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CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO ANTE LA FALTA DE PRONUNCIAMIENTO EXPRESO DE UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS, PRETENDE ATRIBUÍRSELE UN CRITERIO TÁCITO QUE NO TIENE EL CARÁCTER DE INDUBITABLE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 65/2003-SS. · Registro digital (IUS): 19171
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, , Pág. 281.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 65/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Atendiendo a las consideraciones transcritas, corresponde ahora verificar si existe o no la contradicción de tesis denunciada.

Para tal efecto, debe tenerse presente que para la existencia de una contradicción de tesis se requiere que las resoluciones relativas se hayan adoptado respecto de una misma cuestión jurídica, suscitada en un mismo plano, y que expresa o implícitamente los Tribunales Colegiados del conocimiento hayan arribado a conclusiones opuestas sobre esa cuestión; de modo que a fin de determinar si efectivamente existe dicha oposición no basta atender a la conclusión del razonamiento o razonamientos vertidos en las correspondientes resoluciones judiciales, sino que es indispensable tomar en cuenta las circunstancias de hecho y de derecho que sirvieron de fundamento al criterio respectivo, ya que esa coincidencia es la que determina que existe una contradicción de tesis cuya resolución dará lugar a un criterio jurisprudencial que, por sus características de generalidad y abstracción, podrá aplicarse en asuntos similares.

En tal virtud, para que se considere existente la contradicción denunciada, es necesario que los criterios opositores hayan derivado de los mismos elementos o supuestos esenciales, es decir, de los que originaron las conclusiones que se estiman divergentes y del examen de cuestiones jurídicas esencialmente iguales.

Resulta aplicable al respecto la jurisprudencia P./J. 26/2001 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, que textualmente señala:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

QUINTO. Con el propósito de establecer a la luz de la jurisprudencia anteriormente reproducida si efectivamente existe la oposición de criterios denunciada, se considera conveniente resumir a continuación los antecedentes de las resoluciones que motivaron la presente denuncia de contradicción, así como las consideraciones fundamentales que en cada una se sustentaron.

A. Los antecedentes del recurso de revisión fiscal RF. 159/2002-2080, son los siguientes:

1. Hewlett Packard de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, manifestó en sus declaraciones normales de pagos provisionales correspondientes a los meses de febrero y diciembre de mil novecientos noventa y nueve, saldo a favor por concepto del impuesto al valor agregado.

2. En tal virtud, con fechas cinco de octubre y primero de noviembre de dos mil, solicitó mediante el formato 32 la devolución de los saldos manifestados a favor.

3. Mediante oficios 330-SAT-III-SDA1.2000.14772 y 330-SAT-III-SDA1.2000.17545 de trece de octubre y seis de noviembre de dos mil, la administradora de servicios de la Administración Central de Recaudación de Grandes Contribuyentes negó, respectivamente, la devolución solicitada de los saldos a favor de diciembre y febrero de mil novecientos noventa y nueve, argumentando que dicha devolución debía solicitarse como saldo a favor del periodo correspondiente a la primera mitad del ejercicio.

4. Ambas resoluciones fueron impugnadas por la contribuyente a través de los juicios de nulidad registrados con los números 918/01-11-11-3-ac2 y 1689/0I-II-08-3, respectivamente.

5. Con motivo de lo indicado por la autoridad fiscal que negó inicialmente la devolución solicitada, la contribuyente en el anexo 1 de la declaración de pagos provisionales correspondiente a julio de dos mil, relativo a los ajustes a los pagos provisionales del impuesto al valor agregado, manifestó un saldo a favor en cantidad de $41'910,999.00 (cuarenta y un millones novecientos diez mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), integrado por los saldos a favor de febrero y diciembre de mil novecientos noventa y nueve, así como por la cantidad de $62,615.00 (sesenta y dos mil seiscientos quince pesos 00/100 M.N.) por concepto del saldo a favor de la declaración anual cuya devolución fue originalmente negada.

6. Mediante formato 32, presentado el ocho de diciembre de dos mil, la contribuyente solicitó nuevamente la devolución de los saldos a favor de febrero y diciembre de mil novecientos noventa y nueve, aplicando para tal efecto el procedimiento establecido en los artículos 5o. y 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en dos mil.

7. Por oficio 330-SAT-III-SDA1-2000-19935 de dieciocho de diciembre de dos mil, la administradora central de Recaudación de Grandes Contribuyentes autorizó la devolución de la cantidad de $41'910,428.00 (cuarenta y un millones novecientos diez mil cuatrocientos veintiocho pesos 00/100 M.N.), y explicó al respecto que la diferencia entre la cantidad solicitada y la autorizada obedecía a un error en la suma realizada por la contribuyente; dicha resolución la impugnó en diverso juicio de nulidad registrado con el número 4760/01-17-07-4, por considerar que la cantidad a devolver debió ser actualizada y que se le debieron pagar intereses.

8. Los tres juicios en los que la contribuyente impugnó las resoluciones señaladas fueron acumulados y resueltos a través de la misma sentencia que fue materia del recurso de revisión fiscal 159/2002-2080, del que derivó uno de los criterios en posible contradicción.

Ahora bien, las consideraciones sustentadas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver dicho recurso, en síntesis, son las siguientes:

1. Declaró fundado el primer agravio de la autoridad recurrente, al estimar que la legislación aplicable a las solicitudes de devolución de cinco de octubre y primero de noviembre de dos mil era la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en dos mil y no la vigente en mil novecientos noventa y nueve.

2. Ello, porque consideró que si bien el derecho de la actora a obtener la devolución de los saldos a favor surgió bajo la ley de mil novecientos noventa y nueve, la forma de hacer efectivo ese derecho debió apegarse a la mecánica prevista en la ley vigente en dos mil.

3. Al respecto, transcribe el artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, tanto su texto anterior a la reforma de dos mil como su texto reformado a partir de ese año, destacando al efecto que dicho numeral confiere a los contribuyentes el derecho a obtener la devolución de los saldos a favor generados en las declaraciones de pagos provisionales, derecho que, aclara, se sujetó a partir de la reforma de dos mil a determinados plazos, dependiendo de que el saldo a favor se hubiere obtenido en el periodo de ajuste de la primera o segunda mitad del ejercicio, lo cual no limita la posibilidad de obtener la devolución, ya que en caso de no solicitarse en tales plazos, cabe la posibilidad de que los saldos a favor se reflejen en la declaración del ejercicio, pudiendo solicitarse la devolución en todo momento siempre y cuando no transcurra el plazo de prescripción de cinco años.

4. También destacó, con base en la transcripción del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que si la devolución de los saldos a favor del ejercicio anterior no se efectuó dentro de los plazos establecidos en el artículo 6o. de la propia ley, la contribuyente debía acreditarlos en el ajuste del impuesto correspondiente a los pagos provisionales, que se lleva a cabo en el primer mes de la segunda mitad del ejercicio.

5. Concluyó que el derecho a obtener la devolución de los saldos a favor no desapareció con la reforma de dos mil, sino que la forma de hacer efectivo ese derecho sufrió modificaciones.

6. Por ende, determinó que si se atiende a que los procedimientos en materia fiscal son los mecanismos a través de los cuales se cumplen las obligaciones o se hacen efectivos los derechos, es claro que la contribuyente debió sujetarse a los artículos 5o. y 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en dos mil, ya que en términos del artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación los procedimientos se rigen por la ley vigente en el momento en que éstos se lleven a cabo.

B. Por otra parte, los antecedentes del amparo directo DA. 434/2002, promovido por la quejosa Ingenio Alianza Popular, Sociedad Anónima de Capital Variable, que se advierten de la ejecutoria respectiva, son los siguientes:

1. Dicha empresa solicitó a la Administración Local Jurídica de Ingresos de San Luis Potosí, la confirmación de su criterio en el sentido de poder hacer deducibles las deudas contratadas con el sistema financiero y su intermediación.

2. La citada administración, mediante oficio número 1280 de veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve, negó la confirmación del criterio anterior.

3. Inconforme, la quejosa demandó su nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, radicado el juicio respectivo con el número 1090/99-05-02-1 ante la Segunda Sala Regional del Centro, la cual dictó sentencia el cinco de abril de dos mil, en la que declaró fundada la pretensión de la actora; consecuentemente, declaró la nulidad de la resolución mencionada y ordenó a la autoridad fiscal emitir una nueva en la que confirmara el criterio sustentado por la contribuyente actora.

4. Mediante oficio número 8597 de veintitrés de agosto de dos mil, la autoridad fiscal dio cumplimiento a dicha sentencia de la Sala Fiscal mencionada.

5. En consecuencia, con fecha trece de agosto de dos mil uno, la contribuyente presentó solicitud de devolución del saldo a favor derivado del pago de lo indebido, correspondiente al impuesto al activo del ejercicio de mil novecientos noventa y nueve.

6. No obstante que la autoridad fiscal autorizó la devolución solicitada, la quejosa demandó su nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al estimar que la autoridad fiscal demandada se encontraba obligada a pagarle intereses sobre el saldo a favor; la Octava Sala Regional Metropolitana que conoció de dicho juicio de nulidad registrado con el número 20056/01-17-08-6, dictó sentencia en la que reconoció la validez de la resolución impugnada.

7. En contra de dicha sentencia la contribuyente Ingenio Alianza Popular, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió juicio de amparo directo registrado con el número DA. 434/2002, el cual fue resuelto mediante ejecutoria dictada el trece de diciembre de dos mil dos, en la que se determinó conceder la protección federal solicitada.

En la ejecutoria mencionada, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo, en lo esencial, las consideraciones siguientes:

1. Respecto a lo manifestado por la Sala Fiscal en la sentencia reclamada, en el sentido de que el diverso juicio promovido por la quejosa, en el que demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio 325-SAT-R6-L59-01-1280 de veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve, mediante la que se negó la confirmación de su criterio, de poder hacer deducibles las deudas contratadas con el sistema financiero y su intermediación, se refería a cuestiones diferentes a las planteadas en la solicitud de devolución del saldo a favor, el Tribunal Colegiado del conocimiento consideró que es inexacto lo manifestado por la Sala Fiscal

2. Lo anterior, porque dicho órgano judicial atendió a la circunstancia de que se declaró la nulidad de la resolución mencionada, en la que se negó confirmar el criterio de la quejosa respecto a que son deducibles las deudas contratadas con el sistema financiero y su intermediación, para que la autoridad fiscal emitiera otra en la que confirmara tal criterio.

3. Por ello, estimó que precisamente con base en esa cuestión, la parte quejosa tuvo derecho a deducir las deudas contratadas con el sistema financiero y su intermediación, generándose así el pago de lo indebido del impuesto al activo correspondiente al ejercicio de mil novecientos noventa y nueve.

4. En consecuencia, el Tribunal Colegiado declaró fundado el concepto de violación en el que la quejosa alegó que era aplicable a la solicitud de devolución el Código Fiscal de la Federación vigente en mil novecientos noventa y nueve.

5. Además, se fundó para ello en el artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación, que dispone que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran, por lo que atendiendo a que en el caso la devolución del pago de lo indebido se generó en el ejercicio de mil novecientos noventa y nueve, a que el juicio de nulidad se inició en ese año para poder hacer deducibles las deudas contratadas con el sistema financiero, y al hecho de que la devolución correspondió a un pago de lo indebido relativo a dicho ejercicio, llegó a la determinación de que el precepto aplicable lo es el vigente en el año de mil novecientos noventa y nueve.

Los antecedentes y consideraciones a que se ha hecho mención ponen de relieve que no existe la contradicción de tesis denunciada, porque mientras el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a partir de que analizó si el diverso juicio a que se refirió la Sala Fiscal tiene que ver con cuestiones diversas a la planteada en la solicitud de devolución respectiva, determinó al efecto que es la misma cuestión y que precisamente con base en ella la quejosa tuvo el derecho a deducir las deudas contratadas con el sistema financiero, situación que consideró es la que generó el pago indebido del impuesto al activo relativo al ejercicio de mil novecientos noventa y nueve y la correspondiente devolución, por lo que arribó a la conclusión de que el precepto aplicable es el que estuvo vigente en ese año de mil novecientos noventa y nueve, y además atendió para ello a lo previsto por el artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación, así como a la circunstancia de que la devolución del pago indebido se aprobó en dicho año; el Décimo Tercer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito analizó lo relativo a la legislación aplicable a las solicitudes de devolución de saldos a favor efectuadas por la contribuyente, y determinó al respecto, que si bien el derecho a obtener la devolución surgió bajo la ley de mil novecientos noventa y nueve, la forma de hacer efectivo ese derecho debía apegarse a la mecánica prevista en la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en dos mil.

En estas condiciones, es evidente que los asuntos de los que deriva la posible contradicción de criterios tienen en común que se originaron a partir de la solicitud de devolución de contribuciones, sólo que en un caso la devolución fue respecto de saldos a favor manifestados en las declaraciones de pagos provisionales de los meses de febrero y diciembre de mil novecientos noventa y nueve, por concepto de impuesto al valor agregado, y en el otro, la devolución fue respecto del saldo a favor por concepto del impuesto al activo correspondiente al ejercicio de mil novecientos noventa y nueve, derivado del pago de lo indebido que se generó en virtud de que la autoridad administrativa, en cumplimiento a la sentencia de la Sala Fiscal, determinó confirmar el criterio de la contribuyente en cuanto a que sí son deducibles sus deudas contratadas con el sistema financiero y su intermediación.

En efecto, los asuntos de los que derivan los criterios sobre los que versa la denuncia de contradicción de criterios, lo único que tienen en común es que se originan en virtud de la solicitud de devolución de saldos a favor que en cada caso fue formulada ante la autoridad fiscal competente, siendo la sentencia recaída a los juicios de nulidad en que respectivamente se impugnaron las resoluciones emitidas en relación con dichas solicitudes de devolución, la que motivó las sentencias de los Tribunales Colegiados, sujetas a estudio.

Al respecto, es importante destacar que si bien los Tribunales Colegiados analizaron el mismo problema jurídico consistente en determinar cuál es la ley o disposición legal aplicable a la solicitud de devolución de impuestos que en cada caso fue formulada, pronunciándose expresamente respecto de tal cuestión, lo cierto es que lo hicieron a partir del estudio de circunstancias y elementos diversos en asuntos que corresponden a la materia administrativa, pero que versaron sobre impuestos distintos y, consecuentemente, sobre diferentes leyes impositivas.

Lo anterior es así, porque mientras que en el recurso de revisión fiscal 159/2002-2080 del que conoció el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la solicitud de devolución fue respecto del saldo a favor manifestado por la contribuyente en las declaraciones de pagos provisionales del impuesto al valor agregado correspondientes específicamente a los meses de febrero y diciembre de mil novecientos noventa y nueve; en el amparo directo DA. 434/2002 del que conoció el Décimo Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, la solicitud de devolución autorizada por la autoridad fiscal fue respecto del monto del pago indebido por concepto de impuesto al activo del ejercicio de mil novecientos noventa y nueve, que derivó de la confirmación del criterio de la contribuyente quejosa en cuanto a que procedía la deducción de las deudas contratadas con el sistema financiero y su intermediación, cuestión que como lo estableció el Tribunal Colegiado del conocimiento, motivó la devolución del pago de lo indebido, ya que es a partir de que la autoridad fiscal dio cumplimiento a lo determinado por la Sala Fiscal y confirmó el mencionado criterio de la contribuyente, que ésta estuvo en posibilidad de efectuar la deducción respectiva de sus deudas y, por ende, de solicitar la devolución que resultó a su favor por concepto de pago de lo indebido, con motivo de dicha deducción, lo que hace manifiesto que la devolución, a diferencia de la revisión fiscal, se generó por un pago que resultó indebido en virtud de lo resuelto por la Sala Fiscal.

En virtud de que se trata de situaciones diversas las que originaron la devolución de impuestos solicitada en cada uno de los asuntos sujetos a estudio y de que versan sobre impuestos y leyes tributarias distintas, en las que se advierte que el trámite para obtener la devolución de impuestos se regula de manera diferente, ello originó que los elementos analizados por los Tribunales Colegiados sean diversos y, consecuentemente, los razonamientos y consideraciones que emitieron versan igualmente sobre cuestiones distintas.

Cabe aclarar que es distinta la regulación de la devolución de saldo a favor solicitada en cada uno, porque mientras que la revisión fiscal 159/2002-2080 tiene como antecedente una solicitud de devolución que versa sobre el impuesto al valor agregado, regulada en la ley relativa a este gravamen, en la que la devolución de saldos a favor obtenidos en las declaraciones de pago provisional está sujeta a determinados plazos, dependiendo de si el saldo a favor se obtuvo en la primera o en la segunda mitad del ejercicio; el amparo directo DA. 434/2002 versó sobre una devolución de impuesto al activo correspondiente al ejercicio de mil novecientos noventa y nueve, regulada por el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación.

Conforme a lo precisado, es menester concluir que los Tribunales Colegiados mencionados no analizaron los mismos elementos relacionados con la cuestión jurídica propuesta, porque mientras que el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito atendió básicamente al ejercicio al que correspondió el pago indebido, que fue el de mil novecientos noventa y nueve, por lo que determinó que el precepto vigente es el aplicable en ese año; el Décimo Tercer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito no atendió al ejercicio en el que se generó el pago indebido, sino a la fecha de presentación de las declaraciones de pagos provisionales en las que se manifestó saldo a favor, ya que consideró que el derecho de la quejosa a obtener los saldos a favor manifestados en las declaraciones de febrero y diciembre de mil novecientos noventa y nueve surgió precisamente al momento en que fueron presentadas éstas; no obstante, determinó que en virtud de no haber hecho efectivo ese derecho a la fecha en que surgió, la contribuyente debía sujetarse a las reglas vigentes al momento en que pretendiera hacerlo exigible, por lo que concluyó que debía apegarse a la mecánica prevista en la ley vigente en el año dos mil, y no en la vigente en mil novecientos noventa y nueve.

Lo anterior hace manifiesto que si bien ambos Tribunales Colegiados se pronunciaron respecto de la disposición y ley aplicable a la solicitud de devolución de impuestos formulada en cada caso, ninguno se pronunció expresamente en cuanto a la naturaleza de la norma que determinó como aplicable, ya que no establecieron ni calificaron si es de carácter procedimental o sustantiva la disposición a que aludió cada uno de los Tribunales Colegiados, sin que pueda estimarse que esté implícita esa determinación en el pronunciamiento que hicieron sobre la cuestión esencial analizada, dado que el Décimo Tercer Tribunal Colegiado atendió a la norma vigente a la fecha en que se generó el derecho de la contribuyente a obtener la devolución de los saldos a su favor, pero determinó que era aplicable la disposición vigente al momento de hacer efectivo ese derecho; mientras que el Décimo Segundo Tribunal Colegiado atendió únicamente al ejercicio en el que se generó el pago indebido cuya devolución fue solicitada, que fue precisamente el relativo a mil novecientos noventa y nueve; lo que corrobora que ni aun implícitamente puede estimarse que exista contradicción en cuanto a si las normas aplicables a la devolución de impuestos son sustantivas o de procedimiento, como se menciona en el oficio mediante el que se denunció la posible contradicción.

Es manifiesto bajo las condiciones expuestas, que se trata de circunstancias y elementos diversos los analizados por los órganos colegiados, por lo que legalmente no es factible determinar que exista la contradicción de criterios denunciada, ya que de conformidad con lo sostenido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia transcrita en párrafos precedentes, para que se configure una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito es menester, entre otras cosas, que al resolver los asuntos se hayan analizado cuestiones jurídicas esencialmente iguales y que, además, los criterios discrepantes provengan del estudio de los mismos elementos, supuesto que no se actualiza en el caso particular.

Ello, porque se insiste en que las consideraciones sustentadas en las resoluciones que motivaron la denuncia de contradicción versan respecto de situaciones y elementos diversos, de modo que no puede estimarse que exista oposición entre ellas y, por ende, tampoco existe discrepancia en la conclusión a que arribaron cada uno de los órganos judiciales, en virtud de que ninguno determinó que la norma que consideró aplicable a la devolución de impuestos fuera sustantiva o de procedimiento, sino que para resolver respecto de esa cuestión esencial, materia de estudio, se pronunciaron sobre diversos aspectos como son, en un caso, el ejercicio en que se generó el derecho a la devolución y, en otro, el momento o fecha en que se ejerció el derecho a la devolución solicitada.

En las relatadas condiciones, lo procedente es declarar inexistente la presente contradicción de criterios, siendo aplicable a esta determinación la tesis LXXXVI/2003, aprobada por esta Segunda Sala al resolver en sesión privada de treinta de mayo de dos mil tres, por unanimidad de votos, la diversa contradicción de tesis 15/2003-SS, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"-Si dos Tribunales Colegiados al analizar un mismo problema jurídico llegan a conclusiones divergentes derivadas de las circunstancias propias de cada uno de los casos sometidos a su conocimiento y no del hecho de que hayan sustentado criterios discrepantes, es claro que tal análisis no se efectuó bajo el examen de los mismos elementos, por lo que la emisión de tales conclusiones no da lugar a considerar que exista una contradicción de tesis, pues para ello se requiere que el criterio del tribunal sea implícito y pueda deducirse indubitablemente, de conformidad con la tesis 2a. LXXVIII/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de ahí que no pueda atenderse a la circunstancia de que ante la falta de pronunciamiento expreso de aquél, pueda atribuírsele la aplicación tácita del criterio de referencia, pues perdería su carácter de indubitable y con ello se daría a la ejecutoria mayores alcances de los que fueron objeto de análisis conforme al caso resuelto en ella." (Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, junio de 2003, página 290).

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.-No existe la contradicción de tesis denunciada a que este expediente se refiere.

Notifíquese con testimonio de esta resolución a los Tribunales Colegiados Décimo Segundo y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente José Vicente Aguinaco Alemán. Fue ponente el Ministro Genaro David Góngora Pimentel.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19171-0248b2dc/contradiccion-de-tesis-es-inexistente-cuando-ante-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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