DEVOLUCIÓN PARCIAL DE SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE. LA ACTUALIZACIÓN DE LA DIFERENCIA PROCEDE A PARTIR DE QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN EN LA QUE SE MANIFESTÓ DICHO SALDO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 92/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es conveniente conocer las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.
A. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos el recurso de revisión fiscal 369/2002, interpuesto por el administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, sostuvo en lo que al caso interesa, lo siguiente:
"QUINTO. En su único agravio la recurrente aduce que la sentencia recurrida transgrede en su perjuicio los artículos 17-A y 22 del Código Fiscal de la Federación, porque considera que la actualización que dejó de efectuar del complemento de actualización que dejó de cubrir en un principio en cantidad de $11,076.00, debe hacerla desde el momento en que se presentó la declaración que contiene el saldo a favor. Que la Sala olvida que esa cantidad ya había sido objeto de actualización desde el mes en que se presentó la declaración del saldo a favor de agosto de mil novecientos noventa y tres. Que en el oficio 322-SAT-VIII-SD-98-14620, de once de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, al autorizar la devolución de la cantidad histórica de $11,076.00, efectuó el cálculo de actualización, desde el mes de septiembre de mil novecientos noventa y tres (fecha en que se manifestó el saldo a favor al mes de octubre de mil novecientos noventa y tres). Que la actualización a partir de que se presentó el saldo a favor (septiembre de mil novecientos noventa y tres), ya se había efectuado y que esta actualización abarcó el periodo de septiembre a octubre de mil novecientos noventa y tres. Que por ello, es claro que es a partir del último mes en que se actualizaron las cantidades ya devueltas (octubre de mil novecientos noventa y tres), en que debe efectuarse la actualización de la cantidad que adeuda de $11,076.00 y no desde que se presentó la declaración que contiene el saldo a favor (septiembre de mil novecientos noventa y tres); es decir, que la cantidad histórica solicitada el siete de octubre de mil novecientos noventa y tres, fue devuelta actualizada hasta octubre de ese mismo año, por tanto, si existe un remanente por devolver, éste debe actualizarse a partir del mes siguiente a aquél en que se llevó a cabo la última actualización y no desde el momento en que se presentó la declaración que contiene el saldo a favor, de lo contrario, implicaría que por el periodo de septiembre de mil novecientos noventa y tres, se llevaría a cabo una doble actualización. Lo así aducido por la autoridad recurrente resulta infundado por lo siguiente: para una mejor comprensión del asunto resulta necesario realizar una relación de antecedentes. 1. El diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y tres, Productos Marinela, S.A. de C.V., presentó declaración con saldo a favor del impuesto al valor agregado por el mes de agosto de ese año, por la cantidad de $1'303,063.00. 2. El siete de octubre de mil novecientos noventa y tres, Productos Marinela, S.A. de C.V., mediante formato de solicitud de devolución solicitó a la autoridad hacendaria la devolución de ese saldo a favor del impuesto al valor agregado del mes de agosto de mil novecientos noventa y tres. 3. El veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y tres, mediante oficio número 102-A-44-II-44730, se autorizó devolución del saldo a favor mencionado con actualización, por la cantidad de $1'312,705.66, cantidad que fue entregada materialmente el veintitrés de diciembre de ese año. 4. El veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, Productos Marinela, S.A. de C.V., por considerar que dicha devolución no se actualizó como lo establecen los artículos 17-A y 22 del Código Fiscal de la Federación, solicitó la devolución de la diferencia de actualización por la cantidad de $11,076.00, ello, en virtud de que se había utilizado el Índice Nacional de Precios al Consumidor de septiembre a agosto de mil novecientos noventa y tres, en lugar de utilizar el correspondiente a los meses de noviembre y agosto de mil novecientos noventa y tres. 5. El once de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, mediante oficio número 330-SAT-VIII-SD-98-14620, la autoridad hacendaria autorizó la devolución de la cantidad de $11,076.00, misma que se pagó el dos de diciembre de mil novecientos noventa y ocho. 6. El once de julio de dos mil, la hoy quejosa Productos Marinela, S.A. de C.V., por considerar que la cantidad que se le entregó de $11,076.00, debió actualizarse conforme a los artículos 17-A y 22 del Código Fiscal de la Federación y que había generado intereses, solicitó a la autoridad la devolución de actualización e intereses, respecto de esa cantidad. 7. El veintidós de agosto de dos mil, mediante oficio 330-SAT-III-SDA2-2000-13422, la autoridad hacendaria negó el pago de lo solicitado refiriendo en lo que interesa que: ‘... esta dependencia le autorizó a través del oficio 322-SAT-VIII-SD-98-14620 de fecha 11 de noviembre de 1998, la cantidad de $11,076.00, por concepto de actualización no pagada por esta administración cuando le autorizó la devolución del impuesto al valor agregado correspondiente al mes de agosto de 1993, por lo que deberá estarse a lo dispuesto en el mismo.’, dicha resolución constituyó el acto reclamado en el juicio de nulidad que ahora nos ocupa. Asimismo, debe precisarse que la autoridad recurrente combate la sentencia de cinco de agosto de dos mil dos, únicamente en la parte que determina el periodo por el que se debe actualizar la diferencia del saldo a favor en la cantidad de $11,076.00, ya que afirma que debe ser a partir del mes siguiente a aquél en que fue actualizada por última vez (o sea, a partir de octubre de mil novecientos noventa y tres y hasta que la devolución se efectúe y no desde el momento en que se presentó la declaración que contiene el saldo a favor). Para declarar la nulidad de la resolución impugnada, en la parte considerativa de la que se duele la recurrente, la Sala Fiscal consideró lo siguiente (se transcribe). Como puede verse de la parte considerativa antes transcrita, la Sala del conocimiento consideró que si bien en el mes de octubre de mil novecientos noventa y tres, la actora presentó una primera solicitud de devolución de saldo a favor del impuesto al valor agregado correspondiente al mes de agosto de ese año y la autoridad hacendaria le devolvió dicha cantidad actualizada el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y tres, pero que por error en la actualización, ya que se tomó en cuenta el factor de actualización correspondiente a los meses de septiembre y agosto de mil novecientos noventa y tres, en lugar del de los meses de noviembre y agosto de dicho año, la aquí quejosa solicitó en septiembre de mil novecientos noventa y ocho, la diferencia de esa actualización por la cantidad de $11,076.00, misma que le fue devuelta el dos de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, pero sin la actualización correspondiente. Por lo que consideró que esa diferencia de actualización en la cantidad de $11,076.00, es un saldo a favor pendiente de devolver, que constituye suerte principal, en términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación y que conforme a tal precepto dicha diferencia deberá ser actualizada a partir de que se presentó la declaración que contiene el saldo a favor y hasta que la devolución se efectúe y, además que conforme al artículo 22, séptimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente en mil novecientos noventa y tres, al no haber hecho la devolución completa dentro del plazo de los tres meses que tenía para hacerlo, ya que éste venció el siete de enero de mil novecientos noventa y cuatro, deberá pagar intereses por dicha cantidad ($11,076.00) y hasta que la devolución se efectúe. Lo anterior, porque si la diferencia de una contribución actualizada ya sea a cargo de un contribuyente o de la autoridad, se paga con posterioridad a la fecha en que debió enterarse o pagarse, ésta genera a su vez un importe de actualización, ya que la intención de la ley al reconocer los efectos negativos de la inflación, es precisamente no perjudicar al fisco al cobrar contribuciones extemporáneas, pero tampoco al contribuyente cuando reciba devoluciones de saldos a favor actualizados, con fecha posterior a la debida. Determinación que se estima acertada, toda vez que la actualización es una figura establecida en el Código Fiscal de la Federación atendiendo a la erosión que sufre la moneda por el transcurso del tiempo y que tiene por objeto que ese fenómeno no incida sobre las contribuciones que el erario federal deja de percibir por falta de pago oportuno, lo cual se hizo extensivo, en observancia a principios de equidad y justicia, a los casos en que las autoridades hacendarias no devuelvan en el plazo establecido por la ley, las cantidades que los contribuyentes pagan indebidamente y las que procedan conforme a la ley. La actualización opera por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país a fin de darle el valor real al monto de la cantidad enterada indebidamente en el momento del pago, para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que cubrió inicialmente, de lo que deriva que la actualización no es accesoria a las contribuciones, sino que participa de la misma naturaleza de éstas, conclusión que encuentra apoyo en lo establecido por el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, toda vez que, en lo relativo, dispone: ‘Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización.’. Tiene aplicación al respecto, en la parte conducente, el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número P. CI/98, consultable en el Tomo VIII, diciembre de 1998, página 220, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: ‘ACTUALIZACIÓN DEL MONTO DE CONTRIBUCIONES. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SIRVA DE BASE PARA CALCULAR LOS RECARGOS Y LAS MULTAS, NO REVELA UNA DOBLE O TRIPLE SANCIÓN.’ (se transcribe). En este sentido, contrario a lo aseverado por la autoridad recurrente en el caso a estudio y por lo que respecta a la actualización de la cantidad de $11,076.00 que deriva del saldo a favor pendiente de devolución por parte del fisco de $1'312,706.00 del impuesto al valor agregado del mes de agosto de mil novecientos noventa y tres, resulta innegable que conforme a lo establecido en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, dicha cantidad actualizada conserva la naturaleza jurídica que tenía antes de la actualización, es decir, se trata de contribuciones, y como tal es susceptible de actualizarse sin que ello signifique una actualización sobre otra actualización, como indebidamente lo aduce la recurrente. Así es, tal como lo establece el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, en la parte relativa ‘Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización.’, por lo que en el caso la cantidad de $11,076.00, conserva la naturaleza jurídica de la contribución pagada en forma indebida y por tanto es susceptible de actualizarse hasta en tanto se cubra el pago de intereses cuya procedencia fue autorizada por la Sala Fiscal. Resulta aplicable a lo antes considerado la tesis número P. XLIII/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo IX, mayo de 1999, página 12, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: ‘CONTRIBUCIÓN. SU MONTO ACTUALIZADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN CONSERVA LA NATURALEZA JURÍDICA DE AQUÉLLA Y, POR TANTO, ES UN MEDIO DE CONTRIBUIR AL GASTO PÚBLICO.’ (se transcribe). En este sentido, cabe concluir que la actualización opera por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país a fin de darle el valor real al monto de la cantidad enterada indebidamente en el momento del pago, para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que cubrió inicialmente, de lo que deriva que la actualización no es accesoria a las contribuciones, sino que es la propia contribución no cubierta en tiempo y a la que se ha dado el valor real que le corresponde. Similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado al resolver el DA. 302/2002, por unanimidad de votos, en sesión del ocho de noviembre de dos mil, siendo ponente la Magistrada relatora Norma Lucía Piña Hernández. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, se resuelve: ÚNICO. Es procedente pero infundado el recurso de revisión hecho valer."
B. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 372/2002-4820, interpuesto por el administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, resolvió en lo que al tema de la presente contradicción de tesis se refiere, lo siguiente:
"CUARTO. En el agravio único que expresa la autoridad recurrente se alega que la sentencia recurrida es violatoria de los artículos 17-A, 22 y 237 del Código Fiscal de la Federación, porque la a quo omitió hacer un verdadero análisis de la forma en que la autoridad fiscal debe efectuar la actualización correspondiente a la cantidad de $292,339.00 (doscientos noventa y dos mil trescientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.). Arguye también la parte recurrente que la juzgadora considera infundadamente que la actualización que debe hacerse del complemento de la cantidad actualizada que dejó de cubrir la autoridad a la contribuyente ($292,339.00) debe ser por el periodo de noviembre de mil novecientos noventa y siete hasta la fecha en que se efectúe la devolución, debiendo aplicarse el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente; sin embargo, agrega la autoridad, la Sala pasó por alto que al momento en que se efectuó la devolución de la cantidad solicitada por la enjuiciante (ocho de mayo y quince de julio de mil novecientos noventa y ocho), lo hizo realizando la actualización de febrero y mayo de mil novecientos noventa y ocho, existiendo en consecuencia un remanente de actualizar por la cantidad de $292,339.00 (doscientos noventa y dos mil trescientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.), la cual debe ser actualizada a partir de la última actualización efectuada y hasta en tanto sea devuelta, pues si se aplica lo considerado por la Sala sería tanto como actualizar doblemente el monto adeudado. Los argumentos expuestos por la autoridad recurrente son sustancialmente fundados, atento a lo siguiente. De la lectura de la sentencia recurrida se advierte, en la parte que interesa a este estudio, como consecuencia del examen que hizo al concepto de anulación primero expuesto en la demanda de nulidad, partiendo del hecho de que la demandada aceptó expresamente en la resolución administrativa impugnada que procedía la devolución a la actora de la cantidad de $292,339.00 (doscientos noventa y dos mil trescientos treinta y nueve mil (sic) pesos 00/100 M.N.), dado que existió indebida actualización de las cantidades que inicialmente fueron devueltas, que la Sala consideró que la cantidad señalada debió haberse actualizado hasta el momento de la emisión de la resolución combatida, sin tomar en cuenta las fechas en las que se depositaron las cantidades que inicialmente fueron objeto de devolución, sino la fecha de emisión de la resolución administrativa impugnada. Agregó la Sala Fiscal que si bien el ocho de mayo y quince de julio, ambas fechas correspondientes a mil novecientos noventa y ocho, la autoridad demandada efectuó la devolución de lo solicitado por la enjuiciante, lo cierto era que las cantidades devueltas no se actualizaron debidamente, pues se adeudaba una diferencia de ellas que debió devolverse en esas fechas, las cuales ascendían a $292,339.00 (doscientos noventa y dos mil trescientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.), es decir, señaló la Sala Regional, si la primera cantidad del saldo a favor devuelta a la actora fue de $21'335,062.00 (veintiún millones trescientos treinta y cinco mil sesenta y dos pesos 00/100 M.N.) (cuya actualización ascendió a $22'491,422.00) como lo acepta la demandada en la resolución impugnada, y lo correcto era devolver $22'755,977.00 (veintidós millones setecientos cincuenta y cinco mil novecientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.), existía entonces, una diferencia de $264,555.00 (doscientos sesenta y cuatro mil quinientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), y si la segunda devolución fue por $2'120,730.00 (dos millones ciento veinte mil setecientos treinta pesos 00/100 M.N.) (cuya actualización fue de $2'301,204.00), y el monto correcto a devolver era de $2'328,986.00 (dos millones trescientos veintiocho mil novecientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.), resultaba, en consecuencia, una diferencia de $27,784.00 (veintisiete mil setecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), que sumada a la anterior diferencia hacía un total de $292,339.00 (doscientos noventa y dos mil trescientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.) de saldo a favor de la actora restante. Además, la Sala Fiscal sostuvo que si el ocho de mayo y el quince de julio mencionados la autoridad efectuó la devolución del saldo a favor de la demandante, la diferencia que no devolvió debió haberse devuelto en esas fechas, por tanto, procedía la devolución de $292,339.00 (doscientos noventa y dos mil trescientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.), la cual debía actualizarse hasta la fecha en que se pusiera a disposición de la actora, y sumársele los intereses adeudados, dado que no le fue cubierta en el plazo de cuarenta días que dispone el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. Concluyó la a quo que resultaba procedente el pago de la actualización sobre la cantidad mencionada, debiendo tomarse en cuenta el Índice Nacional de Precios al Consumidor de noviembre de mil novecientos noventa y siete y el del mes inmediato anterior a la fecha en que se efectué el pago o se ponga a disposición de la actora la cantidad adeudada, así como el pago de los intereses correspondientes a partir de la fecha en que venció el plazo de cuarenta días a que se refiere el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, hasta aquella en que se efectúe o se ponga a disposición dicho pago. En la demanda de nulidad con la que dio inicio el juicio contencioso administrativo, la demandante narró los hechos siguientes (se transcriben). Del examen de la resolución administrativa impugnada se desprende la aceptación de la autoridad fiscal demandada en el sentido de que la cantidad solicitada por concepto de devolución de saldo a favor del impuesto al valor agregado, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y siete, había sido actualizada de manera incorrecta, pues para su cálculo se utilizó indebidamente el Índice Nacional de Precios al Consumidor y, por ende, la autoridad exactora, calculó con el índice correcto la cantidad a devolver. En efecto, la autoridad dispuso textualmente, lo siguiente (se transcribe). Asimismo, se desprende de dicha resolución que la autoridad fiscal actualizó el monto histórico adeudado a la actora, tomando en consideración el mes de noviembre de mil novecientos noventa y siete, fecha en la que se presentó la declaración por parte de la contribuyente, hasta los meses de marzo y junio de mil novecientos noventa y ocho. Es decir, la autoridad demandada aceptó haber actualizado incorrectamente el saldo a favor por concepto del impuesto al valor agregado, a que tenía derecho la actora, y por ello, en la resolución realizó la actualización correcta, tomando en cuenta la fecha en que se presentó la declaración provisional relativa al tributo aludido; razón por la cual, se estima contraria a derecho la determinación de la Sala referente a que la cantidad de $292,339.00 (doscientos noventa y dos mil trescientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.), que resultó de esa actualización, debía actualizarse desde el mes de noviembre de mil novecientos noventa y siete al mes inmediato anterior de la fecha en que se efectuara el pago correspondiente, porque, como lo alega la autoridad recurrente, la actualización de que se trata no procede en los términos en que resolvió la a quo, pues de calcularse así, se estaría actualizando doblemente la cantidad de $292,339.00, que fue la diferencia que aceptó cubrir la autoridad fiscal a la demandante, ya que tal cantidad provenía de una actualización en la que la autoridad rectificó, aplicando el Índice Nacional de Precios al Consumidor conducente. Por ello, si la autoridad aceptó devolver como diferencia la suma antes aludida, ésta debe actualizarse a partir de la fecha de la última actualización practicada, que se desprende de la resolución administrativa impugnada, a fin de darle continuidad a las fechas que se tomaron en cuenta para llevar a cabo el cálculo y, a partir de que incurrió en mora la autoridad, determinar los intereses que correspondan, en términos de lo dispuesto por el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. En consecuencia, procede modificar la sentencia recurrida. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Es procedente y fundado el recurso de revisión. SEGUNDO. En la materia del recurso, se modifica la sentencia recurrida. TERCERO. Se declara la nulidad de la resolución administrativa impugnada."
CUARTO. Atendiendo a las consideraciones transcritas, corresponde ahora verificar si existe o no la contradicción de tesis denunciada.
Para tal efecto, debe tenerse en cuenta que para la existencia de una contradicción de tesis, se requiere de la reunión de los siguientes supuestos:
a) Dos o más ejecutorias dictadas, respectivamente, por los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los negocios jurídicos sometidos a su consideración, en las que examinen, sobre los mismos elementos, cuestiones jurídicas esencialmente iguales, cuyas hipótesis, con características de generalidad y abstracción, pueden actualizarse en otros asuntos.
b) Que de tal examen, arriben a posiciones o criterios jurídicos discrepantes.
c) Que la diferencia de criterios emitidos en esas ejecutorias, se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas.
Las consideraciones precedentes se apoyan en la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001 del Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de dos mil uno, página setenta y seis, con el rubro y texto que a continuación se transcriben:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
En relación con el supuesto relativo a la discrepancia de criterios, es pertinente destacar que no obstante que ambos fueron emitidos al resolver un recurso de revisión fiscal interpuesto contra la sentencia de una Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es procedente la denuncia de posible contradicción de criterios, como lo establece la tesis de jurisprudencia 2a./J. 65/2003 aprobada por esta Segunda Sala en sesión privada de nueve de julio de dos mil tres, que es del tenor siguiente:
"REVISIÓN FISCAL. LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE TESIS QUE SE SUSCITE EN ASUNTOS DE ESA NATURALEZA. Toda vez que las resoluciones que emiten los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos en materia de revisión fiscal, generan pronunciamientos que se encuentran en íntima conexión con los temas y problemas que, en su caso, se presentan en el juicio de garantías, concretamente en el amparo directo y, además, la principal característica de los criterios que son materia de contradicción de tesis, es la de que son emitidos por un tribunal terminal, y en estos supuestos los Tribunales Colegiados de Circuito actúan como órganos terminales, de conformidad con lo previsto por los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 248, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, es indudable que la Segunda Sala está facultada para resolver la contradicción que se suscita en asuntos de aquella naturaleza." (Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XVIII, agosto de 2003. Página: 330).
También es aplicable a la determinación en comento, la tesis 2a. XVIII/2000 de esta Segunda Sala, que dice:
"REVISIÓN FISCAL. LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE TESIS QUE SE SUSCITE EN ASUNTOS DE ESTA NATURALEZA (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 10, DE LA ANTERIOR INTEGRACIÓN DE LA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia, en la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 10, sostuvo el criterio de que carece de facultades para resolver cuál de las tesis que motivan la denuncia de contradicción es la que debe prevalecer, tratándose de las pronunciadas por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver recursos de revisión fiscal; sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse el criterio anterior, toda vez que las resoluciones que emiten los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos de esa naturaleza, generan pronunciamientos que se encuentran en íntima conexión con los temas y problemas que, en su caso, se presentan en el juicio de garantías, concretamente en el amparo directo y, además, la principal característica de los criterios que son materia de contradicción de tesis, es la de que son emitidos por un tribunal terminal, y es inobjetable que en estos supuestos los Tribunales Colegiados de Circuito actúan como órganos terminales, lo que deriva de los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Federal de la República y 248, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación." (Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XI, marzo de 2000. Página: 379).
Precisa destacar que para la denuncia de posible contradicción de criterios, no es necesario que esa diferencia derive indefectiblemente de jurisprudencias o de tesis publicadas, sino que únicamente se requiere que provenga de las consideraciones de los asuntos sometidos al conocimiento de cada órgano jurisdiccional de que se trata, como lo establece la tesis P. L/94 del Tribunal Pleno, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 83, noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, página treinta y cinco, del rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS. Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así."
Así como la tesis 2a./J. 94/2000 de esta Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página trescientos diecinueve, con el rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."
Conforme a los criterios jurisprudenciales transcritos, procede establecer qu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17921-77801996/devolucion-parcial-de-saldo-a-favor-del-contribuyente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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