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Modo: Corpus Pro

DEDUCCIÓN DE INTERESES. LA LIMITACIÓN PREVISTA EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RESPECTO A LOS QUE EXCEDAN DE VEINTE MILLONES DE PESOS Y DEL TREINTA POR CIENTO DE LA UTILIDAD FISCAL AJUSTADA, RESPETA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LEYES.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 450/2021. · Registro digital (IUS): 31987
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-12-08
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Diciembre de 2023, Tomo II, Pág.1263.

AMPARO EN REVISIÓN 450/2021. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y DE LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRA PRESIDENTA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS Y JAVIER ALEXANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ.

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al siete de septiembre de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 450/2021 interpuesto por ********** (en adelante sólo **********), por conducto de su autorizado **********, así como el diverso recurso de revisión adhesivo interpuesto por la autoridad responsable, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de la sentencia dictada el quince de octubre de dos mil veinte por la Jueza Primera de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en el juicio de amparo indirecto 251/2020.

El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala consiste en determinar si el artículo 28, fracción XXXII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil diecinueve y vigente a partir de dos mil veinte, al restringir la deducción de los intereses netos devengados en cantidad superior a $20'000,000.00 (veinte millones de pesos, moneda nacional) y que excedan del 30 % (treinta por ciento), de la utilidad fiscal ajustada vulnera los principios de irretroactividad de leyes, proporcionalidad y equidad tributarias, reconocidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política del país.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Hechos que antecedieron a la demanda de amparo. De acuerdo con las constancias que obran en autos del juicio de amparo indirecto 251/2020 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, se desprenden los antecedentes siguientes.

2. ********** es una sociedad mercantil sujeta al pago del impuesto sobre la renta.

3. El nueve de diciembre de dos mil diecinueve se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y del Código Fiscal de la Federación.

4. Mediante ese decreto se adicionó la fracción XXXII del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece restricciones para la deducción de intereses superiores a $20'000,000.00 (veinte millones de pesos, moneda nacional) y que excedan del 30 % (treinta por ciento), de la utilidad fiscal ajustada.

5. Demanda de amparo. Por medio del escrito presentado el diez de febrero de dos mil veinte, **********, por conducto de su apoderado **********, promovió un juicio de amparo indirecto con los señalamientos siguientes:

6. Autoridades responsables. Las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos y la secretaria de Gobernación.

7. Actos reclamados. Según sus respectivas competencias, la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del decreto por el que se adicionó la fracción XXXII al artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por la que se estableció que no serán deducibles los intereses netos del ejercicio que excedan del monto que resulte de multiplicar la utilidad fiscal ajustada por el treinta por ciento. Tal restricción sólo será aplicable a los contribuyentes cuyos intereses devengados durante el ejercicio que deriven de sus deudas excedan de $20'000,000.00 (veinte millones de pesos, moneda nacional).

8. Conceptos de violación. ********** planteó los siguientes argumentos en contra del artículo 28, fracción XXXII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del primero de enero de dos mil veinte:

• Primer concepto de violación. La norma reclamada vulnera el principio de irretroactividad conforme a la teoría de los componentes de la norma, al desconocer los efectos jurídicos de las disposiciones anteriores a su entrada en vigor, como lo es, que los artículos 25, fracción VII, 27, fracciones VII y XIII, y 28, fracciones VII y XXVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, permitían la deducción de los intereses sin la restricción que contiene el precepto controvertido, de forma que se afectan los hechos consumados como los contratos de financiamiento celebrados bajo la vigencia de tales dispositivos mediante los que adquirió el derecho a deducir los intereses.

• Segundo concepto de violación. El precepto reclamado contraviene el principio de proporcionalidad tributaria al limitar la deducción de gastos estrictamente indispensables como lo son los intereses pagados por los créditos necesarios para el desarrollo de su objeto social por lo que se trata de un gasto estructural directo. El derecho a deducirlo no puede eliminarse ni limitarse de manera arbitraria, pues de lo contrario originaría un impuesto que grava los ingresos brutos causando una contribución a partir de un valor artificial o ingreso ficto que ocasiona la desproporción del impuesto sobre la renta.

• Tercer concepto de violación. La norma reclamada trastoca los principios de proporcionalidad y equidad tributarias al limitar las erogaciones de intereses por adquisición de créditos y distribuir entre el grupo de empresas o partes relacionadas el monto de $20'000,000.00 (veinte millones de pesos, moneda nacional) de intereses deducibles, puesto que una empresa perteneciente a un grupo podrá deducir menos intereses que la que no forme parte de uno, lo que ocasiona que se desconozca la capacidad contributiva individual que no se debe ligar al grupo o parte relacionada.

• Cuarto concepto de violación. La fracción reclamada viola el principio de equidad tributaria al otorgar un beneficio fiscal a sectores ya favorecidos pues la limitante deductiva no es aplicable a los intereses que deriven de deudas contratadas para financiar obras de infraestructura pública, construcciones en territorio nacional y adquisición de los terrenos necesarios para ello; financiar proyectos de exploración, extracción, transporte, almacenamiento o distribución del petróleo e hidrocarburos, así como para otros proyectos de la industria extractiva y para la generación, transmisión o almacenamiento de electricidad o agua; tampoco será aplicable a los rendimientos de deuda pública.

• La restricción de la deducción de intereses desconoce que la necesidad de obtener préstamos y el consecuente pago de intereses no es propia de tales actividades productivas, sino que el gobierno debería impulsar y promover a todos los gobernados.

• Quinto concepto de violación. El precepto reclamado contraviene los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica porque el legislador omitió consignar una justificación razonable para imponer la restricción, ya que de la exposición de motivos se desprende que la adición tuvo sustento en una recomendación internacional mal interpretada pues estaba dirigida a grupos multinacionales y no se justificó porqué se aplicó a todos los contribuyentes pese a que la exposición de motivos constituye la motivación de los actos legislativos en donde se debe expresar la justificación razonable. La medida legislativa contraviene los propósitos del impuesto sobre la renta al generar que se graven ingresos brutos y no las ganancias o utilidades al no permitirse la deducción de un gasto indispensable como lo es el pago de intereses.

9. Radicación y trámite de la demanda. La demanda se radicó en el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco bajo el expediente número 251/2020. La titular de ese órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda, solicitó los informes justificados de las autoridades responsables y dio intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito al órgano jurisdiccional.

10. Resolución del juicio de amparo. Previa sustanciación del procedimiento, la Jueza de Distrito celebró la audiencia constitucional el veintisiete de agosto de dos mil veinte y en la misma secuela procesal, dictó la sentencia correspondiente que firmó el quince de octubre de dos mil veinte, en la cual: i) sobreseyó en el juicio por el acto reclamado a la secretaria de Gobernación, consistente en el refrendo del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, a través del cual se reformaron, entre otras disposiciones, el artículo 28, fracción XXXII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y ii) negó el amparo en contra de dicha porción normativa.

11. La Jueza de Distrito calificó los conceptos de violación, unos como infundados y otros como inoperantes, y finalmente negó el amparo en contra de la norma reclamada, de conformidad con las siguientes consideraciones:

• Irretroactividad de leyes. El precepto reclamado establece un nuevo supuesto de limitación a la deducción de intereses devengados durante el ejercicio fiscal. La obligación de enterar el impuesto sobre la renta y la respectiva posibilidad de realizar deducciones se engendra o nace con el inicio de cada ejercicio fiscal. El solo hecho de que en el ejercicio fiscal previo se autorizara la deducción no implica que ********** tuviera el derecho adquirido a la deducción en los mismos términos para ejercicios subsecuentes por lo que la norma reclamada no altera supuestos y consecuencias jurídicas acontecidas en ejercicios anteriores, sino que es aplicable a partir del inicio de la vigencia de la porción reclamada, por lo que no se viola el principio de irretroactividad de leyes.

• Proporcionalidad tributaria. El objeto del impuesto sobre la renta lo constituyen los ingresos percibidos considerando la utilidad fiscal, lo que implica que el ingreso bruto sea atemperado con las deducciones sobre las que, a pesar de que sean estructurales, el legislador le puede poner límites atendiendo a motivos de carácter jurídico, económico y social. En la exposición de motivos se justificó como un instrumento fiscal para evitar el sobreendeudamiento de las empresas y pretender evitar la práctica elusiva de erosión de la base gravable en la que el sujeto contribuyente contrata un crédito, sino que tribute sin minorizar la base mediante mecanismos artificiosos. La limitación en la deducción busca la materialización de un fin constitucionalmente legítimo consistente en que se cuantifique y entere el impuesto de conformidad con la renta efectivamente generada, previniendo prácticas elusivas de erosión de la base gravable.

• Es inoperante lo alegado respecto a la transgresión del principio de proporcionalidad al establecerse el monto máximo de deducción de veinte millones de pesos a distribuirse entre el grupo de empresas o partes relacionadas. El precepto reclamado no contiene esa previsión, esto es, tal cantidad no es el tope máximo para la deducción de intereses, sino que se refiere al mínimo de monto de intereses por endeudamiento para determinar si le es aplicable la restricción deductiva.

• Equidad tributaria. Está justificado el trato diferenciado entre empresas que pertenecen a un grupo o cuentan con partes relacionadas y las que no tengan esa vinculación, porque no se trata de situaciones comparables pues atendiendo a las características propias y objetivas como sujetos de contribución, se advierten atributos especiales de las primeras, por ejemplo, se matiza su capacidad de organización y administración, así como sus obligaciones tributarias. En este sentido, se revelan atributos distintos que las primeras tienen respecto de las segundas, es decir, no se está en presencia de situaciones objetivamente comparables.

• Se justifica que se impusiera el límite de deducciones a todos los préstamos y no sólo a los efectuados entre partes relacionadas porque el precepto reclamado es aplicable a todas las personas morales y a todas las que pertenezcan a un grupo o que sean partes relacionadas.

• De la exposición de motivos de la reforma se aprecia que se consideró que la restricción debía aplicar al menos a personas morales que formaran grupos multinacionales, pero también a las que formaran un grupo nacional o aquellas que no formaran un grupo empresarial.

• La norma no sitúa a ********** en condiciones de desigualdad al no ser aplicable la restricción a los intereses que deriven de deudas contratadas para financiar obras de infraestructura pública, así como para financiar construcciones, incluyendo para la adquisición de terrenos ubicados en territorio nacional donde se vayan a realizar las mismas; para financiar proyectos para la exploración, extracción, transporte, almacenamiento o distribución del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, así como para otros proyectos de la industria extractiva y para la generación, transmisión o almacenamiento de electricidad o agua; tampoco será aplicable a los rendimientos de deuda pública.

• El estímulo relativo a la posibilidad de deducir la totalidad de intereses devengados con motivo del financiamiento de obras para infraestructura pública persigue un fin constitucionalmente válido consistente en el propósito de no obstaculizar el adecuado desarrollo de la infraestructura pública teniendo en cuenta el alto endeudamiento en que suele incurrir el concesionario o adjudicatario.

• El diverso sector estimulado de exploración, extracción, transporte, almacenamiento o distribución de petróleo e hidrocarburos, así como la industria extractiva para la generación, transmisión, o almacenamiento de electricidad constituyen áreas estratégicas para el desarrollo nacional por lo que su estímulo persigue un fin constitucionalmente válido.

• El sector dedicado a la transmisión o almacenamiento de agua implica gestiones necesarias para garantizar el derecho fundamental al agua, por lo que también es constitucionalmente válido el estímulo a ese sector.

• El estímulo a la construcción deriva de la facultad del Estado de la rectoría económica y desarrollo nacional que le permite establecer las categorías de contribuyentes receptores del estímulo. Además, encuentra sustento en el plan nacional de desarrollo que contempla la reconstrucción orientada a la población afectada por los sismos de septiembre de dos mil diecisiete y febrero de dos mil dieciocho.

• El estímulo que permite a ciertos sectores la deducción sin restricción de los intereses no da lugar a una afectación desproporcionada o desmedida a los no favorecidos porque no se está frente a una restricción absoluta de deducción, sino únicamente una limitación parcial.

• Seguridad jurídica. La restricción no es arbitraria, sino que pretende evitar la práctica elusiva de erosión de la base gravable en la que el sujeto contribuyente contrata un crédito, sino que tribute sin minorizar la base mediante mecanismos artificiosos. La limitación en la deducción busca la materialización de un fin constitucionalmente legítimo consistente en que se cuantifique y entere el impuesto de conformidad con la renta efectivamente generada, previniendo prácticas elusivas de erosión de la base gravable.

• La norma reclamada establece la cuantía de veinte millones de pesos de deuda como el factor de aplicación del límite de deducción a repartirse proporcionalmente entre partes relacionadas pertenecientes a un mismo grupo por lo que en ese aspecto no genera incertidumbre.

• La restricción que contiene el precepto reclamado no contradice el objeto del impuesto sobre la renta, sino que introduce un instrumento fiscal para evitar el sobreendeudamiento de las empresas encaminado a disminuir la base impositiva y busca desentrañar la verdadera capacidad contributiva de los sujetos que intervienen en operaciones crediticias.

12. Recurso de revisión. El veintinueve de octubre de dos mil veinte, por conducto de su autorizado **********, ********** interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de la Jueza de Distrito.

13. Agravios de la revisión principal. ********** esgrimió como agravios en contra de la sentencia de amparo los argumentos siguientes:

• Primer agravio, irretroactividad. Contrario a lo resuelto en la sentencia recurrida, la norma reclamada sí contraviene el principio de irretroactividad de leyes porque **********, con anterioridad a la reforma asumió el riesgo de acceder a un financiamiento para solventar necesidades económicas de su actividad comercial, bajo el entendido de que los intereses a cargo devengados resultarían deducibles para el cálculo y entero del impuesto sobre la renta.

• Si bien el cálculo y entero del impuesto sobre la renta es anual, lo cierto es que no es permitido que el legislador desconozca hechos jurídicos acaecidos en ejercicios fiscales anteriores, como lo es, la concertación de contratos de financiamiento con los efectos fiscales obtenidos conforme a la norma vigente en el momento de su contratación.

• Las actividades económicas de las empresas no pueden supeditarse a un año, sino que se proyectan hacia el futuro con los efectos fiscales de la realización de inversiones como la contratación de un financiamiento.

• Contrario a lo resuelto, sí se adquirió el derecho a deducir los intereses y no es una mera expectativa de derecho, porque con base en la teoría de los componentes de la norma debe respetarse el derecho a deducir los intereses derivados de los contratos que se celebraron bajo la vigencia de las disposiciones vigentes antes de la reforma. La adición pretende modificar situaciones y consecuencias jurídicas surgidas conforme a la ley anterior, pendientes de realización de manera sucesiva y continuada.

• Una disposición no puede variar las condiciones del derecho a la deducción de intereses que se adquirió en el pasado, las leyes deben normar hechos posteriores a su entrada en vigor, por ejemplo, en el caso de la deducción de inversiones que se prolonga en el tiempo sin que se puedan modificar los parámetros existentes al momento de efectuarla pues se apegaron a la norma vigente en el momento de su realización o celebración del contrato según se trate.

• Segundo agravio, proporcionalidad. Contrario a lo resuelto en la sentencia recurrida, el precepto reclamado sí trastoca el principio de proporcionalidad tributaria porque no permite que ********** tribute atendiendo a su real capacidad contributiva, al no permitirle realizar la deducción de tipo estructural directa de los intereses a cargo devengados por el financiamiento contratado como gasto indispensable para la obtención de los ingresos y prosecución de sus objetivos.

• Una deducción estructural no puede limitarse de manera arbitraria por el legislador, máxime que en la sentencia no se definió si en el caso se trata de gasto estructural directo o indirecto.

• Si el legislador pretendía evitar la elusión debió efectuar gestiones directas y palpables para los contribuyentes que realizaban tales prácticas y no afectar a la generalidad de contribuyentes mediante la imposición de límites arbitrarios.

• Tercer agravio, equidad. ********** sí se encuentra en un plano de igualdad y por el contrario, la norma otorga un beneficio fiscal privativo para sectores ya favorecidos como el de la construcción al que se excluye de la limitante de la deducción intereses. El criterio diferenciador utilizado para el otorgamiento del beneficio a ese sector de la construcción no supera el escrutinio constitucional respecto al principio de equidad tributaria.

• El obtener préstamos y la consecuente obligación de pagar intereses no son necesidades exclusivas de la industria de la construcción o extractiva, sino que se vincula con obligaciones políticas y económicas del Gobierno Federal para impulsar y promover las actividades económicas en beneficio de todos los gobernados de forma que el beneficio de la no limitante en la deducción de intereses debió otorgarse de manera generalizada y no privativa. • Si se tenía la intención de favorecer la reconstrucción de las afectaciones causadas por los sismos de septiembre de dos mil diecisiete se debía acotar el apoyo a los Estados afectados y no en su generalidad al sector de la construcción.

• Con independencia de que la afectación sea mucha o poca se está frente a un perjuicio jurídico más que económico al coartarse, bajo un criterio diferenciador que coarta la equidad tributaria, un derecho previamente reconocido, relativo a la deducción de intereses que es un concepto indispensable para la viabilidad de la empresa.

• Agravio cuarto, desarrollo progresivo. La juzgadora federal omitió ejercer el control constitucional y convencional ex officio de la norma reclamada, pues de haberlo hecho, habría advertido que contraviene el principio de desarrollo progresivo previsto en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política del país, ya que la porción en reclamo no permite lograr la efectividad de los derechos al mermar el patrimonio y la efectiva capacidad contributiva de los gobernados al obligarles a contribuir conforme a una capacidad que no les es propia al no permitirles deducir un gasto indispensable como lo son los intereses devengados por la contratación de financiamiento.

14. Trámite del recurso de revisión. El medio de impugnación se radicó con número de expediente 15/2021 en el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Por auto del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, el Magistrado presidente admitió a trámite el recurso de revisión.

15. Revisión adhesiva. Mediante el oficio presentado electrónicamente el treinta de marzo de dos mil veintiuno, el director general de Amparos contra Actos Administrativos, en suplencia por ausencia del subprocurador fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, interpuso recurso de revisión adhesiva en representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El medio de impugnación se admitió a trámite por el auto del cinco de abril de dos mil veintiuno.

16. Los agravios de la adhesión plantearon, en una parte, como causa de improcedencia, que ********** no acreditó el acto de aplicación de la norma reclamada y que la misma es heteroaplicativa; y en la parte restante que debían desestimarse los agravios de la recurrente y confirmarse la negativa del amparo ante la constitucionalidad del artículo 28, fracción XXXII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

17. Determinación del Tribunal Colegiado. En la sesión correspondiente al cinco de octubre de dos mil veintiuno, el Tribunal Colegiado dictó resolución en la cual determinó lo siguiente:

• Por falta de impugnación, declaró firme el sobreseimiento respecto del refrendo del decreto reclamado.

• Ante la falta de impugnación, declaró intocadas las consideraciones mediante las que se desestimaron las causas de improcedencia alegadas por el presidente de la República.

• Respecto del recurso de revisión adhesivo, declaró inoperantes los argumentos esgrimidos por la responsable porque lo alegado por la autoridad adhesiva era una mera reiteración de las causas de improcedencia hechas valer ante la Jueza sin que controvirtiera las consideraciones dadas para desestimarlas.

• Finalmente, se declaró legalmente incompetente para resolver la impugnación subsistente por la norma reclamada y remitió los autos a este Alto Tribunal.

18. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por medio del acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, el presidente de este Alto Tribunal tuvo por recibidos los autos del recurso de revisión que ordenó registrar con el número de expediente 450/2021, declaró procedente asumir la competencia originaria para conocer de la inconstitucionalidad del artículo 28, fracción XXXII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y admitió el recurso que turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

19. El trece de enero de dos mil veintidós, la entonces presidenta de esta Primera Sala se avocó al conocimiento del presente asunto y proveyó enviarlo a su ponencia para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

I. COMPETENCIA

20. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo en revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política del país;(2) 83 de la Ley de Amparo;(3) 21, fracciones II, inciso a) y XI, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal.(5) Lo anterior, sin que resulte necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

21. Cabe señalar que aun cuando el presente amparo en revisión no corresponde a las materias de las que en forma ordinaria conoce esta Primera Sala en términos de lo dispuesto en el referido acuerdo y en el artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(6) no es obstáculo para que resulte competente para conocer del asunto, pues el primer párrafo del artículo 86 del reglamento citado dispone que al igual que los amparos en revisión,(7) los amparos directos en revisión de la competencia originaria del Pleno, que sean en materia administrativa, se turnarán a los Ministros y Ministras de ambas Salas, de manera que si el recurso que se examina es de materia administrativa, se turnó a una Ministra adscrita a esta Primera Sala y no existe solicitud de diverso Ministro o Ministra para que lo resuelva el Pleno, entonces, en términos de lo dispuesto en el punto tercero del referido Acuerdo Plenario Número 5/2013, esta Sala debe avocarse a su conocimiento y resolución.

22. En el caso se encuentra justificada la intervención de esta Primera Sala para conocer de la constitucionalidad del artículo 28, fracción XXXII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir de dos mil veinte, toda vez que si bien, al conocer del amparo en revisión 499/2021 se resolvió bajo el sistema de precedente único, que el precepto reclamado no transgrede el principio de proporcionalidad tributaria,(8) se amerita el análisis, ahora respecto de los principios de irretroactividad de leyes, igualdad y equidad tributaria, aspectos no resueltos en el precedente indicado.

II. OPORTUNIDAD

23. No se analizará la oportunidad de la interposición de los recursos de revisión principal y adhesiva, en virtud de que el Tribunal Colegiado del conocimiento resolvió que se interpusieron oportunamente.

III. LEGITIMACIÓN

24. No se examinará la legitimación de quienes interponen los recursos de revisión principal y adhesiva, dado que el órgano jurisdiccional del conocimiento concluyó que se interpusieron por parte legitimada.

IV. PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN

25. Los recursos de revisión principal y adhesivo son procedentes en virtud de que se interpusieron en contra de una sentencia dictada en la audiencia constitucional por una Jueza de Distrito en la que se controvirtió la constitucionalidad del artículo 28, fracción XXXII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. De modo que se surten los extremos del punto tercero, en relación con el segundo, fracción III, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO

26. La Cámara de Senadores, en su informe justificado, hizo valer a manera de causa de improcedencia que la discusión, votación y aprobación del decreto reclamado no afecta la esfera jurídica de **********. De manera puntual la Cámara referida señaló lo siguiente:

"... la sola discusión, votación y aprobación de la normatividad de mérito, no causa afectación alguna en los intereses jurídicos de la parte quejosa, puesto que la culminación del proceso legislativo que se llevó a cabo en este cuerpo colegiado no deriva necesariamente en un perjuicio a la esfera de derechos del amparista ..."

27. Sin embargo, resulta inconducente la devolución del asunto al Tribunal Colegiado para el estudio específico de lo hecho valer por la Cámara de Senadores a manera de causa de improcedencia, toda vez que a nada llevaría y sólo retrasaría la resolución del caso, máxime que resulta evidente que: (a) no es viable desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación; y (b) el perjuicio que genere o no la expedición de las normas impugnadas, correspondería al estudio de fondo del asunto.

28. Una vez aclarado lo anterior, no se advierte una causa de improcedencia distinta a las examinadas en la instancia previa, ni aprecia un matiz distinto o por motivo diverso, por lo que corresponde emprender el estudio de fondo del asunto.

VI. FIRMEZA DE ASPECTO NO CONTROVERTIDO

29. En la sentencia recurrida, la Jueza de Distrito declaró infundados los argumentos hechos valer por ********** en el quinto concepto de violación respecto a la contravención de los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica. Sin embargo, en los agravios hechos valer en el recurso de revisión, tal persona jurídica no controvirtió ese aspecto, por lo que debe declararse firme. En el caso resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 62/2006, emitida por esta Primera Sala bajo el rubro: "REVISIÓN EN AMPARO. LAS CONSIDERACIONES NO IMPUGNADAS DE LA SENTENCIA DEBEN DECLARARSE FIRMES."(9)

VII. ESTUDIO DE FONDO

30. Como cuestión preliminar destaca que al conocer del amparo en revisión 499/2021 esta Primera Sala resolvió, por mayoría de cuatro votos, que la restricción a la deducción de intereses contenida en el artículo 28, fracción XXXII, de la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31987-d80c00c8/deduccion-de-intereses-la-limitacion-prevista-en-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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