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Modo: Corpus Pro

RENTA. DEDUCCIÓN DE EROGACIONES ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO RELATIVO. NO PROCEDE CUANDO LA IMPOSIBILIDAD DE RECUPERAR EL PAGO DE LA RECLAMACIÓN DE UNA FIANZA DERIVA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 128/2004-SS. · Registro digital (IUS): 18754
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO Y DÉCIMO PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, , Pág. 258.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 128/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO Y DÉCIMO PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron y que a continuación se transcriben.

El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión del veintiuno de agosto de dos mil tres, al resolver la revisión fiscal número 144/2003, presentada por el administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes, sostuvo en lo que interesa lo siguiente:

"SEXTO. Es fundado el agravio de las autoridades recurrentes en el que sustancialmente manifiestan que la Sala Fiscal indebidamente señala que es ilegal la resolución impugnada, al fundar el rechazo de la deducción efectuada por la actora en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, la cual regula aspectos prácticos de la operación de otorgamiento de fianzas y establece obligaciones que nada tienen que ver con el impuesto sobre la renta, ni con los requisitos de las deducciones, por lo que considera que la resolución impugnada se dictó en contravención de las disposiciones fiscales, lo cual afirman no es ilegal, en virtud de que si se aplicó la Ley Federal de Instituciones de Fianzas fue para observar si la contribuyente, previo al otorgamiento de las garantías, cumplió con las formalidades a las que se encontraba obligada para de esta forma advertir si se trataba de un gasto estrictamente indispensable, toda vez que el artículo 24, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no explica lo que se entiende por ‘estrictamente indispensable’, sin que por ello se haya extralimitado. En efecto, es verdad como lo dice la Sala Fiscal, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán deducirse para efectos del pago del citado impuesto los gastos estrictamente indispensables para fines de la actividad de la empresa, sin embargo, este Tribunal Colegiado considera que las erogaciones efectuadas con motivo de las reclamaciones derivadas de obligaciones amparadas con fianza, no constituyen gastos estrictamente indispensables para fines de la actividad de la empresa. Ello es así, pues como correctamente lo sostienen las recurrentes, las deducciones efectuadas por la opositora consistentes en el pago de las reclamaciones relativas a las fianzas no constituyen gastos estrictamente indispensables para los fines de la empresa, en los términos establecidos en el artículo 24, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece lo siguiente: ‘Artículo 24.’ (se transcribe). Del precepto antes transcrito, cabe señalar que le asiste la razón a las recurrentes, pues como bien lo afirman, éste no regula el significado que tiene el concepto ‘estrictamente indispensable’, por lo cual las autoridades demandadas estuvieron en lo correcto al acudir a la interpretación de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que regula las obligaciones de las empresas afianzadoras para determinar si los gastos erogados por la empresa eran estrictamente indispensables, sin que se hayan extralimitado en sus funciones por tal motivo, como incorrectamente se sostiene en la resolución recurrida, pues no resulta cierto que haya calificado de ilegales los contratos y las condiciones en que se otorgaron las fianzas, pues interpreta la ley citada únicamente para cerciorarse si los gastos deducidos por la contribuyente son estrictamente indispensables para sus fines. Lo anterior resulta ser así, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta antes transcrito, los gastos deducibles permitidos por la ley a los contribuyentes, deben ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente y la concepción genérica de este requisito, que el legislador estableció en su fracción I, es justificable al atender a la cantidad de supuestos casuísticos que en cada caso concreto puedan recibir los calificativos de ‘estrictamente indispensables’, así, siendo imposible el engendrar una definición que abarque todas las hipótesis factibles o establecer reglas generales para su determinación, resulta necesario interpretar el calificativo estrictamente indispensable, atendiendo a los fines de cada contribuyente y al gasto específico en sí. De esta manera, conviene precisar que las reclamaciones que tuvo que pagar la opositora por recuperación de las fianzas expedidas si bien constituyen erogaciones del patrimonio de la afianzadora, éstas deben ajustarse a los requisitos establecidos por la ley que la rige, para determinar si son gastos estrictamente indispensables para la actividad del contribuyente. Ahora bien, como la Ley Federal de Instituciones de Fianzas establece la obligación de las afianzadoras de tener suficientemente garantizada la recuperación de los montos contenidos en las pólizas por ellos expedidas y la opositora omitió cumplir con dicha providencia, le asiste la razón a las recurrentes cuando señalan que las deducciones que pretende efectuar no son estrictamente indispensables para los fines de su actividad por la omisión antes referida, ya que al haber autorizado el otorgamiento de las pólizas de fianza sin cerciorarse de la forma en que podía efectuar la recuperación de los montos garantizados al fiado, lo hizo bajo su propia responsabilidad y, por ello, no puede pretender deducir del impuesto sobre la renta erogaciones que pudo recuperar si hubiera exigido la garantía suficiente a sus fiados. En conclusión, si las actividades de dicha institución se encuentran reguladas por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se estima correcto que la autoridad demandada haya acudido a dicha legislación para determinar si los gastos que erogó la empresa eran estrictamente indispensables para los fines de las actividades de la misma. Ahora bien, es verdad que el objeto social de la opositora consiste en celebrar contratos de fianza, sin embargo, también lo es que dichos contratos deben ajustarse al marco jurídico establecido en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por lo que al no haberse ajustado a lo dispuesto en los artículos 19, 20, 24, 30, 31 y 60, fracción XII, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, es obvio que las reclamaciones por recuperación de las fianzas no constituyen gastos estrictamente indispensables de la afianzadora, al provenir de operaciones irregulares. En las relacionadas consideraciones al resultar fundado el anterior agravio, resulta innecesario el estudio de los demás que se formulan, por lo que lo procedente es revocar la resolución recurrida para que la Sala Fiscal emita otra siguiendo los lineamientos dados en esta ejecutoria, sin dejar de observar lo dispuesto en el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, que obliga a pronunciarse respecto de todos los planteamientos de las partes en relación con la resolución impugnada que sean motivo de estudio."

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver en sesión de veinticinco de septiembre de dos mil dos, la revisión fiscal 219/2002-2858, presentada por el administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes, unidad encargada de la defensa jurídica de las autoridades demandadas en el juicio de nulidad, se apoyó en lo que interesa, en las siguientes consideraciones:

"QUINTO. Carece de eficacia jurídica el agravio hecho valer por el recurrente, por las siguientes razones: aduce, sustancialmente, que la Sala Fiscal de forma indebida declaró la nulidad de la resolución impugnada al estimar que eran procedentes las deducciones realizadas por la empresa afianzadora, en términos de lo dispuesto por el artículo 24, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por ser gastos estrictamente indispensables. Lo anterior, en virtud de que dichas deducciones eran improcedentes al derivar de hechos ilícitos, pues la afianzadora incumplió con los artículos 19, 24, 30, 31 y 60, fracción XII, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por lo que no podían considerarse como gastos estrictamente indispensables. Para una mejor comprensión del asunto, resulta conveniente transcribir la parte conducente de la resolución de doce de diciembre del año dos mil, que fue impugnada ante la Sala Fiscal. ‘Deducciones. De la revisión practicada se conoció que la contribuyente visitada realizó una deducción improcedente, para efectos de este impuesto por la cantidad de $2'796,122.36, que corresponden a las reclamaciones pagadas por fianzas otorgadas de los ramos III y IV, incluidas en el renglón 40: «Pérdidas por créditos incobrables», por $3'080,457.00 de su declaración complementaria, como a continuación se indica: ... Por lo que de estos expedientes se conoció que la contribuyente no cumplió con los requisitos que le señala la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, ya que la misma no contó con las garantías necesarias para su recuperación, consistente en prenda, hipoteca o fideicomiso, obligación solidaria, contrafianza o afectación en garantía, conforme lo señala su propia ley. A mayor abundamiento, es de señalarse que en la lista anterior se incluyen los fiados que enseguida se indican, cuyo pago del monto afianzado se efectuó a la empresa Automotores Reforma, S.A., de los cuales la propia automotriz ya se los había cobrado a sus clientes, no mencionándole a la afianzadora tal situación conllevando con esto a la no recuperación de las reclamaciones, las cuales se mencionan a continuación: ... Por lo que se pudo conocer en relación con estas pólizas, que la contribuyente fue defraudada por la distribuidora de autos, como se verificó en los expedientes abiertos a cada uno de los fiados, no tomando en cuenta a la contribuyente que antes de entregar el pago de las reclamaciones que le había solicitado la distribuidora hubiera verificado dichas reclamaciones, o en su defecto, descontarle a la distribuidora los pagos indebidos, mismos que los afianzados le comprobaron a la afianzadora con las copias de los pagos efectuados por Automotores Reforma, S.A. ...’. El artículo 105 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas establece, en lo conducente, lo siguiente: ‘Artículo 105. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo a la institución afectada, podrá revocar la autorización para operar como institución de fianzas en los siguientes casos: ... XI. Si no cubre dentro de los sesenta días naturales siguientes a la resolución en su contra tanto la cantidad a favor del beneficiario, como los intereses y multas a que se refiere el artículo 95 bis de esta misma ley, o bien, si reiteradamente realiza actos que signifiquen una resistencia indebida para cumplir las obligaciones derivadas de sus fianzas.’. El artículo 24, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece lo siguiente: ‘Artículo 24. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos: I. Que sean estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente.’. La Ley Federal de Instituciones de Fianzas (vigente en mil novecientos noventa y cinco), establece, en lo conducente, lo siguiente: ‘Artículo 19. Las instituciones de fianzas deberán tener suficientemente garantizada la recuperación y comprobar en cualquier momento las garantías con que cuenten, cualquiera que sea el monto de las responsabilidades que contraigan mediante el otorgamiento de fianzas. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, cuando así lo estime necesario, podrá solicitar a las instituciones de fianzas que le acrediten el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior y éstas deberán hacerlo en el plazo que señala la propia comisión.’. ‘Artículo 24. Las garantías de recuperación que las instituciones de fianzas están obligadas a obtener en los términos de esta ley, podrán ser ... Las garantías a que se refiere este precepto deberán satisfacer los requisitos señalados en el presente capítulo. No se requerirá recabar la garantía de recuperación respectiva, cuando bajo su responsabilidad la institución de fianzas considere, con base en elementos objetivamente comprobables, que el fiado o sus obligados solidarios en los términos del artículo 30 de esta ley, sean ampliamente solventes y tengan suficiente capacidad de pago. Los representantes legales de personas morales que se constituyan como obligados solidarios o contrafiadores de fiados, en documentos o contratos solicitud de fianza, proporcionados por las instituciones de fianzas, deberán tener conferidos poderes para rigurosos actos de dominio y si éstos no están limitados expresamente para que el mandatario no pueda comprometer el patrimonio de su representada en relación con obligaciones de terceros, la obligación solidaria o contrafianza así establecida surtirá los efectos legales correspondientes ante la afianzadora. Cualquier derecho que por este motivo tuviera el mandante lo puede ejercitar en contra del mandatario, pero nunca ante la institución de fianzas. Salvo prueba en contrario, la obligación a cargo del fiado de indemnizar a la institución de fianzas de que se trate, se derivará del acreditamiento por parte de la institución de fianzas de haber expedido póliza de fianza o comprobar en cualquier otra forma que ésta le fue de utilidad al fiado, aun cuando éste no haya prestado su consentimiento para la constitución de la fianza. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas podrá ordenar en cualquier momento a la institución de fianzas que demuestre la acreditada solvencia del fiado u obligado solidario y en caso de no hacerlo, la comisión ordenará el registro del pasivo correspondiente en los términos del artículo 61 de esta ley ...’. ‘Artículo 60. A las instituciones de fianzas les está prohibido: ... XII. Aceptar responsabilidades sin cumplimentar las formalidades señaladas por la presente ley y disposiciones aplicables.’. Como se desprende de los dispositivos antes transcritos, por disposición de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, las instituciones de fianzas tienen obligación de asegurar la recuperación de las fianzas con los medios que la propia ley establece, obligación que deberá acreditarse ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas cuando ésta lo solicite. Sin embargo, en el presente asunto debe decirse que fue correcta la decisión de la Sala Fiscal al declarar la nulidad de la resolución impugnada, pues la autoridad fiscal al emitirla fue más allá del ejercicio de sus facultades de revisión. Esto es, conforme al artículo 24, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la autoridad sólo tiene facultades para revisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, a saber, si las deducciones realizadas por el contribuyente eran estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente. Pero lo anterior, no puede llevarse al extremo de permitir a la autoridad desestime una deducción por considerar que proviene de hechos ilícitos por incumplimiento de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Así, la determinación del gasto realizado por el contribuyente, relativo a si era o no indispensable para los fines del objeto social de la contribuyente revisada, no implica la revisión de las garantías otorgadas por los fiados a la institución de fianzas, pues ello es facultad exclusiva de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas cuyo incumplimiento será sancionado por la misma. Luego, si el objeto social de la contribuyente es otorgar garantías, el gasto que derive del pago del reclamo de éstas es, evidentemente, un gasto indispensable para los fines de su actividad, por tanto, deducible conforme a lo previsto por el artículo 24, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en mil novecientos noventa y cinco, como lo señaló la Sala Fiscal. Por último, es ineficaz el segundo agravio hecho valer por la recurrente, pues únicamente se limita a señalar que las multas que se le impusieron al contribuyente, así como la determinación del reparto adicional de utilidades, al considerar que el rechazo de la deducción aludida fue conforme a derecho. Lo anterior, pues con antelación se consideró que la resolución en la que se rechazó la deducción a que alude es ilegal, por lo que las multas que derivan de ella también lo son. En las relacionadas condiciones, debe declararse infundado el presente recurso de revisión."

CUARTO. Ahora bien, como cuestión previa debe determinarse si la contradicción de tesis reúne o no los requisitos para su existencia, conforme lo dispone la jurisprudencia 26/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, página 76, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Asimismo, los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, junto con la jurisprudencia antes transcrita, sirven como marco jurídico para dilucidar si en el presente caso existe o no la contradicción de tesis denunciada. Dichos numerales textualmente ordenan:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

Los preceptos constitucional y reglamentario, así como el criterio jurisprudencial transcritos, establecen la figura jurídica de la contradicción de tesis como medio para integrar jurisprudencia. Tal mecanismo se activa cuando existen dos o más criterios discrepantes, divergentes u opuestos en torno a la interpretación de una misma norma jurídica o punto concreto de derecho y que por seguridad jurídica deben uniformarse a través de la resolución que proponga la jurisprudencia que debe prevalecer y dada su generalidad, pueda aplicarse para resolver otros asuntos de idéntica o similar naturaleza.

En la jurisprudencia aludida, se precisan los requisitos de existencia que debe reunir la contradicción de tesis, como son:

a) Que en las ejecutorias materia de la contradicción, se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan las sentencias respectivas; y,

c) Que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos.

De lo anterior, cabe destacar que la existencia de la contradicción de tesis requiere de manera indispensable que la oposición de criterios surja de entre las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan la interpretación de un mismo precepto legal o tema concreto de derecho, ya que, precisamente, como antes se dijo, esas consideraciones justifican el criterio jurídico que adopta cada uno de los órganos jurisdiccionales para decidir la controversia planteada, a través de las ejecutorias de amparo materia de la contradicción de tesis.

Conforme a las premisas anteriores, procede examinar si se reúnen o no los requisitos de existencia de la presente contradicción de tesis, que se precisan en la jurisprudencia antes invocada.

De las ejecutorias reproducidas en el considerando tercero de este fallo, se desprende lo siguiente:

El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal RF. 144/2003, consideró, en esencia, lo siguiente:

• Que las erogaciones efectuadas con motivo de los pagos derivados de reclamaciones de fianzas realizados por una afianzadora, no son deducibles en términos del artículo 24, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el dos mil uno, cuando la fianza no fue otorgada conforme a los requisitos que en relación con la garantía de la misma exige la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Y que la autoridad hacendaria estuvo en lo correcto al acudir a la mencionada ley para interpretar si dicho concepto puede constituir un gasto estrictamente indispensable.

Por su parte, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal RF. 219/2002-2858 consideró, en esencia, lo que enseguida se indica:

• Que las erogaciones efectuadas con motivo de los pagos derivados de reclamaciones de fianzas realizados por una afianzadora, sí son deducibles en términos del artículo 24, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el dos mil uno, independientemente de si la fianza fue o no otorgada conforme a los requisitos que en relación con la garantía de la misma exige la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Y que a su vez es incorrecto el permitir a la autoridad hacendaria desestimar una deducción por considerar que proviene del no acatamiento de la mencionada ley.

Como puede observarse de lo anterior, los Tribunales Colegiados contendientes sostienen consideraciones opuestas, pues mientras que para el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito es correcto el no aceptar como gasto estrictamente indispensable el pago de la reclamación de una fianza hecho por una afianzadora que no exigió las garantías que la Ley Federal de Instituciones de Fianzas establece para el otorgamiento de las mismas; para el Noveno Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, debe considerarse un gasto estrictamente indispensable y, por tanto, deducible en términos del artículo 24, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta dos mil uno, independientemente de si la fianza fue o no otorgada conforme a los requisitos establecidos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, ante la imposibilidad de que la autoridad fiscal revisora analice el incumplimiento a tal ley.

De ahí que sí exista contradicción de criterios entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Noveno y Décimo Primero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, respecto a si puede o no deducirse en términos del artículo 24, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el dos mil uno, el pago de la reclamación de una fianza hecho por una afianzadora, cuando al otorgarla no exigió las garantías que la Ley Federal de Instituciones de Fianzas le ordena.

Ahora bien, no obstante que el artículo 24, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta en que se sustentaron los Tribunales Colegiados contendientes fue derogado para el ejercicio fiscal de dos mil dos, es procedente que se realice el estudio de fondo, puesto que es factible que puedan encontrarse pendientes de resolución algunos asuntos regulados por esa norma.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala, con el que esta Segunda Sala concuerda, cuyos datos de identificación, rubro y contenido, son los siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XVIII, diciembre de 2003

"Tesis: 1a./J. 64/2003

"Página: 23

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE AUN CUANDO LOS CRITERIOS QUE CONSTITUYEN SU MATERIA DERIVEN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS. Es procedente resolver la denuncia de contradicción de tesis propuesta respecto de tesis en pugna referidas a preceptos legales derogados, pues aun cuando el sentido único de la resolución que se dicte sea fijar el criterio que debe prevalecer, sin afectar las situaciones jurídicas concretas derivadas de los asuntos en los que se hubieren dictado las sentencias que sustentaron las tesis opuestas, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 197-A de la Ley de Amparo, la definición del criterio jurisprudencial es indispensable, ya que es factible que aunque se trate de normas derogadas, puedan encontrarse pendientes algunos asuntos que, regulados por ellas, deban resolverse conforme a la tesis que llegue a establecerse con motivo de la contradicción."

Y también porque el artículo 31, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente desde el dos mil dos, contempla el mismo requisito para las deducciones, al ordenar:

"Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos:

"I. Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, salvo que se trate de donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos en esta ley y en las reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria y que se otorguen en los siguientes casos: ..."

QUINTO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio que sustenta esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en atención a las siguientes consideraciones.

Primeramente, cabe señalar que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, analizaron asuntos en donde el origen fue una operación que realizó una institución de fianzas en la que al otorgar la fianza no exigió contragarantía para el caso de que se hiciera exigible, y que se presentó como concepto deducible.

Sobre el particular, debe tomarse en cuenta que una vez que se hace exigible la fianza y la institución afianzadora realiza la erogación correspondiente, se constituye en acreedor de la parte que otorgó la contragarantía que es el fiado y, por ende, tiene a su favor un crédito por el monto de lo pagado.

El problema jurídico a resolver es si en caso de que no pueda recuperar lo pagado, en razón de no haber exigido al fiado la contragarantía establecida en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, pudiera actualizarse el supuesto de pérdida por crédito incobrable, en términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta dos mil uno.

Dicho numeral establece textualmente lo siguiente:

"Artículo 22. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes:

"...

"VI. Los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes distintos a los que se refiere la fracción II de este artículo."

Una vez precisado que pudiera existir pérdida por crédito incobrable y que, por tanto, es un concepto factible de deducir, se tiene que revisar si dicha operación cumple con los requisitos de las deducciones que en su caso aplican.

Para que una deducción proceda, debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta dos mil uno, siendo, entre otros, para el presente tema, los siguientes:

"Artículo 24. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos:

"I. Que sean estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, salvo que se trate de donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos en esta ley y en las reglas generales que para el efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que se otorguen en los siguientes casos:

"...

"XVII. Que tratándose de pérdidas por créditos incobrables, se consideren realizadas cuando se consuma el plazo de prescripción que corresponda, o antes, si fuera notoria la imposibilidad práctica de cobro. ..."

De la transcripción anterior, se desprende que conforme a la fracción I, los contribuyentes para poder deducir los conceptos que permite el artículo 22 del citado ordenamiento, deberán ser estrictamente indispensables para los fines de la activi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18754-463e352f/renta-deduccion-de-erogaciones-estrictamente-indispensables-para-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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