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Modo: Corpus Pro

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN XV, INCISO B), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, TIENE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 70/2023. · Registro digital (IUS): 32013
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-12-15
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Diciembre de 2023, Tomo III, Pág.2722.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 70/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ANA LUISA MENDOZA VÁZQUEZ Y SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS (PRESIDENTE). PONENTE: MAGISTRADA SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ. SECRETARIA: ANA LAURA SANTANA VALERO.

Cuernavaca, Morelos. El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, en sesión correspondiente al trece de septiembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Cuarto y Sexto, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

2. El problema jurídico a resolver por el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada, y en su caso, si el artículo 27, fracción XV, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, reformado mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil veintiuno, tiene una naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

3. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio remitido electrónicamente el diecinueve de julio de dos mil veintitrés, la secretaria de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, informó que en la ejecutoria pronunciada en el recurso de revisión 348/2022 de su índice, se denunció la posible contradicción de criterios entre el sustentado en ese asunto y el diverso que sostuvo el Sexto Tribunal Colegiado en la Materia Administrativa del mismo Circuito, en el recurso de revisión 368/2022.

4. Trámite de la denuncia. Mediante auto de uno de agosto de dos mil veintitrés, el Magistrado presidente de este Pleno Regional Arturo Iturbe Rivas, admitió a trámite la denuncia y ordenó su registro como contradicción de criterios 70/2023. En esa misma actuación, solicitó a uno de los Tribunales Colegiados involucrados (Sexto) que informara si el criterio materia de la denuncia se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado; de igual forma, pidió al director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indicara si existía alguna contradicción de criterios que se encontrara radicada ante el Alto Tribunal, que guardara relación con la temática aquí planteada.

5. Desahogo del Colegiado. En auto de presidencia de catorce de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio proveniente del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el que informó que el criterio involucrado en la presente contradicción de criterios, se encontraba vigente, de lo que se tomó conocimiento.

6. Desahogo de la Dirección de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y confirmación de turno. Por acuerdo de veintiuno de agosto del año en curso, el Magistrado presidente de este Pleno Regional, tuvo por recibido el oficio remitido vía electrónica por el encargado del Despacho de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que en el Máximo Tribunal no se encontraba radicada alguna contradicción de tesis relacionada con la temática de este asunto, de lo que tomó conocimiento. En esa misma actuación, hizo constar que el expediente se encontraba integrado, y en consecuencia, confirmó su turno para la ponencia, a cuya titular es la Magistrada Silvia Cerón Fernández.

II. COMPETENCIA.

7. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 8o. y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y artículo 2o. del diverso Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción, territorio y domicilio, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de un Circuito (tercero) correspondiente a esta Región.

III. LEGITIMACIÓN

8. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quienes resolvieron uno de los criterios que constituyen la presente contradicción.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS.

9. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.

A. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Recurso de revisión 348/2022.

10. Demanda de amparo. El catorce de febrero de dos mil veintidós, una persona moral, por conducto de su representante legal, promovió una demanda de amparo indirecto en la que reclamó del presidente de la República y de las autoridades legislativas, el proceso de creación del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil veintiuno, en específico, el artículo 27, fracción XV, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

11. Admisión. Una vez que la parte quejosa aclaró su demanda de amparo, en el auto de tres de marzo de dos mil veintidós, el Juez Decimonoveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, la admitió a trámite con el número de expediente 289/2022, y entre otras cuestiones, fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional.

12. Sentencia. Una vez sustanciado el procedimiento, el tres de mayo de dos mil veintidós, el Juez de Distrito celebró la audiencia ley y dictó sentencia definitiva, en la que decretó el sobreseimiento en el juicio, al considerar que la norma reclamada revestía una naturaleza heteroaplicativa, y que la quejosa no demostró la afectación que le causaba a su esfera de derechos.

13. Recurso de revisión. Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del que por razón de turno correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el toca 348/2022, y en sesión de once de julio de dos mi veintitrés, sus Magistrados integrantes por unanimidad de votos, confirmaron el sobreseimiento pero por motivos diversos a los señalados por el juzgador, lo que se corrobora de la siguiente transcripción:

"QUINTO. Son fundados pero ineficaces los agravios expuestos por la recurrente principal.

"De la sentencia recurrida se advierte que el Juez Federal consideró actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con la fracción I, del precepto 5o., todos de la Ley de Amparo.

"Para resolver en esa forma, el juzgador de Distrito, después de explicar la distinción entre normas auto y heteroaplicativas para efectos del juicio de amparo, se apoyó en las consideraciones torales siguientes:

"• El artículo 27, fracción XV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece los diferentes casos en que se considera, que puede existir imposibilidad práctica de cobro, en otras palabras, la norma impugnada únicamente exige ciertos requisitos para demostrar la imposibilidad de cobro, los cuales son necesarios para asegurar que los créditos que se deducirán constituyen pérdidas reales y como consecuencia de ello, el fisco federal no asuma el costo fiscal.

"• Para efectos de deducción de pérdidas por créditos incobrables el legislador estableció en los incisos a), b) y c), de la fracción XV del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, diversos supuestos por los que se puede considerar que existe una notoria imposibilidad práctica de cobro, los cuales son aplicables de manera general a todos los contribuyentes que tributen en términos del título I, de la ley de la materia, de las personas morales.

"• De las pruebas aportadas al juicio solamente se acredita la representación del promovente del amparo, la existencia y el carácter de empresa moral contribuyente, pero no se advierte la actualización de todas y cada una de las condicionantes previstas, como es sobre todo, la referencia de las deudas en los términos descritos en el numeral reclamado y, la negativa de la autoridad hacendaria de la deducción realizada por no agotar los medios legales previstos en la norma a efecto de realizar el cobro respectivo.

"• La citada norma no es autoaplicativa, porque requiere la actualización de diversas hipótesis vinculadas con la existencia de créditos por determinado monto y, sobre todo, aspectos tocantes a la gestión de cobro; y además, que sean aplicables como deducciones; de ahí que la norma requiera como condición de eficacia la aplicación, positiva o negativa de la norma, de la deducción en el ejercicio fiscal; esto es, que teniendo dichos requisitos, o bien, a falta de uno de ellos, haya o no podido hacerla efectiva en el resultado fiscal.

"Contra esa determinación, señala la recurrente que el Juez de Distrito resolvió el asunto, partiendo de una interpretación errónea de la naturaleza de la norma reclamada, por lo que no llevó cabo un correcto y exhaustivo análisis de la naturaleza autoaplicativa del precepto reclamado, lo que conllevó a que declarara el sobreseimiento del juicio, al considerar que la sola entrada en vigor del señalado numeral no genera afectación en la esfera jurídica del contribuyente a efecto de actualizar el interés jurídico.

"Dice que contrario a lo sentenciado por el a quo, el canon reclamado es de carácter autoaplicativo, toda vez que modifica la esfera jurídica de la quejosa por su sola entrada en vigor en cuanto a la mecánica para la determinación de la deducción por cuentas incobrables, pues al entrar en vigor, ya se encuentra sujeta a un esquema de tributación en el que deberá acatar las disposiciones que le obligan a transitar por diversos requisitos para obtener esa deducción.

"Menciona que no se requiere de un acto administrativo que rechace la deducción de cuentas incobrables o de la declaración del contribuyente para que se estime que la quejosa tiene interés jurídico para la impugnación de esas normas, porque su sola entrada en vigor ya ha modificado su situación jurídica en torno a los mecanismos legales que deberá agotar para acceder a una deducción, pues ya no podrá hacerlo como en los ejercicios anteriores.

"Cita la jurisprudencia de rubro: ‘INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN EL JUICIO DE AMPARO, COMO AUTOAPLICATIVO, EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, INCISOS A) Y B), DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. BASTA ACREDITAR ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.’, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció en el sentido de que las disposiciones legales que modifican una situación preestablecida, tienen el carácter de autoaplicativas y no es necesario esperar a un acto de aplicación para acreditar el interés jurídico para su impugnación.

"Como se adelantó, lo así expuesto es fundado pero ineficaz.

"Lo fundado de los agravios deriva de que tal como lo señala la recurrente, el juez a quo partió de una interpretación errónea al considerar que la norma reclamada de inconstitucional es de naturaleza heteroaplicativa, ya que no se requiere de un acto administrativo de aplicación posterior a su entrada en vigor, que rechace la deducción de cuentas incobrables o de la declaración del contribuyente para que se estime que afecta la esfera jurídica de los contribuyentes.

"Sin embargo, con todo y que asista razón a la agraviada, se deben declarar ineficaces los motivos de queja y confirmar el sobreseimiento decretado, aunque por diversos motivos a los señalados por el Juez de Distrito, ya que la empresa inconforme no acreditó el interés jurídico para impugnar la norma reclamada de inconstitucional.

"...

"Ahora bien, en el caso que nos ocupa, de la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa reclama el artículo 27, fracción XV, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente para el ejercicio fiscal de 2022, a partir de su entrada en vigor, esto es, como autoaplicativo.

"El precepto reclamado es del siguiente contenido:

"‘Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos:

"‘...

"‘XV. Que en el caso de pérdidas por créditos incobrables, éstas se consideren realizadas en el mes en el que se consuma el plazo de prescripción, que corresponda, o antes si fuera notoria la imposibilidad práctica de cobro.

"‘Para los efectos de este artículo, se considera que existe notoria imposibilidad práctica de cobro, entre otros, en los siguientes casos:

"‘...

"‘b) Tratándose de créditos cuya suerte principal al día de su vencimiento sea mayor a treinta mil unidades de inversión, cuando el acreedor obtenga resolución definitiva emitida por la autoridad competente, con la que demuestre haber agotado las gestiones de cobro o, en su caso, que fue imposible la ejecución de la resolución favorable y, además, se cumpla con lo establecido en el párrafo final del inciso anterior.

"‘...’

"La transcripción de las porciones de los preceptos normativos mencionados ponen de manifiesto que establece los requisitos para que opere la deducción de las pérdidas por créditos incobrables, las cuales se consideran realizadas en el mes en el que se consume el plazo de prescripción que corresponda o antes si fuera notoria la imposibilidad práctica de cobro.

"Asimismo, el artículo de referencia prevé los requisitos para demostrar la imposibilidad de cobro de los créditos, los cuales son necesarios para asegurar que los señalados créditos se deducirán constituyen pérdidas reales.

"En ese sentido, el órgano legislativo estableció que tratándose de créditos cuya suerte principal al día de su vencimiento sea mayor a treinta mil unidades de inversión (UDIS), cuando el acreedor obtenga resolución definitiva emitida por la autoridad competente, con la que demuestre haber agotado las gestiones de cobro o, en su caso, que fue imposible la ejecución de la resolución favorable y, además, se cumpla con lo establecido en el párrafo final del inciso a) de la fracción XV del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que prevé como requisito para que opere la deducción de pérdidas por créditos incobrables que el deudor del crédito de que se trate debe ser el contribuyente que realiza actividades empresariales y que el acreedor informe por escrito al deudor de que se trate, que efectuará la deducción del crédito incobrable, a fin de que el deudor acumule el ingreso derivado de la deuda no cubierta en los términos de la ley, aunado a que los contribuyentes que apliquen dicha deducción, deberán informar a más tardar el quince de febrero de cada año de los créditos incobrables que dedujeron en el año de calendario inmediato anterior.

"Derivado de lo anterior, a juicio de este Tribunal Colegiado de Circuito, la norma en estudio es de naturaleza autoaplicativa, ya que modificó los requisitos para que opere la deducción de las pérdidas por créditos incobrables, desde su entrada en vigor, de modo que para combatir la norma, únicamente se requiere justificar que la recurrente se encuentra en la hipótesis normativa, lo que se colma con el hecho de tener créditos vencidos mayores a treinta mil unidades de inversión.

"En efecto, no se comparte el criterio sostenido por el juzgado de Distrito, en el sentido de que la empresa quejosa debe cumplir con todos los supuestos que se contienen en la norma, puesto que la pretensión de la demandante al instar el juicio de amparo es que se considere que los requisitos que se establecen para acceder a la deducción de las pérdidas fiscales son contrarios a la Constitución; por ende, no es posible asumir que tiene interés jurídico para la promoción del juicio cuando acrediten que fueron satisfechos, pues en tales condiciones sería innecesario acudir ante la potestad jurisdiccional.

"Dicho de otro modo, en opinión del juez, el amparo sólo sería procedente si la quejosa demuestra la satisfacción de las condiciones apuntadas. De acuerdo a esa consideración, sería innecesario pedir amparo contra la norma en cuestión, pues habiendo el contribuyente satisfecho todas las condiciones para ejercer su derecho de deducción carecería de todo propósito el amparo, ya que sería inobjetable su derecho a deducir los créditos incobrables.

"Por ende, el interés jurídico se demuestra con la sola justificación fehaciente de que el ahora recurrente tiene un crédito vencido mayor a treinta mil unidades de inversión. Justamente lo que se tilda de inconstitucional son las condiciones que establece la norma para permitir su deducción.

"Por las razones antes expuestas, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio emitido en la revisión principal 368/2022 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este mismo Circuito resuelto en sesión de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, en donde sostiene que la norma reclamada tiene naturaleza heteroaplicativa, ya que, a su consideración requiere de un acto de aplicación posterior a la entrada en vigor de la misma para afectar el interés jurídico de los contribuyentes, criterio que, como se dijo, no se comparte por las razones emitidas.

"Por consiguiente, con fundamento en los artículos 226, fracción III, 227, fracción III, de la Ley de Amparo, así como en el 12 fracción II, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, hágase la denuncia de contradicción de criterios ante el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, a fin de que, si lo considera procedente, resuelva la posible contradicción existente entre los criterios adoptados por este Órgano Colegiado y el Sexto Tribunal Colegiado homólogo.

"Por otra parte, como se vio, la empresa quejosa combatió en amparo el artículo 27, fracción XV, inciso b) de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente para el ejercicio fiscal de 2022, a partir de su entrada en vigor, esto es, como autoaplicativo, ofreciendo en el juicio constitucional de origen las siguientes probanzas:

"1. Copia certificada de la póliza **********, del índice de la Correduría Pública **********, Plaza del Estado de Jalisco, mediante la cual se acredita la legal existencia de la persona quejosa.

"2. Impresión de la Constancia de Identificación Fiscal a nombre de la empresa quejosa con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria el uno de marzo de dos mil veintidós, de donde se desprende que es contribuyente inscrita ante la autoridad fiscal. "Los enlistados medios de convicción ofrecidos por la peticionaria de amparo no son idóneos para acreditar que se encuentra ubicada en la norma reclamada como inconstitucional, es decir, que tiene un crédito vencido mayor a treinta mil unidades de inversión.

"Se considera así, porque con tales probanzas en modo alguno la inconforme logra evidenciar que tuviera ese crédito vencido que la ubique en el supuesto previsto de la normativa reclamada, para con ello acreditar que dicha norma afecta su esfera jurídica de derechos con su sola entrada en vigor.

"En efecto, si bien para acreditar el interés jurídico para combatir el artículo 27, fracción XV, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no resulta indispensable que la quejosa contara con una resolución definitiva emitida por la autoridad competente con la que demuestre haber agotado las gestiones de cobro o en su caso que fue imposible la ejecución de la resolución favorable; entre otros supuestos, lo cierto es que sí tenía que quedar acreditado que la agraviada se encuentra colocada en la hipótesis normativa del precepto reclamado, de acuerdo con los criterios jurisprudenciales transcritos, esto es, que tenía una cuenta vencida mayor a treinta mil unidades de inversión por deducir, lo que, se reitera, en el caso no se evidencia, porque no presentó ningún tipo de documentación que así lo demostrara.

"De ahí que, para poder reclamar esos preceptos a través del juicio de amparo, es indispensable que la quejosa acredite su interés jurídico, es decir, que al momento de promover el juicio de amparo contaba con un crédito vencido mayor a treinta mil unidades de inversión.

"...

"En consecuencia, ante lo fundado pero ineficaz de los agravios analizados, lo que se impone es confirmar el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida, pero por diversos motivos a los expuestos por el Juez de Distrito..."

B. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Recurso de revisión 368/2022.

14. Demanda de amparo. El catorce de febrero de dos mil veintidós, una persona moral, por conducto de su representante legal, promovió una demanda de amparo indirecto en la que reclamó del presidente de la República y de las autoridades legislativas, el proceso de creación del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil veintiuno, en específico, el artículo 27, fracción XV, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

15. Admisión. Una vez que la parte quejosa aclaró su demanda de amparo, en el auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, el Juez Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, la admitió a trámite con el número de expediente 385/2022, fijando fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional.

16. Sentencia. Una vez sustanciado el procedimiento, el veintiocho de abril de dos mil veintidós, el Juez de Distrito celebró la audiencia ley y dictó sentencia definitiva, en la que decretó el sobreseimiento en el juicio, al estimar que la parte quejosa no acreditó la aplicación en su perjuicio de la norma reclamada, la cual consideró como heteroaplicativa, circunstancia que lo llevó a determinar que carecía de interés jurídico para acudir al juicio de amparo.

17. Recurso de revisión. Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del que por razón de turno correspondió conocer al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el toca 368/2022, y en sesión de dieciocho de abril de dos mi veintitrés, sus Magistrados integrantes, por unanimidad de votos, confirmaron el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida, con base en las siguientes consideraciones:

"QUINTO. Estudio. Procede analizar de manera conjunta los conceptos de agravio formulados por la recurrente principal, pues están dirigidos a controvertir la causa de improcedencia declarada fundada por el juzgador de amparo en la sentencia recurrida en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por considerar que la norma reclamada no causa un afectación a la quejosa de manera inmediata por su entrada en vigor, ya que ésta tiene el carácter de una norma heteroaplicativa, aspecto que la inconforme combate sosteniendo que la naturaleza de aquella norma es autoaplicativa.

"...

"Precisado dicho marco referencial, debe citarse el contenido del artículo 27, fracción XV, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que indica:

"‘Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos:

"‘...

"‘XV. Que en el caso de pérdidas por créditos incobrables, éstas se consideren realizadas en el mes en el que se consuma el plazo de prescripción, que corresponda, o antes si fuera notoria la imposibilidad práctica de cobro. Para los efectos de este artículo, se considera que existe notoria imposibilidad práctica de cobro, entre otros, en los siguientes casos:

"‘...

"‘a) Tratándose de créditos cuya suerte principal al día de su vencimiento sea mayor a treinta mil unidades de inversión, cuando el acreedor obtenga resolución definitiva emitida por la autoridad competente, con la que demuestre haber agotado las gestiones de cobro o, en su caso, que fue imposible la ejecución de la resolución favorable y, además, se cumpla con lo establecido en el párrafo final del inciso anterior.’

"También debe considerarse que el último párrafo del inciso a) del artículo 27, fracción XV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece:

"‘Lo dispuesto en este inciso será aplicable cuando el deudor del crédito de que se trate sea contribuyente que realiza actividades empresariales y el acreedor informe por escrito al deudor de que se trate, que efectuará la deducción del crédito incobrable, a fin de que el deudor acumule el ingreso derivado de la deuda no cubierta en los términos de esta Ley. Los contribuyentes que apliquen lo dispuesto en este párrafo, deberán informar a más tardar el 15 de febrero de cada año de los créditos incobrables que dedujeron en los términos de este párrafo en el año de calendario inmediato anterior.’

"Las citadas porciones normativas, ponen de manifiesto que, en lo que concierne al artículo 27, fracción XV, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece los requisitos para que opere la deducción de las pérdidas por créditos incobrables, las cuales se consideran realizadas en el mes en el que se consume el plazo de prescripción que corresponda o antes si fuera notoria la imposibilidad práctica de cobro.

"A su vez, el artículo de referencia también prevé los requisitos para demostrar la imposibilidad de cobro de los créditos, los cuales son necesarios para asegurar que los créditos que se deducirán constituyen pérdidas reales.

"Así, el legislador estableció que tratándose de créditos cuya suerte principal al día de su vencimiento sea mayor a treinta mil unidades de inversión (UDIS), cuando el acreedor obtenga resolución definitiva emitida por autoridad competente, con la que demuestre haber agotado las gestiones de cobro o, en su caso, que fue imposible la ejecución de la resolución favorable y, además, se cumpla con lo establecido en el párrafo final del inciso a) de la fracción XV del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que prevé como requisito para que opere la deducción de pérdidas por créditos incobrables que el deudor del crédito de que se trate debe ser contribuyente que realiza actividades empresariales y que el acreedor informe por escrito al deudor de que se trate, que efectuará la deducción del crédito incobrable, a fin de que el deudor acumule el ingreso derivado de la deuda no cubierta en los términos de la ley, aunado a que los contribuyentes que apliquen dicha deducción deberán informar a más tardar el quince de febrero de cada año de los créditos incobrables que dedujeron en el año de calendario inmediato anterior.

"Se advierte que en el artículo 27, fracción XV, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se establecen diversos actos para que sea procedente la deducción de créditos incobrables, mismos que se deben cumplir para que el contribuyente se ubique en el supuesto normativo y, en su caso, sea procedente esa deducción o no por parte de la autoridad fiscal, requisitos que consisten en lo siguiente:

"1. Que el contribuyente realice un préstamo u otorgue un crédito a un tercero, mayor a treinta mil unidades de inversión.

"2. Que a la fecha de vencimiento para el pago respectivo, el tercero no haya pagado por falta de recursos económicos o algún otro motivo.

"3. Que el contribuyente al presentar su declaración en la que informe que hará deducibles los créditos incobrables resultantes en el ejercicio fiscal anterior, la autoridad hacendaria niegue la deducción realizada por no acreditar haber agotado los medios legales previstos en la norma a efecto de realizar el cobro respectivo.

"Mismos requisitos que encuentran sustento en la exposición de motivos de la reforma al artículo 27, fracción XV, segundo párrafo, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual establece lo siguiente:

"...

"De lo anterior, se concluye que tal como se determinó en la sentencia recurrida, el artículo 27, fracción XV, segundo párrafo, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente para dos mil veintidós, no produce una afectación concreta en la esfera jurídica de los contribuyentes por su sola entrada en vigor para que pudiera considerarse autoaplicativa, sino que requiere de que el sujeto cumpla con requisitos normativos para ubi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32013-0434a95e/impuesto-sobre-la-renta-el-articulo-27-fraccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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