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Modo: Corpus Pro

ALEGATOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DEBE AMPARARSE POR LA OMISIÓN DE SU ANÁLISIS SI CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO, COMO CUANDO EN ELLOS SE CONTROVIERTE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA O SE REFUTAN PRUEBAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 67/2001-SS. · Registro digital (IUS): 7541
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Diciembre de 2001, , Pág. 207.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 67/2001-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 116/2001, promovido por el representante legal de Fianzas Comercial América, Sociedad Anónima, en ejecutoria de siete de junio de dos mil uno, determinó que conforme a lo dispuesto en el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación, los alegatos presentados en tiempo en un juicio de nulidad deben ser considerados al dictar sentencia; dicha ejecutoria, en la parte que interesa, señala lo siguiente:

"SEXTO.-En el primer concepto de violación, la afianzadora quejosa aduce que el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación establece que los alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados al dictar sentencia, y en el resultando tercero de la resolución que ahora se combate, la responsable determinó que se concedió a las partes el término de alegatos sin que se desahogara la vista, indicando la solicitante de garantías que el auto mediante el cual se concede a las partes plazo para formular alegatos es del veintisiete de octubre de dos mil, por lo que si los presentó el catorce de noviembre de ese año, se concluye que los alegatos fueron presentados en tiempo y, no obstante ello, del análisis de la sentencia reclamada se advierte que la responsable se abstiene de considerar los alegatos de la ahora quejosa al dictar su resolución, incurriendo en una violación directa a los artículos 235 y 237 del Código Fiscal de la Federación y, consecuentemente, violando el principio de legalidad previsto en nuestra Constitución.-Al efecto, la quejosa invoca las tesis con rubros: 'NULIDAD, JUICIO DE. ALEGATOS. LA SALA FISCAL ESTÁ OBLIGADA A ESTUDIARLOS.', 'ALEGATOS, ESCRITO DE, DEBE ANALIZARSE EN SENTENCIA POR EL TRIBUNAL FISCAL.' y 'ALEGATOS, OBLIGACIÓN DE ESTUDIAR LOS, EN MATERIA FISCAL.'.-Los mencionados argumentos son fundados.-Del análisis de las constancias que integran el juicio de nulidad resulta que efectivamente la ahora quejosa presentó ante la responsable de manera oportuna su escrito de alegatos, toda vez que el auto mediante el cual se concedió a las partes el término de cinco días para formular alegatos, fue notificado a la hoy quejosa por lista el seis de noviembre de dos mil, habiendo vencido el término para ello el catorce de noviembre del mismo año, fecha en la cual presentó el escrito a que se hace referencia, lo cual se desprende del acuerdo del veintisiete de octubre de dos mil que obra en la foja 181 de los autos del juicio de nulidad y del sello de recibido que consta en el escrito de alegatos en comento (foja 182 de los citados autos del juicio de origen).-Ahora bien, la Sala responsable, en el resultando 3o. de la sentencia reclamada, señala que con fecha veintisiete de octubre de dos mil se concedió a las partes el término de alegatos, sin que se desahogara la vista, sin hacer referencia a lo expuesto en los mismos a lo largo de la sentencia combatida, lo cual da lugar al otorgamiento de la protección constitucional solicitada.-En efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación, los alegatos presentados en tiempo en un juicio de nulidad deben ser considerados al dictar sentencia, por lo que si en la especie la parte quejosa oportunamente presentó sus alegatos en el juicio de origen, la Sala responsable debió pronunciarse al respecto en la sentencia combatida, por lo que al no hacerlo así violenta las garantías de audiencia y legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales en perjuicio de la quejosa, pues deja de analizar las cuestiones formuladas en vía de alegatos, incumpliendo el dispositivo del mencionado código tributario.-En tales condiciones, al ser fundado el primer concepto de violación, lo procedente es otorgar el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se deje insubsistente la sentencia combatida y, en su lugar, se dicte otra en la que se tomen en cuenta los alegatos formulados por la quejosa y con plenitud de jurisdicción se resuelva conforme a derecho proceda.-Sin que sea necesario entrar al estudio de los restantes conceptos de violación hechos valer por la quejosa, ya que el sentido de esta resolución sería el mismo."

CUARTO.-El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los juicios: amparo directo 1743/89, promovido por Cerveza Corona en Colima, Sociedad Anónima de Capital Variable; amparo directo 423/95, promovido por Tubos y Perfiles Industriales, Sociedad Anónima de Capital Variable; amparo directo 3543/95, promovido por Limpieza Coordinada, Sociedad Anónima de Capital Variable; amparo directo 3613/95, interpuesto por Maquilas de Fierro y Láminas en General, Sociedad Anónima; y el amparo directo 4183/95, promovido por Macopel, Sociedad Anónima de Capital Variable, dieron origen a la tesis de jurisprudencia que a continuación se transcribe con sus datos de publicación:

"Novena Época

"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: V, enero de 1997

"Tesis: I.3o.A. J/20

"Página: 249

"ALEGATOS EN EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN.-De conformidad con el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación, las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación deberán considerar en sus sentencias los alegatos presentados en tiempo por las partes. Pero para que la omisión cause perjuicio y, por ende, se haga necesaria la reposición del procedimiento para el efecto de considerarlos en el fallo, es menester que no se limiten a repetir los mismos razonamientos que se expusieron en los conceptos de nulidad. En efecto, porque, aun cuando la Sala Fiscal responsable haya omitido hacer referencia expresa al escrito de alegatos presentado en tiempo por el actor, violando con esa exclusión el artículo 235 del código tributario federal que obliga a las Salas del Tribunal Fiscal a tomarlos en consideración al dictar sus sentencias, dicha omisión no le causa agravio jurídico alguno al actor, si el escrito de alegatos es una mera reproducción de determinado concepto de nulidad, del cual la Sala ya se ocupó al dictar el fallo impugnado, puesto que en ningún momento se le deja en estado de indefensión, y a nada práctico conduciría conceder el amparo para el solo efecto de que la autoridad responsable hiciera alusión expresamente al escrito de alegatos, sin que tal alusión condujera a variar el sentido de su resolución; lo que por otro lado contrariaría el principio de economía procesal contenido en el artículo 17 constitucional."

QUINTO.-Es menester precisar que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que no es obstáculo para resolver en el presente asunto lo que en derecho proceda, el hecho de que del criterio emitido por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa no haya derivado tesis alguna, ya que lo cierto es que ello es innecesario para la procedencia de la denuncia de contradicción de tesis.

Resulta aplicable al caso, lo establecido en las tesis cuyo contenido y datos de publicación se transcriben a continuación:

"Octava Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Volumen: 83, noviembre de 1994

"Tesis: P. L/94

"Página: 35

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.-Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así."

"Séptima Época

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Volumen: 205-216, Cuarta Parte

"Página: 52

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU PROCEDENCIA NO SE REQUIERE QUE LAS TESIS EN CONFLICTO CONSTITUYAN JURISPRUDENCIA, YA QUE ÉSTA SE DEFINE PRECISAMENTE AL RESOLVERLA.-De acuerdo con lo dispuesto por los artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 195 y 195 bis de la Ley de Amparo, para la procedencia de la contradicción de tesis no se requiere que éstas constituyan jurisprudencia por haberse sustentado en cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario, puesto que tanto al Constituyente como el Congreso Federal se refieren a 'tesis contradictorias' sin distinción ni restricción. Por lo tanto, debe interpretarse que las tesis en conflicto pueden ser tesis aisladas o tesis de jurisprudencia, de acuerdo con el principio de hermenéutica que dice que 'donde la ley no distingue, no se debe distinguir'. Además, debe tenerse presente que los propósitos fundamentales de las denuncias de posibles contradicciones de tesis consisten en evitar que se sustenten criterios opuestos respecto de una misma cuestión, por un lado, así como en decidir cuál es el criterio que tiene el carácter de jurisprudencia, independientemente de que ni las tesis en conflicto ni las tesis sustentadas al resolver el mismo se hayan reiterado en cinco asuntos, pues, este caso constituye una excepción a la regla general establecida en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, conforme a los cuales constituyen jurisprudencia las ejecutorias siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Tal excepción se explica en razón de la importancia que tanto la Constitución como la Ley de Amparo conceden a la resolución de las contradicciones de tesis, cuyo efecto es el de fijar la jurisprudencia para evitar la pugna de criterios con relación a una misma cuestión. De este modo se explica que la resolución pronunciada al resolver una contradicción de tesis no afecte las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias en que se hayan sustentado criterios opuestos."

SEXTO.-Con el propósito de dilucidar si existe la contradicción de tesis denunciada, se toma en consideración, en primer lugar, lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que regulan específicamente la hipótesis de tesis contradictorias entre Tribunales Colegiados de Circuito.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Artículo 107. ...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales, o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."

Ley de Amparo.

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. ...

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. ..."

Como se advierte, los preceptos transcritos en su parte relativa se refieren específicamente a aquellos casos en que existe contradicción o discrepancia entre tesis o criterios jurídicos sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito, porque la finalidad de dichos preceptos, constitucional y legal, es unificar criterios ante los órganos de impartición de justicia en la interpretación de un determinado precepto, institución o problema jurídico.

Ello, porque la resolución que se dicte, por mandato constitucional, sólo tiene el efecto de fijar la jurisprudencia y no afecta ni puede afectar válidamente las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios correspondientes.

Así, cuando se utiliza el término "tesis", debe entenderse que el legislador se refiere a la posición que asume el juzgador en la solución del negocio jurídico que se le ha planteado y que se manifiesta en una serie de proposiciones que se expresan con el carácter de propias.

Por otro lado, lo que las normas enunciadas están regulando es la contradicción o divergencia sobre una misma cuestión jurídica, como forma o sistema de integración de jurisprudencia.

Sentado lo anterior y a efecto de estar en posibilidad de determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, pronunciarse sobre el criterio que deba prevalecer, procede analizar la ejecutoria y tesis a las que ya se hizo mención.

Atendiendo a los relacionados criterios, corresponde ahora verificar, previamente, si en el caso existe o no la contradicción denunciada entre los criterios sustentados por ambos Tribunales Colegiados de Circuito que han quedado transcritos.

Para ello, es necesario tener presente que la contradicción de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los negocios jurídicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jurídicamente iguales, adoptando posiciones o criterios jurídicos discrepantes y que, además, la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; requiriéndose, asimismo, que los criterios provengan del examen de elementos esencialmente idénticos.

De conformidad con lo que sobre el particular sostuvo la Cuarta Sala de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se configure una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito es menester, entre otras cosas, que al resolver los negocios se hayan analizado cuestiones jurídicas esencialmente iguales y que, además, las opiniones discrepantes provengan del estudio de los mismos elementos.

Dicho criterio, que esta Segunda Sala hace suyo, se encuentra plasmado en la siguiente jurisprudencia cuyo rubro, texto y datos de identificación son:

"Octava Época

"Instancia: Cuarta Sala

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 58, octubre de 1992

"Tesis: 4a./J. 22/92

"Página: 22

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

La tesis antes citada, establece que al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, se llega a la conclusión de que la contradicción de tesis, tratándose de Tribunales Colegiados de Circuito, se presenta cuando existe discrepancia de criterios entre ellos respecto de una misma cuestión jurídica; que dicha discrepancia debe suscitarse en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, pues precisamente esas consideraciones constituyen las tesis sustentadas por los órganos jurisdiccionales; y, además, que los criterios en oposición deriven del examen de los mismos elementos.

SÉPTIMO.-A fin de facilitar la resolución del presente asunto se estima importante sintetizar las resoluciones de los Tribunales Colegiados, destacando los aspectos fundamentales que se dieron en cada caso y que se contienen en las ejecutorias que dan origen a la presente contradicción.

A) El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo DA. 116/2001, promovido por Fianzas Comercial América, Sociedad Anónima, determinó que indebidamente la Sala Fiscal responsable en la sentencia reclamada, precisó que no obstante haber concedido a las partes término para formular alegatos ellas no los presentaron, afirmación que el Tribunal Colegiado en cita señala que es falsa por obrar en los autos del juicio de nulidad el escrito de alegatos de la quejosa presentado oportunamente, concediendo el amparo para el efecto de que se dejara insubsistente el fallo reclamado y se emitiera otro en el que conforme a lo dispuesto en el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación, se tomaran en cuenta los alegatos de la enjuiciante y con libertad de jurisdicción se resolviera conforme a derecho. Es muy importante resaltar que dicho Décimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito fue el que denunció la contradicción con el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito que no adopta, al respecto, una posición formal, como se pone de manifiesto a continuación.

B) Efectivamente, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo en la tesis de jurisprudencia número I.3o.A. J/20, publicada a fojas 249 del Tomo V, correspondiente a enero de 1997 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN.", que de acuerdo con lo establecido en el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación deben considerar en sus sentencias los alegatos presentados en tiempo por las partes; sin embargo, precisa que la omisión de esto no causa perjuicio cuando los alegatos son una mera reproducción de los conceptos de nulidad, de los que ya se ocupó la Sala al dictar el fallo impugnado. Así, en cada toca, en esencia, se resolvió lo siguiente:

· En el amparo directo 1743/89, promovido por Cerveza Corona en Colima, Sociedad Anónima de Capital Variable, consideró que si bien la Sala Fiscal al emitir su resolución no hizo referencia expresa al análisis de los alegatos de la actora, ello no le causaba perjuicio a la quejosa, habida cuenta que éstos constituían una reproducción de los conceptos de anulación hechos valer en la ampliación de la demanda de nulidad, que sí fueron estudiados en el fallo reclamado.

· En el amparo directo 423/95, promovido por Tubos y Perfiles Industriales, Sociedad Anónima de Capital Variable, el tribunal precisó que no le causa perjuicio a la peticionaria de garantías el hecho de que la Sala Fiscal no se pronunciara expresamente respecto de sus alegatos, porque éstos eran una mera reiteración de las probanzas que ofreció, mismas que fueron debida y totalmente analizadas por la Sala en cita, con independencia del valor probatorio que les hubiere otorgado.

· En el amparo directo 3543/95, promovido por Limpieza Coordinada, Sociedad Anónima de Capital Variable, el tribunal en cita resolvió que contrariamente a lo señalado por la Sala Fiscal, la enjuiciante sí presentó en forma oportuna sus alegatos y que éstos debían ser tomados en cuenta al dictar sentencia, porque en ellos se controvertían las manifestaciones que se adujeron en la contestación de la demanda de nulidad, así como el valor probatorio de las documentales que exhibieron las demandadas.

·En el amparo directo 3613/95, interpuesto por Maquilas de Fierro y Láminas en General, Sociedad Anónima, resolvió que inexplicablemente los alegatos de la actora no obraban en los autos del juicio de nulidad, ni se advertía que la Sala Fiscal los hubiera tenido a la vista al dictar sentencia, no obstante que en el juicio de amparo se había acreditado la presentación oportuna de ellos, por lo que debían tenerse en cuenta, máxime que en ellos se controvertían las manifestaciones que se adujeron en la contestación de la demanda de nulidad, así como el valor probatorio de las documentales que exhibieron las demandadas en las cuales se apoyó la juzgadora para declarar la validez de la resolución impugnada.

· En el amparo directo 4183/95, promovido por Macopel, Sociedad Anónima de Capital Variable, se señaló que no obstante que la Sala Fiscal no hizo alusión a los alegatos de la enjuiciante, ello no le afectaba porque sólo eran una reiteración de los conceptos de nulidad de los que ya se había hecho cargo la responsable.

De lo hasta aquí resumido se advierte que sí existe contradicción entre los criterios sustentados por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, pues mientras el primero de ellos considera que es violatoria de garantías la omisión de estudio en la sentencia del juicio de nulidad de los alegatos que formulen las partes, sin necesidad de examinar el contenido de ellos y sin ver si el amparo tiene o no un fin práctico, el Tercer Tribunal en cita sostiene, en cambio, que tal omisión es violatoria de garantías únicamente cuando los alegatos no son una mera reiteración de los conceptos de anulación o del ofrecimiento de pruebas, siempre que ya hayan sido materia de análisis en el fallo aunque no se aluda de manera expresa que se están estudiando los alegatos.

Con el objeto de determinar cuál de los criterios contendientes debe prevalecer, se estima importante hacer las siguientes precisiones.

En el procedimiento contencioso existen, generalmente, dos etapas, la de instrucción (que abarca todos los actos procesales) y la de conclusión o resolución; dividiéndose a su vez la instrucción en tres fases: postulatoria o expositiva (que permite instruir al juzgador en la litis a debate), probatoria (que tiene la finalidad de llegar al conocimiento objetivo de la controversia mediante los elementos que ofrecen las partes para acreditar sus posiciones contrapuestas, fase que cuenta con sus estadios de ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo) y preconclusiva, integrada por los alegatos o conclusiones de las partes.

En ese orden de ideas, se advierte que de una manera muy general puede decirse que los alegatos son las argumentaciones verbales o escritas que formulan las partes una vez concluidas las fases postulatoria y probatoria; en una acepción general, se traduce en el acto realizado por cualquiera de las partes mediante el cual se exponen las razones de hechos y de derecho en defensa de sus intereses jurídicos, pretendiendo demostrar al juzgador que las pruebas desahogadas confirman su mejor derecho y no así los argumentos y probanzas de su contraparte.

Lo anterior se conoce también como "alegato de bien probado", o sea, el acto mediante el cual, en forma escrita u oral, una parte expone en forma metódica y razonada los fundamentos de hecho y de derecho sobre el mérito de la prueba aportada, y el demérito de las ofrecidas por la contraparte.

En este sentido, alegar de bien probado significa el derecho que le asiste a cada parte en juicio para que en el momento oportuno recapitule en forma sintética las razones jurídicas, legales y doctrinarias que surgen de la contestación de la demanda y de las pruebas rendidas en el juicio.

Este instituto jurídico, de antecedente en el derecho español, ha sido legislado no sólo en los Códigos de Procedimientos Civiles y Penales, sino también en la Ley de Amparo y en el Código Fiscal de la Federación, en el que se le dio una connotación muy particular de la que más adelante se hará el examen correspondiente.

Así, la exposición de alegatos, común en los juicios ordinarios, no tiene una forma determinada en las leyes procesales, pero se debe tener en cuenta que se configura con la exposición metódica y razonada de los hechos afirmados en la demanda, las pruebas aportadas para demostrarlos, el valor de esas pruebas, la impugnación de las pruebas aportadas por el contrario, la negación de los hechos afirmados por la contraparte, las razones que se extraen de los hechos probados, las razones legales y doctrinarias que se aducen a favor del derecho invocado, etcétera.

Resulta importante destacar, que si bien es cierto que como regla general se acepta que dentro de algunos procedimientos como el civil, el penal y el amparo, los alegatos no forman parte de la litis, dicha conclusión es diferente en el procedimiento contencioso ante las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues el código que lo rige es claro al respecto por cuanto establece los plazos y forma de notificar el periodo para formular alegatos y que éstos deben tomarse en cuenta en el fallo que se dicte.

En efecto, el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación vigente a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, establece lo siguiente:

Código Fiscal de la Federación.

"Artículo 235. El Magistrado instructor, diez días después de que haya concluido la sustanciación del juicio y no existiere ninguna cuestión pendiente que impida su resolución, notificará por lista a las partes que tienen un término de cinco días para formular alegatos por escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados al dictar sentencia.

"Al vencer el plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos, quedará cerrada la instrucción, sin necesidad de declaratoria expresa."

Del primer párrafo del precepto legal transcrito, se advierte que en él se ordena que diez días después de concluida la sustanciación del juicio contencioso administrativo, el Magistrado instructor notificará por lista a las partes que tienen un término de cinco días para formular alegatos y que si éstos se presentan oportunamente deben ser considerados al dictar sentencia, es decir, deben ser motivo de análisis en ella.

Lo anterior evidencia que los alegatos formulados por las partes en el referido juicio de nulidad deberán ser considerados al dictar sentencia; sin embargo, a falta de alusión alguna en la exposición de motivos de dicho precepto, debe entenderse que el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación se refiere a los alegatos de bien probado, cuya omisión de análisis puede trascender en el sentido del fallo y dejar en estado de indefensión a la parte alegante y que, como quedó apuntado, son aquellos razonamientos que tienden a ponderar las pruebas ofrecidas frente a las de la contraparte, así como los argumentos de la negación de los hechos afirmados o derecho invocado por la contraparte y la impugnación de sus pruebas, que son los únicos aspectos cuya omisión de estudio puede trascender al resultado de la sentencia.

En esa tesitura, debe precisarse que de ninguna manera pueden considerarse como alegatos de bien probado aquellos que constituyen una reiteración de los conceptos de anulación o de las pruebas ofrecidas en la demanda de nulidad, dando como consecuencia que la falta de examen de ellos no afecte el resultado del fallo y, por ende, no cause perjuicio alguno a las partes, ya que esto será materia de examen en la sentencia al estudiar el concepto de violación que se reitera o al valorar las pruebas cuya existencia se insista en los alegatos.

De lo anterior se sigue que si los alegatos no son propiamente tales, sino que reiteran conceptos de invalidez o pruebas, la Sala Fiscal no tiene la obligación de repetir dicho análisis cuando ya se ocupó de tales aspectos, bajo el capítulo que se plantee en la demanda (concepto de anulación o prueba), pues sería ocioso, impráctico y contrario al principio de economía procesal pretender que examinara dos veces los mismos elementos o se exigiera la referencia formal de que el estudio se refiere al argumento o prueba invocados tanto en la demanda como en los alegatos, pues lo importante es que se realice el análisis y pronunciamiento correspondiente.

Además de lo antes dicho, cabe observar que con la posición formal se atenta contra el principio de economía procesal establecido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Carta Magna, que establece que la impartición de justicia debe ser pronta, completa e imparcial.

Precepto que en la parte que interesa dice:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales."

Si se toma en consideración todo lo anterior en relación con el juicio de garantías, resulta que conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión por considerar violatoria de garantías la omisión de análisis en la sentencia fiscal de los alegatos formulados por alguna de las partes, sin haber analizado el Tribunal Colegiado la naturaleza y contenido de ellos, puede resultar contrario a la impartición de justicia pronta y expedita, ya que si los alegatos formulados efectivamente son de bien probado (en los que se hace valer una contradicción o falsedad de la contraparte, objeción de prueba, etcétera, que pudo trascender en el resultado

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7541-4d96ff22/alegatos-en-el-juicio-contencioso-administrativo-previstos-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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