RENTA. EL COEFICIENTE DE UTILIDAD ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ES INAPLICABLE AL INGRESO DETERMINADO PRESUNTIVAMENTE CONFORME AL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 237/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 25 DE ABRIL DE 2016. MAYORÍA DE NUEVE VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES; VOTARON EN CONTRA MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JUSTINO BARBOSA PORTILLO.
México, Distrito Federal. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticinco de abril de dos mil dieciséis, emite la siguiente:
SENTENCIA:
Mediante la cual se resuelve la contradicción de tesis 237/2014, suscitada entre los criterios sustentados por la Primera y la Segunda Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La problemática jurídica a resolver por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consiste en determinar si las autoridades fiscales, al determinar ingresos presuntos en términos del artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, deben calcular la utilidad fiscal del contribuyente considerando el contenido del artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta publicada el primero de enero de dos mil dos.
I. DENUNCIA DE LA CONTRADICCIÓN
1. Mediante escrito presentado el catorce de julio de dos mil catorce ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, Gustavo Adolfo Sánchez Blancas, por su propio derecho, citando como fundamento los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, hizo del conocimiento de este Tribunal Constitucional la posible existencia de una contradicción de tesis entre el criterio sustentado por su Segunda Sala, el cual se encuentra reflejado en la tesis jurisprudencial 2a./J. 59/2014 (10a.), y el criterio sustentado por su Primera Sala al resolver el amparo directo en revisión 860/2011 en sesión de ocho de junio del dos mil once.
II. TRÁMITE DE LA DENUNCIA
2. Mediante acuerdo de cuatro de agosto de dos mil catorce, el presidente de esta Suprema Corte ordenó la formación y registro del expediente de contradicción de tesis respectivo. Adicionalmente, debido a que Gustavo Adolfo Sánchez Blancas no se encuentra legitimado para formular la denuncia de contradicción de tesis, el Ministro presidente hizo suya la denuncia de posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por la Primera Sala de este Alto Tribunal, al resolver el amparo directo en revisión 860/2011, en contra del criterio sustentado por su Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 457/2013, misma que dio origen a la tesis jurisprudencial 2a./J. 59/2014 (10a.).
3. En consecuencia, a través del mismo acuerdo, el Ministro presidente admitió a trámite la denuncia de posible de contradicción de tesis, solicitó a las Secretarías de Acuerdos de la Primera y la Segunda Salas de esta Suprema Corte copia certificada de las ejecutorias referidas en el párrafo anterior, solicitó que informaran sobre si el criterio sustentado en los asuntos con los que se denuncia la presente contradicción de tesis se encuentran vigentes, o en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado y, finalmente, turnó los autos, para su estudio, al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
4. Mediante acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil catorce, el Ministro presidente, determinó que el asunto se encontraba debidamente integrado con los criterios que motivaron la posible contradicción de tesis, por lo que, con fundamento en los artículos 226, fracción I, de la Ley de amparo, 10, fracción VIII y 14, fracción II, párrafo primero, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, acordó remitir el asunto a la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, designado ponente para la formulación del proyecto de resolución.
III. COMPETENCIA
5. Este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción I, de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigentes.
IV. LEGITIMACIÓN
6. De conformidad con el artículo 227, fracción I, de la Ley de Amparo, la denuncia de la posible contradicción de tesis proviene de parte legítima; toda vez que el Ministro presidente hizo suya la denuncia a través del acuerdo dictado el cuatro de agosto de dos mil catorce.
V. CRITERIOS EN CONTIENDA
V.1. CRITERIO DE LA PRIMERA SALA
.
7. En el amparo directo en revisión 860/2011 subsistía, como cuestión de constitucionalidad, el estudio del artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, vigente en dos mil tres y dos mil cuatro.
8. En particular, el estudio versaba sobre la conformidad de la norma impugnada con el principio de proporcionalidad contributiva incorporado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
9. El planteamiento del quejoso señalaba, que el precepto combatido no respetaba el principio de proporcionalidad contributiva, porque así como establece la determinación presuntiva de ingresos y el valor de actos y actividades, debe también regular la determinación presuntiva de utilidad fiscal o el reconocimiento de deducciones mínimas (impuesto sobre la renta) e impuesto al valor agregado acreditables, esto es, las actividades que lo produjeron.
10. Para resolver dicha cuestión, la Primera Sala consideró lo siguiente:(1)
a) La presunción de ingresos acumulables se concreta con motivo de la facultad de la autoridad hacendaria, a que se refiere el artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
b) El punto anterior significa que, cuando en ejercicio de sus facultades de comprobación, la autoridad fiscalizadora conoce de depósitos bancarios no registrados en la contabilidad del contribuyente revisado o visitado, que éste no prueba que no correspondan a ingresos -en materia de impuesto sobre la renta- o a valores de actos o actividades -impuesto al valor agregado-, dichos ingresos o valores se estiman, presuntivamente, afectos al pago del impuesto correspondiente.
c) Si los depósitos bancarios se estiman presuntivamente ingresos, todavía pasarán por el procedimiento establecido en el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que tiene como finalidad la determinación también presuntiva de la utilidad fiscal del contribuyente, aplicándose a los ingresos estimados por la vía indirecta (presunción) como acumulables, el coeficiente del 20% o lo que corresponda, según sea el giro del visitado o revisado que no probó lo contrario, así como la determinación del resultado fiscal, una vez restadas las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores.
d) Por tanto, es claro que el artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, no es violatorio del principio de proporcionalidad tributaria, pues, además de que sólo dispone la facultad de comprobación de ingresos o valores de actos y actividades a través de la presunción que realice la autoridad fiscal, así como un supuesto de determinación presuntiva, como es que los depósitos bancarios no estén registrados en contabilidad, la norma no está configurando un impuesto o estableciendo alguno de sus elementos esenciales, puesto que los ingresos acumulables o el procedimiento del cálculo del gravamen a pagar, se regulan por las leyes de la materia, como es la Ley del Impuesto sobre la Renta; queda también de manifiesto que la presunción de ingresos acumulables irá acompañada de la determinación presuntiva de la utilidad fiscal y del resultado fiscal del contribuyente, en términos del artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que autoriza la disminución del coeficiente del 20% o de los que correspondan al giro de la persona física con actividades empresariales sujeta a revisión o a visita domiciliaria, el cual, finalmente, pagará el tributo acorde a su capacidad contributiva.
11. Al respecto, este Tribunal Pleno observa que, para decidir sobre la conformidad del artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación con el principio constitucional de proporcionalidad contributiva, la Primera Sala confirmó la regularidad constitucional de la norma impugnada, debido a que las autoridades que realizaran su aplicación, en la comprobación del cumplimiento de obligaciones en materia del impuesto sobre la renta, también es aplicable el artículo 90 de la ley de este impuesto. Es decir, si la norma combatida no resultó transgresora del principio de capacidad contributiva fue porque, precisamente, la aplicación del referido artículo 90 permitía gravar sobre una base disminuida a través de un coeficiente de utilidad.
12. El anterior criterio, quedó reflejado en la tesis 1a. CXL/2011:
"PRESUNCIÓN DE INGRESOS Y DEL VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES. EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.-Si bien el citado precepto prevé la facultad de comprobación de ingresos y valores de actos o actividades a través de la presunción que realice la autoridad fiscal, así como un supuesto de determinación presuntiva en relación con depósitos bancarios no registrados en contabilidad, lo cierto es que no contiene disposición alguna en relación con la acumulación de ingresos ni respecto al cálculo del gravamen a pagar, ni en cuanto al impuesto al valor agregado acreditable, pues ello es materia de las leyes respectivas, a las cuales corresponderá regular la presunción de la utilidad fiscal y el resultado fiscal del contribuyente, como lo establece el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como la reducción de las cantidades acreditables que se demuestren, conforme al artículo 39 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Así, el contribuyente pagará el impuesto sobre la renta acorde con su capacidad contributiva, pues frente a la presunción de ingresos acumulables derivada de depósitos bancarios no registrados en su contabilidad, debe presumirse su utilidad y resultado fiscal, y en relación con el impuesto al valor agregado, cubrirá el gravamen sobre el monto del valor de actos o actividades estimados indirectamente y que ingresaron a su patrimonio, estando en posibilidad de reducir las cantidades acreditables que compruebe; de lo cual resulta que el artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, no viola el principio de proporcionalidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
V.2. CRITERIO DE LA SEGUNDA SALA
13. En la contradicción de tesis 457/2013, la Segunda Sala de esta Suprema Corte resolvió la divergencia de criterios que se suscitó entre el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver, respectivamente, el recurso de revisión fiscal 293/2013 y el juicio de amparo directo 625/2012.
14. En dicha contradicción de criterios, la materia que correspondió a estudiar a la Segunda Sala, consistió en definir si las autoridades fiscales se encuentran obligadas a no aplicar los coeficientes previstos en el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil trece, cuando al ejercer sus facultades de comprobación determinen, de manera presuntiva, que son ingresos acumulables del contribuyente los depósitos bancarios no registrados contablemente ni amparados con documentación comprobatoria que soporte su origen.
15. Para resolver dicha cuestión, la Segunda Sala consideró lo siguiente:
a) El objeto del impuesto sobre la renta lo constituyen los ingresos, mientras que las utilidades que tengan los sujetos pasivos de dicho tributo, constituyen la base del gravamen.
b) La determinación del gravamen se justifica si la imposición se efectúa sobre el impacto patrimonial positivo apreciable en el gobernado.
c) Las presunciones son frecuentes en el ámbito tributario, en la medida que se anticipan a las posibles conductas fraudulentas de los sujetos obligados y parten de una probabilidad normal en la realización de un hecho de difícil constatación para la autoridad fiscal, creándose así una verdad jurídica distinta a la real.
d) Es en el ámbito de las presunciones fiscales en el que se ubican los artículos 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación y 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
e) La determinación del gravamen se justifica, si la imposición se efectúa sobre el impacto patrimonial positivo apreciable en el gobernado, el que puede evidenciarse en términos reales si se considera, no sólo el ingreso bruto generado aisladamente, sino la utilidad real, obtenida mediante la consideración conjunta del ingreso y de las cantidades erogadas como costo de generación del ingreso.
f) El artículo 55 del Código Fiscal de la Federación contiene diversas hipótesis para determinar la utilidad fiscal de los contribuyentes, mismas que no sólo son aplicables al impuesto sobre la renta sino a diversas contribuciones previstas en otros ordenamientos.
g) Para tales efectos, el artículo 56 del mismo ordenamiento, prevé el procedimiento para que las autoridades hacendarias determinen presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes que se subsuman en algunos de los supuestos del citado artículo 55.
h) Por otra parte, el artículo 61 también del Código Fiscal de la Federación, establece los diversos procedimientos para que las autoridades fiscales determinen la magnitud de los ingresos presuntos derivados de los supuestos previstos en el citado artículo 55.
i) El último párrafo del mencionado artículo 61, señala la forma en que se tiene que determinar el impuesto sobre la renta por el ingreso o valor de los actos o actividades estimados presuntivamente, conforme a alguno de los procedimientos previstos en el propio numeral, pues se tiene que calcular la utilidad fiscal mediante la aplicación al ingreso bruto estimado del coeficiente que para determinar dicha utilidad prevé la Ley del Impuesto sobre la Renta (en su artículo 90).
j) Los procedimientos a que se refiere el citado artículo 61 se aplican, únicamente, cuando el contribuyente no demuestra sus ingresos o el valor de sus actos o actividades a las autoridades fiscales, por lo que éstas deben llevar a cabo una determinación presuntiva de los ingresos del sujeto pasivo de la relación tributaria, y por disposición expresa del numeral en comento, son los únicos a los que pueden aplicarse los coeficientes de utilidad a que se refiere el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
k) Por ello, el procedimiento previsto en el último párrafo del artículo 61 del Código Fiscal de la Federación, no puede hacerse extensivo a los ingresos determinados con fundamento en el artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, toda vez que lo previsto en este numeral es una presunción legal, respecto de la obtención de ingresos, que admite prueba en contrario, por lo que no se trata de una resolución mediante la cual la autoridad realice determinación presuntiva de ingresos.
l) En conclusión, si bien el artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, prevé una estimativa indirecta de ingresos cuando el contribuyente no sustenta documentalmente en su contabilidad, el registro de los depósitos en su cuenta bancaria; lo cierto es que dicha presunción legal deriva de datos ciertos que la autoridad aplica cuando lleva a cabo sus facultades de comprobación, por lo que admite prueba en contrario dentro del procedimiento de fiscalización relativo, y si el contribuyente auditado no logra desvirtuar su actualización, procede determinar la obligación tributaria con base cierta, dado que la autoridad conoce con certeza la magnitud de los ingresos que debieron pagar contribuciones; lo que no sucede con la determinación presuntiva de ingresos a que se refieren los artículos 55, 56, y 61 de la citada codificación, pues la autoridad construye la presunción, por ausencia de datos, conforme a los diversos procedimientos previstos en eso, numerales; de ahí que no resultaría lógico permitir a los causantes a los que se detectaron aquellas actividades elusivas, disminuir el monto de los recursos que se presumieron acumulables, mediante la aplicación de un coeficiente diseñado para calcular la utilidad fiscal presunta, por no tener certeza de la cuantía de los recursos dinerarios percibidos; razón por la cual las autoridades exactoras no se encuentran obligadas a aplicar dichos factores a los ingresos derivados de depósitos bancarios no registrados.
16. En resolución de la contradicción de tesis, la Segunda Sala aprobó el criterio jurisprudencial 2a./J. 59/2014 (10a.):
"RENTA. EL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE LA UTILIDAD FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ES INCOMPATIBLE CON LOS INGRESOS DERIVADOS DEL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2013). El artículo citado faculta a las autoridades fiscales para determinar, de manera presuntiva, la utilidad fiscal de los contribuyentes, al prever que podrán aplicar a los ingresos brutos declarados o determinados presuntivamente, el coeficiente de 20% o el que corresponda, dependiendo de la actividad a que se dedique el causante. Sin embargo, este procedimiento no es aplicable a la estimativa indirecta de ingresos prevista en el artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, que se actualiza cuando el contribuyente no sustenta con documentación en su contabilidad el registro de los depósitos en su cuenta bancaria, pues dicha presunción legal deriva de datos ciertos aplicados por la autoridad cuando lleva a cabo sus facultades de comprobación, por lo que admite prueba en contrario dentro del procedimiento de fiscalización relativo, y si el particular auditado no logra desvirtuarla, procede determinar la obligación tributaria con base cierta, ya que la autoridad conoce con certeza el monto de los ingresos sujetos a pagar contribuciones, lo que no sucede con la determinación presuntiva de ingresos prevista en los artículos 55, 56 y 61 de la codificación mencionada, pues la autoridad construye la presunción, por ausencia de datos, conforme a los diversos procedimientos contenidos en esos numerales; de ahí que no resultaría lógico permitir a quienes se les detectaron aquellas actividades elusivas, disminuir el monto de los recursos que se presumieron acumulables mediante la aplicación de un coeficiente diseñado para calcular la utilidad fiscal presunta, por no tener certeza de la cuantía de los recursos dinerarios percibidos; razón por la cual, las autoridades exactoras no están obligadas a aplicar los coeficientes previstos en el referido artículo 90, respecto de los ingresos derivados de depósitos bancarios no registrados."
VI. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS
17. Este Tribunal Constitucional determina que en los pronunciamientos emitidos por la Primera y la Segunda Salas, existe una contradicción de criterios, cuya solución debe definirse por parte de este Tribunal Pleno.
18. El Tribunal Pleno ha determinado, que la existencia de una contradicción de criterios está condicionada a que el pronunciamiento de las Salas de esta Suprema Corte o de los Tribunales Colegiados de Circuito sostengan tesis contradictorias; precisando que, por tesis debe entenderse el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia.
19. En ese sentido, el Tribunal Pleno ha señalado que se actualiza una contradicción de tesis, cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales. De ese modo, se determinó la interrupción de la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."(2) y se emitió, en sustitución, el criterio jurisprudencial P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(3)
20. En el marco del criterio sustentado por este Tribunal Pleno, debe tenerse presente que la seguridad jurídica es la finalidad última en el estudio y resolución de una contradicción de criterios, la cual se dirige a definir los diferendos interpretativos que pueden surgir entre dos o más juzgadores.
21. En la consecución de dicha finalidad, este Tribunal Pleno considera que las condiciones que permiten identificar la existencia de una contradicción de tesis son:
i) que los órganos jurisdiccionales contendientes hayan resuelto una cuestión jurídica en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un desarrollo interpretativo.
ii) que entre los desarrollos interpretativos se encuentre, al menos, un razonamiento en el que las interpretaciones giren sobre un mismo tipo de problema jurídico, ya sea sobre el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución, el funcionamiento de un determinado sistema o subsistema jurídico, así como cualquier otra cuestión jurídica en general, y
iii) que lo anterior permita definir un criterio jurídico que otorgue seguridad jurídica en las problemáticas que enfrentan los operadores jurídicos en la aplicación del derecho.
22. En dichos términos, con el fin de determinar en el presente asunto la existencia de una contradicción de tesis, las condiciones señaladas constituyen la metodología de análisis que a continuación se sigue.
23. VI.1. PRIMERA CONDICIÓN
24. Como fue expresado, la primera condición, consiste en determinar si los órganos jurisdiccionales contendientes resolvieron una cuestión jurídica, en la que ejercieron arbitrio judicial a través de un desarrollo interpretativo.
25. Al respecto, este Tribunal Pleno observa que la Primera Sala analizó, principalmente, la regularidad constitucional del artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación desde el principio de proporcionalidad contributiva incorporado al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
26. Para ello, con el fin de determinar si la norma impugnada permitía a las autoridades fiscales ejercer sus facultades de fiscalización de un modo que no se desconociera la capacidad contributiva de los contribuyentes, la Primera Sala acudió a estudiar la interacción de dicha disposición con el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
27. Este último precepto, contiene reglas para identificar una utilidad fiscal a partir de un monto de ingresos dado, utilizando para ello coeficientes de utilidad. Un caso en el que es aplicable el uso de tales coeficientes de utilidad, señaló la Primera Sala, es el contenido en el artículo 59, fracción III; es decir, cuando las autoridades descubren depósitos en cuentas bancarias del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad, se presume que éstos son ingresos y valor de actos o actividades por los que se deban pagar contribuciones.
28. En conclusión, la Primera Sala avaló la conformidad constitucional del artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, debido a que su interacción con el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, permite que la autoridad fiscal ejerza sus funciones sin desconocer la capacidad contributiva de los contribuyentes al determinar ingresos presuntos para los efectos del impuesto sobre la renta.
29. En ese sentido, aun cuando el propósito de estudio consistía en la constitucionalidad del artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el principio de proporcionalidad contributiva, la Primera Sala consideró necesario acudir al sistema regulado por la Ley del Impuesto sobre la Renta, encontrando en el artículo 90, el elemento que permitía obtener la respuesta al problema jurídico.
30. De ese modo, la Primera Sala realizó un pronunciamiento respecto de la interacción normativa entre las dos disposiciones referidas, concluyendo que en la materialización de los efectos que implica la aplicación del artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, es aplicable el contenido del artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
31. Por su parte, la Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 457/2013 se enfrentó a la pregunta, de si las autoridades fiscales se encuentran obligadas o no a aplicar los coeficientes previstos en el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando al ejercer sus facultades de comprobación (como lo es, la prevista en el artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación), determinen, de manera presuntiva, que son ingresos acumulables del contribuyente los depósitos bancarios no registrados contablemente ni amparados con documentación comprobatoria que soporte su origen.
32. Para tal propósito, la Segunda Sala realizó un estudio del sistema de presunciones que las autoridades fiscales están autorizadas a realizar en los términos del Código Fiscal de la Federación. En consecuencia, hizo un seguimiento histórico de la evolución legislativa sobre dicha materia y arribó a tres conclusiones relevantes.
33. Primero, que existe un sistema de presunciones fiscales que regulan los artículos 55, 56 y 61 del Código Fiscal de la Federación. Segundo, que el artículo 59, fracción III, del citado ordenamiento, no forma parte de dicho sistema y, finalmente, que la habilitación que establece el artículo 61, párrafo último, para aplicar los coeficientes de utilidad que prevé la Ley del Impuesto sobre la Renta, no es aplicable tratándose del ejercicio de la facultad a que se refiere el artículo 59, fracción III -precisamente, porque este último no es parte del sistema al que pertenece el artículo 61-.
34. En similares términos, la solicitud de sustitución de jurisprudencia 4/2015, fallada en sesión de cuatro de noviembre de dos mil quince, resolvió que la mecánica prevista por los artículos 55, 56 y 61 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se refiere al caso en que no se cuenta con los datos necesarios para determinar, el monto de la utilidad fiscal y el tributo a pagar, mientras que cuando se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en relación con los diversos 10, 20, 29 y 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sí se conocen los datos o montos necesarios para realizar el cálculo de la contribución, por lo que de acuerdo con la mecánica de determinación no es necesario aplicar factor alguno y la aminoración de los ingresos acumulables se realiza mediante las deducciones autorizadas que hubieren cumplido con los requisitos de las disposiciones fiscales aplicables.
35. Por lo que dicha Sala concluyó que, ambos supuestos, al tratarse de conceptos diversos que aplican a supuestos y mecánicas de cálculo distintos, no se les aplica el mismo trato fiscal.
36. En ese sentido, puede observarse que la Primera y la Segunda Salas realizaron ejercicios interpretativos sobre la interacción normativa entre el artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, y el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el fin de dar solución a los asuntos que fueron puestos a su consideración.
VI.2. SEGUNDA CONDICIÓN
37. En los términos expuestos con anterioridad, la segunda condición para determinar la existencia de una contradicción de criterios, consiste en identificar que entre los desarrollos interpretativos se encuentre, al menos, un razonamiento en el que las interpretaciones giren sobre un mismo tipo de problema jurídico o punto de contacto jurídico, ya sea sobre el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución, el funcionamiento de un determinado sistema o subsistema jurídico, así como cualquier otra cuestión jurídica en general.
38. En el caso, este Tribunal Pleno observa el cumplimiento de la segunda cuestión, toda vez que, en los pronunciamientos de la Primera y la Segunda Salas, puede identificarse un posicionamiento firme sobre el mismo problema jurídico, a saber: si es posible aplicar el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando las autoridades fiscales, en aplicación del artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación presumen como ingresos los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad.
39. Dicha problemática tiene como marco jurídico, la interacción del sistema del impuesto sobre la renta con el ejercicio de las facultades de presunción que la ley otorga a las autoridades fiscales.
40. Por una parte, la Ley del Impuesto sobre la Renta regula un sistema en el que el impuesto que se causa debe calcularse sobre una utilidad fiscal; es decir, a los ingresos acumulables debe restarse las deducciones autorizadas y, salvo que resulten aplicables otros conceptos que la ley prevé, el monto resultante se multiplica por
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27226-296e69b2/renta-el-coeficiente-de-utilidad-establecido-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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