes no es el único elemento que debe tomarse en cuenta para determinar el tratamiento específico que se combate, pues la quejosa se encuentra en una situación fiscal diferente al resto de las personas no consideradas en el párrafo penúltimo de dicho artículo y esa diferencia justifica el trato desigual.
"Es decir, alega que no obstante que todos los sujetos involucrados no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, la quejosa que es una escuela tiene que considerar como remanente distribuible ficto los préstamos que hizo a su socio, en cambio, hay otros sujetos no contribuyentes que no tienen esa obligación al no estar considerados en el penúltimo párrafo del artículo impugnado.
"Lo anterior, porque de una interpretación sistemática de todo el título III ‘Del régimen de las personas morales con fines no lucrativos’ y no sólo del párrafo penúltimo del artículo 95 mencionado, se advierte que el artículo 93 de la misma ley, considera como personas morales no contribuyentes a las siguientes: a) las señaladas por el artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; b) las previstas en el artículo 102 de la misma ley como son: los partidos políticos, las asociaciones políticas, la Federación, Estados y Municipios, organismos descentralizados; c) las sociedades de inversión especializadas de fondo para el retiro; d) sociedades de inversión, excepto las sociedades de inversión de capitales; y e) las sociedades de inversión en sociedades de deuda (artículo 103 LISR).
"En ese sentido, la recurrente aduce que el régimen de la quejosa no es inequitativo al compararse con las personas morales no contribuyentes no previstas en el referido párrafo penúltimo como son los sindicatos, asociaciones patronales, cámaras de comercio e industria, colegio de profesionales, organismos que agrupen a las sociedades cooperativas, asociaciones de padres de familia y sociedades de gestión colectiva, porque éstas no tienen actividades económicas que les permitan obtener ingresos, ya que reciben cuotas de sus propios integrantes a diferencia de las escuelas que realizan actividades que reportan otros ingresos, y en ese sentido debe considerarse esta situación para dar el tratamiento diverso de que se queja.
"Continúa manifestando la recurrente, que el Tribunal Colegiado al no analizar completamente el régimen fiscal de las personas morales no contribuyentes omitió advertir todas las aristas con las que hubiera concluido que los préstamos otorgados por asociaciones como la quejosa a un socio, constituye un remanente distribuible por el que tienen que retener y enterar el impuesto correspondiente; lo que no sucede con las personas morales no consideradas en el párrafo penúltimo controvertido, ya que éstas no pueden otorgar préstamos al estar autorizadas para recibir donativos deducibles, lo que implica que sus ingresos exclusivamente los pueden destinar al objeto no lucrativo.
"Además, lo mismo acontece con las personas morales dedicadas a la enseñanza pues aquellas que están autorizadas para recibir donativos deducibles quedan fuera del tratamiento fiscal consistente en causar el impuesto sobre la renta por la enajenación de su activo fijo o por la prestación de servicios a personas distintas de sus miembros, y que ello se debe a que al ser autorizadas para recibir ese tipo de donativos, son controladas, identificadas especialmente y no pueden destinar los donativos a actividades ajenas al fin no lucrativo ni tampoco pueden enajenar su activo fijo, ya que en caso de liquidación la totalidad de su patrimonio lo deben pasar a una persona moral autorizada para recibir donativos deducibles, medidas que no imperan para el caso de una escuela que no tengan autorización para recibir donativos deducibles, pues esta última tiene más libertades en su actuar y por lo mismo es prudente que atienda la mecánica prevista en el penúltimo párrafo del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
"Lo expuesto, ya que los ingresos que destine a fines distintos a los de su objetivo no lucrativo o provengan de fuentes no propias de su actividad no lucrativa, también deberán ser gravados calculando su remanente distribuible.
"...
"SEXTO. A continuación, se procede dar contestación a los agravios formulados por la recurrente, mismos que han quedado precisados con anterioridad.
"...
"En el mismo sentido, se considera infundado el planteamiento de constitucionalidad sintetizado en el inciso c), mismo que la recurrente hace consistir en que el precepto es violatorio del principio de equidad (sic), porque da un tratamiento diferente a sujetos que tienen una misma naturaleza jurídica como sujetos no contribuyentes al no tener fines de lucro, y al efecto se considera que las personas morales precisadas en el penúltimo párrafo del numeral impugnado, al igual que las restantes personas morales que prevé el numeral impugnado, están en la misma posibilidad de realizar erogaciones que no son deducibles, y no obstante ello únicamente a algunas se les obliga a considerar, para efectos fiscales, el remanente distribuible cuando otorgan préstamos a sus socios (sic), por los motivos que a continuación se expresan.
"En primer lugar, cabe señalar qué se entiende por el principio de equidad tributaria, que deriva de la aplicación en materia tributaria del principio de igualdad consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene un carácter complejo en tanto subyace a toda la estructura constitucional y se encuentra positivizado en múltiples preceptos de esa Ley Fundamental, que constituyen sus aplicaciones concretas, tales como los artículos 1o., primer y tercer párrafos, 2o., apartado B, 4o., 13, 14, 17, 31, fracción IV, y 123, apartado A, fracción VII.
"Esto es, los preceptos constitucionales referidos constituyen normas particulares de igualdad, que inciden en el ámbito de competencias de las autoridades, vinculando, por consiguiente, al legislador al crear las leyes.
"Este principio, como límite a la actividad del legislador, en relación con la materia tributaria, se consigna expresamente en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, para que se tenga en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor, como se ha establecido en la jurisprudencia 1a./J. 97/2006, cuya sinopsis dice: ‘EQUIDAD TRIBUTARIA. CUANDO SE RECLAMA LA EXISTENCIA DE UN TRATO DIFERENCIADO RESPECTO DE DISPOSICIONES LEGALES QUE NO CORRESPONDEN AL ÁMBITO ESPECÍFICO DE APLICACIÓN DE AQUEL PRINCIPIO, LOS ARGUMENTOS RELATIVOS DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LA GARANTÍA DE IGUALDAD.’ (se transcribe).
"Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación. La conservación de este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad económica, el derecho a la herencia, y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce, implícitamente, la existencia de desigualdades materiales y económicas.
"El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad, al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica.
"De ello se sigue, que el principio de equidad obliga al legislador a mantener la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente, entre otras, a hipótesis de causación, acumulación de ingresos, deducciones permitidas, aplicación de tasas y estímulos fiscales, aunque en este último caso con características propias, como se expondrá más adelante.
"En síntesis, la equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de equidad frente a la norma jurídica que lo establece y regula, implicando, además, que para poder cumplir con este principio, el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales, como lo ha sustentado el Pleno de este Alto Tribunal en las jurisprudencias siguientes: ‘EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES.’ (se transcribe). ‘IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe).
"Con base en lo expuesto, es dable concluir, que no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales, sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable.
"De ello deriva, que cuando se establezca un trato diferenciado, el juzgador constitucional debe constatar si las razones que lo justifiquen pueden advertirse del texto de la ley, del proceso legislativo de ésta, de algún precepto de la Constitución Federal, de otras disposiciones ordinarias o, en su caso, si aquéllas constituyen hechos notorios, a fin de que esté en aptitud de valorar si el tratamiento diferente se apoya en una justificación objetiva y razonable que supere un juicio de equilibrio en sede constitucional, conforme lo ha establecido esta Primera Sala al resolver los amparos en revisión **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y directo en revisión **********.
"Ese criterio ha quedado sintetizado, entre otras tesis, en la tesis 1a. CLXXIX/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, septiembre de 2007, página 384, cuya sinopsis dice: ‘EQUIDAD TRIBUTARIA. LA OMISIÓN DEL ÓRGANO LEGISLATIVO DE JUSTIFICAR LAS RAZONES QUE SUSTENTAN UN TRATO DIFERENCIADO EN EL PROPIO PROCESO DE REFORMAS A UN ORDENAMIENTO LEGAL, POR SÍ MISMA, NO CONLLEVA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA.’ (se transcribe).
"En síntesis, en relación con el principio de equidad, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que existen elementos objetivos que permiten delimitarlo, a saber:
"a) No toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales, sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable.
"b) A iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas.
"c) No se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y,
"d) Para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional.
"Ahora bien, el precepto impugnado, artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil cuatro, cuya parte controvertida se subrayará, es del tenor literal siguiente: ‘Artículo 95.’ (se transcribe).
"Del precepto transcrito, se aprecia que la obligación de calcular el remanente distribuible por virtud de la cual, un determinado grupo de personas morales conformado por las indicadas en las fracciones V, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX del artículo 95, deben considerar por dicho concepto, aun cuando no lo hayan entregado en efectivo o en bienes a sus integrantes o socios, el importe de las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e indebidamente registradas; las erogaciones que efectúen y no sean deducibles conforme lo establece la propia norma; los préstamos que hagan a sus socios o integrantes, o a los cónyuges, ascendientes o descendientes en línea recta de dichos socios o integrantes, con la salvedad que ahí se marca.
"En ese sentido, de las consideraciones expuestas puede inferirse que para considerar en igualdad de situación relevante a las personas morales con obligación de calcular remanente distribuible, y las que no tienen esa carga, ambas previstas en la misma disposición, se abordó el tópico relativo a la finalidad de sus actividades; en dicho criterio se consideró que todas son personas morales no contribuyentes con fines no lucrativos o de comercio (naturaleza reconocida explícitamente por el legislador), particularidad que las coloca en similitud de circunstancias que ameritan un trato equivalente, de donde resulta injustificada la diferencia de cargas que prevé el precepto. Dicha tesis aislada de esta Primera Sala del Alto Tribunal literalmente explica: ‘RENTA. EL ARTÍCULO 70, PÁRRAFOS PENÚLTIMO Y ÚLTIMO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE), ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, AL OTORGAR UN TRATO DISTINTO A LAS PERSONAS MORALES DE CARÁCTER CIVIL DEDICADAS A LA ENSEÑANZA RESPECTO DE DIVERSAS PERSONAS MORALES PRECISADAS EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO, EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN DE CONSIDERAR REMANENTE DISTRIBUIBLE.’ (se transcribe).
"Como se observa, dichos preceptos prevén como unidad normativa un catálogo de personas morales que la ley considera como no contribuyentes del impuesto sobre la renta; sin embargo, de entre ellas distingue a un determinado grupo como el obligado a calcular, el concepto de remanente distribuible, aun cuando no lo hayan entregado en efectivo o en bienes a sus integrantes o socios, el importe de las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e indebidamente registradas; las erogaciones que efectúen y no sean deducibles en los términos ahí señalados; así como los préstamos que hagan a sus socios o integrantes o a los cónyuges, ascendientes o descendientes en línea recta de dichos socios o integrantes, con la excepción que ahí se menciona.
"Por virtud de esa distinción, ese tipo de personas morales obligadas a calcular remanente, enterarán como impuesto a su cargo, el que resulte de aplicar a dicho remanente distribuible la tasa o porciento que ahí se indica.
"Así, puede advertirse del precedente en comento, que las personas morales no contribuyentes con deber de cálculo y entero del impuesto sobre la renta por concepto de remanente distribuible, se agrupan en dos grupos diversos, las siguientes: organismos descentralizados -como la quejosa- que no tributen conforme al título II de la ley, en términos de lo dispuesto por el artículo 73, último párrafo, del ordenamiento legal en comento, conjuntamente con las personas morales indicadas en las fracciones V, VI, VII, IX, X, XI, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX del referido artículo 70.
"En cambio, habrá otro conjunto de personas morales no contribuyentes que no tienen la obligación de calcular el remanente distribuible citado ni, por ende, el deber de enterar el impuesto sobre la renta respectivo; por exclusión, serán las personas morales indicadas en las fracciones I, II, III, IV, VIII, XII, XIII y XIV, del artículo 70, así como las indicadas en los párrafos primero y segundo del artículo 73, las que en ese rubro gozarán de un privilegio del que carece la otra colectividad de personas morales mencionadas.
"Para efectos ilustrativos, la distinción entre personas morales no contribuyentes previstas en las normas mencionadas se refleja en el siguiente cuadro comparativo:
"Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en mil novecientos noventa y siete
(Artículos 70, penúltimo y último párrafos y 73, último párrafo)
"Personas morales no contribuyentes con obligación de calcular remanente distribuible generador de impuesto a cargo.
"Las indicadas en las fracciones V, VI, VII, IX, X, XI, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX del artículo 70; y organismos descentralizados que no tributen conforme al título II de la ley.
"Personas morales no contribuyentes sin obligación de cálculo de remanente distribuible (privilegiadas).
"Las precisadas en las fracciones I, II, III, IV, VIII, XII, XIII, XIV, del artículo 70, así como las indicadas en los párrafos primero y segundo del artículo 73, como los partidos y asociaciones políticas legalmente reconocidos; la Federación, los Estados, los Municipios y las instituciones que por ley estén obligadas a entregar al Gobierno Federal el importe íntegro de su remanente de operación.
"La misma disposición pero vigente en el dos mil cuatro, está prevista en los también tildados de inconstitucionales artículos 95 y 102 de la Ley del Impuesto sobre la Renta correspondiente a ese año, los cuales se insertan enseguida subrayándose de igual modo la parte que la quejosa alegó como violatoria de garantías: ‘Artículo 95.’ (se transcribe). ‘Artículo 102.’ (se transcribe).
"Para ese ejercicio de dos mil cuatro, sólo cambió la denominación de personas morales ‘no contribuyentes’, a personas morales ‘con fines no lucrativos’, pero como lo acotó el Tribunal Colegiado, se refieren a la misma hipótesis de obligación de calcular el remanente distribuible por virtud de la cual, -al igual que en el dos mil uno- un determinado grupo de personas morales conformado por las indicadas en las fracciones V, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX del artículo 95, deben considerar por dicho concepto, aun cuando no lo hayan entregado en efectivo o en bienes a sus integrantes o socios, el importe de las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e indebidamente registradas; las erogaciones que efectúen y no sean deducibles conforme lo establece la propia norma; los préstamos que hagan a sus socios o integrantes, o a los cónyuges, ascendientes o descendientes en línea recta de dichos socios o integrantes, con la salvedad que ahí se marca.
"El remanente distribuible habrá de aplicarse la tasa prevista en la ley para que las personas morales obligadas enteren el impuesto a cargo correspondiente, grupo de obligados entre los que, además, se encuentran los organismos descentralizados que no tributen conforme al título II de la ley, como acontece con la quejosa.
"Asimismo, por exclusión, el conjunto de personas morales no contribuyentes conformado por las previstas en las fracciones I, II, III, IV, VIII, XII, XIV y XV del artículo 95, así como las indicadas en los párrafos primero y segundo del artículo 102, se ve favorecido con la ausencia de esa obligación tributaria.
"Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil cuatro.
(Artículos 95, penúltimo y último párrafo, y 102 último párrafo)
"Personas morales no contribuyentes con obligación de calcular remanente distribuible generador de impuesto a cargo.
"Las indicadas en las fracciones V, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX del artículo 95; y organismos descentralizados como la quejosa (que no tributen conforme al título II de la ley).’
"Personas morales no contribuyentes sin obligación de cálculo de remanente distribuible.
"Las indicadas en las fracciones V, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX del artículo 95; y organismos descentralizados como la quejosa (que no tributen conforme al título II de la ley).
"Las precisadas en las fracciones I, II, III, IV, VIII, XII, XIV y XV del artículo 95, así como las indicadas en los párrafos primero y segundo del artículo 102, como los partidos y asociaciones políticas legalmente reconocidos; la Federación, los Estados, los Municipios y las instituciones que por ley estén obligadas a entregar al Gobierno Federal el importe íntegro de su remanente de operación.
"En ese sentido, puede verse que, si bien es cierto la quejosa se encuentra en una situación fiscal diferente a las demás personas no consideradas en el párrafo penúltimo del artículo 95 en comento, esa diferencia no justifica el trato diferenciado a las personas morales con fines no lucrativos descritas en las fracciones V, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX en relación de las que se ubican en las otras fracciones del mismo artículo como son los sindicatos, asociaciones patronales, colegios de profesionistas, cámara de comercio entre otras a las que se les exime de considerar como remanente distribuible los préstamos efectuados a favor de los socios o integrantes, pues obliga a dichas personas morales como el caso de la quejosa a considerar como remanente distribuible el monto de los préstamos que hubieren efectuado a sus socios o integrantes; que las personas morales a que se refiere el artículo 95 tienen un común denominador no perseguir fines lucrativos, por lo que no existe una justificación objetiva y razonable para que sólo las personas referidas en las fracciones apuntadas deban considerar como remanente distribuible los préstamos a sus socios o integrantes, en tanto los demás no lo hagan, razón por la cual considera que el precepto viola el principio de equidad tributaria (fojas 200 del cuaderno de amparo).
"A propósito de las sociedades no lucrativas previstas en el artículo 95 transcrito, todas ellas tienen la misma naturaleza al carecer de un fin de especulación comercial por lo que no son sujetos de la contribución de mérito.
"Este tipo de organizaciones trabaja con la misma estructura de una empresa dedicada a obtener ganancias, solamente que sin la obtención de beneficios económicos, esto es, se trata de personas morales en la cual ninguna de las partes que la integra obtiene utilidad, su única meta, generalmente, es resolver problemas sociales.
"Así es, aunque hay un número de diferencias entre las organizaciones no lucrativas previstas en el precepto en cuestión respecto con las lucrativas, quizá la mayor distinción es la fuente de ingresos y ganancias, es decir, aquellas personas morales carecen de fin de lucro.
"Al respecto debe precisarse que la evolución de las organizaciones no lucrativas de acción social hacia la figura abstracta, desde el punto de vista jurídico, de persona moral social, si bien no es homogénea, se han asentado en tres pilares principales, que las caracterizan, a saber, a) la vocación social; b) el vínculo con el no lucro y, c) la gestión de tipo empresarial. Estos ejes sobre los que dichas personas morales se han apoyado para desarrollar su actividad, no han de ser interpretados como estructuras acabadas y determinantes, sino que pueden ir modificándose en función de los cambios económicos y sociales externos, y de las decisiones internas que las propias empresas sociales vayan adoptando para lograr una capacidad de acción más fuerte frente a las personas morales que sí tienen especulación comercial, pero sin desatender el objetivo de no lucrar.
"De ello es factible deducir que, a pesar de la evolución que continuamente tiene la sociedad, las características comunes a este tipo de personas morales es que el fin u objeto social que justifica y delimita su quehacer económico y jurídico no es el de especulación comercial, sino el de ayuda a sus miembros o socios; por lo que en la especie, una sociedad dedicada a la enseñanza tiene la misma naturaleza jurídica que las demás personas a que se refiere el precepto impugnado, precisamente por ser personas morales no contribuyentes con fines no lucr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24315-3baf0ab6/renta-el-articulo-95-parrafo-penultimo-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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