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Modo: Corpus Pro

NÓMINAS. LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 178 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL (VIGENTE PARA EL AÑO 2001) VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA AL INCLUIR EL PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO O TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DENTRO DEL OBJETO IMPOSITIVO DETERMINADO COMO REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 119/2001-SS. · Registro digital (IUS): 17029
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y NOVENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, , Pág. 503.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 119/2001-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y NOVENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Las consideraciones que sirvieron de sustento al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 2867/2001, en la parte conducente son:

"CUARTO. Los agravios son infundados. ... Además, plantea la recurrente que en el precepto legal impugnado en el juicio de garantías, al definirse las erogaciones que deben considerarse destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado respecto al impuesto de nóminas, debió respetar lo que dispone la Ley Federal del Trabajo respecto a la integración del salario pues, de pensar lo contrario, se estaría en presencia de la derogación del último ordenamiento legal invocado. También es infundada la cuestión relatada con antelación por los motivos que se expresan a continuación: El artículo 178 del Código Financiero del Distrito Federal que fue impugnado por la recurrente con motivo de la adición de su segundo párrafo, publicada en la Gaceta Oficial de esa entidad, de treinta y uno de diciembre de dos mil, es del tenor siguiente: 'Artículo 178. Se encuentran obligadas al pago del impuesto sobre nóminas, las personas físicas y morales que, en el Distrito Federal, realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado, independientemente de la designación que se les otorgue. Para los efectos de este impuesto, se considerarán erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado, las siguientes: I. Sueldos y salarios; II. Tiempo extraordinario de trabajo; III. Premios, primas, bonos, estímulos e incentivos; IV. Compensaciones; V. Gratificaciones y aguinaldos; VI. Participación patronal al fondo de ahorros; VII. Primas de antigüedad; VIII. Indemnización por despido o terminación de la relación laboral; IX. Comisiones; y, X. Pagos realizados a administradores, comisarios o miembros de los consejos directivos de vigilancia o administración de sociedades y asociaciones.'. Como se observa, el precepto normativo transcrito establece la obligación de pagar el impuesto sobre nóminas a las personas físicas y morales que realicen en el Distrito Federal erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado, con independencia de la designación que se les dé. El numeral también enumera en forma limitativa las erogaciones que deben considerarse destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado para efectos de ese impuesto. Ahora bien, como bien lo afirmó la Juez del conocimiento, el contenido del artículo examinado de ninguna manera regula aspectos relacionados con la materia de trabajo, ya que no hace referencia a los elementos esenciales de las relaciones de tipo laboral ni altera la naturaleza jurídica de los conceptos que integran el salario descritos en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo. En efecto, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal señaló con toda precisión que, exclusivamente para los efectos de ese impuesto, deben considerarse erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado las enunciadas en las diez fracciones que forman el artículo 178 del Código Financiero del Distrito Federal; de tal suerte que ese dispositivo legal no define aspecto alguno relacionado con los elementos que integran el salario, dado que se limita a enumerar los conceptos que deben considerarse como erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado, se insiste que las hipótesis descritas en el numeral únicamente tienen relación con el impuesto sobre nóminas; consecuentemente, no existió la inexacta actuación en la que considera la responsable (sic) incurrió la a quo. Es importante hacer alusión a que el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo señala que el salario es la retribución que el patrón debe pagar al trabajador por los servicios que le presta. Por su parte, el artículo 84 de la propia ley señala que el salario se integra de la manera siguiente: '... con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.'. En ese estado de cosas, el segundo párrafo del artículo 178 del Código Financiero del Distrito Federal no contempla aspectos ajenos a los que establece el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo como aquellos que integran el salario, puesto que en las diversas fracciones que lo conforman se consideran erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado, como son las siguientes: sueldos y salarios; tiempo extraordinario de trabajo; premios, primas, bonos, estímulos e incentivos; compensaciones; gratificaciones y aguinaldos; participación patronal al fondo de ahorros, primas de antigüedad; indemnización por despido o terminación de la relación laboral; comisiones; y pagos realizados a administradores, comisarios o miembros de los consejos directivos de vigilancia o administración de sociedades y asociaciones. Tampoco la adición en comento extiende el concepto del vínculo laboral a periodos posteriores a su terminación, por prever en la fracción VIII del artículo 178 del Código Financiero del Distrito Federal, que un tipo de erogación destinada a remunerar el trabajo personal subordinado es aquella que se realiza para el pago de indemnizaciones por despido o terminación de la relación laboral. Efectivamente, cuando el patrón realiza una erogación para indemnizar a uno de sus trabajadores con motivo del despido injustificado del que fue objeto o por la terminación de la relación laboral, el pago correspondiente deriva de la existencia del trabajo personal subordinado que se presta al patrón aun existiendo el vínculo laboral pues, precisamente, cuando se dé la separación del trabajo en forma injustificada, el trabajador tiene derecho a demandar su reinstalación o la indemnización correspondiente conforme a los artículos 123, fracción IX, segundo párrafo, de la Constitución Federal y 48 de la Ley Federal del Trabajo; de lo que resulta que, en el primer caso, la existencia de la relación de trabajo continuará y, en el segundo supuesto, si bien no se da esa continuación, lo cierto es que con la declaración realizada por la autoridad laboral competente sobre el despido injustificado, debe entenderse que no existió ruptura legítima de ese vínculo laboral y por esa circunstancia el patrón debe pagar la indemnización respectiva demandada por el trabajador. En cuanto a la indemnización derivada de la terminación de la relación laboral, no debe perderse de vista el contenido de los artículos 50, 51 y 52 de la Ley Federal del Trabajo que, en ese orden, sustancialmente establecen la forma en que hay que pagar dicha indemnización; las causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador; el derecho que éste tiene de separarse de su trabajo cuando se actualice alguna causa prevista en el segundo numeral relacionado y la obligación del patrón de pagar la indemnización en términos de lo que señala el primer precepto legal. En ese contexto, en el supuesto de que surja la separación de que se trata, es decir, sin responsabilidad para el trabajador, el patrón debe indemnizarlo, lo que significa que también en la hipótesis que nos ocupa la ruptura de la relación de trabajo no se da por voluntad de las partes y, por ello, el pago al que está constreñido el patrón deriva de ese vínculo que precisamente se dará por concluido con la entrega de la indemnización; por tanto, al considerar la Juez que no existió la invasión competencial que le planteó la inconforme, su actuación fue acertada ..."

Posteriormente, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa remitió el acuerdo de quince de enero del año dos mil dos, referente a la aclaración oficiosa que acordó en relación con la ejecutoria de fecha veintidós de agosto del año dos mil uno, a que se refiere esta denuncia de contradicción de tesis (el párrafo que se manda aclarar obra subrayado), el cual, por su interés, enseguida se transcribe:

"El tribunal en Pleno estima pertinente aclarar de oficio la ejecutoria de fecha veintidós de agosto de dos mil uno, con fundamento en los artículos 58 y 223 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de garantías, según lo dispone el artículo 2o. de la Ley de Amparo, aclaración que se realiza en los términos que a continuación se expresan: En el párrafo primero de la hoja setenta y tres, perteneciente al considerando cuarto de la ejecutoria, se señaló lo siguiente: '... el trabajador tiene derecho a demandar su reinstalación o la indemnización correspondiente, conforme a los artículos 123, fracción IX, segundo párrafo, de la Constitución Federal ...'; siendo lo correcto el artículo 123, apartado A, fracción XXII, de la propia Constitución. Así pues, este tribunal advierte que existió un error al invocarse el precepto constitucional y en esa medida debe aclararse la ejecutoria en el aspecto relacionado, de conformidad con la tesis número P. LXXXI/96, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y seis, cuyo contenido es el siguiente: 'ACLARACIÓN OFICIOSA DE SENTENCIA EN MATERIA DE AMPARO. PROCEDE EN APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SIEMPRE QUE NO SE ALTERE LA SUSTANCIA DE LO DECIDIDO. Las sentencias dictadas por los tribunales federales en materia de amparo pueden ser aclaradas oficiosamente por éstos, por aplicación supletoria y analógica del artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que otorga a los tribunales la facultad para subsanar las omisiones que noten, así como de los numerales 223 a 226 de tal ordenamiento, que regulan la institución de la aclaración de sentencia. La supletoriedad opera de conformidad con el artículo 2o. de la Ley de Amparo, aun cuando tal institución no se encuentre prevista en ésta, siempre que sea indispensable aclarar conceptos ambiguos, oscuros o contradictorios, subsanar alguna omisión o bien corregir algún error o defecto de la sentencia, sin alterar la sustancia de lo decidido pues dicha aclaración no contradice los principios del proceso de amparo; por lo contrario, es congruente con éstos y los complementa.'. Del mismo modo, es aplicable la jurisprudencia que resolvió la contradicción de tesis número 4/96, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del país, publicada en la página seis, Tomo VI, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y siete del Semanario consultado, que es del siguiente tenor: 'ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS. La aclaración de sentencias es una institución procesal que, sin reunir las características de un recurso, tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos, y si bien es cierto que la Ley de Amparo no la establece expresamente en el juicio de garantías, su empleo es de tal modo necesario que esta Suprema Corte deduce su existencia de lo establecido en la Constitución y en la jurisprudencia, y sus características de las peculiaridades del juicio de amparo. De aquélla, se toma en consideración que su artículo 17 eleva a la categoría de garantía individual el derecho de las personas a que se les administre justicia por los tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo obvio que estos atributos no se logran con sentencias que, por inexistencia de la institución procesal aclaratoria, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras, confusas o contradictorias. Por otra parte, ya esta Suprema Corte ha establecido (tesis jurisprudencial 490, compilación de 1995, Tomo VI, página 325) que la sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento, que éste es la representación del acto decisorio, que el principio de inmutabilidad sólo es atribuible a éste y que, por tanto, en caso de discrepancia, el Juez debe corregir los errores del documento para que concuerde con la sentencia acto jurídico. De lo anterior se infiere que por la importancia y trascendencia de las ejecutorias de amparo, el Juez o tribunal que las dictó puede, válidamente, aclararlas de oficio y bajo su estricta responsabilidad, máxime si el error material puede impedir su ejecución, pues de nada sirve al gobernado alcanzar un fallo que proteja sus derechos si, finalmente, por un error de naturaleza material, no podrá ser cumplido. Sin embargo, la aclaración sólo procede tratándose de sentencias ejecutorias, pues las resoluciones no definitivas son impugnables por las partes mediante los recursos que establece la Ley de Amparo.'. Notifíquese; con testimonio de esta resolución y tres copias para las autoridades responsables, al Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Así lo acordaron y aprobaron los señores Magistrados: presidente Alberto Pérez Dayán, F. Javier Mijangos Navarro y David Delgadillo Guerrero, de este Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con la secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. Magistrado presidente: Alberto Pérez Dayán. Magistrado: David Delgadillo Guerrero. Magistrado ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretaria de Acuerdos: Lic. Zoila Virgen Avendaño."

CUARTO. La ejecutoria dictada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 1659/2001, en su parte considerativa dice:

"SEXTO. En el concepto de agravio que se analiza, la quejosa arguye que los preceptos legales reclamados, al establecer los conceptos de erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado, se fueron más allá de lo dispuesto en una relación normal al incluir pagos ajenos otorgados a esa relación laboral, originados con motivo de la terminación de la misma o con posterioridad a ella, cuyo fin no se encuentra destinado a remunerar el trabajo personal subordinado; es decir, abarca prestaciones que no van destinadas a remunerar ese trabajo, siendo el supuesto de indemnizar por la terminación de la relación laboral lo que resulta incongruente, en razón de que si no hay una relación laboral ni prestación de trabajo personal, no se puede remunerar lo que no existe ni se ha presentado (sic); que el Juez del conocimiento, en la sentencia impugnada, introdujo la definición de un diccionario para justificar que 'remunerar' significa recompensar, premiar, galardonar, retribuir o pagar un servicio, aplicándola a pagos que se hacen cuando existe una relación de trabajo, pero no cuando ésta termina, es decir, al momento de la terminación de la relación laboral el patrón paga al trabajador el sueldo que le debe por el trabajo prestado, pero si le paga una indemnización por terminación laboral, este pago sería considerado una compensación por el trabajo que ya no se va a prestar, lo que sería una prestación laboral que no estaría destinada a remunerar ese trabajo. Los conceptos de agravio antes referidos resultan fundados en atención a las siguientes consideraciones. Previo al análisis y solución de los conceptos de agravio es conveniente precisar los siguientes aspectos. El Código Financiero del Distrito Federal, en el capítulo quinto, prevé el impuesto sobre nóminas en sus artículos 178, 179 y 180; el texto original de tales preceptos es el que a continuación se copia: 'Artículo 178. Se encuentran obligadas al pago del impuesto sobre nóminas, las personas físicas y morales que, en el Distrito Federal, realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado, independientemente de la designación que se les otorgue. Para los efectos de este impuesto, se considerarán erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que se deriven de una relación laboral.'. 'Artículo 179. El impuesto sobre nóminas se determinará, aplicando la tasa del 2% sobre el monto total de las erogaciones realizadas por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado.'. 'Artículo 180. El impuesto sobre nóminas se causará en el momento en que se realicen las erogaciones por el trabajo personal subordinado y se pagará mediante declaración, en la forma oficial aprobada, que deberá presentarse a más tardar el día quince del mes siguiente. Los contribuyentes del impuesto sobre nóminas, deberán formular declaraciones hasta en tanto no presenten el aviso de baja al patrón.'. Los artículos 178 y 180 transcritos fueron reformados el treinta y uno de diciembre de dos mil y treinta de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, respectivamente, para quedar en los términos siguientes: 'Artículo 178. Se encuentran obligadas al pago del impuesto sobre nóminas, las personas físicas y morales que, en el Distrito Federal, realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado, independientemente de la designación que se les otorgue. Para los efectos de este impuesto, se considerarán erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado, las siguientes: I. Sueldos y salarios; II. Tiempo extraordinario de trabajo; III. Premios, primas, bonos, estímulos e incentivos; IV. Compensaciones; V. Gratificaciones y aguinaldos; VI. Participación patronal al fondo de ahorros; VII. Primas de antigüedad; VIII. Indemnización por despido o terminación de la relación laboral; IX. Comisiones; y, X. Pagos realizados a administradores, comisarios o miembros de los consejos directivos de vigilancia o administración de sociedades y asociaciones.'. 'Artículo 180. El impuesto sobre nóminas se causará en el momento en que se realicen las erogaciones por el trabajo personal subordinado y se pagará mediante declaración, en la forma oficial aprobada, que deberá presentarse a más tardar el día quince del mes siguiente. Los contribuyentes del impuesto sobre nóminas, deberán formular declaraciones aun cuando no hubieren realizado erogaciones a que se refiere el párrafo anterior, en el periodo de que se trate, hasta en tanto no presenten el aviso de baja al patrón o de suspensión temporal de actividades.'. Ahora bien, el tributo en cuestión es el impuesto sobre nóminas cuyo significado de la palabra 'nóminas' se advierte que conforme al Diccionario Enciclopédico de Editorial Grijalbo publicado en 1995, en la página 1317, señala como significado: 'lista de nombre; relación de las personas que perciben un sueldo fijo de una empresa; dicho sueldo, que excluye cantidades extraordinarias y documentos en que consta.'; asimismo, en la propia obra citada, en la página 931 establece que: 'haber' significa 'pago regular por un servicio prestado.'. La otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis de Tribunales Colegiados de Circuito, tramitado en el expediente varios 550/77, que es jurisprudencia de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, sostuvo lo siguiente: '«... Si creemos que la palabra ‹remuneración› pertenece al patrimonio del habla común, la noción relativa no se reduce al salario. Tiene aquel vocablo, en el lenguaje vulgar, una connotación amplísima, dentro de la cual cabe con absoluta naturalidad, sin violencia alguna, la distribución a los trabajadores de las utilidades de la empresa. En efecto, enseña el Diccionario de la Academia Española que ‹remunerar› (sinónimo de recompensar o galardonar) no sólo quiere decir reparar un daño y retribuir un servicio, sino que también significa premiar favores, virtudes, beneficios o méritos. Dentro del significado tan amplio de dicha palabra, resulta obvio que la participación de utilidades a los trabajadores constituye una de las numerosas formas de remunerar el trabajo. Por otra parte, si nos inclinamos a pensar que ‹remuneración› es un tecnicismo jurídico, había que investigar si alguna norma, de carácter fiscal o de otra índole, directa o indirectamente relacionada con el tema, limita o restringe la aceptación latísima del vocablo o reduce su connotación sólo al supuesto del salario. Pero observamos que no es así, dado que, a la inversa la donación remuneratoria (la cual sin asomo de duda, implica una remuneración) es aquella que hace en atención a servicios recibidos por el donante, y que éste no tiene obligación de pagar (artículo 2336 del Código Civil). Ahora bien, si hay remuneración hasta en los casos en que quien remunera no está jurídicamente obligado a pagar, con mayor razón la habrá cuando el que realiza la prestación sí se halla obligado a cubrirla, como es precisamente el caso de la distribución de utilidades a favor de los trabajadores.» ... Para llegar a establecer si en el concepto «remuneración» se debe incluir o no el reparto de utilidades, es necesario hacer, previamente, las siguientes consideraciones. El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, señala: «Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario ... Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma y denominación, es aquel que por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario ...». Atenta la definición anterior, tenemos que en la relación laboral existe, entre otros aspectos, un contrato conmutativo y oneroso, pues el salario que se abona no constituye una donación ni tiene por causa un título gratuito. Hay una prestación que consiste en el trabajo y una contraprestación que configura el salario. La naturaleza conmutativa del contrato de trabajo hace que el trabajador, cuando ejerce su derecho a reclamar una retribución por la actividad laboral desenvuelta, no actúe a título indemnizatorio, no por ningún otro concepto que no sea el de exigir la obligación correlativa de una prestación cumplida, hay un beneficio recíproco en este intercambio que las partes realizan: trabajo por salario. Por tal motivo, para que exista contrato de trabajo es necesario que la prestación de una actividad o servicio siga o acompañe recíprocamente el pago de aquel que lo presta y por otra parte del que lo recibe. De lo contrario, se destruiría la naturaleza jurídica de este contrato, no ya sólo por cuanto la onerosidad de su esencia, sino porque las prestaciones del contrato de trabajo se fundan en la existencia de una retribución la cual debe ser cierta; lo anterior en el sistema jurídico mexicano se encuentra plasmado en el tercer párrafo del artículo 5o. constitucional, que dice: «Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento ...»'. En efecto, el trabajador no se contrata para satisfacer la demanda de trabajo que tiene la producción, sino para obtener, a cambio de la prestación de sus servicios, una remuneración que le permita subsistir o mejorar su nivel de vida o el de los suyos. Además, es bien sabido que el de trabajo no integra un contrato aleatorio, dado que es norma general que el trabajador sabe cuál es la retribución que va a recibir a consecuencia del trabajo prestado, ya esté su retribución establecida por razón de la tarea, o por tiempo. Sobre el particular, los artículos 24, 25, fracciones V, VI y VII, 31, 56 y 57 de la Ley Federal del Trabajo señalan: 'Artículo 24. Las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. Se harán dos ejemplares, por lo menos, de los cuales quedará uno en poder de cada parte.'. 'Artículo 25. El escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener: ... V. La duración de la jornada; VI. La forma y el monto del salario; VII. El día y el lugar de pago del salario ...'. 'Artículo 31. Los contratos y las relaciones de trabajo obligan a lo expresamente pactado y a las consecuencias que sean conformes a las normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad.'. 'Artículo 56. Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta ley y deberán ser proporcionadas a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias por motivo de raza, nacionalidad, sexo, edad, credo religioso o doctrina política, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta ley.'. 'Artículo 57. El trabajador podrá solicitar de la Junta de Conciliación y Arbitraje la modificación de las condiciones de trabajo, cuando el salario no sea remunerador o sea excesiva la jornada de trabajo o concurran circunstancias económicas que la justifiquen. ...'. Asimismo, es conveniente precisar en este estudio la connotación de salario y remuneración. Habitualmente se utiliza la voz salario para designar el pago que el trabajador percibe por su labor, se usan también otros varios términos entre los que destacan los siguientes: sueldo, emolumentos, estipendio, derechos, honorarios, jornal, remuneración y haberes. Existiendo entre ellos los siguientes distingos: sueldo es la cantidad que el Estado paga a sus empleados, y viene del antiguo francés soulde, hoy sou, de donde derivan las palabras soldado y soldada. Emolumento es lo que aumenta nuestro haber y lo que hace crecer nuestros bienes, y expresa la idea de sobresueldo o gajes, como término opuesto a menoscabo o detrimento. Estipendio es la cantidad estipulada de antemano por un trabajo cualquiera; deriva de stare y de pondus, estar o atenderse al peso o a la cantidad convenida para el pago. Derechos son pagos especiales determinados por arancel, es decir, por disposiciones legales en vigencia. Honorarios es como el salario distinguido, honroso, que se da a los profesionales académicos por sus trabajos particulares. Jornal, del italiano giorno, día, del latín giornale, se usa para denominar el salario diario. Haberes es la cantidad que periódicamente se entrega a los militares. Por remuneración se entiende la acción o efecto de pagar; hay quienes han intentado distinguir entre remuneración y salario, señalando que con el primer vocablo se designa todo cuanto el empleado percibe por el ejercicio de su trabajo, provenga del empresario o de otra persona y, el término salario se reserva, dentro de tal criterio, para la retribución que abona directamente el empresario. De esta manera se intenta una división que no se encuentra jurídicamente justificada con base en normas de derecho positivo; ya que si alguien que no es el patrón entrega algo a un trabajador cae dentro de cualquier otro concepto pero no el de pago de una contraprestación de un servicio. Por otra parte, el artículo 123 constitucional al referirse al pago que deben realizar los patrones a los trabajadores utiliza el vocablo salario; asimismo, el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo utiliza esa misma acepción para señalar la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo, por tal virtud se debe considerar que el término 'remuneración' que utiliza la ley impugnada es sinónimo de aquél, pues como se ha visto en el sistema jurídico mexicano no existe razón alguna para distinguirlos. Ahora bien, el salario dentro de la legislación mexicana comprende, de acuerdo con el artículo 84 de la ley reglamentaria del apartado A del artículo 123 constitucional '... los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.'. De acuerdo a lo anterior el salario comprende una prestación de base y prestaciones complementarias; la primera tiene que ser siempre de curso legal, y las segundas pueden revestir diversas formas y naturalezas, que pueden ser habitación, alimentos o vestuario. La Cuarta Sala de este Alto Tribunal interpretando los preceptos relativos al salario de la Ley Federal del Trabajo, ha emitido las siguientes tesis: 'SALARIO, INTEGRACIÓN DEL. APORTACIÓN AL INFONAVIT Y PAGO DE VACACIONES. NO QUEDAN COMPRENDIDOS. De acuerdo con el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo de 1970, el salario se integra con los pagos hechos en efectivo, por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo; en consecuencia, para los efectos del pago de indemnizaciones a que se refiere el artículo 89 del citado ordenamiento, el salario debe cuantificarse de conformidad con las diferentes prestaciones que lo integran y obteniendo el promedio diario, sin que puedan considerarse como salario el pago de vacaciones y la aportación que se hace al Infonavit; pues por lo que se refiere a las vacaciones, las cantidades que por tal concepto recibe el trabajador, no incrementan en modo alguno el salario diario, ya que no es más que lo que recibe el trabajador por el pago de los días dejados de laborar, precisamente por estar de vacaciones; por lo que respecta a la aportación al Infonavit, son cantidades destinadas a resolver el problema habitacional de los trabajadores, de manera solidaria, sin que incrementen el salario para los efectos de su integración, ya que su destino es crear sistemas de financiamiento que les permita obtener crédito barato y suficiente, para adquirir en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, para la construcc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17029-56acfa89/nominas-la-fraccion-viii-del-articulo-178-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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