RENTA. EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XXXII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020, ES DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA.
AMPARO EN REVISIÓN 329/2021. GRUPO CALIDRA, S.A. DE C.V. 20 DE OCTUBRE DE 2021. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. DISIDENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK, QUIEN MANIFESTÓ FORMULARÍA VOTO PARTICULAR. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: JORGE JIMÉNEZ JIMÉNEZ.
Ciudad de México, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de haber deliberado en la sesión pública del día 20 de octubre del 2021, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelven los autos relativos al amparo en revisión 329/2021, interpuesto por Grupo Calidra, Sociedad Anónima de Capital Variable (la quejosa o recurrente en adelante) por conducto de su representante, en contra de la sentencia dictada el 18 de febrero de 2021, en el juicio de amparo 29/2021 del índice del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
1. PRIMERO.—Hechos. Circunstancias del caso. De la revisión efectuada a las constancias de autos, destacan los siguientes hechos:
2. Grupo Calidra, Sociedad Anónima de Capital Variable, es una sociedad mercantil cuyo objeto es, entre otros, la fabricación, compraventa, importación, exportación, maquila, distribución y promoción de artículos, y en general la realización de toda clase de actividades industriales y comerciales, incluyendo la exportación, importación de maquinaria, equipos, herramientas e implementos necesarios para el desarrollo del objeto social, a nivel nacional e internacional; dar o tomar dinero en préstamo con o sin garantía específica, y otorgar avales o garantías en operaciones con empresas que estén directamente relacionadas con los objetos o actividades de la sociedad; emitir cédulas, obligaciones, toda clase de títulos de crédito, certificados o documentos similares con intervención de las instituciones que señalen las leyes; la adquisición o disposición por cualquier medio legal de intereses, acciones, participaciones o partes sociales en otras compañías.
3. El 9 de diciembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación.
4. La quejosa manifestó que con la entrada en vigor del artículo 28, fracción XXXII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se limita la deducción de un gasto indispensable como lo es el costo de los financiamientos contratados por los contribuyentes, cuando excedan los límites señalados, esto es, $20'000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 M.N.), además de que se establece la pérdida definitiva de la deducción en caso de que no se agote en los 10 años siguientes.
5. Adujo que en el desarrollo y cumplimiento de su objeto social, ha adquirido la calidad de tenedora y administradora de un grupo de empresas cuyas actividades se vinculan con el sector extractivo, es decir, la actividad principal del grupo de empresas de las cuales es controladora, se encamina a la producción y comercialización de cal hidratada.
6. SEGUNDO.—Procedimiento. Demanda de amparo. La quejosa promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito recibido el 13 de febrero de 2020, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, turnado el 14 siguiente al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, señalando como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:
a) Del presidente de la República, la expedición y orden de publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2019, en particular, el artículo 28, fracción XXXII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
b) Del Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, la iniciativa, discusión y aprobación del decreto antes referido.
7. La quejosa señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 1o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
8. Trámite de la demanda de amparo. Mediante proveído de 17 de febrero de 2020, la Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ordenó registrar la demanda con el número 300/2020, la admitió a trámite y solicitó a las autoridades responsables rindieran sus respectivos informes justificados.
9. Una vez rendidos los informes de las autoridades responsables y desahogadas las pruebas ofrecidas por la quejosa, el 27 de noviembre de 2020, el Juez del conocimiento inició la audiencia constitucional.
10. En cumplimiento a la circular SECNO/STCCNO/066/2021 de 29 de enero de 2021, emitida por el secretario técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México remitió el juicio de amparo al Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mismo que quedó registrado con el número 29/2021.
11. Sentencia del juicio de amparo. Seguido el trámite del juicio, el 18 de febrero de 2021, el Juez del conocimiento dictó sentencia en la que sobreseyó en el juicio.
12. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con la sentencia anterior, la quejosa interpuso recurso de revisión, por escrito presentado el 8 de marzo de 2021, ante el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
13. Trámite del recurso ante el Tribunal Colegiado. El 25 de marzo siguiente, el presidente del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito admitió el recurso y lo registró con el número de expediente 46/2021.
14. Interposición de la revisión adhesiva. Mediante oficio presentado el 6 de abril de 2021, el presidente de la República por conducto de su representante interpuso recurso de revisión adhesiva, por acuerdo de 7 de ese mes y año el presidente del mencionado Tribunal Colegiado lo admitió a trámite.
15. Resolución del Tribunal Colegiado. En sesión de 8 de julio de 2021, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió revocar la sentencia recurrida, no sobreseer en el juicio respecto del artículo 28, fracción XXXII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y declararse legalmente incompetente para conocer del tema de constitucionalidad del precepto mencionado, por lo que ordenó remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
16. Competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante acuerdo de 4 de agosto de 2021, el presidente de este Alto Tribunal tuvo por recibidos los autos y registró el toca con el número 329/2021, asimismo el Máximo Tribunal asumió su competencia originaria para conocer del recurso de revisión interpuesto por la quejosa, así como de la revisión adhesiva interpuesta por el presidente de la República.
17. Avocamiento. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del asunto por acuerdo de 30 de septiembre de 2021 dictado por la presidenta de la misma, quien además determinó se remitieran los autos a la ponencia del Ministro Alberto Pérez Dayán.
18. TERCERO.—Aspectos procesales. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el asunto.(1)
19. CUARTO.—Oportunidad. No se analizará la oportunidad de la interposición de los recursos de revisión principal y adhesiva, en virtud de que el Tribunal Colegiado del conocimiento estimó que fueron presentados oportunamente.
20. QUINTO.—Legitimación. No se examinará la legitimación de quienes interponen los recursos de revisión principal y adhesiva, dado que el órgano jurisdiccional del conocimiento concluyó que se interpusieron por parte legítima.
21. SEXTO.—Procedencia. Los recursos de revisión son procedentes.(2)
22. SÉPTIMO.—Cuestiones necesarias para resolver el asunto. A continuación se hace referencia a los conceptos de violación, la sentencia recurrida y la sentencia del Tribunal Colegiado del conocimiento.
23. Demanda de amparo. La quejosa formuló 5 conceptos de violación, en los que planteó, fundamentalmente, lo siguiente.
24. En el concepto de violación primero manifestó que el artículo 28, fracción XXXII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, contraviene el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el numeral 31, fracción IV, de la Constitución Federal, al establecer un límite para la deducción de intereses, que impide que se tribute de acuerdo a la verdadera capacidad contributiva de los gobernados.
25. En ese sentido, alegó que los intereses que se pactan en cualquier operación de préstamo mercantil, obtención de créditos y, en general, por financiamientos, son gastos que deben ser considerados como estrictamente indispensables para la consecución de los objetivos de los contribuyentes, por tanto, al limitar tal deducción, se obliga al contribuyente a participar en una proporción mayor a su verdadera capacidad contributiva, pues la base del impuesto desconoce los gastos incurridos con motivo de dichos financiamientos.
26. En otro aspecto, refirió que la norma controvertida al establecer la cantidad de $20'000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 M.N.) correspondiente al límite de intereses devengados, deba repartirse entre los miembros del grupo o partes relacionadas, ocasiona que tal limitante se diluya, a tal grado que la deducción que se permitirá por contribuyente sea prácticamente nula.
27. En el concepto de violación segundo, adujo que el artículo 28, fracción XXXII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, transgrede el principio de equidad tributaria al conceder sólo a determinados contribuyentes el beneficio de efectuar la deducción total de los intereses netos del ejercicio, dando un trato desigual a sujetos que se encuentran en una misma situación objetiva y, por ende, le genera una diversa consecuencia de derecho.
28. Ello, pues si bien el numeral impugnado establece una limitante para deducir los intereses netos del ejercicio que excedan del monto que resulte de multiplicar la utilidad fiscal ajustada por el 30%, se excluye de esa limitante a diversos contribuyentes, cuando los intereses deriven de deudas contratadas para financiar obras de infraestructura pública, así como para financiar construcciones, incluyendo la adquisición de terrenos donde se vayan a realizar las mismas, ubicados en territorio nacional, para financiar proyectos para la exploración, transporte, almacenamiento o distribución de petróleo y de hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, así como para otros proyectos, de ahí que se evidencie que se pasó por alto el principio de equidad tributaria.
29. Insiste que al establecerse que la cantidad de $20'000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 M.N.) correspondiente al límite de intereses devengados, deba repartirse entre los miembros del grupo o partes relacionadas, implica un trato distinto dependiendo si pertenece a un grupo o no de sociedades, ocasionando que en el segundo supuesto las condiciones sean más desfavorables, en virtud de que la deducción se reparte entre las empresas del grupo y se diluye, sin que exista una justificación para ello.
30. En el tercer concepto de violación, sostuvo que la norma impugnada transgrede los principios de seguridad jurídica y legalidad tributaria al introducir conceptos que resultan confusos y que imposibilitan, por una parte, conocer si se ubica en el supuesto normativo y, por otra, establece un procedimiento que crea una referencia circular lo que impide determinar la utilidad fiscal ajustada, así como el monto de intereses no deducibles que, en consecuencia, impactan directamente en el cálculo del impuesto a pagar.
31. En el concepto de violación cuarto, señaló que, si bien el Congreso cuenta con un margen amplio respecto de la libre configuración legislativa, no puede por ese simple hecho violar el principio de proporcionalidad tributaria en relación con las deducciones estructurales y justificar el menoscabo de los derechos de la quejosa en fines fiscales y extrafiscales arbitrarios, pues ello presupone una vulneración al derecho de los contribuyentes tutelados por la Constitución.
32. De esa forma, aun en el supuesto de que la norma que establece la limitante a las deducciones estructurales sea sometida al juicio de razonabilidad de la medida, los fines buscados por el legislador resultan desproporcionales en relación con los objetivos que pretende alcanzar al resultar inconstitucional el numeral controvertido.
33. Finalmente, en su quinto concepto de violación, manifestó que el citado precepto es inconstitucional al alterar situaciones de hecho y de derecho vigentes al tenor de otros actos jurídicos y normas que han generado derechos adquiridos en la esfera jurídica de la quejosa.
34. Afirma lo anterior en razón de que los efectos de la norma reclamada no se ven materializados hacia el futuro y respecto de los intereses devengados a partir de su entrada en vigor, sino que pretende regular situaciones ocurridas en periodos anteriores al inicio de su vigencia, en los cuales se generaron intereses como resultado de deudas contraídas por el contribuyente con efectos que se materializan en el transcurso del tiempo, con lo que es claro que se vulnera al principio de irretroactividad.
35. Sentencia recurrida. En las consideraciones, la Juez de Distrito determinó, en lo que interesa para la resolución del presente asunto, lo que a continuación se señala.
36. En el considerando cuarto, consideró fundada la causa de improcedencia planteada por el presidente de la República referente a que se actualizaba la prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque la sola entrada en vigor del precepto reclamado no le causaba perjuicio alguno a la moral quejosa, en virtud que la citada porción normativa es de naturaleza heteroaplicativa.
37. Para arribar a la anterior conclusión acudió al texto de los preceptos 5, fracción I y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, esta última en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Federal, aplicado en sentido contrario, así como al del numeral tildado de inconstitucional, advirtiendo que le revestía el carácter de norma heteroaplicativa, contrario a lo expuesto por la parte quejosa, ya que para que se actualizara el supuesto relativo a no permitir la deducción de intereses netos era necesario que se dieran las siguientes condiciones:
a) Que el contribuyente haya tenido durante el ejercicio fiscal intereses devengados que excedan de $20'000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 M.N.).
b) Que esa cantidad aplique conjuntamente a todas las personas morales sujetas al título II (De las personas morales) de la aludida ley, y establecimientos permanentes de residentes en el extranjero que pertenezcan a un mismo grupo o que sean partes relacionadas.
c) Que al finalizar el ejercicio fiscal se realice el cálculo relativo para obtener los intereses netos, consistentes en restar al total de los intereses devengados durante el ejercicio que deriven de deudas del contribuyente, el total de los ingresos por intereses acumulados durante el mismo periodo y los $20'000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 moneda nacional).
d) Que al finalizar el ejercicio fiscal se realice el cálculo relativo para obtener la utilidad fiscal ajustada, la cual será la cantidad que resulte de sumar a la utilidad fiscal señalada en la fracción I del artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el total de los intereses devengados durante el ejercicio que deriven de deudas del contribuyente, así como el monto total deducido en el ejercicio por concepto de activos fijos, gastos diferidos y erogaciones realizadas en periodos preoperativos de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta y demás disposiciones fiscales.
e) Que los ingresos devengados sean mayores que los intereses acumulables.
f) Que el monto de los intereses no deducibles no sea cero o negativo, pues de ocurrir esto, se permitirá la deducción de la totalidad de los intereses devengados a cargo del contribuyente.
38. En ese sentido, estimó que para que la prohibición establecida en la norma reclamada causara perjuicio a la quejosa, era necesario que se actualizaran los elementos antes mencionados, pues la norma reclamada no la afectaba con su sola entrada en vigor, ya que se desconoce si en el ejercicio fiscal de 2020 obtendrá intereses devengados mayores a $20'000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 M.N.) y, en su caso, si los intereses devengados serán mayores a los intereses acumulados para que sea procedente la limitante establecida en la norma controvertida, así como si los intereses deducibles no serán cero o negativo.
39. Asimismo, para determinar si existirán límites a la deducción de intereses de la quejosa, es necesario aplicar las fórmulas establecidas en el precepto reclamado, para así obtener los intereses netos y la utilidad fiscal ajustada, lo cual se podrá realizar en el siguiente ejercicio fiscal al presentar la declaración anual.
40. Finalmente, desestimó los medios probatorios ofrecidos por la peticionaria de amparo, ya que con ninguno de ellos acreditó situarse en los supuestos normativos del precepto reclamado.
41. Por lo anterior concluyó que se acreditaba la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracciones XII y XIII, esta última en relación con el diverso 5o., fracción I, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, aplicado en sentido contrario motivo por el cual sobreseyó en el juicio.
42. Sentencia del Tribunal Colegiado. En las consideraciones, los Magistrados del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvieron, en lo que interesa para la resolución del presente asunto, lo que a continuación se señala.
43. En el considerando cuarto determinaron que la naturaleza de la norma reclamada es autoaplicativa, pues es imperativo acatar la prohibición establecida en ella sin necesidad de un acto posterior y distinto a su entrada en vigor, aun cuando se pudiera identificar, para efectos contables, el monto de los intereses netos hasta que se realice la declaración anual.
44. Además, desestimaron la causa de improcedencia propuesta por el presidente de la República, en la que afirmó que a la quejosa no le rige la norma impugnada, ya que esa disposición está dirigida a sujetos que tuvieran la calidad de personas morales y establecimientos permanentes de residentes en el extranjero que pertenezcan a un mismo grupo o que sean partes relacionadas.
45. Lo anterior, dado que de la literalidad del segundo párrafo de la fracción XXXII del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta prevé que es aplicable a todas las personas morales que rige el título II del propio ordenamiento, así como a los establecimientos permanentes de residentes en el extranjero que pertenezcan a un mismo grupo o que sean partes relacionadas; de ahí que la quejosa al encontrarse constituida como sociedad anónima tiene la calidad de persona moral, por lo que está constreñida a acatar esa disposición y es innecesario la demostración de que pertenece a un mismo grupo o que sea parte relacionada.
46. Por otra parte, el presidente de la República también planteó que la quejosa no acreditó contar con intereses devengados durante el ejercicio que excedan el importe de veinte millones de pesos, por lo que la norma reclamada no le causaba perjuicio, la cual desestimaron.
47. Lo determinaron así después de acudir a las diversas documentales aportadas por la quejosa, esto es, la copia certificada de la escritura pública en la que consta el objeto social, constancia de situación fiscal, declaración anual normal y complementaria del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal de 2018, recibo bancario de pago de contribuciones federales, correspondientes a la declaración anual de impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal de 2018, así como diversos contratos celebrados por la quejosa respecto de los cuales se generan intereses.
48. Del contenido de dichos documentos no había duda de que la quejosa es una persona moral constituida como sociedad anónima de capital variable con calidad de contribuyente del impuesto sobre la renta, además de que acreditó ubicarse en uno de los grupos contemplados en el precepto 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de acuerdo con la relación de accionistas contenida en los instrumentos notariales que exhibieron como prueba.
49. Y si bien no era posible advertir con exactitud el monto de los intereses devengados, ello sería determinado hasta el final del ejercicio, pero era claro que por el monto de los créditos de la quejosa, el monto de los intereses será superior a la cantidad establecida en la norma reclamada.
50. Finalmente, procedieron a revocar la sentencia recurrida y no sobreseer en el juicio respecto del artículo 28, fracción XXXII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
51. En el considerando quinto determinaron carecer de competencia para conocer del recurso de revisión respecto de la regularidad constitucional del numeral controvertido ya que, de conformidad con los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal, 83 de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción III, del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su estudio y resolución corresponde al Alto Tribunal.
52. OCTAVO.—Insubsistencia o revocación de oficio de la resolución dictada por el Tribunal Colegiado del conocimiento. Como se vio, el referido órgano jurisdiccional en el considerando cuarto de su resolución, analizó el agravio primero de la recurrente quejosa dirigido a combatir las consideraciones del Juez de amparo al estimar actualizada la causal de improcedencia, resolviendo que resultaba fundado dicho agravio tendente a evidenciar que no se actualizó el motivo de inviabilidad previsto en los numerales 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que el precepto reclamado ostenta el carácter de autoaplicativo, por lo que basta que sea contribuyente del impuesto sobre la renta para que se le ocasione un perjuicio.
53. Para arribar a la anterior conclusión el Tribunal Colegiado del conocimiento manifestó, en esencia, como sustento de su fallo, lo siguiente:
"...
"De la ejecutoria que precede derivó la jurisprudencia 2a./J. 27/2017, de rubro: ‘RENTA. EL ARTÍCULO 151, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UN LÍMITE PARA LAS DEDUCCIONES PERSONALES, NO VIOLA EL DERECHO AL MÍNIMO VITAL.’, que, si bien versa sobre el marco jurídico aplicable a las deducciones personales, su examen identifica el parámetro para establecer si una norma que regula esa institución fiscal tiene la naturaleza de autoaplicativa o heteroaplicativa.
"En ese sentido, con relación a la naturaleza de las disposiciones que restringen las deducciones debe tomarse en cuenta que, con independencia de que la posibilidad de efectuar deducciones se toma en cuenta en el cálculo del impuesto sobre la renta anual, lo que sucede con la presentación de la declaración del ejercicio, no impide considerar que desde la entrada en vigor del esquema de deducciones, los contribuyentes están obligados a cumplir los requisitos y limitantes que la ley establece al efecto.
"Los aspectos destacados son aplicables, ya que los diversos cálculos y procedimientos que son necesarios para identificar el monto de intereses netos y si este es posible de deducirse no implica mayor condición que cumplir con las operaciones que detalla la norma.
"Así, la limitante de deducción respecto de los intereses netos, conforme al cálculo para obtener su importe, se traduce en una exigencia cuya observancia y efectividad no depende de un acto diverso a la entrada en vigor de la norma que le rige.
"En ese sentido, es evidente que la naturaleza de la norma reclamada es autoaplicativa, pues es imperativo acatar la prohibición establecida en ella sin necesidad de un acto posterior y distinto a su entrada en vigor, aun cuando se pueda identificar, para efectos contables, el monto de los intereses netos hasta que se realice la declaración anual.
"Por tanto, se debe desestimar la causa de improcedencia en estudio. ..." (Subrayado añadido)
54. Más adelante el Tribunal Colegiado del conocimiento al hacerse cargo del estudio de las restantes causales de improcedencia que se hicieron valer manifestó lo siguiente:
"...
"Por otra parte, el propio presidente de la República también planteó que la quejosa no acreditó contar con intereses devengados durante el ejercicio que excedan el importe de veinte millones de pesos, por lo que la norma reclamada no le causa perjuicio.
"Al respecto, la disposición que regula el requisito de procedencia relativo a la demostración del interés jurídico en el juicio de amparo es la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé: (lo transcribe)
"La citada hipótesis legal encuentra su origen en lo establecido por la fracción I del artículo 107 constitucional, de conformidad con la cual, el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades y, excepcionalmente, de los particulares, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el diverso 5o. de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que el juicio únicamente puede ser promovido por la parte a quien se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o, en su caso, por virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
"...
"Como se dio noticia, de la literalidad de la norma reclamada, se advierte que contempla una regla de carácter prohibitivo, consistente en que no está autorizado a las personas morales la deducción de un importe de intereses netos mayor al 30% de la utilidad fiscal del ejercicio respectivo. Prohibición que será aplicable únicamente si los intereses devengados derivan de la contratación de deudas mayores a veinte millones de pesos en el ejercicio.
"De lo que se advierte una condición para que opere la disposición normativa reclamada, lo que no debe confundirse con una condición para su entrada en vigor, sino una condición de aplicabilidad a determinados sujetos a los que está dirigida la norma. Es decir, se trata de una norma autoaplicativa, dirigida a quienes superen el monto de los intereses de la contratación de deudas ahí establecido.
"Del juicio de amparo de origen, se advierte que la quejosa exhibió con la demanda diversas documentales, entre las cuales se encuentran:
"...
"Del contenido de los documentos descritos no hay duda de que la quejosa es una persona moral constituida como sociedad anónima de capital variable con la calidad de contribuyente obligada al pago del impuesto sobre la renta.
"Asimismo, de las constancias de autos se aprecia que la quejosa acreditó ubicarse en uno de los grupos contemplados por el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de acuerdo con la relación de accionistas contenida en los instrumentos notariales que exhibieron como prueba de su parte, así como los contratos.
"También, que al momento en que se presentó la demanda de amparo, la empresa quejosa y sus subsidiarias tenían firmados al menos siete contratos de apertura de crédito con garantía hipotecaria y simples, por la cantidad total de $3,930'844,000.00 (tres mil novecientos treinta y tres (sic) millones ochocientos cuarenta y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional) y uno diverso en cantidad de $40'936,000.00 (cuarenta millones novecientos treinta y seis mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), por los que paga intereses.
"Al respecto, si bien no es posible advertir con exactitud el monto de los intereses devengados, sino que como se apuntó, ello será determinado hasta el final del ejercicio, es claro que por el monto de los créditos de la contribuyente, sin lugar a dudas, el monto de los intereses será superior a la cantidad establecida en la norma reclamada.
"Máxime si se considera que, al menos en dos mil dieciocho, época en la que ya se encontraban vigentes la mayoría de los contratos de crédito destacados, la contribuyente declaró como intereses devengados a cargo (créditos nacionales) la cantidad de $238'611,151.00 (doscientos treinta y ocho millones seiscientos once mil ciento cincuenta y un pesos 00/100 moneda nacional); cantidad que excede por mucho, la precisada en la norma reclamada.
"Incluso, de las propias constancias de autos se aprecian diversas documentales privadas, no objetadas, consistentes en comprobantes de transferencias bancarias, en las que se observan que, durante ese mismo ejercicio se realizaron transferencias bancarias para el pago de intereses en cantidades superiores al referido tope de $20'000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 moneda nacional).
"En efecto, tan sólo en las páginas ochocientos diecinueve y ochocientos treinta del legajo de pruebas, se observa que se realizaron pagos en cantidades de $16’312,667.00 (dieciséis millones trescientos doce mil seiscientos sesenta y siete pesos 00/100 moneda nacional) y $18'084,913.00 (dieciocho millones ochenta y cuatro mil novecientos trece pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de pago de intereses por los meses correspon
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30321-9b2f9889/renta-el-articulo-28-fraccion-xxxii-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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